Una renuncia sin consecuencias

Por Dante Pacheco

Las redes sociales difundieron la renuncia de Juan Diaz Amado al cargo de director del hospital de Huaral, sin embargo tal determinación solo obedece a sus intereses personales pues quiere ser candidato a la alcaldía provincial, no obstante, en el tema institucional su renuncia no significa nada pues el nosocomio huaralino en sus manos registró el peor momento de su historia, es más, en este hospital pareciera que la administración del nosocomio huaralino hubiese estado en piloto automático, jamás se le vio más abandonado que nunca, lo que significa que su renuncia es para bien.

Diaz Amado es un profesional muy capaz como médico ginecólogo, pero como administrador o gerente resulta un fiasco, de modo que no le vemos las condiciones necesarias para ser alcalde, porque si no ha podido con una institución hospitalaria menos podrá con toda una provincia. Es imposible imaginarnos a este funcionario sentado en el sillón municipal y si llegó al cargo de director de nuestro hospital fue de favor político, el premio a su sacrificio al no poder ser elegido como burgomaestre, por lo demás no se entiende la terquedad de este facultativo que al parecer no se ha medido, tampoco se ha pesado ni se ha mirado a un espejo para darse cuenta que su postulación no tiene razón de ser, menos si va en el grupo de Alianza para el Progreso, Partido donde están recalando los sentenciados y demás escoria social… su renuncia es buena pero sin mayor relevancia.

¡Alerta en Tarapoto! Lluvias torrenciales inundan la ciudad y motocicletas salen arrastradas por el agua

La ciudad de Tarapoto (San Martín) vivió una tarde de emergencia tras registrarse una lluvia torrencial de más de dos horas que inundó varias calles del centro. La fuerza del agua fue tal que terminó arrastrando motocicletas estacionadas en una vía inclinada cerca de la Plaza de Armas, generando escenas de preocupación entre los vecinos.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 4:00 p.m. y rápidamente formaron corrientes de agua sobre el asfaltado, como si se tratara de un río improvisado. Los vehículos más ligeros, especialmente las motos, fueron desplazados por la corriente, evidenciando la magnitud del fenómeno. Al cierre de esta nota, la lluvia continuaba, aunque con menor intensidad.

Temporada de lluvias intensas

Este episodio se enmarca dentro del llamado «invierno amazónico», que se extiende de noviembre a marzo y se caracteriza por lluvias intensas, temperaturas más frescas y mayor humedad. Aunque el Senamhi había pronosticado precipitaciones para la región, los ciudadanos no esperaban que alcanzaran tal fuerza en pleno centro urbano.

Comunicado oficial

A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Senamhi informó que las lluvias en la selva se mantendrán en los próximos días, con acumulados significativos que podrían generar crecidas de ríos, desbordes e inundaciones en zonas bajas.

El comunicado recomienda a la población tomar medidas de prevención, como evitar transitar por calles inundadas, asegurar techos y viviendas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Riesgo en zonas rurales

Si bien el impacto en el centro de Tarapoto fue evidente, especialistas advierten que las consecuencias pueden ser aún más graves en las zonas rurales y periféricas, donde las lluvias suelen provocar deslizamientos, aislamiento de comunidades y daños a cultivos.

La reflexión es clara: si las inundaciones se producen con tal magnitud en áreas urbanas, la situación en los alrededores puede ser mucho más crítica. Con ello, se pone en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades amazónicas frente a fenómenos climáticos extremos como este.

Con motocicletas arrastradas y calles convertidas en ríos, la población enfrenta un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la necesidad de preparación y prevención. El llamado de Senamhi e INDECI es a mantenerse alertas y adoptar medidas de seguridad para reducir riesgos en esta temporada de lluvias.

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria emitida en marzo de 2024 por la Corte Superior de Justicia del Callao contra el CEO de la cadena de hoteles Costa del Sol, Sergio Rivas Belloso, imponiéndole cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de defraudación tributaria, según reza el fallo al que accedió La República.

El perjuicio fiscal determinado por el Poder Judicial asciende a S/ 438.018, de los cuales S/268.143 corresponden al Impuesto a la Renta (IR) y S/ 169.875 al Impuesto General a las Ventas (IGV).

Según lo establecido en el proceso penal, Rivas Belloso, en su condición de gerente regional y representante legal de la empresa Costa del Sol, autorizó la contabilización y declaración ante la Sunat de facturas que consignaban servicios inexistentes o no reales durante los periodos de abril a diciembre de 2010, con la finalidad de incrementar indebidamente el crédito fiscal del IGV y deducir costos y gastos falsos para el Impuesto a la Renta de tercera categoría, permitiendo que la empresa se beneficie de un saldo a favor indebido.

Las facturas fueron emitidas por Jorge Orlando Ayala Castillo, María de los Ángeles Valiente Hidalgo, Hercilia Elizabeth Cachay Puerta, Juan Esteban Noblecilla Abad y Ana Bertha Fernández Ríos, quienes actuaron como personas naturales con negocio por supuestos servicios de mantenimiento, remodelación, pintado de exteriores e interiores, limpieza y otros trabajos que no pudieron ser acreditados.

Karina Leandro no cumpliría perfil para ocupar el cargo en el Gobierno Regional de Lima

Crece la controversia en el Gobierno Regional de Lima tras conocerse que Karina Leandro solo es encargada en la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y que no cumpliría con el perfil profesional requerido para asumir dicho cargo. Esta figura administrativa estaría siendo utilizada como una vía alterna para esquivar la ley, práctica que ya genera cuestionamientos dentro y fuera de la entidad regional.

La situación resulta aún más delicada al tratarse de una precandidata a la Alcaldía Provincial de Huaura, lo que despierta sospechas sobre un posible uso político del aparato estatal. Especialistas y ciudadanos se preguntan si este tipo de maniobras reflejan la verdadera forma de trabajo de quien aspira a gobernar una provincia.

No es la primera vez que en el GORE Lima se denuncian designaciones cuestionables, lo que refuerza las críticas hacia la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez, hoy sentenciada, y su entorno cercano. ¿Está Karina Leandro replicando estas prácticas? ¿Está aprendiendo de una gestión marcada por la controversia?

Advertimos sobre estos hechos para evitar repetir gestiones que no aporten al desarrollo de Huacho ni de la región.

Traslado de trabajadores de limpieza en furgón de basura desata indignación y cuestiona a autoridades municipales en Chancay

Un hecho que atenta contra la dignidad humana y la salud pública ha generado profunda indignación en el distrito de Chancay. Un video difundido recientemente en redes sociales muestra cómo trabajadores del servicio de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chancay estarían siendo trasladados en un furgón destinado a la recolección de residuos sólidos, un vehículo altamente contaminado y no apto para el transporte de personas.

Las imágenes evidencian una práctica humillante y peligrosa: los obreros municipales son obligados a subir a un FURGÓN RECOLECTOR DE BASURA —con olores nauseabundos y condiciones insalubres— para ser llevados a los puntos donde realizan labores de barrido y limpieza de calles. Este hecho no solo constituye un grave atentado contra la dignidad humana, sino también un riesgo directo para la salud y la vida de quienes cumplen una función esencial para la comunidad.

Según versiones recogidas de loa mismos trabajadores, esta práctica no sería un hecho aislado, sino que se vendría realizando desde hace años durante la gestión del actual alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento oficial ni acciones correctivas visibles por parte de la autoridad edil.

La situación resulta aún más alarmante ante el silencio de los regidores municipales, cuya función principal es fiscalizar los actos de la gestión edil y velar por el bienestar de los trabajadores y de la población. La falta de fiscalización ha despertado sospechas y cuestionamientos ciudadanos sobre una posible convivencia política que permitiría la normalización de estos abusos.

Los trabajadores de limpieza pública no solo merecen reconocimiento por su labor, sino también condiciones de trabajo seguras, humanas y respetuosas, tal como lo establecen los principios básicos de derechos humanos y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Trasladarlos en vehículos contaminados destinados a residuos sólidos constituye una forma de maltrato institucional incompatible con una gestión municipal responsable.

Este caso pone en evidencia una preocupante indiferencia frente a la vida humana y el respeto elemental que toda autoridad está obligada a garantizar. La dignidad no es un privilegio, es un derecho, y ninguna administración puede vulnerarlo bajo ningún pretexto.

Por humanidad, por decencia y por justicia social, la población de Chancay exige respuestas claras:

¿Se pronunciará el alcalde?

¿Actuarán los regidores?

¿Intervendrán las autoridades competentes para frenar este atropello?

El silencio, en este caso, también es una forma de complicidad.

Fuente: RADIO TV Digital-RTD

Multan al BCP con más de S/ 37.000 por cobros indebidos que afectaron cuentas de pareja de esposos en Tacna

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó en segunda y última instancia una sanción contra el Banco de Crédito del Perú (BCP) por no haber aplicado correctamente un pago anticipado de un crédito, un derecho reconocido a favor de los usuarios del sistema financiero. La decisión ratifica una multa de 6,89 UIT, equivalente a S/ 37.895, y dispone además la devolución de los montos cobrados o retenidos de manera indebida.

El caso se originó tras la denuncia presentada por una consumidora en la ciudad de Tacna, quien realizó un importante desembolso con la finalidad de reducir directamente el capital de su deuda y acortar el plazo de su préstamo. Sin embargo, el banco destinó una parte sustancial de ese dinero al cobro de intereses, seguros y comisiones, pese a que el pago había sido efectuado bajo la modalidad de prepago, generando una controversia que finalmente fue resuelta por el Indecopi.

¿Qué ocurrió con el pago anticipado que realizó la clienta del BCP?

Indecopi multa a BCP porIndecopi multa a BCP por cerrar cuenta bancaria a cliente| Andina

De acuerdo con lo acreditado en el expediente, la usuaria denunciante realizó una serie de pagos en marzo de 2023 con el objetivo de liquidar su deuda de manera anticipada. El 20 de marzo, efectuó un primer pago por S/ 14.000, luego de haber cancelado previamente S/ 2.042,75 correspondientes a intereses devengados hasta esa fecha.

Al día siguiente, el 21 de marzo de 2023, la consumidora realizó un segundo pago por S/ 35.383,59, monto que tenía como finalidad cancelar el saldo pendiente del capital. No obstante, el BCP solo destinó S/ 16.582,39 a la amortización del capital, mientras que S/ 18.801,20 fueron utilizados para cubrir conceptos como intereses, seguros y otros cargos.

Para el Indecopi, esta actuación vulneró el derecho al pago anticipado, que permite al consumidor reducir directamente el capital del crédito, ahorrar intereses futuros y disminuir el plazo del préstamo. La Sala concluyó que el banco no respetó la naturaleza del prepago, incumpliendo así el deber de idoneidad previsto en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Un elemento clave en la resolución fue la evaluación del tiempo transcurrido entre ambos pagos. El tribunal consideró no razonable que, en apenas 24 horas, se hubieran generado más de S/ 18.000 en nuevos intereses y cargos, sobre todo cuando la usuaria ya había cancelado los intereses devengados el día anterior. Además, el propio comprobante emitido por el banco señalaba de forma expresa: “Usted ha prepagado capital, reduciendo el plazo de su crédito”, lo que reforzó la posición de la denunciante.

Multa, devoluciones y medidas ordenadas por Indecopi

La cooperativa de Cajamarca seLa cooperativa de Cajamarca se negó a devolver el capital y las ganancias de un depósito a plazo fijo e Indecopi la ha multado. – Crédito Composición Infobae/Andina

Como resultado del procedimiento, la Sala Especializada en Protección al Consumidor confirmó la multa de 6,89 UIT impuesta al BCP, sanción que se mantiene firme en segunda instancia. Junto con ello, el Indecopi ordenó una serie de medidas correctivas destinadas a restituir la situación de la consumidora afectada.

Entre las acciones dispuestas, se ordenó al banco reintegrar a la cuenta de ahorros de la denunciante cualquier cobro o retención indebida que se haya originado por la mala aplicación del pago anticipado. Este reintegro deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución.

Durante el desarrollo del proceso, el propio banco informó haber realizado una cancelación del crédito mediante un abono de S/ 25.707,88 con recursos propios, así como haber solicitado la regularización del historial crediticio de la afectada ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). No obstante, estas acciones no eximieron al BCP de responsabilidad administrativa.

El expediente también recogió que se efectuaron débitos indebidos en una cuenta de ahorros vinculada al cónyuge de la denunciante, por un monto total reportado de S/ 7.187,59. Frente a ello, el Indecopi dispuso la devolución íntegra de cualquier importe cobrado sin sustento, reafirmando la obligación de las entidades financieras de actuar con diligencia y transparencia.

En su análisis, la Sala enfatizó que las entidades bancarias no pueden desnaturalizar un prepago alegando intereses no debidamente acreditados o desproporcionados en relación con el tiempo transcurrido, especialmente cuando el propio banco reconoce que el pago fue destinado a la reducción del capital.