Mientras el discurso oficial habla de lucha contra la corrupción y respeto a la institucionalidad, la realidad política en el Callao y en Lima provincias exponen patrones distintos: En Lima Provincias el consejo regional se convierte en muralla de protección.
En el Callao, los consejeros regionales han optado por cerrar filas y bloquear, en la práctica, el ingreso de Ciro Castillo, gobernador suspendido, pese a que el Poder Judicial levantó medidas que le permitirían presentarse en la sede del GORE. La escena fue clara: seguridad impidiendo el ingreso, consejeros evaluando “procedimientos” y una institucionalidad que piensa en el daño político que generara que Castillo tome control del gobierno.
Pero si en el Callao el cerrojo es frontal, en Lima provincias la estrategia es más sutil: dilatar, alargar y marear.
El Consejo Regional de Lima viene estirando la sesión sobre la suspensión de Rosa Vásquez, gobernadora sentenciada por corrupción por el caso del Centro Cívico de Huarochirí, con condena de nueve años y cinco meses de prisión. En lugar de actuar con celeridad, el consejo parece apostar por el desgaste, el trámite eterno y la ambigüedad política.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué tanta rapidez para bloquear y tanto cálculo para suspender?
¿Por qué el rigor depende del nombre, el color político o las alianzas internas?
Callao y Lima provincias muestran hoy dos caras del mismo problema: consejos regionales que ya no fiscalizan y otros en donde parece tener claras la lucha contra la corrupción. No es institucionalidad, es conveniencia. No es legalidad, es blindaje.
Y mientras tanto, la ciudadanía vuelve a mirar el espectáculo de siempre:
cuando la justicia toca la puerta, el poder regional corre a ponerle doble cerrojo.
Presentan denuncia ante la Contraloría General de la República por graves presuntas irregularidades en el uso del mecanismo de Obras por Impuestos (Ley N.° 29230) en procesos convocados por el Gobierno Regional de Lima, vinculados a la adquisición de pantallas para instituciones educativas, por un monto que supera los S/ 81 millones.
PROCESOS DE SELECCIÓN OBSERVADOS
1. Proceso N.° 001-2026-GRL-OXI-PANTALLAS-PRIMARIA
4. Proceso N.° 002-2026-GRL-OXI-PANTALLAS-SECUNDARIA
• CUI: 2697130
• Objeto: Supervisión IOARR
• Monto: S/ 160 000
Observación crítica
Se advierte que los números de proceso N.° 001-2026 y N.° 002-2026 se repiten para distintos objetos contractuales y distintos CUI, lo cual vulnera las reglas mínimas de identificación y trazabilidad de los procesos de selección, generando confusión administrativa, riesgo de direccionamiento y falta de seguridad jurídica.
Esta duplicidad constituye un vicio de origen, por lo que los procesos devienen en no válidos, al incumplir los principios de transparencia, legalidad y predictibilidad que rigen la contratación pública y el mecanismo OxI.
Hechos adicionales denunciados
Procesos sin Términos de Referencia ni Especificaciones Técnicas.
Uso indebido de la modalidad IOARR para inversiones de alcance regional.
Fraccionamiento indebido por nivel educativo y por tipo de servicio.
Supervisiones sin objeto definido.
Presuntas responsabilidades
Los hechos descritos podrían configurar responsabilidad administrativa funcional, omisión de funciones y un riesgo cierto de perjuicio económico al Estado.
Se solicita a la Contraloría:
Disponer control concurrente o posterior.
Declarar la nulidad de los procesos observados.
Determinar y denunciar responsabilidades funcionales.
Emitir recomendaciones de cumplimiento obligatorio.
Obras por Impuestos no es carta blanca. Sin planificación, sin sustento técnico y con procesos duplicados, no hay inversión pública válida.
El alcalde del distrito de Manás – Cajatambo, Johel Iván Graciano Arce, interpuso denuncia penal por presuntas irregularidades en el proyecto de inversión “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN”, del distrito de Manás.
Figuran como denunciados la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, el gerente general regional Leonardo Edison Vílchez Fernández, servidores y funcionarios.
Se señala como presuntos delitos: malversación, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Señala la denuncia que con el formato N° 07-A de fecha 22 del mayo del 2023, se dio la viabilidad del proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”.
Asimismo, mediante formato N° 08-A, se registró en el banco de proyectos en fase de ejecución, el proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”, por un monto ascendente de S/ 2´740,396.34 soles, tal como consta en la resolución de alcaldía N° 127-2023-MDM/ALC. de fecha 28 de agosto del 2023.
En el acta de taller regional de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo en resultados 2025 del gobierno regional Lima – zona norte, de fecha 19 de marzo del 2024, en su anexo 1, se aprobó la cartera de inversiones para el presupuesto participativo 2025 (Gobierno regional de Lima), donde uno de los proyectos priorizados y aprobados por agentes participantes, era el proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”.
Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 147-2024-CR/GRL de fecha 14 de junio del 2024, se incluye en el presupuesto inicial de apertura del gobierno regional Lima, de los nueve proyectos con asignación presupuestal por el consejo regional de coordinación regional (CCR), por un monto ascendente de S/31´500,000.00 soles para las nueve provincias de la región Lima y en la provincia de Cajatambo, estaba priorizado el proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239”.
Señala el denunciante que su despacho ha agotado todos los mecanismos administrativos ante las personas hoy denunciadas, solo encontrando negatividad que solo busca perjudicar a los beneficiarios del proyecto.
Además la entidad municipal ha realizado inversiones en la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CAQUIOC Y QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2595239” y su actualización respectiva por un monto ascendente a S/ 6´734,628.25 soles.
Señala el alcalde de Manas, que los hoy denunciados haciendo uso de su poder y cargo que ocupan, vienen administrando los recursos del presente proyecto de manera irregular y deficiente, perjudicando a los beneficiarios del distrito de Manás. Más aún transgrediendo la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, donde se debe tener en cuenta que el Presupuesto Participativo, es un instrumento de planificación y gestión pública, mediante el cual la sociedad civil, en coordinación con las autoridades regionales y locales, decide sobre parte de la asignación de recursos públicos y fija prioridades de inversión.
Agrega Graciano Arce, que los centros poblados de Caquioc y Quinllan del distrito de Manas, al no ejecutarse el proyecto, vienen padeciendo de muchas necesidades, al no tener vías de comunicación, por lo que hoy denunciados de manera dolosa vienen administrando los recursos de dicho proyecto de una menra irregular y omisiva.
La normativa establece que los titulares de los gobiernos locales y regionales deben rendir cuentas periódicamente sobre los avances de los acuerdos alcanzados en el presupuesto participativo y el uso de los recursos públicos.
Con oficio N° 534-2023-MDM/ALC. de fecha 06 de setiembre del 2023, la entidad edil remite el expediente técnico del PIP en mención, para la firma del convenio y posterior financiamiento y ejecución.
En enero del 2025, se solicitó nuevamente el financiamiento y ejecución del PIP y en abril del 2025, se subsana las observaciones del expediente técnico, pero nuevamente es observado por los denunciados y funcionarios, haciendo las correcciones del caso.
Estas acciones han sido consideradas por los denunciantes como un abuso del poder con el objeto de ejecutar el proyecto.
Y después sucedió algo increíble. Según la denuncia del alcalde se señala que los denunciados y habían manifestado que el expediente se les había extraviado y no contaban con los documentos originales y primigenios que fueron presentados desde su inicio.
En agosto del 2025 con oficio 950-2025, el gobierno regional Lima remite un informe donde dan a conocer que el expediente técnico aprobado forma parte del presupuesto participativo 2025 del gobierno regional Lima.
Nuevamente el 30 de setiembre se reitera el pedido de financiamiento y ejecución del proyecto en mención.
Sin embargo señala el denunciante, que ha tomado conocimiento que el monto de S/ 6´734,628.25 soles, programado y presupuestado para la obra del distrito de Manas, habría sido destinado para otra inversión, dejando sin su obra a los pobladores del distrito de Manás.
Por esas consideraciones, el alcalde distrital de manás a nombre de su pueblo está solicitando al Ministerio Público de Huaura, proceda a investigar este hecho que afecta a todo un pueblo abandonado y esperanzado en contar con una obra que beneficie a su pueblo.
Sin embargo estos malos funcionarios denunciados, se habrían burlado de la necesidad de esta población cajatambina.
Hasta fines del 2026, Cajatambo cuenta con dos consejeros regionales: Susana Gregoria Solórzano Muguruza y Tomás Emiliano Chavarría Húngaro. ¿ Qué han hecho estos dos consejeros por la población de Manás ?
¿ O creen que su función es blindar a la Gobernadora regional Lima ?
Denuncia en Fiscalía avanza y pone al descubierto presuntos delitos penales cometidos durante la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado
Huacho.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura avanza firmemente en la investigación contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), colocando en el centro de la polémica a su actual directora, Rufina Cisneros, por una serie de omisiones, demoras y presuntas irregularidades administrativas que hoy son materia de la Carpeta Fiscal N.° 182-2025.
Documentos fiscales oficiales revelan que el Ministerio Público ha tenido que emitir hasta cuatro oficios reiterativos y urgentes para exigir información clave a la DRELP, situación que evidencia una resistencia institucional alarmante frente a una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado.
Fiscalía insiste, DRELP no responde
El fiscal a cargo del caso, Elio Willian López Parí, ha requerido información sobre:
Los requerimientos abarcan varios frentes sensibles de la administración pública:
• Procesos de concurso público realizados en 2025, incluyendo cronogramas, resultados y documentación completa.
• Situación laboral y funciones de servidores y funcionarios específicos, entre ellos:
o Zamora Pérez Hilari Judit
o Katherine Liset Aponte Bermúdez
o Mayra Leonardo Ortiz
• Identificación de los integrantes del órgano instructor y órgano sancionador durante el año 2025.
• Información detallada sobre procedimientos disciplinarios, resoluciones jefaturales y expedientes administrativos relacionados con Martha Pilar Gabriel Tuya, incluyendo descargos presentados y el estado actual de varios expedientes ingresados en noviembre de 2025.
• Reportes oficiales del Sistema de Gestión Documentaria, pieza clave para verificar plazos, movimientos y eventuales retrasos administrativos.
Apercibimiento penal
Todos los documentos advierten que la falta de respuesta podría configurar el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, lo que comprometería responsabilidades penales directas.
Responsabilidades políticas y administrativas
Aunque los hechos investigados se habrían originado durante la gestión regional encabezada por Rosa Vásquez Cuadrado, hoy la responsabilidad recae en la actual conducción de la DRELP, liderada por Rufina Cisneros, quien está obligada legalmente a transparentar información, colaborar con la justicia y responder a la Fiscalía.
El silencio, la demora o la entrega parcial de documentación no solo agravan la situación legal, sino que refuerzan las sospechas sobre una red de irregularidades administrativas en el sector educación de Lima Provincias.
La investigación continúa
La Fiscalía no ha cerrado el caso y todo indica que, de persistir las omisiones, el proceso podría escalar a nuevas diligencias y responsabilidades penales, marcando un punto de quiebre en la gestión educativa regional.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó para el 09 de febrero de 2026 la audiencia pública en la que se evaluará la solicitud de vacancia contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, una decisión que llega en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y fuertes cuestionamientos a la gestión regional.
Durante la audiencia se escucharán los argumentos a favor y en contra del pedido de vacancia; sin embargo, la expectativa no solo gira en torno al resultado, sino también a si el máximo ente electoral actuará con firmeza e independencia, priorizando el interés público por encima de cualquier cálculo político.
En la región Lima, el caso ha reavivado el malestar ciudadano y la exigencia de autoridades íntegras, capaces de responder a las necesidades urgentes de la población. La audiencia del 09 de febrero no solo definirá el futuro político de Rosa Vásquez Cuadrado, sino que pondrá nuevamente a prueba la credibilidad del JNE y su real compromiso con la lucha contra la corrupción.
El ciudadano José Ruiz Lino ha presentado una carta formal al despacho de la congresista de la República Milagros Rivas Chacara, en referencia a la INHABILITACIÓN de Rosa Vásquez Cuadrado, tal como lo ordena la Corte de Lima Este, tras ser condenada por el delito de peculado doloso, solicitando su intervención fiscalizadora para exigir algo básico en un Estado de Derecho: el cumplimiento de una sentencia judicial.
La resolución ordenó expresamente la inhabilitación y dispuso oficiar al JNE, SERVIR y al Gobierno Regional de Lima. Sin embargo, la orden no se ejecuta. Cuando una sentencia se ignora, no es un trámite pendiente, es una omisión grave.
La apelación NO suspende la inhabilitación si el juez no lo dispone.
No se piden favores políticos: se exige cumplimiento de la ley.
El Congreso, a través de sus congresistas, tiene el deber de fiscalizar.
La ciudadanía exige legalidad, transparencia y cero blindajes. La ley se cumple. La justicia no se negocia.
¿Por qué tanta rapidez para bloquear y tanto cálculo para suspender?
Fiscalía insiste, DRELP no responde
Apercibimiento penal
Responsabilidades políticas y administrativas
La investigación continúa
ENFOQUE REAL 