A junio de 2025, la situación del Gobierno Regional de Lima es tan preocupante como indignante. Con una ejecución presupuestal apenas por debajo del 25% en lo que va del año, la región ocupa uno de los últimos lugares en capacidad de gasto público. Esto no es nuevo: en 2024, Lima devolvió al Estado más de 220 millones de soles por no ejecutar proyectos clave, quedándose apenas en un 65% de ejecución de su Presupuesto Institucional Modificado. La incapacidad de transformar recursos públicos en obras concretas para la población ya no puede atribuirse únicamente a ineficiencia. El problema es más profundo: es estructural y está manchado por la corrupción.

Obras sospechosas y millones sin sustento

Uno de los casos más escandalosos es el de la descolmatación de ríos en la región, que costó 80 millones de soles. Una cifra abultada para un trabajo que muchos especialistas y ciudadanos consideran sobrevalorado, con indicios de que fue adjudicado sin los debidos procesos de fiscalización. A eso se suma la reciente compra de maquinaria pesada, rodeada de cuestionamientos por presunto direccionamiento y sobrecostos.

El uso del presupuesto se convierte así en una herramienta para el beneficio personal de unos pocos, en lugar de servir para mejorar la calidad de vida de más de un millón de limeños de provincias. Mientras tanto, la población sigue esperando escuelas dignas, hospitales funcionales y obras viales que conecten sus territorios.

Gobernadora investigada: justicia a medias

La actual gobernadora, Rosa Vásquez Cuadrado, no solo es responsable de esta ineficiencia, sino que arrastra serias denuncias por presuntos actos de corrupción desde su etapa como alcaldesa provincial de Huarochirí en 2018. Se le acusa de la apropiación indebida de un millón de soles. Su proceso judicial, sin embargo, ha sido suspendido ya en dos oportunidades por razones médicas que muchos consideran maniobras dilatorias para evitar que avance el juicio oral.

A la luz de estos hechos, es legítimo y urgente que el Ministerio Público evalúe una medida de prisión preventiva, considerando el evidente riesgo procesal: posible fuga y obstaculización de la justicia. El principio de igualdad ante la ley no puede seguir siendo una ficción para quienes ostentan el poder.

¿Y el desarrollo regional?

El presupuesto 2025 para Lima asciende a más de 1,485 millones de soles, de los cuales más de 415 millones están destinados a proyectos de inversión. ¿Cómo se puede justificar que ni siquiera se haya ejecutado una cuarta parte de ese monto, mientras las necesidades de infraestructura, salud, educación y agricultura en la región son tan evidentes?

Lamentablemente, este mal uso de los recursos y la falta de liderazgo visionario no solo afecta la infraestructura física de la región, sino también la moral ciudadana. La desidia, el abandono de la empresa privada, y la falta de visión empresarial para transformar ferias locales, actividades productivas y polos de desarrollo, condenan a Lima provincias a seguir operando como si fuera un conjunto de caseríos mal conectados, y no como la capital política de la región más estratégica del país.

Lima provincias merece más. Merece autoridades que no usen el cargo como escudo para evadir la justicia ni como plataforma para enriquecerse. Merece una gestión transparente, eficiente y decidida. Si la actual administración no es capaz de hacerlo, corresponde a los organismos de control, a la justicia y, sobre todo, a la ciudadanía organizada, exigir y provocar los cambios que la región necesita.

Una gestión con llegada de gente que ni en municipalidad podrían estar calificadas. Por eso viene ya 3 años de ineficiencia. Y actos de corrupción contundentes. Lo peor que fiscalía no investiga , solo archiva.