Mientras el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Regional de Lima Provincias siguen sin decidir la salida de la gobernadora Rosa Vásquez (condenada en primera instancia por peculado), aumentan los escándalos en esta sede.
Hace unos días, la Policía Nacional arrestó a miembros de ‘Los Intocables de Huacho’. Estos operaban con la gestión de Vásquez para traficar licencias bajo dos modalidades.
Cupos por licencias
“Una presencial, llevando a la víctima a que pasen los exámenes de ley, como es el examen médico, el examen de reglas y el examen de manejo y el otro de manera virtual, llevándole en una silicona la impresión de las papilas dactilares a las oficinas donde entregaban las licencias de conducir sin que vaya el usuario”, señala la carpeta fiscal.
El general PNP Manuel Lozada explicó que otros funcionarios en complicidad con personal, servidores y/o funcionarios de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima estarían implicados.
“Se cobraba entre S/ 2,500 y S/ 4,500 de acuerdo a la condición económica del cliente, y S/ 4,500 a S/ 8,000 cuando no podían ir”, precisó.
La Procuraduría Pública tampoco se ha manifestado sobre la situación jurídica de Vásquez.
Alvarado, figura formalmente como acusado en un proceso penal vinculado a la Municipalidad Provincial de Cañete, y aun así con una frescura extraordinaria promueve públicamente a su movimiento político “Patria Joven” y a una posible candidatura al Congreso de la República, como si enfrentar un juicio oral urgente fuera un detalle menor o una simple “persecución”.
Los hechos son claros y documentados. Según notificación oficial del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Cañete ha programado una audiencia de juicio oral inaplazable para el 9 de enero de 2026, a las 9:00 a. m.
No se trata de una investigación preliminar ni de una citación administrativa: es la fase central del proceso penal, donde se ventilan pruebas, responsabilidades y eventuales sanciones.
El caso es visto por el Primer Juzgado Unipersonal – Sede Central, bajo la conducción de la jueza Luz Xiomara Gutiérrez Flores, y en el expediente aparece expresamente como acusado Javier Alvarado Gonzales del Valle, junto a José Antonio Espinoza Peña. La Municipalidad Provincial de Cañete figura como parte agraviada, tal como consta en la resolución número 7, del expediente N° 00170-20212, por el DELITO DE PECULADO.
Pese a ello, Alvarado no ha optado por la prudencia ni por la transparencia. Por el contrario, organiza a su Movimiento político “Patria Joven”, a sus eventuales candidatos y el mismo se promueve como candidato a Senador, para lo cual sale a las calles, a las redes y a los micrófonos a pedir el voto popular, como si nada ocurriera, como si el país no tuviera derecho a saber que uno de sus aspirantes al Congreso tiene una cita obligatoria con un juzgado penal.
¿Ese es el estándar ético de Patria Joven? ¿Esa es su “renovación política”? ¿Promover candidatos con juicios orales pendientes es parte de su propuesta para el país?
La resolución judicial es tajante: la audiencia será virtual y de carácter inaplazable, con advertencia expresa de que la inasistencia injustificada podría derivar en la declaración de reo contumaz o reo ausente.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES IMPUNIDAD POLÍTICA
Nadie discute el principio de presunción de inocencia. Pero ese principio no autoriza a engañar al electorado, ni a ocultar procesos judiciales, ni a pretender que el Congreso sea un escudo frente a la justicia.
El Parlamento no es una guarida, no es un premio consuelo para cuestionados, no es una plataforma para huir del escrutinio judicial. Quien aspira a legislar debe dar el ejemplo, no caminar con un expediente penal bajo el brazo mientras reparte volantes.
La democracia se defiende con memoria, con información y con coraje.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso 36 meses de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Emperadores del Norte Chico”, quienes actualmente se encuentran no habidos, tras haber fugado del operativo ejecutado el 30 de abril de 2025.
De acuerdo con la resolución judicial, el principal investigado es Elías Zevallos Ramírez, alias “Charapa” o “Viejo Charapa”, señalado como líder de la organización, junto a los siguientes presuntos integrantes: • Ray Baresi Patricio Santos, alias “Ray” • Jesús Alfonso Quiñones Arana, alias “Gato” • Renzo Eduardo Chinga Patricio, alias “Skate” • Jesús Humberto Santos Zamora, alias “Lagarto” • Walter Berlingo Bernal Huacan, alias “Shaggy” • Brayan Amado Paucar Vásquez, alias “Brayan”
Según la investigación fiscal de crimen organizado Equipo 1, esta estructura criminal estaría dedicada a la comisión de diversos delitos graves como organización criminal, usurpación, extorsión, robo agravado, sicariato, marcaje y reglaje, así como tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros ilícitos.
Los hechos investigados habrían afectado directamente al Estado, así como a personas naturales y jurídicas de la provincia de Huaura, principalmente en las zonas de Huacho, Santa María y sectores aledaños, donde la organización habría impuesto su accionar delictivo mediante amenazas, violencia y el uso de armas de fuego.
Las autoridades judiciales y policiales continúan con las labores de búsqueda y captura de los investigados, a fin de que la medida coercitiva dictada sea efectivizada conforme a ley.
Finalmente, se dispuso a agentes de inteligencia y contrainteligencia la búsqueda para su captura lo más pronto posible
Imágenes difundidas en redes sociales han generado fuerte cuestionamiento ciudadano al evidenciar una presunta actividad proselitista en la provincia de Huaral, en la que habría participado el esposo de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, acompañado por funcionarios y personal vinculado al Gobierno Regional de Lima.
En las fotografías se observa al mencionado ciudadano realizando actos de carácter político, muy cerca del jefe zonal del Gobierno Regional de Lima en Huaral, Raúl Bazalar. Asimismo, se advierte la presencia de una persona que prestaría servicios a la entidad regional, quien habría participado en el registro fotográfico de dicha actividad.
Estos hechos han encendido las alertas debido a la posible utilización de personal y recursos del Estado con fines políticos, una práctica expresamente prohibida por las normas que regulan la neutralidad de la función pública, especialmente en contextos preelectorales.
Diversos sectores locales han cuestionado el silencio del Consejo Regional de Lima, cuyos integrantes aún no se han pronunciado frente a estas evidencias, pese a su rol fiscalizador. Las críticas apuntan a una aparente permisividad frente a actos que podrían constituir una falta administrativa grave y una vulneración de la ética pública.
La ciudadanía exige explicaciones claras y una investigación inmediata que determine responsabilidades, así como un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional de Lima, que hasta el momento guarda silencio frente a estas denuncias.
La extorsión continúa ganando terreno en la ciudad de Huacho y en diversos puntos de la provincia de Huaura, generando preocupación entre los comerciantes locales. Ante las constantes amenazas y llamadas extorsivas, varios dueños de negocios han optado por cerrar definitivamente sus establecimientos y rematar sus productos.
Uno de los casos más recientes corresponde a una conocida tienda dedicada a la venta de neumáticos, cuyo propietario, tras recibir reiteradas llamadas exigiendo pagos a cambio de no atentar contra su integridad y su negocio, decidió poner fin a su emprendimiento.
Comerciantes afectados señalan que la falta de acciones efectivas por parte de la Policía Nacional del Perú, así como la escasa intervención de las autoridades regionales y locales, ha contribuido al incremento de estos delitos y al cierre de establecimientos comerciales.
La situación ha generado un clima de preocupación, indignación e incertidumbre entre la población de la provincia de Huaura, que exige medidas concretas para enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana.
El Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Lima permanece en absoluto silencio tras el polémico incidente ocurrido durante el inicio de la obra en la emblemática Institución Educativa Santa Rita de Cassia, donde la gobernadora Rosa Vásquez habría ordenado retirar el micrófono a la consejera Blanca, en un acto considerado por muchos como un desplante y una falta de respeto a una autoridad electa.
Más allá de las diferencias personales o políticas, el hecho de censurar públicamente a una consejera regional vulnera no solo el protocolo institucional, sino también los principios básicos de respeto entre autoridades. Resulta aún más cuestionable que, como supuesto “respaldo”, se encontrara el consejero José Caico, recordado por haber sido detenido anteriormente en estado etílico.
Lejos de quedarse callada, la consejera Blanca denunció que estos hechos evidencian que ya estaríamos en plena campaña política, y cuestionó la actitud reiterada de la gobernadora frente a cualquier intento de fiscalización. No es la primera vez que Rosa Vásquez reacciona de esta manera: episodios similares se han registrado con una congresista donde incluso se llegó a un enfrentamiento físico y con la Contraloría General de la República.
La pregunta es inevitable: si todo es transparente, como se afirma desde el gobierno regional, ¿por qué incomoda tanto la fiscalización? ¿Hay algo que se pretende ocultar?
Mientras tanto, el Área de Comunicaciones sigue sin emitir ningún pronunciamiento oficial, pese a la gravedad del hecho. Cabe recordar que dicha área está a cargo de José Montes, exjefe de Imagen del exgobernador Ricardo Chavarría, gestión que terminó envuelta en múltiples cuestionamientos. Hoy, su silencio parece responder más a la necesidad de aferrarse al cargo que a una defensa de la institucionalidad.
En paralelo, se observa una acelerada ejecución de obras “express” en distintos puntos de la región, lo que refuerza la percepción de un uso político de la gestión pública. Todo ello en medio de versiones que apuntan a una estrategia para impulsar la candidatura congresal del esposo de la gobernadora, Ramón, dejando en el aire una interrogante clave:
¿de dónde provienen los recursos que estarían financiando esta campaña?
Finalmente, la consejera Blanca también alertó que la obra en cuestión estaría a cargo de una empresa que no goza de buena reputación, lo que suma un nuevo elemento de preocupación a un escenario ya marcado por la censura, el silencio oficial y las dudas sobre la transparencia.
ENFOQUE REAL 