Traslado de trabajadores de limpieza en furgón de basura desata indignación y cuestiona a autoridades municipales en Chancay

Un hecho que atenta contra la dignidad humana y la salud pública ha generado profunda indignación en el distrito de Chancay. Un video difundido recientemente en redes sociales muestra cómo trabajadores del servicio de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chancay estarían siendo trasladados en un furgón destinado a la recolección de residuos sólidos, un vehículo altamente contaminado y no apto para el transporte de personas.

Las imágenes evidencian una práctica humillante y peligrosa: los obreros municipales son obligados a subir a un FURGÓN RECOLECTOR DE BASURA —con olores nauseabundos y condiciones insalubres— para ser llevados a los puntos donde realizan labores de barrido y limpieza de calles. Este hecho no solo constituye un grave atentado contra la dignidad humana, sino también un riesgo directo para la salud y la vida de quienes cumplen una función esencial para la comunidad.

Según versiones recogidas de loa mismos trabajadores, esta práctica no sería un hecho aislado, sino que se vendría realizando desde hace años durante la gestión del actual alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento oficial ni acciones correctivas visibles por parte de la autoridad edil.

La situación resulta aún más alarmante ante el silencio de los regidores municipales, cuya función principal es fiscalizar los actos de la gestión edil y velar por el bienestar de los trabajadores y de la población. La falta de fiscalización ha despertado sospechas y cuestionamientos ciudadanos sobre una posible convivencia política que permitiría la normalización de estos abusos.

Los trabajadores de limpieza pública no solo merecen reconocimiento por su labor, sino también condiciones de trabajo seguras, humanas y respetuosas, tal como lo establecen los principios básicos de derechos humanos y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Trasladarlos en vehículos contaminados destinados a residuos sólidos constituye una forma de maltrato institucional incompatible con una gestión municipal responsable.

Este caso pone en evidencia una preocupante indiferencia frente a la vida humana y el respeto elemental que toda autoridad está obligada a garantizar. La dignidad no es un privilegio, es un derecho, y ninguna administración puede vulnerarlo bajo ningún pretexto.

Por humanidad, por decencia y por justicia social, la población de Chancay exige respuestas claras:

¿Se pronunciará el alcalde?

¿Actuarán los regidores?

¿Intervendrán las autoridades competentes para frenar este atropello?

El silencio, en este caso, también es una forma de complicidad.

Fuente: RADIO TV Digital-RTD

Multan al BCP con más de S/ 37.000 por cobros indebidos que afectaron cuentas de pareja de esposos en Tacna

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó en segunda y última instancia una sanción contra el Banco de Crédito del Perú (BCP) por no haber aplicado correctamente un pago anticipado de un crédito, un derecho reconocido a favor de los usuarios del sistema financiero. La decisión ratifica una multa de 6,89 UIT, equivalente a S/ 37.895, y dispone además la devolución de los montos cobrados o retenidos de manera indebida.

El caso se originó tras la denuncia presentada por una consumidora en la ciudad de Tacna, quien realizó un importante desembolso con la finalidad de reducir directamente el capital de su deuda y acortar el plazo de su préstamo. Sin embargo, el banco destinó una parte sustancial de ese dinero al cobro de intereses, seguros y comisiones, pese a que el pago había sido efectuado bajo la modalidad de prepago, generando una controversia que finalmente fue resuelta por el Indecopi.

¿Qué ocurrió con el pago anticipado que realizó la clienta del BCP?

Indecopi multa a BCP por cerrar cuenta bancaria a cliente| Andina

De acuerdo con lo acreditado en el expediente, la usuaria denunciante realizó una serie de pagos en marzo de 2023 con el objetivo de liquidar su deuda de manera anticipada. El 20 de marzo, efectuó un primer pago por S/ 14.000, luego de haber cancelado previamente S/ 2.042,75 correspondientes a intereses devengados hasta esa fecha.

Al día siguiente, el 21 de marzo de 2023, la consumidora realizó un segundo pago por S/ 35.383,59, monto que tenía como finalidad cancelar el saldo pendiente del capital. No obstante, el BCP solo destinó S/ 16.582,39 a la amortización del capital, mientras que S/ 18.801,20 fueron utilizados para cubrir conceptos como intereses, seguros y otros cargos.

Para el Indecopi, esta actuación vulneró el derecho al pago anticipado, que permite al consumidor reducir directamente el capital del crédito, ahorrar intereses futuros y disminuir el plazo del préstamo. La Sala concluyó que el banco no respetó la naturaleza del prepago, incumpliendo así el deber de idoneidad previsto en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Un elemento clave en la resolución fue la evaluación del tiempo transcurrido entre ambos pagos. El tribunal consideró no razonable que, en apenas 24 horas, se hubieran generado más de S/ 18.000 en nuevos intereses y cargos, sobre todo cuando la usuaria ya había cancelado los intereses devengados el día anterior. Además, el propio comprobante emitido por el banco señalaba de forma expresa: “Usted ha prepagado capital, reduciendo el plazo de su crédito”, lo que reforzó la posición de la denunciante.

Multa, devoluciones y medidas ordenadas por Indecopi

La cooperativa de Cajamarca se negó a devolver el capital y las ganancias de un depósito a plazo fijo e Indecopi la ha multado. – Crédito Composición Infobae/Andina

Como resultado del procedimiento, la Sala Especializada en Protección al Consumidor confirmó la multa de 6,89 UIT impuesta al BCP, sanción que se mantiene firme en segunda instancia. Junto con ello, el Indecopi ordenó una serie de medidas correctivas destinadas a restituir la situación de la consumidora afectada.

Entre las acciones dispuestas, se ordenó al banco reintegrar a la cuenta de ahorros de la denunciante cualquier cobro o retención indebida que se haya originado por la mala aplicación del pago anticipado. Este reintegro deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución.

Durante el desarrollo del proceso, el propio banco informó haber realizado una cancelación del crédito mediante un abono de S/ 25.707,88 con recursos propios, así como haber solicitado la regularización del historial crediticio de la afectada ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). No obstante, estas acciones no eximieron al BCP de responsabilidad administrativa.

El expediente también recogió que se efectuaron débitos indebidos en una cuenta de ahorros vinculada al cónyuge de la denunciante, por un monto total reportado de S/ 7.187,59. Frente a ello, el Indecopi dispuso la devolución íntegra de cualquier importe cobrado sin sustento, reafirmando la obligación de las entidades financieras de actuar con diligencia y transparencia.

En su análisis, la Sala enfatizó que las entidades bancarias no pueden desnaturalizar un prepago alegando intereses no debidamente acreditados o desproporcionados en relación con el tiempo transcurrido, especialmente cuando el propio banco reconoce que el pago fue destinado a la reducción del capital.

Pataz: capturan a 14 integrantes de banda de minería ilegal con arsenal de gue**rra

Un nuevo contundente golpe se dio al crimen organizado en Pataz, La Libertad, tras la desarticulación de la banda criminal Centurión, dedicada a la minería ilegal armada, la apropiación violenta de bocaminas y la tenencia de materiales altamente peligrosos.

La intervención fue ejecutada por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), como resultado de un sostenido trabajo de inteligencia operativa y control territorial.

La operación se desarrolló en el anexo Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz, donde las fuerzas del orden intervinieron la bocamina denominada Choloque, punto estratégico utilizado por la organización criminal para la extracción y acopio ilegal de material aurífero.

Aproximadamente a las 00:15 a.m., el personal especializado ejecutó una intervención táctica de alta precisión, logrando la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a esta estructura criminal, sin que se registraran bajas durante el operativo.

ARMAS DE GUERRA Y EXPLOSIVOS

Durante la acción policial-militar se incautó un arsenal de guerra, lo que evidencia el alto nivel de peligrosidad de la organización desarticulada. Entre el material decomisado figuran: cuatro fusiles de largo alcance, tres pistolas, ocho cacerinas abastecidas, municiones (en proceso de peritaje), seis sacos de rafia con gran cantidad de dinamita y aproximadamente 100 metros de mecha blanca.

Asimismo, al interior de la bocamina se hallaron pintas con inscripciones como Nueva Alianza, La Jauría y Los Pulpos, lo que hace presumir la presencia de remanentes de organizaciones criminales que operan en la zona bajo la modalidad de parqueros.

El general de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destacó el impacto estratégico del operativo y reafirmó el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado:

“Esta operación evidencia la acción firme del Estado a través de sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Seguimos trabajando en Pataz con control territorial efectivo, desarticulando organizaciones criminales armadas que amenazan la seguridad, el medio ambiente y la paz social”, señaló.

ZONA YA HABÍA SIDO INTERVENIDA

Las autoridades recordaron que la bocamina Choloque ya había sido intervenida anteriormente, hallándose material explosivo que tuvo que ser destruido por personal especializado de la DIVCOMIN, debido a las condiciones inseguras para su traslado, lo que confirma la persistencia del riesgo criminal en esta zona minera.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró que mantendrá una presencia firme, legal y sostenida en la provincia de Pataz, con el objetivo de consolidar el control territorial, combatir sin tregua la minería ilegal y proteger a la población frente a las amenazas del crimen organizado.

Dos muertos y ocho heridos deja choque múltiple en la Panamericana Sur

Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas producto de un choque múltiple ocurrido esta madrugada a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en la jurisdicción de San Juan de Miraflores, en la zona sur de Lima. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Uno de los fallecidos fue identificado como Wilfredo Solano, quien era el capataz del equipo de limpieza vial de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Según informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), el accidente se produjo cuando los operarios municipales desarrollaban trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía, la cual contaba con la señalización para el desvío de los vehículos. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

El comunicado de Emape tras el accidente en la que perdieron la vida dos trabajadores municipales
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para ser atendidos por personal médico. Al menos ocho unidades de bomberos llegaron al lugar del accidente para ayudar a los heridos y rescatar a las personas que quedaron atrapadas en las unidades siniestradas.

Según informó América Noticias, cinco vehículos estuvieron involucrados en el trágico accidente, entre ellos un camión que trasladaba pollos, dos combis, una camioneta y un camión de servicio municipal. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Los bomberos lograron rescatar con vida a uno de los conductores que quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Todavía no se ha dado a conocer la identidad de las personas afectadas en el siniestro vial.

El tránsito vehicular en la Panamericana Sur fue interrumpido en el sentido de norte a sur, mientras que, en la orientación contraria, algunos vehículos terminaron en la berma central de la vía. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

ANC del Ministerio Público ordenó la suspensión del fiscal José Domingo Pérez por presuntas infracciones administrativas

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ordenó la suspensión de José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial titular por el plazo de seis meses por presuntas infracciones administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

La resolución suscrita por la fiscal adjunta superior, Rosario Velasco Sánchez, responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario ADC – Lima Centro, a la que tuvo acceso RPP, precisa que Pérez Gómez se encuentra impedido de ejercer durante este periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial y cualquier otra inherente a este cargo.

La magistrada precisa que dicha medida cautelar resulta necesaria para garantizar el normal desarrollo de la causa, impedir la obstaculización del procedimiento, garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar que se continúen o repitan los hechos que son objeto de investigación u otra de similar significación.

La investigación seguida a Pérez Gómez se originó tras la anulación del juicio oral por el caso denominado “Cócteles” que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros.

En la misma se cuestiona al letrado por haber presentado un requerimiento acusatorio carente de una imputación debidamente fundamentada en los planos fáctico, jurídico y probatorio.

El apartamiento preventivo en el cargo impuesto a José Domingo Pérez Gómez se emitió luego de que el último 6 de enero el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ejecutara, a través de una resolución pública en el diario oficial El Peruano, la desactivación del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato del cual dicho letrado formaba parte.

Municipalidad Distrital de Coayllo generó perjuicio de casi S/ 500 mil por deficiente cobranza de servicio eléctrico

Se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en siete funcionarios ediles

La Contraloría General de la República – CGR detectó pérdidas económicas por S/ 478 354 en la Municipalidad Distrital de Coayllo, en la provincia de Cañete, debido a que funcionarios ediles efectuaron una facturación inadecuada y una deficiente cobranza por el servicio de energía eléctrica y alumbrado público que administra la entidad, entre enero de 2024 y julio de 2025.

Ante la falta de pago de los usuarios por el servicio, la municipalidad usó indebidamente S/ 464 006 para pagar a la empresa de distribución eléctrica por el consumo, pese a que dichos recursos estaban destinados a otros fines. Además, asumió el pago de intereses compensatorios y moratorios por S/ 14 348 debido al retraso en los pagos.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 25672-2025-CG/GRLP-AC se precisa que la deficiente cobranza de la comuna edil por el servicio de energía eléctrica y alumbrado público, generó una morosidad de S/ 537 824 por parte de los usuarios del distrito de Coayllo, afectando la oportuna recaudación y favoreciendo a las personas con deudas mayores a seis meses sin realizar el corte de energía eléctrica.

La comisión de control evidenció que los montos por cobrar corresponden a 529 usuarios con deudas que van desde los
S/ 75 hasta los S/ 125 794. Incluso, la propia Municipalidad de Coayllo no ha pagado el servicio de luz en el periodo mencionado, por lo que adeuda montos altos.

Asimismo, se advirtió que la facturación del servicio no está sistematizada, ni cuenta con respaldo, ni base de datos de la totalidad de los períodos facturados. Los recibos emitidos por la municipalidad no tienen número correlativo, número de suministro, ni consumo histórico, además, el precio unitario por energía eléctrica es variado, existen deficiencias en la lectura de los consumos y un retraso de tres o cuatro meses para notificar al usuario de sus recibos.

Cabe precisar que la empresa de distribución eléctrica suministra dicha energía a la municipalidad para que esta la distribuya a la comunidad de Coayllo y sus siete anexos. De acuerdo al contrato, la comuna edil tiene la plena responsabilidad de la administración, operatividad, mantenimiento del servicio y el equipamiento.

La comisión auditora también evidenció que la infraestructura de la red de distribución eléctrica incumple con las condiciones técnicas al presentar 138 riesgos de seguridad que ponen en peligro la vida e integridad de la comunidad, de los cuales 108 fueron alertados por Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMING) a la municipalidad en junio de 2024, sin embargo, al 31 de julio de 2025 no han sido subsanados. El 5 de noviembre último la comisión de control detectó 30 nuevos riesgos y tampoco se evidenció que la comuna realice labores de mantenimiento preventivo.

Durante una visita de campo de los auditores realizado del 3 al 5 de noviembre de 2025, beneficiarios del servicio de luz expresaron su malestar por los frecuentes cortes del servicio, deficiente comunicación de los cortes a los usuarios, así como fluctuaciones de la energía cuando retoma el servicio, lo que afecta sus artefactos eléctricos y alimentos.

Asimismo, se advirtió que la municipalidad administra el servicio de energía eléctrica y alumbrado público sin cumplir los requisitos legales al distribuir una demanda de energía superior a 500 kilovatios, pese a no contar con la concesión definitiva emitida por el Ministerio de Energía y Minas.

Los resultados del informe de control fueron notificados a la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra los siete involucrados en el caso, así como a la titular del Municipio Distrital de Coayllo, a fin que disponga el inicio de las acciones para el deslinde de las responsabilidades administrativas, y se remitió una copia al Consejo Municipal del distrito para conocimiento.