País para Todos anuncia que desiste del uso de franja electoral

El partido País para Todos, que postula a Carlos Álvarez a la Presidencia de la República, anunció que desistirá del uso de la franja electoral, tras evaluar internamente la distribución de los recursos asignados para este mecanismo de propaganda política.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial difundido este 6 de febrero, en el que la organización política señaló que esta posición no responde a una coyuntura específica y que se convertirá en un compromiso parlamentario.

Anuncio oficial del partido político

En su comunicado, País para Todos informó que el candidato presidencial Carlos Álvarez solicitó explicaciones claras sobre la distribución de la franja electoral.

La solicitud fue respaldada por el presidente del partido, Vladimir Meza Villareal, quien dispuso requerir un informe a los responsables del proceso.

Entre los mencionados figuran el personero legal William Amílcar Meza Valencia, el representante ante la ONPE Marco Delgado Azabache y Juan Vayes Figueroa, miembro del Tribunal Electoral del partido.

Evaluación interna del uso de la franja

Según el comunicado, tras analizar de manera exhaustiva el informe presentado, el partido concluyó que no existió ningún beneficio indebido ni acto de corrupción.

La organización señaló que lo ocurrido respondió a un escenario de inexperiencia en la distribución estratégica de la franja electoral.

Indicó que esta situación es propia de un partido nuevo que no cuenta con especialistas ni agencias de medios.

Decisión de separar a responsables

Pese a descartar irregularidades, País para Todos informó que determinó la existencia de una responsabilidad estrictamente política.

Por ello, anunció la separación de sus cargos de los responsables de la distribución de la franja electoral.

Fuente: País para Todos

El partido indicó que esta medida busca responder a las especulaciones y suspicacias que afectaron la imagen del candidato y de la organización.

Desistimiento del uso de la franja electoral

En el comunicado, el partido señaló que decidió desistir del uso de la franja electoral al considerar que el dinero público no debe ser utilizado para financiar a los partidos políticos.

Indicó que País para Todos no mantiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos.

Añadió que esta decisión no es coyuntural y que será asumida como un compromiso parlamentario de la organización.

Pronunciamiento sobre el Ministerio Público

La organización política también expresó su respaldo a las decisiones adoptadas por el Ministerio Público.

Asimismo, reafirmó su respeto a la institucionalidad democrática y señaló que se encuentra abierta a las consultas y solicitudes que correspondan.

El comunicado fue emitido por la Comisión Política del partido.

Llamado a otras organizaciones políticas

En el pronunciamiento, País para Todos instó a las demás organizaciones políticas que recibieron recursos por franja electoral a pronunciarse públicamente.

El partido exhortó a que otras agrupaciones también desistan del uso de este mecanismo.

El llamado fue planteado en el marco del debate público sobre el financiamiento de las campañas electorales.

Previo a la decisión

Un día antes, el presidente del partido, Vladimir Meza, había señalado que Carlos Álvarez evaluaría el informe sobre el uso del presupuesto de la franja electoral.

En ese momento, indicó que no existían condiciones para que el candidato renuncie a su postulación.

Tras la evaluación del informe, el partido anunció formalmente su decisión de desistir del uso de la franja electoral.

El partido País para Todos anunció que desistirá del uso de la franja electoral en la campaña presidencial de Carlos Álvarez. Mediante un comunicado, informó que tras una evaluación interna no se hallaron actos de corrupción, pero se determinó una responsabilidad política, por lo que separó a los responsables de la distribución del presupuesto. La organización sostuvo que el dinero público no debe financiar a los partidos y señaló que esta decisión se convertirá en un compromiso parlamentario. Asimismo, expresó su respeto a la institucionalidad y saludó las acciones del Ministerio Público.

Barranca: Menor de 13 años fue hallada sin vida, tras salir de su casa a colegio

Una profunda consternación se vive en Supe tras el hallazgo sin vida de una menor de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda para rendir un examen en su colegio.

El cuerpo fue encontrado en la playa Bellavista, en el distrito supano, por bañistas que alertaron de inmediato a la Policía Nacional y al serenazgo. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el deceso y advirtieron indicios de presunta violencia.

El fiscal a cargo del caso informó que el cuerpo presenta rastros de sangre, por lo que no se descarta un posible caso de violencia contra la mujer. Como parte de las diligencias, fue detenido el taxista que habría trasladado a la menor rumbo a su colegio, quien es investigado como principal sospechoso.

El cuerpo de la adolescente fue trasladado a la morgue del hospital para las pericias correspondientes, mientras el detenido fue sometido a intensos interrogatorios.

JEE advierte presunta infracción de neutralidad de Rosangella Barbarán

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 concluyó, en un informe de fiscalización electoral fechado el 6 de febrero de 2026, que la congresista Rosangella Barbarán habría incurrido en una presunta infracción al principio de neutralidad electoral.

El documento, elaborado por el área de fiscalización, se basa en la revisión de publicaciones difundidas en redes sociales durante el proceso de Elecciones Generales 2026.

Según el informe, la fiscalización se realizó el 3 de febrero y comprendió contenidos publicados entre el 1 de enero y el 3 de febrero de 2026 en las plataformas Facebook e Instagram asociadas a la cuenta las cuentas oficiales de la congresista Barbarán.

En dichas publicaciones se habrían detectado videos, galerías fotográficas y mensajes que consignan su condición de congresista y presidenta de una comisión, así como su candidatura al Congreso por Lima y su vínculo con la organización política Fuerza Popular, incluyendo símbolos y referencias de campaña.

En el análisis normativo, el JEE cita disposiciones del reglamento de neutralidad electoral que prohíben a las autoridades favorecer o perjudicar a organizaciones políticas durante el proceso electoral.

Bajo ese marco, el informe concluye que la difusión de contenido considerado propaganda electoral desde cuentas donde se invoca el cargo de autoridad configuraría una presunta infracción. El caso fue elevado al pleno del JEE Lima Centro 1 para que evalúe las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Perú se expone a un arbitraje desfavorable en tribunales internacionales tras romper acuerdo con Francia

El régimen interino de José Jerí, a través de Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), resolvió de manera unilateral el contrato con PMO Vías, la oficina de gestión de proyectos que opera como el brazo técnico del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) firmado entre Perú y Francia en 2021. Este acuerdo está diseñado para la ejecución de importantes obras de infraestructura como la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa que incluye un puente que conecta al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) defienden que el acuerdo con Francia sigue vigente. Sin embargo, para especialistas consultados por este diario, la afirmación resulta en los hechos falsa.

En diálogo con La República, la exministra de Transportes Paola Lazarte asegura que resolver el contrato con PMO Vías equivale a extinguir el acuerdo con Francia.

EGIS representa a Francia

«En un contrato Estado–Estado, quien firma no es una empresa privada como tal, sino un representante debidamente acreditado por cada país. En este caso, (la empresa) EGIS firmó en representación del Estado francés y Provías Nacional por parte del Estado peruano. No existe una figura en la que tú le rescindes el contrato solo al representante legal sin afectar a quien representa», apuntó.

Francia gestiona obras como la Nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) a través del consorcio PMO Vías.

El Gobierno ha apelado a la cláusula anticorrupción del contrato para cerrar filas con EGIS. Sin embargo, Lazarte señala que las causas de resolución del contrato están vinculadas a actos de corrupción relacionados con otro proyecto y deben estar debidamente acreditadas mediante condenas judiciales o reconocimientos formales ante el Ministerio Público peruano.

«El argumento utilizado ha sido un caso de corrupción de una filial de EGIS en otro país y en otro proyecto, incluso previo a la firma del acuerdo», cuestionó.

Más allá del aspecto contractual, alerta sobre el frente diplomático que se abre. «No se trata solo de cortar un contrato administrativo. El Perú está imputando corrupción, en los hechos, al Estado francés. Eso tiene implicancias que van más allá del MTC», señaló.

A su juicio, si existían cuestionamientos a EGIS, el camino razonable hubiera sido primero sentarse con el Estado francés para ajustar la composición de la PMO de forma diplomática y no resolver de manera unilateral.

Defensa legal debilitada

El experto en proyectos de infraestructura y arbitrajes Edgar Zúñiga Morán coincide en que la posición del Estado peruano, apelando a la cláusula anticorrupción, es vulnerable. El problema, señala, es el momento en que se decide invocarlas.

«Si el Estado tenía conocimiento de estos actos de corrupción de una filial de EGIS hace uno o dos años y aun así continuó ejecutando el contrato, entra en juego la doctrina de los actos propios y la tolerancia al incumplimiento. En un arbitraje internacional, eso pesa mucho», explicó a La República.

Resolver ahora, después de haber seguido adelante con el proyecto, debilita seriamente la defensa del Perú. Zúñiga considera además que el oficio de Provías con el que se resuelve el contrato es «gaseoso» y poco sólido en su sustento. A su juicio, un tribunal arbitral no solo evaluará la letra de la cláusula, sino el contexto completo.

PMO Vías, operador técnico del acuerdo de gobierno a gobierno entre Perú y Francia, informó que Provías Nacional, adscrita al MTC, puso fin al contrato de manera unilateral.

«Si hace una semana la ministra de Economía (Denisse Miralles) decía que no había recursos para estos proyectos y luego se apela a la cláusula anticorrupción, el tribunal va a ver eso como una excusa», afirmó.

En medio de este escenario, empieza a ganar espacio la narrativa de un eventual giro hacia las Asociaciones Público-Privadas (APP). Para Lazarte, esta alternativa no solo es tardía, sino que se presenta con un discurso engañoso. «Hay una falsa narrativa de que con las APP, al Estado no le cuesta los proyectos. Eso es falso. No todos los proyectos pueden ser APP autosostenibles. En la carretera central, por ejemplo, sería técnica y socialmente inviable financiarla solo con peajes», manifestó.

Señal negativa al mercado y se paralizan obras

La exministra de Transportes, Paola Lazarte, dice que la señal que se envía al mercado internacional «es que el Perú no cumple sus contratos y que en nuestro país, la estabilidad jurídica es periódico de ayer».

El experto en infrastructura, Edgar Zuñiga, señala que el primer riesgo es un eventual arbitraje internacional impulsado por Francia o sus operadores, que no sería contra el MTC, sino contra el Estado peruano.

Además, un número considerable de empresas subcontratadas, peruanas y extranjeras, que ya venían trabajando en estudios y etapas previas, podrían iniciar sus propias demandas. Y en tercer lugar, la paralización efectiva de las obras.

«Las obligaciones de ambas partes quedan en suspenso porque está resuelto el contrato y las obras se paralizan», precisó el especialista.

Gobierno allana camino con decreto que limita medidas cautelares en arbitrajes

Para la exministra Lazarte, no es un detalle menor que, apenas un día antes de resolver el acuerdo con Francia, el Poder Ejecutivo haya aprobado un decreto que limita el uso de medidas cautelares en los arbitrajes. Es decir, esta norma reduce la posibilidad de que las empresas frenen decisiones del Estado mientras se resuelven disputas contractuales.

Hasta ahora, estas medidas permitían solicitar que no se modifiquen contratos, no se cancelen proyectos o no se ejecuten decisiones administrativas hasta que un tribunal arbitral emita un fallo. Con el nuevo decreto, esa herramienta queda restringida, lo que fortalece la posición del Estado frente a eventuales reclamos.

El propio decreto señala que «no proceden las medidas cautelares destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o la continuidad de la ejecución de obras en salud e infraestructura vial»

Frente a ello, Lazarte advirtió que el Gobierno ya estaría evaluando aplicar esta lógica en otros proyectos. «Ya le mandaron comunicación al gobierno de Japón para la carretera Eje Vial 4 en Amazonas. Lo mismo estarían pensando para Majes Siguas y Chavimochic», apuntó.

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

La Fiscalía de la Nación iniciará una investigación preliminar por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral, mecanismo estatal que financia espacios de difusión para los partidos políticos en campaña hacia las elecciones 2026. La medida se adopta tras denuncias sobre el destino de estos recursos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que la carpeta será remitida al sistema especializado en delitos de corrupción. El objetivo es determinar si el dinero público cumplió su finalidad legal o si existió un uso distinto al autorizado por la norma electoral.

La franja electoral permite que las organizaciones políticas accedan a publicidad en radio y televisión sin contratar directamente los espacios. El financiamiento proviene del presupuesto público y la ONPE administra la distribución. Por ello, cualquier irregularidad no solo compromete a las agrupaciones, también afecta la transparencia del proceso rumbo a las elecciones generales 2026.

El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre contratos de difusión que habrían concentrado montos elevados en determinados medios de comunicación por parte de los partidos País para Todos, Primero La Gente y Alianza para el Progreso.

Investigación alcanzaría a todos los partidos políticos que recibieron la franja electoral

La Fiscalía precisó que la indagación no se limitará a un solo partido. Revisará la ejecución del presupuesto asignado a todas las organizaciones que accedieron a la franja electoral. La finalidad es verificar si el dinero se destinó exclusivamente a propaganda electoral autorizada.

De confirmarse irregularidades, podrían configurarse delitos contra la administración pública, como peculado u otros vinculados al uso indebido de recursos estatales. La responsabilidad podría alcanzar a representantes legales o encargados de finanzas de los partidos políticos, según lo que determinen las diligencias.

José Caico: El consejero que blindó a Rosa Vásquez mientras la salud en Cañete se cae a pedazos

Otro de los consejeros regionales que habría salido a blindar políticamente a la gobernadora regional sentenciada, Rosa Vásquez, es José Caico Fernández, representante de la provincia de Cañete. Su defensa cerrada ha despertado serios cuestionamientos, sobre todo porque no existirían argumentos técnicos ni políticos que expliquen su respaldo “a capa y espada” a una autoridad duramente cuestionada.

Según información proveniente de fuentes consideradas fidedignas, la verdadera razón de este blindaje estaría en el manejo del sector Salud en la provincia de Cañete, el cual de manera irregular estaría siendo controlado por la esposa del propio José Caico Fernández. El hecho resulta aún más grave si se considera que el consejero preside nada menos que la Comisión de Salud del Consejo Regional de Lima Provincias, configurándose un presunto y escandaloso conflicto de intereses.

La figura de José Caico no es ajena a la polémica. El consejero registra antecedentes públicos por haber sido intervenido en presunto estado de ebriedad, para luego darse a la fuga, motivo por el cual fue declarado reo contumaz. Pese a ello, hoy tiene en sus manos la responsabilidad de fiscalizar un sector tan sensible como la salud, mientras la población sufre las consecuencias de su inacción.

Los resultados están a la vista: puestos de salud en condiciones inhabitables, servicios colapsados y un Hospital Regional de Huacho que habría sido convertido en un establecimiento ineficiente, incapaz de responder a las necesidades mínimas de la población. Esta situación mantiene a los ciudadanos de Cañete y de toda la región Lima Provincias en una alarmante precariedad sanitaria.

Fuentes cercanas señalan que esta falta total de fiscalización tendría un trasfondo netamente político. José Caico Fernández buscaría postular nuevamente en las próximas elecciones, presuntamente bajo el paraguas del partido Alianza para el Progreso (APP), el mismo al que pertenece Rosa Vásquez, lo que explicaría su silencio cómplice y su nula acción fiscalizadora.

Además, se ha difundido un discurso desde su entorno que intenta desacreditar las protestas ciudadanas que exigen la salida de Rosa Vásquez, afirmando que estas marchas estarían financiadas con intereses ocultos. La pregunta es inevitable: ¿a qué le teme José Caico? ¿A perder el poder político que habría acumulado durante esta gestión?

De confirmarse las denuncias, José Caico Fernández y Rosa Vásquez serían responsables políticos directos del colapso del sistema de salud regional. Mientras se repite el argumento de que “no hay presupuesto”, la población se pregunta si los recursos estarían siendo desviados a otros fines ajenos al bienestar ciudadano.

Finalmente, información en poder de este medio señala que la esposa del consejero Caico estaría “haciendo y deshaciendo” en el sector Salud de Cañete. Asimismo, se anunciaría la pronta revelación de presuntos actos proselitistas en favor de Ramón Aldave, que incluirían la entrega de dádivas utilizando recursos del propio Gobierno Regional de Lima, hechos que, de comprobarse, configurarían graves delitos.