La sentencia contra Rosa Vásquez revela un patrón grave en la gestión del proyecto del Centro Cívico de Matucana. Durante su periodo como alcaldesa, el presupuesto inicial de S/ 1.6 millones terminó duplicándose hasta superar los S/ 3.2 millones. La investigación judicial determinó un perjuicio económico acreditado superior a S/ 1.34 millones.

A ello se suma un hecho particularmente alarmante: la existencia de una resolución municipal duplicada, con la misma fecha y numeración que la original, pero con un presupuesto incrementado. La pericia grafotécnica concluyó que aquel documento fue falsificado.

Aunque Vásquez delegó algunas funciones, el tribunal señala que nunca perdió el deber de cautelar los intereses públicos. Los cuadernos de obra advertían retrasos, escasez de materiales y fallas de ejecución. Ninguna de estas señales fue atendida. El gasto se amplió sin sustento técnico y la obra quedó inconclusa, sobrevalorada y convertida en un ejemplo de cómo la mala gestión pública permite que los recursos estatales se diluyan entre papeles y sellos.

La sentencia también pone en evidencia un problema mayor: la crisis ética en la función pública. En un país golpeado por la corrupción, que una autoridad actualmente a cargo de un presupuesto regional significativo arrastre una condena por peculado y falsificación genera una preocupación legítima. No es solo un caso en Huarochirí: es un golpe directo a la confianza ciudadana y un mensaje peligroso de tolerancia a la impunidad.

La pregunta es inevitable:
¿Cómo puede mantenerse en el poder una funcionaria cuya conducta, de acuerdo con una sentencia firme, vulneró la ley y la confianza pública?

La ciudadanía tiene derecho a exigir principios básicos: honestidad, responsabilidad y respeto al cargo. En este caso, la justicia ya ha establecido que esos deberes fueron incumplidos.

Un escrito presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones solicita que se ejecute de manera inmediata la inhabilitación impuesta a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, tras la sentencia que la declara responsable de delitos de corrupción vinculados a su gestión en Huarochirí. La petición señala que, al existir una pena de inhabilitación vigente, la gobernadora ya no puede continuar ejerciendo funciones públicas.

El documento advierte que mantener en el cargo a una autoridad sentenciada por delitos dolosos afecta la legalidad y la estabilidad de la gestión regional. También recuerda que el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate ordenó cursar los partes judiciales al JNE para hacer efectiva la inhabilitación.

De concretarse la separación del cargo, el vicegobernador Nicolás Barrera Morán asumiría la gobernación regional conforme a la normativa vigente. El escrito concluye señalando la necesidad de que el JNE actúe con celeridad para garantizar la continuidad institucional y el cumplimiento de la ley.

La gobernadora regional vuelve a infringir la Ley de Neutralidad Electoral. A pesar de que su esposo ya fue ratificado y presentado como candidato al Congreso, ella continúa publicitando a diario sus actividades oficiales, violando de manera directa la Ley 31457 y la Ley Orgánica de Elecciones.

La norma es clara: cuando un familiar directo postula, la autoridad no puede usar recursos del Estado para difundir su gestión, pues eso genera ventaja electoral indebida. Pero la Gobernadora sigue utilizando plataformas oficiales, personal público y canales institucionales para promover su imagen y, de forma indirecta, favorecer la campaña de su esposo. Esto no es comunicación institucional: es propaganda encubierta e ilegal.

Exigimos el cese inmediato de toda publicidad oficial ligada a la Gobernadora durante el proceso electoral.

El respeto a la ley y a la igualdad de condiciones no es opcional. Basta de usar el cargo público para impulsar campañas familiares.

Fuente: Diario El Chaski