El Poder Judicial programó para este viernes 10 de mayo, a las 10:30 de la mañana, la audiencia donde se evaluará la apelación de la Fiscalía contra la decisión de primera instancia que rechazó imponer detención domiciliaria contra el exdictador Alberto Fujimori por el caso Pativilca.

Luego de que fue excarcelado por orden del Tribunal Constitucional, la Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos solicitó al Poder Judicial imponer 18 meses de detención domiciliaria contra Fujimori. Sin embargo, en enero de este año, el juez Littman Ramírez Delgado, declaró infundado el requerimiento y, en su lugar, impuso impedimento de salida del país por 9 meses.

Durante la audiencia a cargo del magistrado Ramírez Delgado, el exdictador intervino y alegó que podría “morirse en forma súbita”.

“En uno de los informes médicos se menciona muerte súbita. ¿Puede haber muerte súbita? Sí, señor magistrado, paro cardiorrespiratorio. Me han hecho la prueba y estoy sujeto a eso. ‘Fujimori puede morirse en forma súbita’. Pero, claro, se dice clínicamente estable. Estable estoy en estos momentos: no tengo arritmia, no me falta oxígeno porque estoy oxigenado. Estoy clínicamente estable, pero eso no quiere decir que no sufro graves enfermedades”, dijo Fujimori.

Alberto Fujimori indique que en cualquier momento podría sufrir un infarto

Ante la decisión desfavorable, el Ministerio Público buscará que, en segunda instancia, sí se logre variar el mandato de comparecencia simple que goza Alberto Fujimori y, a cambio, sea mandado a detención domiciliaria. La audiencia estará a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.

PJ programa audiencia de apelación en el caso Pativilca

Fujimori pidió inhibición de la Sala Penal

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae Perú, la defensa de Alberto Fujimori, el abogado Elio Riera, solicitó la inhibición de la Sala Penal por una supuesta falta de imparcialidad. Esto se habría manifestado, según el letrado, al haberse “emitido fallos vinculados al otorgamiento de medidas restricción de la libertad vinculados a su patrocinado en el presente caso lo que afectaría gravemente su imparcialidad al pronunciarse en el presente incidente”. Este colegiado, en 2022, cuando Fujimori fue liberado por segunda ocasión, revocó la comparecencia simple e impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

Sin embargo, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria no admitió el pedido de inhibición debido a que fue presentada fuera del plazo.

“Revisados los actuados se tiene que el acusado Alberto Fujimori Fujimori, por intermedio de su defensa técnica, ha tenido conocimiento desde el momento en que se formó el cuaderno de variación de mandato de comparecencia simple por el de mandato de detención domiciliaria y en todo momento le fueron notificados todas las providencias emitidas tanto por esta Superior Sala y el señor juez penal. Desde el momento en que hubiera tenido conocimiento la causal de inhibición para presentarla, el plazo ya ha sobrepasado, conforme lo previsto en el artículo 54 incisos 2 y 3, del Código Procesal Penal. Tanto más, si la última notificación recepcionada por el abogado del acusado, fue realizada el 20 de marzo de 2024, habiendo presentado la inhibición contra los integrantes de la Sala Penal Superior, recién el 01 de abril de 2024, por lo que se deberá declarar inadmisible, por extemporáneo, la solicitud presentada”, resolvió el tribunal.

Sala Penal rechaza pedido de inhibición

Pese a que no prosperó su solicitud para apartar a los magistrados de la Sala Penal, el abogado Elio Riera confía en que la apelación de la Fiscalía será rechazada.

“Hemos demostrado en primera Instancia que no corresponde otorgar medida de restricción alguna contra mi patrocinado el expresidente Alberto Fujimori Fujimori. No existen elementos de convicción que sostengan responsabilidad alguna por el Caso Pativilca. Confiamos en la Justicia determine en segunda instancia la validez de nuestros argumentos”, manifestó Riera en X (antes Twitter).

En su canal de YouTube, Alberto Fujimori, afirmó que durante su mandato no se traspasó ningún tipo de droga en el avión presidencial.

El patriarca de los Fujimori señaló que dicha acusación era una mentira en su contra y que el avión involucrado en esa situación fue el FAP DC8-62F N.° 371.

El expresidente Alberto Fujimori volvió a reaparecer por medio de sus redes sociales para anunciar la publicación de su próximo libro donde contará su versión sobre la operación militar del rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón, ocurrida durante su mandato, el pasado 22 de abril de 1997.

“El día 22 de abril de 1997, tuve que tomar la decisión más delicada de mi gobierno y de mi vida, había que salvar, sin un solo herido, a 72 rehenes secuestrados en la residencia del embajador japonés. La original operación militar presentada por tres eficientes coroneles podría dejar 20 rehenes muertos, inaceptable, entonces desisto de esa operación”, señala.

Asimismo, el ex mandatario reveló que, durante los días de negociación con los terroristas del MRTA, mientras los rehenes se encontraban en cautiverio, soñó con los túneles de Chavín de Huántar. “En un sueño se me aparecen los túneles de Chavín de Huántar, entonces digo si no podemos rescatarlos por las paredes por qué no debajo del suelo y así se inicia esta construcción previsoramente”.

El libro saldrá a la venta el próximo lunes 29 de abril, una semana después de celebrarse un año más de la operación militar donde se rescató a 72 rehenes de la residencia del embajador japonés.

La operación militar denominada Chavín de Huantar, ejecutada para liberar a 72 rehenes, capturados 126 días por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador del Japón, ocurrido en diciembre de 1996, es considerada como una de las más exitosas en el rescate de rehenes en el mundo.

En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, descartó que el expresidente de la República vaya a volver a prisión por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

No está dentro de sus competencias

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el letrado indicó que el Estado peruano ha cumplido con revisar la legalidad del indulto del exmandatario y, tras ratificar su excarcelación, el órgano internacional «más no puede hacer».

En detalle, Elio Riera especificó que la Corte IDH no tiene dentro de sus competencias ordenar este tipo de medidas.

«Lo que ha dicho la Corte IDH es que se tiene que revisar el control de legalidad y para el Estado peruano ya se realizó. Más ya no puede hacer la Corte. El señor expresidente no va a volver a prisión por mandato de la Corte. Eso es algo equivocado. El Estado cumplió, brindó los descargos y presentó las justificaciones. Más no se puede hacer.», declaró para nuestro medio.

En ninguna lista negra

Asimismo, el abogado de Alberto Fujimori respondió a José Quispe, defensa de las víctimas de Barrios Altos que advertía que el Estado peruano iba a entrar en una lista negra con el indulto del expresidente.

Al respecto, Elio Riera rechazó dicha posibilidad y aseguró que si bien es un argumento respetable, el mencionado letrado está equivocado.

«¿Usted cree que el Estado peruano se ha visto afectado porque el expresidente salió? Verdaderamente, yo creo que es magnificar algo. El Estado peruano no va a estar en ninguna lista negra. (…) Ese es un argumento equivocado. Respetable, pero válido», aseveró.

Gobierno defiende excarcelación

Del mismo modo, el abogado del exjefe de Estado se refirió a la defensa del Gobierno de Dina Boluarte al indulto del expresidente y sostuvo que el discurso del ministro de Justicia, Eduardo Arana, busca transmitir un mensaje de respeto hacia el Tribunal Constitucional.

«Yo considero que el mensaje del Ejecutivo es claro: respetar el mandato del TC. En efecto, según la Corte, se habría cometido desacato. Pero, finalmente, el Estado peruano lo que hace prevalecer es un mensaje por el cual resalta que el TC emitió una orden conforme a derecho», agregó.

Y es que tras garantizar que el indulto del expresidente Alberto Fujimori obedeció los principios de legalidad y justicia, el titular del Minjusdh indicó que no están defendiendo el derecho de un ciudadano en particular.

Luego de reconocer su participación en asesinatos. La Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a los suboficiales del Ejército Jesús Sosa Saavedra y Fernando Lecca Esquén a penas de 17 y 14 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado y desparición forzada de personas, que admitieron haber cometido el año 1992 en los casos Pativilca y La Cantuta.

Jesús Sosa, jefe del segundo equipo operativo del Grupo Colina, y Fernando Lecca se acogieron al procedimiento de sentencia anticipada, luego de admitir los cargos que les atribuye la fiscalía por su participación en el asesinato, el 29 de enero de 1992, de seis personas en los anexos El Caraqueño y San José, en Pativilca, Barranca.

Además, en julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.

La admisión de culpa y responsabilidad penal se dió en el curso del juicio público que sigue al exdictador Alberto Fujimori, los mandos militares y los suboficiales del Ejército que integraron en el Destacamento de Operaciones Especiales Colina» por las matanzas de Pativilca y La Cantuta.

Asesor de inteligencia
En enero último, Vladimiro Montesinos también reconoció los crímenes y se acogió a sentencia anticipada, recibiendo una pena de 19 años y ocho meses de prisión efectiva, que por el tiempo que permanece detenido se dió por compurgada, es decir que ya la cumplió.

El tribunal, integrado por los jueces superiores Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, también dieron por compurgada las penas impuestas a Sosa Saavedra y Lecca Esquén.

Aunque respecto al primero, hay discrepancias sobre el momento a partir del cual contar su detención. Sosa Saavedra recién fue detenido el 2008, por lo que le faltaría un año para cumplir esta condena.

Sin embargo, él reclama que se cuente el tiempo que estuvo privado de su libertad anteriormente, en un cuartel militar.

Confesión

Jesús Sosa Saavedra conocido con el apelativo de «Kerosene», por su proclividad a quemar los cuerpos de sus víctimas, ha reconocido su participación en los asesinatos de Barrios Altos, El Santa, el periodista Pedro Yauri, la Familia Ventocilla, Fortunato Gómez Palomino y otros.

En los otros juicios, Sosa Saavedra afirmó que el Grupo Colina fue un Destacamento de Operaciones Especiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, con dependencia y conocimiento operativo de los altos mandos militares de la época: el comandante general Nicolás Hermoza Ríos, el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el dictador Alberto Fujimori.

En tanto, Fernando Lecca declaró que las acciones del Grupo Colina respondieron a planes operativos aprobados por altos mandos militares y que, si bien, les decían que su objetivo era detener a sospechosos de cometer actos de terrorismo, nunca detuvieron a nadie y si ejecutaron a diversas personas.

Las tres sentencias anticipadas se convierten ahora en pruebas de los delitos que se atribuyen al exdictador Alberto Fujimori y los jefes de las Fuerzas Armadas en los años 90.