La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, envió un firme mensaje al Congreso de la República en medio de los cuestionamientos dirigidos a los jueces que decidieron inaplicar leyes aprobadas por el Parlamento mediante el control difuso, amparado en la Constitución. En ese contexto, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, Tello Gilardi afirmó que la institución que dirige no actúa en favor de intereses políticos.
En esa misma línea, la titular del Poder Judicial descartó que la decisión de los jueces de aplicar el control difuso, constituyan prevaricato, delito o alguna injerencia política, debido a que se amparan en la ley y la Carta Magna. «Carece de sustento jurídico e histórico», expresó.
«En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente ante los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales; es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone la Constitución Política. (…) El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico», manifestó.
Asimismo, la mandamás del sistema judicial «preservará con valentía» su independencia e imparcialidad y que no se tolerará ningún intento del quebrantamiento judicial. «Tengan la certeza de que los jueces nunca serán herramientas de impunidad, ni instrumentos de persecución».
El discurso de Tello cobró mayor relevancia debido a la presencia en la ceremonia del presidente de la República, José Jerí; del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; y de los jefes de diversas instituciones, como el Reniec, la ONPE, el Tribunal Constitucional y el JNE, entre otros.
Entre las normas que los jueces decidieron inaplicar se encuentra la Ley de Amnistía (caso Chumbivilcas), que blindaba inmunidad a los miembros de las FF. AA. y PNP procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos en 1980 y 2000. También figura la Ley de lesa humanidad que no fue utilizada en los casos Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto, entre otros.
Por otra parte, Tello señaló que solicitó al Congreso que el Poder Judicial participe en el proceso de cualquier reforma constitucional que se pretenda impulsar. En ese sentido, la presidenta del PJ detalló que han remitido sus opiniones y propuestas a la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de evaluar la modificación de diversos artículos de la Constitución relacionados con el Poder Judicial, especialmente en lo referido al uso del control difuso.
«Ninguna reforma constitucional o legal puede validamente afectar la autonomía o independencia del Poder Judicial, ni tampoco debilitar la protección jurisdiccional de las personas», dijo.
Janet Tello: «Ningún cargo público está por encima de la ley»
En su balance del 2025, Telló detalló que se emitieron sentencias complejas. Entre ellas, la Corte Suprema expidió 235 condenas de 35 años de prisión, 269 de 30 años de cácel, 168 a 25 año y 508 cadenas perpetuas.
«El Poder Judicial ha dictado sentencias importantes y, en muchos casos, de trascendencia para el país que envían un mensaje nítido: ningún cargo público, poder económico u organización criminal está por encima de la ley», aseveró.
Justicia electoral
Por otro lado, la presidenta del Poder Judicial indicó que a inicios del 2025, se suscribió un convenio interinstitucional con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de facilitar el acceso a los antecedentes penales de los candidatos a la presidencia de la República y el Congreso.
En ese sentido, se implementó el plan de digitalización del registro nacional de condenadas en la que se registró más de 944.854 boletines físicos de condenadas penales.
«Esto nos va a permitir atender las solicitudes de información sobre los 4.264 postulantes que el JNE realizará en el marco del proceso electoral», detalló.
ENFOQUE REAL 