La Contraloría General realizó 409 servicios de control, entre enero y abril de este año, para cautelar los recursos públicos en la región Lima Provincias, sobre todo los destinados a la atención de la emergencia por las fuertes precipitaciones. En materia de control simultáneo, las entidades públicas no adoptaron acciones para corregir el 76% de alertas emitidas por el máximo ente del Sistema Nacional de Control.
Durante una jornada informativa con los medios de comunicación de la región, el Gerente Regional de Control de Lima Provincias, Jean Franck Vasquez Neira, expuso los resultados del primer cuatrimestre del 2023, y precisó que, del total de servicios de control realizados, 264 corresponden al control simultáneo y 145 al control posterior.
El funcionario explicó, además, que la Entidad Fiscalizadora Superior desplegó a equipos de auditores para acompañar los procesos de atención a los damnificados y afectados por las intensas lluvias, en el marco de la declaratoria de emergencia.
Control simultáneo y posterior
Como resultado de los servicios de control simultáneo, se identificaron 494 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que se adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, 42 (9%) situaciones adversas no han sido corregidas por parte de las entidades públicas y en 375 (76%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 75 (15%) situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
Entre los principales informes de control emitidos en Lima Provincias destacan la Orientación de Oficio N° 014-2023-OCI/4289-SOO, en la que se alertó que una excavadora sobre orugas de la Dirección Regional de Agricultura- DRAL del Gobierno Regional de Lima se encontraba a la intemperie y sin resguardo con señales de deterioro y componentes sustraídos, cerca de la ribera del río Chico, en el distrito de Sayán, lo que no garantizaría el cuidado e integridad de la maquinaria, así como su disponibilidad para los trabajos de emergencia, afectando los recursos de la Entidad por los mayores costos de mantenimiento y/o reposición.
Asimismo, en el Informe de Control Concurrente N° 008-2023-OCI/5344-SCC , se identificaron deficiencias técnicas en el diseño estructural del proyecto «Rehabilitación del local escolar Libertador José de San Martin”, ubicado en el distrito y provincia de Oyón, lo que podría generar riesgos ante un evento sísmico, así como afectar la continuidad del servicio educativo y generar mayores gastos de inversión.
También, en otro servicio de control simultáneo se alertó que en la Municipalidad Provincial de Huaral los bienes de ayuda humanitaria para la atención de emergencias se encontraban almacenados en malas condiciones, lo que pone en riesgo su conservación y custodia y podría afectar la atención a la población damnificada y/o afectada.
Agenda de Control en Lima Provincias
En Lima Provincias, la Contraloría General se encuentra en plena ejecución de auditorías de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario para determinar si el proceso de alimentación de internos y personal de seguridad del penal de Huacho, se desarrolla de acuerdo a la norma aplicable y estipulaciones contractuales.
Además, una auditoria a la Municipalidad Provincial de Huarochirí para supervisar los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales y otro al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) para verificar la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos en aula tipo costa para la continuidad del servicio pedagógico en las instituciones educativas públicas de la provincia de Huaura.
Del mismo modo, los auditores participan de grandes megaoperativos, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, iniciado en marzo último, cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.
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