El periodista Carlos Yofre López Sifuentes, director de la plataforma digital y programa radial Contra Poder, fue sentenciado al pago de 100 mil soles de reparación civil en un proceso iniciado por el juez superior Víctor Reyes Alvarado, actual presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura.

La condena se dictó pese a que el delito de difamación había prescrito y a que jueces de la misma corte admitieron tener amistad notoria con el querellante.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), López relató que la querella comenzó en 2019, tras la difusión de publicaciones en redes sociales sobre hechos de relevancia pública que implicaban al magistrado: el proceso de ratificación automática de magistrados observado por la Contraloría, los vínculos de Reyes con el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos —procesado en el caso Cuellos Blancos— y una denuncia de acoso sexual presentada por su asesora ante el sindicato de trabajadores del Poder Judicial. El periodista explicó que estos señalamientos se sustentaron en informes de medios como Caretas, documentos oficiales y declaraciones públicas.

El caso fue abordado en primera instancia por el juez supernumerario William De Zametta Alvarado, quien impuso una primera condena a prisión suspendida y reparación civil. Posteriormente, la sala penal anuló esa sentencia por falta de motivación, ordenando un nuevo juicio.

En 2023, la jueza Keyly Garay Robles declaró prescrita la acción penal pero mantuvo el extremo civil, finalmente condenando a López al pago de 100 mil soles. El periodista denunció que esta decisión contraviene el principio de prohibición de reforma en perjuicio, pues duplicó la reparación impuesta en el fallo anterior.

El 9 de junio de 2025, la Sala Penal de Apelaciones de Huaura confirmó la sentencia de primera instancia. Durante el proceso de apelación, dos jueces integrantes de la sala —Wilian Timaná Girio y Carlos Gómez Arguedas— presentaron inhibiciones por mantener una amistad notoria con Reyes Alvarado.

Sin embargo, la propia sala resolvió no aceptar dichas inhibiciones, obligando a ambos magistrados a continuar en el caso. El tercer integrante del colegiado, Edwin Manrique Ramírez, tampoco informó que había sido designado como juez superior provisional por el mismo Víctor Reyes Alvarado desde el año 2018, lo que, según el periodista, representa otro elemento de parcialidad no corregido.

López Sifuentes denuncia que esta situación vulnera su derecho a un juez imparcial y al debido proceso, y que la persecución judicial sostenida por seis años ha afectado gravemente su salud mental y su capacidad de ejercer el periodismo. Asimismo, alertó que, desde el inicio de las investigaciones, ha sido objeto de señalamientos públicos, amenazas de nuevas querellas y hostigamiento constante por parte de magistrados de la jurisdicción.

Actualmente, el periodista ha interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema con el objetivo de que se evalúe la anulación de la sentencia y la transferencia del caso fuera del distrito judicial de Huaura.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reitera su solidaridad con el periodista Carlos Yofré López Sifuentes, cuyo caso evidencia la persecución judicial con la finalidad de hostigar a periodistas de investigación, y subraya que en este caso y otros se impongan montos indemnizatorios desproporcionados que resultan tan inhibitorios como la cárcel.

Particularmente, la ANP llama la atención sobre el proceder de las instancias judiciales, seriamente comprometidas en este caso -al ser el querellante el actual presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura-, lo que genera razonables cuestionamientos a la independencia del proceso judicial.