Luego de darse a conocer que el proyecto de asfaltado que ejecuta el Gobierno Regional de Lima en la zona de Lucumaseca – Bellavista se encuentra abandonado, suspendido y paralizado, algunos alcaldes de la zona norte acudieron para corroborar in situ la situación actual del proyecto, sin embargo, unos sujetos con insultos y agresiones al periodista de MikaTv trataron de impedir el pase.
La indignación crece en la zona norte de Huarochirí. Pobladores de siete distritos alzaron su voz para exigir a la Gobernadora Regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, la inmediata reapertura de la vía de acceso en el sector Lucmaseca – Bellavista, obra que permanece paralizada pese a contar con una millonaria inversión pública.
El proyecto de asfaltado y pavimentación, ejecutado por el Gobierno Regional de Lima bajo la modalidad de Obras por Impuestos, a casi un año de iniciado —en abril de 2025— los avances son mínimos, generando malestar y preocupación entre la población.
Se pudo evidenciar que la obra se encuentra completamente paralizada: no hay trabajadores en campo, tampoco maquinaria pesada ni señales de reactivación, pese a que el proyecto contempla una inversión superior a los 24 millones de soles.
Agricultores y transportistas, los más afectados. Exigen respuestas urgentes
Dirigentes comunales señalaron que no permitirán que la obra continúe abandonada, y pidieron a las autoridades regionales explicar por qué un proyecto millonario permanece detenido sin ninguna información clara para la población.
“No puede ser posible que se inviertan más de 24 millones y no haya ni un trabajador en la obra. Necesitamos que la vía se habilite de inmediato”, manifestaron los pobladores.
Cada vez se acercan más las Elecciones Presidenciales en el Perú, en las que los ciudadanos elegirán a sus autoridades para los próximos cinco años, incluyendo presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos. Sin embargo, aunque el voto es obligatorio, cada año crece el número de personas que optan por no acudir a las urnas, asumiendo las sanciones económicas del Estado en lugar de cumplir con su deber cívico.
Ante esto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)ha establecido multas económicas de diversos montos, las mismas que van a variar acorde al distrito donde residas, dependiendo si este es calificado como pobre extremo, pobre o no podre.
Por lo tanto, estos son los montos establecidos por no acudir a votar en las Elecciones Presidenciales 2026. Cabe destacar que esta clasificación se basa en la información oficial proporcionada por el INEI y en el domicilio registrado por el elector en su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Distritos pobres extremos: la multa será de 0.5% de una UIT, es decir, S/27,50.
Distritos pobres: la multa será del 1% de una UIT, es decir, S/55.
Distritos no pobres: la multa será del 2% de una UIT, es decir, S/110.
Cuál es la multa si soy miembro de mesa y no asisto
Las multas para los miembros de mesa que no asistan a la Elecciones Generales 2026 son mayores que para los electores comunes, ya que el monto que tendrán que pagar es equivalente al 5% de una UIT, lo que representa un monto en soles de S/275.
Pero eso no es todo, ya que si no cumples con tu deber como miembro de mesa y, además, no emites tu voto, ambas multas se acumulan. Dependiendo del distrito donde residas, la penalidad total podría alcanzar los S/385.
Cómo y dónde pago la multa electoral por no votar
Lo primero que va a pasar es que te llegará una notificación de la multa. Luego de esta comunicación, tendrás quince días hábiles para realizar el respectivo pago de la multa electoral (si no estás conforme con la sanción, puedes apelar). Para ello, existen canales autorizados.
En el Jurado Nacional Electoral (JNE): de forma presencial en la Sede Central JNE en Avenida Nicolás de Piérola 1050, Cercado de Lima. También en virtual ingresando aquí.
En el Banco de la Nación (BN): de forma presencial en cualquier local de la red de agencias del BN. Si optas por hacerlo online, debes realizar el pago mediante Págalo.pe.
Qué pasa si no voy a votar y tampoco pago la multa
Si no cumples con alguna de estas dos obligaciones, la ley establece lo siguiente: tu nombre será registrado en el padrón de omisos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un listado que incluye a los ciudadanos peruanos que no han cumplido con su deber de votar.
Si piensas que esto queda ahí, estás equivocado, porque sí tiene ciertas complicaciones en la vida pública ya que, por ejemplo, ciertas gestiones serán más engorrosas de lo habitual, pues no podrás completar trámites con una multa pendiente en instituciones del Estado, como procesos administrativos, gestiones diversas o solicitar documentos oficiales.
Puedo justificar mi ausencia a votar en las Elecciones 2026
Lo cierto es que sí, dado que existen algunas causas que facultan al votante a no participar en los comicios electorales peruanos. Entre estas excepciones destacan los problemas de salud, ser víctima de desastres naturales, viajes ya programados al extranjero, así como cualquier otra circunstancia que imposibilite votar.
Sin embargo, el ciudadano debe realizar los trámites respectivos dentro de los plazos establecidos.
El presidente de la República, José María Balcázar,condecoró esta tarde al titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que otorga el Estado peruano.
Durante la ceremonia, Balcázar destacó el rol del BCRP como una institución fundamental en la estabilidad económica del país y su capacidad para influir en el sistema financiero.
“Desde hace épocas, el BCR como actor institucional puede diseñar reformas del sistema bancario y tiene un papel clave en la supervisión. La condecoración que le imponemos a nombre de la nación celebra su distinguida carrera e impecable trayectoria y el valor de la continuidad técnica, de la responsabilidad institucional, esa confianza que se construye con prudencia, consistencia coherencia y trabajo”, apuntó Balcázar.
Además, remarcó que bajo su liderazgo se ha fortalecido el sol peruano y el manejo técnico en contextos complejos, luego de la hiperinflación (década de 1980) que «destruyó la economía popular y colapsó al Estado».
Julio Velarde proyecta que la inflación del Perú cerrará el 2026 en 2,4%, dentro de la regla que establece el BCRP.
“En tiempos de incertidumbres provenientes de las circunstancias históricas que atraviesa un país o provengan del exterior, la serenidad técnica se convierte en servicio técnico de primera magnitud”, afirmó el mandatario, quien consideró al homenaje «una reafirmación de que el Perú seguirá valorando la excelencia, vocación institucional, que seguiremos defendiendo el mérito y la competencia”.
Balcázar también resaltó el impacto internacional del reconocimiento. “Los banqueros del mundo deberán escuchar que uno de sus pares es condecorado por la más alta distinción en el Perú. Los Bancos Centrales de Reserva, todos están conectados. De esa estirpe de banqueros es la que ahora lo homenajeamos. Julio Velarde no solo es banquero, sino académicoy amigo”, expresó.
Julio Velarde resalta al Banco Central de Reserva como institución meritocrática
Por su parte, Julio Velarde agradeció la distinción en representación del ente emisor y destacó el rol que ha venido desempeñando la autoridad monetaria. “Agradezco la condecoración a nombre del BCR, una institución bastante meritocrática con autonomía. El BCR ha cumplido la función de la estabilidad de precios”, afirmó.
Además, destacó el desempeño del Perú en materia inflacionaria en comparación con otros países de Latinoamérica. “Dentro de la región somos el país con el periodo más largo de inflación más baja en 150 años; superamos a Chile», afirmó.
La condecoración Orden del Sol del Perú, que fue creada en 1821, es la distinción más alta y con mayor tradición que otorga el Estado peruano. Según Cancillería, se concede en diversos grados, de acuerdo a la relevancia y aportes de las personalidades nacionales o extranjeras.
El candidato presidencial del Frente Esperanza, Fernando Olivera, contó este miércoles que ha recibido amenazas de muerte después de haber lanzado serias acusaciones contra su par de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, durante la primera jornada de los debates presidenciales.
En Ampliación de Noticias, Olivera Vega dijo estar al tanto de que Acuña Peralta alista una denuncia penal por difamación; sin embargo, aseveró que puede sustentar las acusaciones en contra del fundador de APP.
“Quiero dejar constancia, responsabilizo a César Acuña de cualquier atentado contra mi vida que se produzca, porque estoy recibiendo amenazas de ese tipo. Mi gente, mi partido, me ha recomendado ya no tener mayores movilizaciones por cuestión de seguridad”, declaró.
Según el excanciller del gobierno de Alejandro Toledo, su teléfono fue intervenido durante una llamada.
“Cuando he estado hablando por teléfono, han penetrado mi llamada telefónica cuando estaba hablando con una persona para decirme ‘ya te mando la moto’. Yo no sé qué sistema han hecho [o] qué tecnología tendrán…”, indicó.
Olivera ratifica acusaciones contra César Acuña
En otro momento, Fernando Olivera ratificó las acusaciones que lanzó durante la primera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El líder del Frente Esperanza acusó a César Acuña de tener presuntos nexos con el narcotráfico y de utilizar a su Universidad César Vallejo como una “lavandería”.
“Yo medito lo que digo y lo digo directamente a la yugular y sé los riesgos a los que me expongo. Así que, repito, con la verdad, ni ofendo ni temo. Y me ratifico en lo que he dicho. Porque no solamente es un Vox Populi, todo el Perú sabe que lo que yo digo es verdad”, aseveró.
“Y quiero decir que a mí no me van a amordazar y callar con estas amenazas legales a las cuales yo responderé”, añadió.
El excanciller también mencionó que Estados Unidos le denegó la visa a César Acuña por una investigación seguida en su contra por el presunto delito de lavado de activos.
“La investigación es por lavado de dinero y narcotráfico. Y así hay ya testimonios que han dado investigadores acá en el Perú, como Miguel Santillana y como Luis Alberto Llanos, que ratifican el origen de esa investigación. Pero además está Jaime Antezana, que es un experto en temas de narcotráfico, que ya ha calificado de narcopartido a Alianza para el Progreso”, apuntó.
Finalmente, Olivera criticó la gestión de César Acuña como gobernador regional de La Libertad e indicó que APP es una “organización criminal” que se extiende a sectores del Estado, como el Ministerio de Salud y EsSalud.
Roberto Sánchez aprovechó su intervención al cierre del debate para recordarle a la candidata Fiorella Molinelli que, cuando se registraron miles de muertes durante la pandemia de la COVID-19, ella se desempeñaba como presidenta de EsSalud. Fue en ese momento que el candidato de Juntos por el Perú le dijo: ¿cómo puede dormir?
«Con los 200 mil muertos de la pandemia, usted señora (Fiorella Molinelli) era presidenta de EsSalud como puede dormir todos los días (…) Si ese sistema ha sido de proteger la vida de los peruanos, eso se llama corrupción», dijo Sánchez.
Antes de la intervención de Sánchez, Fiorella Molinelli le increpó al candidato su respaldo al expresidente Pedro Castillo y le recordó que, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte asumió la Presidencia.
«Señor (Roberto Sánchez), Pedro Castillo nos dio un golpe de Estado fallido y nos dejó a la señora Boluarte que tendrá que rendir cuentas por sus rolex, cirugías», apuntó Molinelli.
El descargo de Molinelli inició cuando mencionó al prófugo Vladimir Cerrón y mostró su fotografía. Aseguró que ella lo destituyó durante su gestión en EsSalud.
“Lo destituí cuando estaba en EsSalud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. No hay que tenerle miedo a los poderosos. A la mafia y a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción”, exhortó.
Vladimir Cerrón responde a Molinelli
El prófugo Vladimir Cerrón se pronunció a través de su cuenta de X tras el pronunciamiento de Molinelli en el debate. Según dijo, cuando fue destituido la resolución quedó sin efecto.
“Fiorella Molinelli, me destituye de EsSalud cuando estaba de licencia como gobernador regional. Una arbitrariedad que quedó sin efecto con esta otra resolución. Para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado”, resaltó Cerrón.
Como parte del proceso de la adquisición de 24 aeronaves de combate, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó a la Contraloría General de la República el expediente sustentatorio de la ejecución del proyecto de inversión para reemplazar la actual flota de Mirage-200P, MiG-29 y Sukhoi Su-25. Sin embargo, la Contraloría hizo observaciones a la documentación que entregó el instituto castrense, alegando que estaba incompleta y se lo retornó para que cumpla con proporcionar la información faltante.
De acuerdo con el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, publicado el 8 de enero de este año, la FAP necesita que la Contraloría valide el llamado “expediente de inicio”, para luego transferir el mismo a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), entidad que entrará en contacto con el proveedor elegido.
El 5 de marzo de este año, el presidente José María Balcázar aprobó mediante Decreto Supremo que la adquisición de los 24 cazas se cumpla mediante la modalidad de Secreto Militar, una fórmula de contratación no competitiva que se aplica cuando la entidad usuaria -en este caso la FAP- ha identificado a un solo proveedor, cuya oferta cumple con los requisitos técnicos y económicos.
Pero para seguir con este proceso, la institución armada, según el mencionado decreto, “debe contar con la opinión favorable de la Contraloría General de la República, conforme lo dispone la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento”.
Cuestión de fondo
La Contraloría no dejó pasar el expediente que elevó la FAP porque detectó carencia de información en el ámbito presupuestal, señalaron fuentes de La República con conocimiento del proceso.
“El documento ha sido denegado por no adjuntar la documentación completa”, precisaron las fuentes.
Según la documentación que suministró la FAP a la Contraloría, el presupuesto asignado son S/7.580 millones que deben ser transferidos entre 2026 y 2030, “lo que requiere adjuntar al expediente el certificado de crédito presupuestario y la precisión presupuestal”.
Empero, el Plan Operativo Institucional de la FAP necesita una actualización con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos que serán necesarios para el cumplimiento del objetivo: la compra de 24 cazas de última generación.
“No se ha rechazado la compra. Lo que se le ha dicho a la institución armada es que debe completar varios documentos que aseguren los fondos públicos, para que de esta manera la ACFFAA pueda entablar negociaciones con fuentes seguras de financiamiento”, explicaron las fuentes.
Normas aprobadas
El 31 de diciembre de 2025, el entonces gobierno de José Jerí aprobó una operación de endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos hasta por S/7.580 millones (alrededor de US$2.000 millones, al cambio de S/3,79 establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas) lo que representa el 57% de los US$3.500 millones de la inversión total), para financiar parcialmente el proyecto de adquisición de aviones de guerra.
El 16 de febrero de este año, José Jerí aprobó la transferencia de S/1.137 millones (US$300 millones, aproximadamente) para la FAP, fondos destinados a la compra de los cazas.
Y el 17 de marzo último el gobierno de Balcázar autorizó un crédito suplementario para el año fiscal 2026 por S/522.353.665 (más o menos US$137,8 millones al cambio del MEF) para la ejecución del proyecto de inversión CUI N°2573425, denominación oficial de la compra de los aviones de guerra.
Si tenemos en cuenta que para la primera fase se necesita una inversión de US$2.000 millones (el 30% del total) para arrancar con la primera fase del procedimiento de contratación, al día de hoy se contaría con US$437,6 millones. Esto es, con el 21,8% del total previsto para la primera fase (US$2.000).
Este sería uno de los motivos que explicarían por qué la Contraloría devolvió el expediente a la FAP, para que documente de dónde van a provenir los fondos que financiará el proceso de compra.
Son 24 unidades, no 12 u otra cifra
De acuerdo con las fuentes consultadas por La República, la FAP ha comunicado que en breve volverá a elevar la documentación a la Contraloría con la información solicitada. El órgano de control tendrá 15 días para emitir un nuevo pronunciamiento. Si la FAP consigue la validación, entonces el expediente será transferido a la ACFFAA para comenzar con la negociación con el productor de la aeronave.
Como se ha informado, la fábrica sueca SAAB propone el Gripen E/F, la estadounidense Lockheed Martin oferta el F-16 Block 70 y la francesa Dassault Aviation el modelo Rafale F4.
Según el Proyecto de Inversión Pública (PIP) aprobado por el Ejecutivo, la compra consiste en 24 aeronaves de combate por US$3.500. Cualquier otro número de cazas menor a lo que establecido por las normas aprobadas por los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, será desestimado por la Contraloría porque no cumple con lo expresado por el usuario. La FAP.
ENFOQUE REAL 