El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo al Senado de la República, en representación del partido Perú Primero, de cara a las Elecciones Generales 2026.
De acuerdo a la resolución, Vizcarra registra una sentencia firme por el delito de peculado, lo que, según el artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones, prohíbe la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios. Por tal motivo, el organismo electoral consideró que su candidatura no cumple con los requisitos legales para participar en el proceso.
La determinación, que forma parte de la fase de revisión de hojas de vida para las listas de candidatos, implica que la inscripción de Vizcarra al Senado sea retirada, mientras que su partido aún mantiene otros candidatos en la lista.
Cabe mencionar que la decisión puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actuará como segunda y última instancia para definir si confirma o revierte la improcedencia de la postulación de Vizcarra.
Así también, la medida determina la exclusión de la lista de candidatos a la ciudadana Adela Yrene Córdova Alcarazo, quien tenía el número 20 en la nómina.
Como se recuerda, días atrás, el JEE de Lima Centro 1 declaró fundadas tres tachas, acumuladas en un solo proceso, en contra de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra.
El Poder Judicial, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’ por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
De igual manera, el juez Edie Solórzano Huaraz ordenó la búsqueda y captura del ahora extitular del Gore del Callao, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre, día en que los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP allanaron su domicilio como parte de las indagaciones. Esta diligencia se realizó 6 días después de que las fuerzas del orden tuvieran la autorización del sistema judicial para llevar a cabo el allanamiento y detención.
De acuerdo con el magistrado, si bien Castillo Rojo cuenta con arraigo familiar, incurrió en conductas que evidencian un riesgo de fuga y de elusión de la justicia. Asimismo, la Fiscalía señaló que, al haber ostentado el máximo cargo en el Gore Callao, Castillo “habría permitido y facilitado un esquema de direccionamiento de contrataciones públicas”, lo que supuestamente afectó gravemente los recursos públicos esenciales.
Por ese motivo, con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso penal y el adecuado desarrollo de la investigación, se impuso prisión preventiva contra Castillo. Cabe precisar que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva; sin embargo, solo se dictaron 24 meses.
La medida también alcanza al asesor FAG del Gore Callao, Jimmy Whu Cárdenas; la jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao, Hiromi Zúñiga Jáuregui; el coordinador y supervisor de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT del Gore Callao, Wilmer Meza Natividad.
Asimismo, se impuso prisión preventiva a la especialista en adquisiciones del Gore Callao, Nancy Oriunda Quilca; el encargado del almacén del Gore Callao, César Arango Huaringa; el proveedor del Gore y Cafed Callao, Rafael Moscaisa Gutiérrez; la presunta intermediaria, Carmen Blanco Rivera. En cuanto al proveedor Luis Blanco Cabrera, se le impuso detención domiciliaria por 24 meses.
Al igual que con Castillo, se ordenó la búsqueda y captura de Whu Cárdenas, Zúñiga Jáuregui, Oriunda Quilca y Blanco Rivera.
En tanto, se impuso medidas con restricciones a Víctor Zambrano Portilla, Jaime Liza Ríos, Marco Rojas Gálvez y Roberto Rosales Carazas, quienes deberán presentarse a las citaciones del Ministerio Público y Poder Judicial cada vez que sean requeridos, pasar validación biométrica cada 30 días, abonar una caución económica de S/12.000 en un plazo de 20 días calendario y pedir permiso para viajar al interior del país.
Las defensas legales de los imputados sobre los que pesa prisión preventiva señalaron que apelarán la decisión del magistrado.
La Fiscalía allanó el domicilio de Ciro Castillo en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’. Foto: Composición/LR
Ciro Castillo: el caso
De acuerdo con la investigación fiscal, Ciro Castillo habría dirigido una presunta organización criminal dentro del Gore Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), en los cuales se direccionaron 63 contrataciones por un monto total de S/1.461.121,10, entre enero del 2023 y febrero del 2024.
Según el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a dos proveedores, con el objetivo de eludir los procesos de selección legales. Además, cuando se realizaban licitaciones en otros sectores, las empresas modificaban sus actividades registradas en la Sunat para obtener dichos contratos.
La Fiscalía detalló que en el Gore Callao, un total de 34 órdenes de compra y 3 de servicio se destinaron a favor de un proveedor por S/874.575, mientras que existen otras 16 y 3 adjudicaciones por los mismos conceptos por S/518.525 para otro contratista
En el Cafed se habría seguido el mismo modus operandi por contrataciones por S/44.196 y S/23.825.
Con mensaje firme y directo, el alcalde Fernando Cárdenas llegó al AA.HH. San Martín, La Poza, para iniciar la obra de pistas y veredas, y dejar en claro que su gestión apuesta por los barrios que por años fueron dejados de lado. “Gobernar, para mí, es estar en el territorio, escuchar de frente al pueblo y cumplir la palabra empeñada”, sostuvo el alcalde de Huaral.
“Hoy no vengo solo a colocar una primera piedra, vengo a reafirmar una decisión política clara: llevar desarrollo real a quienes fueron olvidados”, señaló ante los vecinos.
Remarcó que no se trata solo de cemento;“Esta obra es justicia social, es dignidad, es devolverle valor y orgullo al barrio”, afirmó.
Finalmente, dejó un mensaje contundente: “Seguimos avanzando con hechos, no con discursos. Aquí estamos y aquí seguiremos, trabajando por nuestros barrios”.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a la ciudadana Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista como accesitaria del fallecido legislador Carlos Anderson Ramírez.
Así lo disponen mediante resolución N° 0004-2026-JNE, publicada este lunes en el Diario Oficial El Peruano.
Dicho documento resuelve dejar sin efecto la credencial que se otorgó a Carlos Anderson como congresista en 2021, cuando llegó al Parlamento con la bancada de Podemos Perú, a la que luego renunció.
El JNE convocó a Laura Rojas para que asuma como legisladora, a quien entregará la credencial correspondiente, a fin de completar el periodo legislativo 2021-2026.
Laura Rojas es actual candidata a la Cámara de Diputados en representación de Lima Metropolitana por Podemos Perú.
Asimismo, en el último proceso electoral postuló al Parlamento y obtuvo 11 493 votos, por lo que no pudo acceder a una curul.
Muerte de Carlos Anderson
Carlos Anderson falleció el pasado viernes 26 de diciembre a los 65 años. El economista de profesión fue elegido congresista en 2021 por Podemos Perú; sin embargo, meses después se alejó de la bancada de dicha agrupación política por diferencias políticas.
Anderson es el quinto congresista que fallece en este periodo legislativo 2021-2026. Los otros parlamentarios fueron Enrique Wong (Podemos Perú), Nano Guerra García (Fuerza Popular), Fernando Herrera Mamani (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú).
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, aseguró este domingo que Petroperú permanecerá bajo control del Estado y no será privatizada, pese a la situación económica que afronta la compañía.
«No hay privatización, Petroperú no se vende, Petroperú es de todos los peruanos y queremos tomar acción para que justamente se pueda recuperar esa operatividad que todos merecemos», manifestó a un medio nacional.
La titular del MEF explicó que la participación de Proinversión dentro de Petroperú tiene el objetivo de elaborar un plan que permita mejorar las finanzas en la empresa. Asimismo, reiteró que este era el único camino que podían tomar para salvar a la compañía.
«Si nosotros no tomábamos una medida de este tipo, pues de repente llegábamos a julio sin empresa de todos los peruanos. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar la participación de Proinversión para que, hacia finales de este mes, podamos tener un plan de promoción que incorpore herramientas financieras, como, por ejemplo, fideicomisos, en las cuales se pueda proteger los activos legalmente, los activos de los peruanos, manteniendo obviamente el control del Estado, pero incentivando la participación de la inversión privada», explicó la ministra.
La reforma en Petroperú
El Gobierno publicó la noche del pasado miércoles 31 de diciembre un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país.
De acuerdo con el decreto, Proinversión asumirá facultades amplias que incluyen la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.
Se pronunció sobre moción de censura
Por otro lado, la ministra Miralles anunció que implementarán una mesa de diálogo para «alcanzar consensos». Esto, luego de conocerse la moción de censura contra el presidente José Jerí que promueve la bancada de Perú Libre por el decreto de urgencia para reformar Petroperú.
Para un sector del Congreso, las medidas del Ejecutivo abren la puerta a una privatización encubierta de la petrolera estatal y al eventual traspaso de sus activos al sector privado. Es por ello que la titular del MEF señaló que quiere reunirse con los parlamentarios para explicar los alcances de la norma.
«Nosotros somos totalmente respetuosos de las iniciativas, de las propuestas que puedan tener los señores congresistas, pero lo que queremos también es que, de repente, con más tiempo, podamos conversar con ellos, que entiendan bien, porque creo que se ha partido de un entendimiento erróneo de lo que hemos querido hacer», indicó.
La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó el pedido del expresentador de televisión Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’, para que se archive el delito de tráfico de influencias que le atribuye la Fiscalía Suprema en la investigación preparatoria que afronta junto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y otros, ante dicha instancia del Ministerio Público.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró «bien concedido» el recurso de apelación que presentó Hurtado contra la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, el 12 de agosto pasado, en la que se declaró “infundada” una excepción de improcedencia de acción que presentó su defensa legal, el último 19 de marzo.
En dicho recurso, se solicitaba el sobreseimiento o archivo definitivo del delito de tráfico de influencias que se le imputa respecto a tres hechos que se investigan en la referida carpeta fiscal y que, además, se anulen los antecedentes penales y judiciales que se hubiesen generado respecto a este ilícito penal.
En ese sentido, la defensa legal del expresentador de televisión demanda en su apelación, presentada el último 22 de agosto, que se revoque la resolución o auto impugnado y, reformándola, se declare fundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo en este caso.
¿Qué alega la defensa de Andrés Hurtado?
En la apelación, se alega que no puede existir tráfico de influencias en cadena pues, para la configuración delictiva, debe haber influencias real o simulada (vinculación o cercanía) sobre un funcionario o servidor público que este conociendo o haya conocido algún procedimiento penal o administrativo, y que además se vulneró el principio de imputación necesaria, pues no se precisó cuál de los verbos rectores se habría presentado en el presente caso, así como tampoco de qué manera se habría recibido o entregado dinero.
Ante ello, el Tribunal Supremo determinó -mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP– que en este caso se cumplen los presupuestos procesales establecidos en el Código Procesal Penal para que la apelación sea admitida, por lo que oportunamente se deberá señalar fecha y hora de la audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Cabe precisar que ‘Chibolín’ también es investigado en la Fiscalía Suprema por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado dentro de este proceso penal.
En ese caso, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga al expresentador de televisión por, presuntamente, haber actuado como intermediario en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei en favor de la ahora suspendida fiscal Elizabeth Peralta, para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros dos hechos.
Andrés Hurtado está actualmente recluido en el penal de Lurigancho debido a un mandato de prisión preventiva por 18 meses relacionado a esta investigación preparatoria que afronta ante dicha Fiscalía Suprema.
Asimismo, afronta otra investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó a favor del futbolista Roberto Siucho, en 2019, ante la Superintendencia Nacional de Migraciones para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de que pudiera jugar en China.
La resolución apelada
Mediante una resolución emitida el 12 de agosto de 2025 -a la que tuvo acceso RPP– el magistrado Checkley Soria determinó que, a través de una excepción de improcedencia de acción, no corresponde determinar si un investigado o imputado por un delito, efectivamente, lo cometió, ni tampoco corresponde determinar cuál fue su grado de participación (coautoría o autoría, complicidad primaria o secundaria, o instigación), ya que ello deberá ser evaluado y definido en la etapa procesal correspondiente.
“Tratándose del delito de tráfico de influencias, al resolver la excepción de improcedencia de acción, no le corresponde al juez dilucidar la probanza de los aspectos típicos del artículo 400° del Código Penal, específicamente, si se invocaron o si se tenían las influencias, o si se ofreció interceder ante ellas; habiendo quedado establecido que los hechos imputados en los tres casos investigados, sí constituirían delito de tráfico de influencias, corresponde desestimar la excepción de improcedencia de acción planteada”, precisa el juez supremo en su resolución.
ENFOQUE REAL 