Fiscalía anticorrupción admite denuncia contra altos funcionarios del Gobierno Regional de Lima

En el ejercicio de mis funciones de fiscalización y defensa de los recursos del Estado, informo a la población que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha admitido la denuncia que presenté contra la Gobernadora Regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, José Antonio Caico Fernández y los que resulten responsables, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso y peculado doloso.

Mediante la Disposición N.° 01, de fecha 05 de diciembre de 2025, el Ministerio Público nos ha notificado la admisión de esta denuncia, la cual se originó tras los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2025 en el Centro Poblado de Hualcará de San Vicente de Cañete.

Que, como es ya de conocimiento, aquel día acudí a fiscalizar la entrega de ayuda humanitaria que momentos antes me habían indicado que se entregaría por parte del Gobierno Regional a los damnificados por un voraz incendio ocurrido días antes, donde me constaté y con suma preocupación, la Gobernadora Regional manifestó públicamente que los productos a entregar provenían de su “PROPIO PECULIO” y de una supuesta COLECTA DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR. Sin embargo, durante la entrega apareció el exalcalde Provincial de Cañete, Alexander Bazán Guzmán, participando activamente como si los víveres fueran de su propiedad, regalando a los damnificados como si los productos con rotulado del estado fuesen traídos por su persona.

Al realizar la fiscalización, verifiqué que los productos de primera necesidad tenían rótulos que prohibía su venta, evidenciando a través de medios digitales que se trataba de bienes del Estado.

Quiero ser clara y enfática: nadie puede utilizar bienes del Estado para fines políticos ni aprovecharse de la desgracia de familias afectadas por una emergencia, al parecer estos productos han sido obtenido irregularmente para ser utilizado para sus campañas políticas, generando un desmedro para aquellos personas que de alguna forma fueron alcanzado por alguna calamidad en el pasado y que en algún momento no se le entregó o simplemente haciendo mal uso de los bienes que deben ser custodiados por el mismo Gobierno Regional para luego ser entregados una vez activada el pedido por parte de las Municipalidades correspondientes.

La denuncia ya ha sido formalmente notificada y los involucrados han sido citados por la Fiscalía para el día 22 de enero, como parte de las diligencias correspondientes para su esclarecimiento.

59 candidatos diputarán para lograr las curules de 2 Senadores y 4 Diputados que representarán a Lima Provincias

El presidente del J.E.E. de Huaura, dijo que son 33 organizaciones políticas las que han logrado su inscripción ante el J.E.E. de Huaura, con 59 candidatos que disputarán para lograr las curules de 2 senadores y 4 diputados que corresponden a la región Lima.

Dijo que hay algunos recursos de apelación que tendrán que ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones. En algunos casos ya se dio una respuesta y se están haciendo las rectificaciones correspondientes.

Dijo que hasta el momento no se han presentado tachas y por tanto las inscripciones han sido debidamente formalizadas. Que más bien los fiscalizadores de hojas de vida están pasando el filtro y desarrollando su labor, con los que ya han logrado su inscripción.

¿Poder a la sombra o ambición oficial? El polémico salto de Ramón Aldave hacia la cámara de Diputados

La región Lima Provincias se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta política. Mientras la actual gestión regional enfrenta cuestionamientos y procesos judiciales, un nombre empieza a sonar con fuerza en las filas del partido Alianza para el Progreso (APP): Ramón Aldave, esposo de la actual gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado. Su intención de ocupar un escaño como diputado en las próximas elecciones de 2026 ha encendido las alarmas sobre el presunto uso del aparato regional para fines proselitistas y la consolidación de un «clan político».

El Poder tras el Trono en Lima Provincias

Para nadie en las nueve provincias de la región es un secreto el rol que desempeña Aldave. Desde el inicio de la gestión de Rosa Vásquez, diversas voces dentro y fuera del Gobierno Regional (GORE) han señalado que Ramón Aldave no es un simple acompañante. Reportes locales y quejas ciudadanas sugieren que él es quien realmente «hace y deshace» en las oficinas regionales, influyendo presuntamente en la designación de funcionarios y en la priorización de obras.

Esta figura del «Primer Caballero» con excesiva injerencia administrativa ha generado un clima de opacidad. ¿Es la candidatura de Aldave un intento de obtener inmunidad o simplemente la formalización de un poder que ya ejerce desde las sombras?

APP: ¿El vientre de alquiler para el continuismo?

La elección de Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, como plataforma electoral no parece casual. APP tiene un historial de cobijar figuras con fuerte arraigo local pero cuestionadas éticamente. Al postular a la Cámara de Diputados, Aldave busca saltar de la esfera regional a la nacional, lo que muchos analistas interpretan como una estrategia para blindar la gestión de su esposa, quien recientemente ha enfrentado serios reveses judiciales y denuncias por presunta corrupción.

Un historial de sombras y privilegios

Los puntos críticos que la ciudadanía cuestiona sobre su postulación incluyen:

Nepotismo indirecto: Aunque legalmente puede postular, éticamente se cuestiona el uso de recursos y logística del GORE Lima para pavimentar su camino electoral.

Intervención administrativa: Denuncias constantes sobre su presencia en reuniones de toma de decisiones donde, por ley, no debería tener injerencia alguna.

La sombra de la sentencia: Con la gobernadora Rosa Vásquez enfrentando condenas y procesos (como la reciente sentencia de más de 9 años de prisión por colusión, aún en apelación), la candidatura de su esposo se percibe como una «posta» para mantener el control político del territorio.

El veredicto de las provincias

Desde Cañete hasta Cajatambo, el malestar crece. La percepción de que la región se maneja como una «hacienda familiar» es el principal obstáculo de Aldave. La pregunta para el electorado de Lima Provincias es clara: ¿Votarán por la representación ciudadana o por la prolongación de un régimen que ha confundido lo público con lo familiar?

La campaña recién empieza, pero la mochila que carga Ramón Aldave llena de señalamientos de manipulación política y sombras de corrupción promete ser su mayor desafío en las urnas.

Fuente: Diario Chasqui

Jefe de Logística, encargado de gestionar compras en hospital Barranca – Cajatambo, fue sancionado por Servir

El jefe de la Unidad de Logística del hospital Barranca–Cajatambo, Juan David Mercedes Aparicio, fue sancionado por SERVIR y registra una suspensión vigente en el Registro Nacional de Sanciones, lo que implica que no debería ejercer funciones ni percibir remuneración del Estado mientras dure la medida.

Pese a ello, el funcionario —quien tiene a su cargo decisiones clave sobre pagos a proveedores y reparación de equipos críticos— ocupó un cargo de confianza designado desde el GORE Lima, bajo un esquema de centralización de designaciones impulsado por la gobernadora Rosa Vásquez, restando autonomía a los directores hospitalarios.

Esta centralización habría permitido que personal externo administre presupuestos hospitalarios, derivando en contrataciones cuestionadas, como servicios de reparación sin experiencia o gastos elevados en fotocopias, mientras persisten graves deficiencias en infraestructura y manejo de residuos biocontaminados cerca de áreas críticas como la UCI.

La responsabilidad política del modelo recae en la gestión regional, cuyas falencias quedan expuestas con esta sanción. Un informe posterior ampliará los detalles específicos de la medida disciplinaria.

Indignación legitima, límites legales: no hay inhabilitación para la gobernadora, pero sí pueden frenarla

Por: Carlos Munares (Abogado)

Todos estamos de acuerdo con que el Gobierno Regional de Lima y sus funcionarios están violando la norma electoral de neutralidad.

La violaron durante las elecciones generales y la violan hoy, en pleno proceso electoral municipal y regional. A diario vemos primeras piedras, inauguraciones y actos oficiales convertidos en vitrinas políticas. En los hechos, se usan recursos públicos para favorecer candidatos y estructuras partidarias, sin que exista una reacción enfática y proporcional de la autoridad electoral. Esta es una realidad.

Frente a este escenario, la reacción política natural es evidente: que se suspenda de una vez a la señora Vásquez. Sin embargo, corresponde decirlo con claridad jurídica, aunque resulte incómodo: la ley no lo permite.

La gobernadora ha sido condenada en primera instancia a 9 años y 5 meses, con una pena de inhabilitación por el mismo periodo, pero dicha sentencia ha sido apelada.

En el Perú rige la doble instancia y el debido proceso. Mientras no exista una sentencia firme, la ejecución de la pena —incluida la inhabilitación— está suspendida. Los efectos de la inhabilitación corren la misma suerte que la pena principal y no pueden aplicarse de forma anticipada, salvo que la resolución así lo disponga.

En su momento también estuvo en la retina de los opinologos y el análisis jurídico la posibilidad de aplicar la suspensión para el ejercicio del cargo a la señora Vasquéz. Sin embargo, en la sentencia de 1era instancia los jueces resolvieron reservar o suspender los efectos de la pena (decisión bastante cuestionada), que dicho sea de paso es de carácter efectiva, pero sin mandato de detención actual o vigente.

El Jurado Nacional de Elecciones en el marco de sus competencias no puede remover a una autoridad sobre la base de una condena que no se encuentra firme. Pretender lo contrario sería vulnerar el ordenamiento legal y Estado de derecho, por más justificada que sea la indignación ciudadana. Hasta aquí, aunque disconforme la ciudadanía, todo está de acuerdo a Ley

¿Pero dónde está el verdadero problema? Que el JNE no pueda inhabilitarla, no significa QUE NO PUEDA ACTUAR.

Sí puede —y DEBE— vigilar la neutralidad electoral, impedir el uso de recursos públicos en campaña y sancionar las infracciones que hoy se cometen a la vista de todos. Y eso, lamentablemente, no lo está haciendo.

La ley impide hoy una inhabilitación penal. Correcto.

Lo que no impide —y exige— es poner un alto inmediato al uso político de los recursos del estado.

Dictan 24 meses de prisión para «los intocables» la mafia de los brevetes que operaba en el Gore Lima

Jueza Sandy Basilio Ysidro desbarata red criminal liderada por alias “Payasito”, que cobraba hasta 4 mil soles por licencias “express” usando huellas de silicona. Tras 7 años de investigación y ante el silencio cómplice del Gobierno Regional, cinco implicados van tras las rejas.

Se les acabó la impunidad. En una decisión histórica que marca un duro golpe contra la corrupción enquistada en la administración pública, la jueza Sandy Basilio Ysidro, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, dictó 24 meses de prisión preventiva contra integrantes de la organización criminal “Los Intocables”, acusada de traficar con licencias de conducir al interior del Gobierno Regional de Lima desde el año 2018.

Tras 16 días de maratónicas audiencias, la magistrada declaró fundado el pedido de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, enviando al penal a Jorge Chávez Romero, alias “Chávez”, “Payasito” o “Comanche”, sindicado como el cabecilla de esta red, junto a otros seis integrantes.

EL MODUS OPERANDI: CORRUPCIÓN AL DESCARO

La resolución judicial N° 17 expuso las entrañas de una mafia que convirtió la seguridad vial en un negocio millonario. Según la investigación, que data de hace 7 años e incluye escuchas legales y testigos protegidos, la red cobraba entre 1,500 y 4,000 soles para emitir brevetes en tiempo récord (un solo día) y sin cumplir ningún requisito legal.

“Más allá de ser promotores, ofrecían tramitarlos sin rendir exámenes de manejo o de conocimiento, ni siquiera asistir al local regional”, señaló contundentemente la jueza Basilio.

Los detalles son escandalosos: la organización utilizaba huellas dactilares grabadas en silicona para suplantar a postulantes que ni siquiera pisaban Huacho. La corrupción llegó a niveles inverosímiles, tramitando y entregando licencias incluso a personas daltónicas, poniendo en grave riesgo la vida de los ciudadanos.

Todo esto, bajo la mirada de funcionarios de la Dirección Regional de Transportes que facilitaban el sistema para que los pagadores «jamás desaprobaran».

LA PRUEBA DIGITAL QUE HUNDIÓ AL LÍDER

Aunque Jorge Chávez Romero, alias “Payasito”, intentó burlar a la justicia presentando un celular “limpio” —sin mensajes, ni contactos, ni vouchers—, la tecnología lo delató. Los celulares de sus coimputados, “Los Intocables”, estaban repletos de evidencia: transferencias vía Yape y Plin, y abundantes conversaciones que no solo confirmaban las transacciones ilícitas, sino que lo señalaban inequívocamente como el líder de la organización.

Para la magistrada, estos elementos, sumados al desbalance patrimonial, son indicios sólidos del delito de lavado de activos, demostrando que el dinero sucio fue usado para beneficio personal de los imputados.

LOS ENCARCELADOS

La medida coercitiva recae también sobre los siguientes procesados, quienes enfrentarán el juicio desde prisión por los delitos de organización criminal, cohecho activo-pasivo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos: Ángel Aparicio Champa Paredes (a) “Gordo” o “Champa”, Christian Oliver Ventocilla (a) “Olivera”, Geraldine Gonzales Hinostroza (a) “Geraldine” y Francisco Vargas Valdez (a) “Francisco”

En tanto que Alberto Vidal Cóndor (a) “Chuta” y Abel Aramayo Villanueva «Colorado»,seguirán siendo investigados en libertad sujeto a estrictas reglas de conducta.

EL SILENCIO CÓMPLICE DEL GOBIERNO REGIONAL

Mientras la justicia actúa, el Gobierno Regional de Lima mantiene un silencio ensordecedor. La pregunta que resuena tras el fallo es: ¿Quiénes y bajo la orden de quién, los servidores de la Dirección Regional de Transportes permitieron este acto ilegal durante años?

La investigación fiscal deja abierta la puerta a más capturas, pues aún falta identificar a los funcionarios y trabajadores regionales que, desde adentro, permitieron que “Los Intocables” operaran a sus anchas. Por ahora, la prisión preventiva garantiza que esta red no siga obstruyendo una verdad que, tarde o temprano, terminará de salir a la luz.

Redacción: Diario Enfoques Digital