Ministra de Cultura sobre moción de vacancia presidencial que se alista en el Congreso: “No se justifica”

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dijo este viernes que “no se justifica” la moción de vacancia presidencial que alista la bancada de Perú Libre en contra de la mandataria Dina Boluarte, cuestionada por un sector del Congreso por poseer una colección de relojes de alta gama, entre ellos un Rolex.

En La Rotativa del Aire, Urteaga señaló que, si bien el Ejecutivo respeta las facultades fiscalizadoras del Congreso, la jefa de Estado aclarará el tema en el marco de la investigación preliminar que afronta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

“No es que sea una exageración, se respetan las facultades del Congreso de generar y solicitar firmas. Creo que no se justifica, este es un tema que se va a dilucidar en los espacios correspondientes”, declaró.

“Ella ya ha manifestado y lo ha dicho en anteriores ocasiones que lo va a dilucidar en los espacios correspondientes: el Ministerio Público”, agregó, cuando fue consultada si es que Boluarte Zegarra se pronunciará sobre el caso ante la opinión pública.

Urteaga dijo también que en el Consejo de Ministros no se ha conversado sobre la polémica por el ‘caso Rolex’, porque “hay temas más importantes que este”.

“[¿Se lo han consultado en el Consejo de Ministros?] Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar, pero no hemos hablado de este tema… Nosotros estamos trabajando muchísimo para sacar adelante los sectores””, finalizó.

Fiscalía pide a la PCM las boletas de pago de Dina Boluarte y fotos de sus relojes

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitó el martes al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, que les entreguen las boletas y comprobantes de pago a favor de la presidenta Dina Boluarte correspondientes al periodo de julio de 2021 a marzo de 2024.

En el documento emitido por el Ministerio Público también se requiere información detallada sobre las remuneraciones de la mandataria cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en la gestión de Pedro Castillo (2021-2022).

La Fiscalía también ha solicitado la copia de las fotografías, registros de videos u otro material audiovisual relacionado a los 15 relojes, entre ellos de la marca Rolex, usados por la presidenta en los distintos eventos protocolares, el mismo que aparece en las fotos oficiales de Palacio de Gobierno.

Congreso publicó ley que limita a 8 meses el plazo de los procesos de colaboración eficaz

El Congreso de la República publicó hoy la Ley N° 31990, que modifica el Código Procesal Penal y limita la figura de la colaboración eficaz a un plazo máximo de ocho meses. La norma fue aprobada por insistencia en diciembre de 2023, pese a las observaciones del Ejecutivo.

La ley establece que el plazo para la colaboración eficaz, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo o su denegación, será de ocho meses. Este plazo puede ser prorrogado por cuatro meses más en casos justificados, y hasta por ocho meses adicionales en casos de crimen organizado.

El aspirante a colaborador eficaz está obligado a proporcionar toda la información relevante que posea, así como los medios para su corroboración. De no hacerlo, o de proporcionar información falsa, afectará la viabilidad del acuerdo.

El fiscal, por su parte, tiene el deber de proteger el secreto del proceso de colaboración eficaz y salvaguardar la identidad del aspirante.

Las diligencias de corroboración y la información obtenida podrán ser utilizadas en otros procesos, cautelando la identidad del declarante. El fiscal decidirá si aporta el testimonio del colaborador a juicio, reservando su identidad si existe riesgo para su vida.

Disposiciones finales

El Poder Ejecutivo tiene 30 días hábiles para adecuar el reglamento a la nueva ley. Los procesos de colaboración eficaz en trámite se regirán por los nuevos plazos, con el cómputo del plazo a partir de la entrada en vigor de la ley.

La norma fue suscrita por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su primer vicepresidente, Arturo Alegría.

Javier Arévalo alerta que la bicameralidad incluyó contrarreforma en lucha anticorrupción

Este jueves 21, durante una ceremonia por el quinto aniversario del Subsistema Nacional Subespecializado en Extinción de Dominio, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, alertó que el Congreso incluyó una contrarreforma en la bicameralidad que generaría impunidad en altos funcionarios que cuentan con antejuicio político.

«Se ha publicado esta ley de reforma constitucional y en el artículo 100, tercer párrafo, está hablando de la acusación a altos funcionarios. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa conforme a sus atribuciones el ejercicio de la acción penal ante la Corte Suprema», explicó el titular del Poder Judicial.

Y luego comparó con lo que disponía dicho artículo antes que el Congreso apruebe la bicameralidad. «¿Qué decía antes? En el caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días, el vocal supremo penal abre instrucción correspondiente», detalló.

Para contextualizar las declaraciones del magistrado Javier Arévalo, es necesario precisar que conforme al artículo 99 de la Constitución, los altos funcionarios cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. Cuando el titular del Ministerio Público necesita formalizar la investigación preparatoria, primero presenta una denuncia constitucional ante el Congreso contra el funcionario imputado. El Pleno finalmente evalúa, debate y vota un informe final sobre esa acusación. De ser aprobado, el fiscal de la Nación queda facultado para formalizar la indagación y acusarlo ante la Corte Suprema.

Lo que ha trastocado el Congreso con su contrarreforma es que ahora el fiscal de la Nación, luego de que el Pleno apruebe una acusación constitucional, no está obligado a proceder con la acción penal en el plazo de cinco días, como antes lo señalaba la carta magna. Es decir, con base en su criterio, el jurista decidirá si procede ante la Corte Suprema.

Por eso, el titular del Poder Judicial enfatizó el problema que ha generado el Congreso con esta contrarreforma incluida en la bicameralidad y sus consecuencias. «Estamos dejando abierta la posibilidad que a futuro un fiscal politizado o una Corte Suprema politizada, que ve el tema de investigación preparatoria, pueda no procesar. Es un retroceso terrible en la lucha contra la corrupción de los altos funcionarios que se ha aprobado y que nadie se ha dado cuenta», advirtió.

¿Cómo favorece esta ley a los congresistas investigados?

En el caso de la suspendida Patricia Benavides, 14 congresistas están investigados por la fiscal suprema Delia Espinoza. Cuando ella decida formalizar indagación preparatoria deberá presentar denuncias constitucionales contra estos parlamentarios y será el Pleno la instancia final que evalúe la procedencia.

De recibir luz verde la acusación, el titular del Ministerio Público no estará sujeto a un plazo para proceder con la demanda ante la Corte Suprema. Es la trampa que incluyó el Congreso en la bicameralidad y que juega en pared con las pretensiones de blindaje.

La trampa incluida por el Congreso en la bicameralidad

Así estaba el artículo 100 de la Constitución antes de la bicameralidad

La trampa que incluyó el Congreso con la bicameralidad

Susel Paredes sobre reloj Rolex de Dina Boluarte: «Todo lo que te regalan de alguna manera te cobran»

La congresista Susel Paredes, a su paso por la ciudad de Trujillo, se pronunció en relación con el cuestionado reloj Rolex de Dina Boluarte y sostuvo que la mandataria debe aclarar la procedencia de la costosísima joya. Para la parlamentaria, en caso de que este artículo haya sido un regalo, la presidenta debe explicar por qué se lo dieron, pues considera que un obsequio de este tipo no es a cambio de nada.

Susel Paredes apoyó sus declaraciones en las palabras del contralor Nelson Shack, quien se tuvo que rectificar y explicar que todo funcionario debe declarar sus bienes mayores a 2 UIT. «Ella debió hacer una declaración de las joyas que tenía. Tenemos que decir con qué llegamos al cargo y con qué nos vamos del cargo para que la ciudadanía se sienta tranquila de que nosotros vivimos con nuestro sueldo y no recibimos plata aparte», subrayó.

Consultada sobre la aseveración de Dina Boluarte, quien dijo que el reloj Rolex que posee «es de antaño», la parlamentaria dijo que el problema con esta aseveración es que no es un artículo antiguo como declaró, en su momento, la presidenta del Perú. «Los expertos dicen que es del 2020 para acá, no es un reloj de tu abuelita», replicó.

«Ella tiene que aclarar con qué plata ha comprado el reloj, quién le ha regalado. Porque solo es gratis la leche de la madre. Todo lo que te regalan de alguna manera te lo cobran. Nadie te va a hacer de regalo un reloj costoso para que no le hagas un favor», prosiguió Paredes, para finalmente indicar que la Fiscalía debe investigar y determinar si Boluarte incurrió en delito.

Susel Paredes respalda al coronel PNP Revoredo tras amenaza de Los Pulpos

El reciente martes 19 de marzo, el jefe del Equipo Especial contra el Crimen Organizado en Trujillo, coronel PNP Víctor Revoredo, denunció que recibe amenazas contra su integridad por parte del cabecilla de la organización criminal Los Pulpos. Ante esta situación, Susel Paredes decidió visitar al oficial de la Policía, además de buscar conocer cuál es su estado de salud, debido a que Revoredo se contagió de dengue.

Paredes recordó que conoció a Revoredo años atrás cuando se reordenó Gamarra. Sostuvo que llegó a la ciudad de Trujillo para expresarle su apoyo, al considerarlo «el policía más profesional que tiene el Perú».

En relación con el hecho de que Jhonsson Cruz Torres, líder de la sanguinaria organización criminal Los Pulpos de Trujillo, habría ofrecido dinero para ponerle precio a la integridad de Revoredo, Susel Paredes sostuvo que una amenaza no lo va a amedrentar. «Te amenazan, pero nadie tiene miedo, porque el Estado tiene que ser más fuerte que la delincuencia», dijo tajante la parlamentaria, quien agregó que la presencia del oficial de la Policía sería importante en Lima, pero, dado que los problemas son más graves en la ciudad norteña, es allí donde debe estar.

Ejecutivo promulga ley con 53 cambios a la Constitución, entre ellos la bicameralidad

Pese a que casi 14 millones de peruanos (85% de votantes) rechazaron el retorno a la bicameralidad en el referéndum del 2018, la presidenta Dina Boluarte promulgó ayer la ley N° 31988 aprobada por 91 parlamentarios que, además, lleva de contrabando otras 52 modificaciones a la Constitución, entre ellas el retorno de la reelección consecutiva.

El cambio más visible se aplica al artículo 90 de la carta magna, pues ahora se establece que, a partir del 2026, el Congreso estará compuesto por un Senado integrado por 60 legisladores y una Cámara de Diputados con 130 miembros, ambos elegidos por un periodo total de 5 años. Sin embargo, agrega que en ambos casos el número puede ser incrementado solo mediante una ley orgánica.

Cabe recordar que en 1993 la Constitución del fujimorismo optó por la unicameralidad bajo el argumento de que sería menos costoso para el país, y hoy opina todo lo contrario.

La norma -que contó con el voto en bloque de Fuerza Popular, dirigida por Keiko Fujimori, y Perú Libre entre otras bancadas- señala que las personas que deseen postular al Senado deben tener al menos 45 años y haber asumido el cargo de congresista o diputado, lo que parece dirigido a los actuales parlamentarios. Mientras que para ser diputados la edad mínima es de 25 años.

Asimismo, abre la puerta a la reelección inmediata, tanto de diputados como de senadores, y permite que el candidato a la Presidencia o Vicepresidencia de la República no solamente pueda postular a la Cámara Alta, como era antes, sino también a la de diputados.

Si bien se mantiene la posibilidad de que los diputados y senadores puedan ser también ministros, ya no podrán votar en comisiones o en el pleno del Congreso en su calidad de parlamentario, como sucede en la actualidad.

También modifica el artículo 134 de la Constitución recortando la potestad del jefe de Estado de disolver el Congreso por determinadas causales, precisando que solo podrá cerrar la Cámara de Diputados, mas no la de senadores. Sin embargo, no ha tocado la polémica vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, por lo que continúa siendo una espada de Damocles.

Además, la norma elimina la cuestión de confianza obligatoria para el premier y su gabinete ministerial al inicio de su gestión, señala en el artículo 130 de la carta magna. Acudirán a la Cámara de Diputados a exponer su política y ya no necesitarán de su respaldo para continuar en el cargo.

Remoción de autoridades

La norma también indica que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como el defensor del Pueblo, pueden ser removidos por causa grave por la Cámara Alta, mediante los votos de los dos tercios del número legal de sus miembros. Esto no figuraba en la Constitución actual.

Y en el caso defensor del pueblo se establece que deberá presentar un informe ante la Cámara de Diputados una vez al año o cada vez que se lo soliciten.

La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, informó acerca de la promulgación de la ley de retorno a la bicameralidad por medio de sus redes sociales. La parlamentaria indicó lo siguiente: “Hoy se publica la modificatoria de más de 50 artículos de la Constitución, sin referéndum, sin participación ciudadana”.

Luciano López: falta una reforma política

El abogado constitucionalista Luciano López consideró que no es adecuado regresar a la bicameralidad, porque no hay una reforma política.

A través de sus redes sociales, indicó que se dificultará la reforma constitucional con el próximo Congreso, “porque ahora la valla de votación se eleva”.

Precisó que para hacer reformas constitucionales sin referéndum, se requerirá “87 votos en la Cámara de Diputados y 41 en la cámara de senadores, en dos legislaturas ordinarias sucesivas”.

Alberto Fujimori en juicio: dictan sentencia a agentes del Grupo Colina por asesinatos de La Cantuta y Pativilca

Luego de reconocer su participación en asesinatos. La Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a los suboficiales del Ejército Jesús Sosa Saavedra y Fernando Lecca Esquén a penas de 17 y 14 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado y desparición forzada de personas, que admitieron haber cometido el año 1992 en los casos Pativilca y La Cantuta.

Jesús Sosa, jefe del segundo equipo operativo del Grupo Colina, y Fernando Lecca se acogieron al procedimiento de sentencia anticipada, luego de admitir los cargos que les atribuye la fiscalía por su participación en el asesinato, el 29 de enero de 1992, de seis personas en los anexos El Caraqueño y San José, en Pativilca, Barranca.

Además, en julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.

La admisión de culpa y responsabilidad penal se dió en el curso del juicio público que sigue al exdictador Alberto Fujimori, los mandos militares y los suboficiales del Ejército que integraron en el Destacamento de Operaciones Especiales Colina» por las matanzas de Pativilca y La Cantuta.

Asesor de inteligencia
En enero último, Vladimiro Montesinos también reconoció los crímenes y se acogió a sentencia anticipada, recibiendo una pena de 19 años y ocho meses de prisión efectiva, que por el tiempo que permanece detenido se dió por compurgada, es decir que ya la cumplió.

El tribunal, integrado por los jueces superiores Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, también dieron por compurgada las penas impuestas a Sosa Saavedra y Lecca Esquén.

Aunque respecto al primero, hay discrepancias sobre el momento a partir del cual contar su detención. Sosa Saavedra recién fue detenido el 2008, por lo que le faltaría un año para cumplir esta condena.

Sin embargo, él reclama que se cuente el tiempo que estuvo privado de su libertad anteriormente, en un cuartel militar.

Confesión

Jesús Sosa Saavedra conocido con el apelativo de «Kerosene», por su proclividad a quemar los cuerpos de sus víctimas, ha reconocido su participación en los asesinatos de Barrios Altos, El Santa, el periodista Pedro Yauri, la Familia Ventocilla, Fortunato Gómez Palomino y otros.

En los otros juicios, Sosa Saavedra afirmó que el Grupo Colina fue un Destacamento de Operaciones Especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, con dependencia y conocimiento operativo de los altos mandos militares de la época: el comandante general Nicolás Hermoza Ríos, el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el dictador Alberto Fujimori.

En tanto, Fernando Lecca declaró que las acciones del Grupo Colina respondieron a planes operativos aprobados por altos mandos militares y que, si bien, les decían que su objetivo era detener a sospechosos de cometer actos de terrorismo, nunca detuvieron a nadie y si ejecutaron a diversas personas.

Las tres sentencias anticipadas se convierten ahora en pruebas de los delitos que se atribuyen al exdictador Alberto Fujimori y los jefes de las Fuerzas Armadas en los años 90.