El expresidente Alberto Fujimori se afilió al partido Fuerza Popular, fundado y liderado por su hija Keiko Fujimori, y lo hizo público este miércoles a través de un video en sus redes sociales.
En las imágenes, compartidas por el expresidente y Keiko Fujimori, se ve a ambos sentados en una mesa, mientras él llena una ficha de inscripción, la firma y luego estampa en el papel su huella digital.
«Alberto Fujimori. Líder fundador del fujimorismo. Toma su lgar en Fuerza Popular», se lee en rótulos sobre el video, mientras las imágenes se suceden.
En su cuenta en X, Keiko Fujimori calificó la afiliación de su padre, como una «gran noticia para todo el fujimorismo» y puntualizó que Alberto Fujimori firmó su ficha de afiliación el último sábado 15 de junio.
La afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular se da cuando falta menos de un mes para que se cierre el plazo (16 de julio de 2024) para que un ciudadano que desee ser candidato en las primarias de su partido político figure afiliado a este. Con su inscripción en el partido naranja, Fujimori podría quedar habilitado para postular a un cargo público de elección popular en el 2026.
Miki Torres, excongresista y militante de Fuerza Popular, dijo a TV Perú que la afiliación de Alberto Fujimori al partido «no significa que hayamos definido algún tipo de candidatura presidencial o al Senado», puesto que el exmandatario «tiene que lidiar primero una gran batalla contra el cáncer que le aqueja».
No obstante, señaló que, de acuerdo a su opinión de abogado, Fujimori tiene derecho a postular a algún cargo público si así lo decide, luego de que en el 2023 el Tribunal Constitucional (TC) ratificara el indulto que se le otorgó a fines de 2017.
«Él, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a postular a un cargo político si es que así lo decidiera […] Si bien el indulto no va a poder borrar esa sentencia (de 25 años en su contra por las masacres de la Cantuta y Barrios Altos, entre otros delitos), si debemos estar claros que si se conmuta la pena se le considera una persona completa y absolutamente rehabilitada dentro de nuestra sociedad», manifestó.
Alberto Fujimori, quien en julio de este año cumple 86 años, fue excarcelado en diciembre de 2023, luego de que el TC aprobara la restitución el indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski en 2017, cuando era presidente de la República, y que, en octubre de 2018, había sido anulado por la Corte Suprema. Fujimori cumplía una sentencia de 25 años por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, considerados crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal. Fujimori actualmente es investigado por el ‘caso Pativilca’, donde se le acusa de ser el autor mediato del asesinato de seis personas cometido por el grupo paramilitar Colina.
El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana el dictamen que establece candados para que los condenados por delitos como asesinato, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, entre otros, no puedan postular a cargos de elección popular hasta 10 años después de haber sido rehabilitados. Así, se cerrarían las puertas de las elecciones a eventuales candidatos presidenciales como Antauro Humala, sentenciado por el caso “Andahuaylazo”en que el que cuatro policías fueron asesinados.
Sin embargo, la norma recién se puso en agenda el lunes, pues antes estuvo encarpetada por casi seis meses.
Uno de los motivos que habrían llevado a un retraso en la priorización del tema tendría que con la duda de algunas bancadas del Parlamento sobre si el texto afectará o no a sus líderes.
De acuerdo con expertos consultados por Correo, la eventual aprobación de la norma no afectaría a todos aquellos que aspiren a las elecciones (ver infografía).
DETALLES
La propuesta de reforma constitucional que modifica los artículos 34-A y 39-B fue presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) en enero del 2023.
El texto mantiene la figura original de que están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de un delito doloso.
Lo que se añade es que las personas que hayan recibido una sentencia efectiva o suspendida por delitos referidos a terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, tendrán el impedimento de postular hasta 10 años después de haber sido rehabilitadas.
Si la reforma constitucional se aprueba, Antauro Humala, quien recuperó su libertad en 2022 tras cumplir una sentencia de 17 años y ocho meses por el delito de homicidio y secuestro, no podrá postular a la presidencia.
Porque de acuerdo a la nueva norma, el hermano del expresidente Ollanta Humala todavía podría aspirar a algún cargo de elección popular a partir del año 2032.
En el caso del expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo mientras es investigado por el golpe de Estado, ante una eventual sentencia tampoco podría postular.
Esto debido a que es procesado por rebelión y conspiración, ambos son delitos que se encuentran en el apartado de delitos contra poderes del Estado. Según la iniciativa del Congreso, si una persona fue condenada por estos delitos y cumplió su sentencia, tendrá que esperar 10 años para aspirar a un cargo de elección popular o para ser nombrado en un cargo de confianza.
ANÁLISIS
Para el abogado Jonathan Correa, con la modificación de la norma se entiende que el expresidenteAlberto Fujimori, condenado por el delito de homicidio, no podría postular.
El motivo: El cambio de la Constitución que se plantea establece que una persona con sentencia por determinados delitos no puede postular hasta 10 años después de haber sido “rehabilitada”, es decir, un tiempo luego de haber cumplido su condena.
“Él no ha cumplido la condena. Ahora hay un limite temporal. Él ha tenido un indulto que es una suerte de perdón y no está dentro del concepto de rehabilitado, que es una forma de reinsertarse a la sociedad luego de haber cumplido con su pena. Y el señor no ha terminado de cumplir”, indicó.
El letrado del Estudio Ugaz Zegarra explicó que el impedimento para postular por delitos dolosos, siempre ha existido. Sin embargo, lo que se ha incorporado ahora es establecer un marco temporal para que determinadas personas puedan postular tras 10 años después de haber cumplido su sentencia.
“Bajo la lectura que he dado, el señor Fujimori no debería postular, no se le debería permitir postular”, agregó.
Por su parte, el penalista Andy Carrión consideró que Fujimori Fujimori no podría postular en el 2026, porque -según la nueva norma- porque sus 10 años de rehabilitación se cumplen en el 2027, debido a que recibió el indulto en el 2017. “Hay un impedimento. De hecho, no hubiera podido haber postulado (aunque la norma no se cambie)”, indicó.
Agregó que si si bien se busca impedir la postulación de Antauro, se estaría afectando al propio Fujimori.
Antauro Humala se encuentra realizando campaña presidencial por todo el Perú con la garantía de que podrá postular en las elecciones 2026.
CANDIDATOS
Sobre el caso de Keiko Fujimori, quien se encuentra ad portas del inicio de un juicio oral por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal, el abogado Correa consideró que de recibir una eventual sentencia en primera instancia no podría postular porque así lo establece actualmente la norma, sin necesidad de que el Congreso haga cambios.
“Se le aplicaría el impedimento general. Hay que leer la norma completa y no solo la modificatoria. En la primera instancia ella no podría postular”, afirmó.
Lo mismo ocurriría para el expresidente Ollanta Humala, que actualmente afronta un juicio oral por el caso Odebrecht.
Es decir, que según el penalista Correa no podría postular si es sentenciado en una primera instancia.
Por su parte, el penalista Carrión se pronunció en un sentido diferente.
Él sostiene que si Keiko es sentenciada en primera instancia por los delitos de lavado de activos y organización criminal, sí podría postular.
“A pesar de que la norma actual menciona una sentencia de primera instancia, se sobrepone la presunción de inocencia. Hay un tema constitucional que dilucidar ahí, ¿por qué te van a presumir culpable? Entonces, en el caso de Keiko aún no está claro”, apuntó.
Bajo el mismo argumento, Ollanta sí podría postular.
En tanto, el expresidente Alejandro Toledo, procesado por colusión y lavado de activos, podría postular a pesar de tener una sentencia en una primera instancia con la postura de la “presunción de inocencia”, mientras que en una situación similar estaría la exprimera dama Nadine Heredia, quien afronta un juicio por el delito de lavado de activos.
Elio Riera, abogado del exmandatario Alberto Fujimori, aseguró que, de aprobarse en segunda votación en el Congreso la Ley de aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra -llamada por sus críticos como la «ley de amnistía»- su patrocinado se acogerá a esta figura para aplicar su beneficio.
«Definitivamente, si esta ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento. No queda otra alternativa para la sala o el juzgado que el cumplimiento de la ley», dijo el letrado.
«Lo que realiza el Congreso de la República es ejercer el respeto al principio de imputación necesaria, una imputación válida. Nosotros hemos presentado en el caso Petivilca una excepción de prescripción por cuanto el delito que se le imputa al señor expresidente es nulo», aseveró.
«Al momento de la imputación como tal de los presuntos hechos, que negamos categóricamente hayan sido dirigidos por el señor presidente, no eran o no constituían delito de lesa humanidad», agregó.
Como se recuerda, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
Congreso aprobó ley que prescribe delitos de lesa humanidad en primera votación
Con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó en primera votación la denominada «ley de amnistía», que pretende eliminar de dicha categoría a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la fujimorista Martha Moyano dijo que la propuesta respeta los «principios de constitucionalidad de legalidad, tipicidad y prohibición de retroactividad».
No obstante, el parlamentario Guillermo Bermejo dijo que “las Fuerzas Armadas y la Policía no deben temer a los juicios por lesa humanidad, los que combatieron correctamente el terrorismo merecen la deuda eterna, pero esta iniciativa trata de limpiar a los malos elementos de las FF.AA. y PNP”.
Para que entre en vigencia, la ley debe ser aprobada en segunda votación. Sin embargo, la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó un pedido de reconsideración.
Este lunes 27 de mayo, se conoció que el expresidente Alberto Fujimori recibe un total de 150 galones de gasolina de manera mensual y contaría con un asistente, el cual percibiría una remuneración de 3.685.19. soles. Estos beneficios habrían sido concedidos por el Congreso, pese a contar con una denuncia constitucional en su contra.
En ese sentido, según la documentación a la que tuvo acceso el diario Perú21, Fujimori recibe vales de combustible y cuenta con los servicios de un asistente, después de que, a través de su abogado, emitiera la solicitud al Parlamento para que las autoridades de dicho poder del Estado determinen aceptar o no el referido requerimiento
Esta información fue concedida tras realizar una solicitud al portal de Transparencia, luego de conocerse que el expresidente solicitó que se le asignara una pensión vitalicia de manera mensual. Esta acción generó críticas de diferentes sectores públicos, ya que el exjefe de Estado fue sentenciado por el Poder Judicial tras concluir que el exmandatario cometió actos de corrupción y vulneró los derechos humanos de las víctimas en los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Fujimori recibe vales de combustible desde abril de este año
El informe n.º 483-2024-GFR-AAP-DHR/CR, emitido por el Área de Administración de Personal del Congreso, indica que el Legislativo no ha dispuesto conceder una pensión vitalicia a Alberto Fujimori. No obstante, tendrá el beneficio de vales de combustible, los cuales le permitirán al exjefe de Estado desplazarse a determinado destino.
Óscar Demetrio Estrada es el nombre del asistente personal que tiene como función acompañar al exmandatario en las distintas actividades que disponga Alberto Fujimori. El sueldo que recibirá mensualmente será de 3.685.19 soles, monto que será recaudado con fondos del Estado, es decir, con el dinero de todos los peruanos.
Vale precisar que la Ley N° 26519 otorga pensiones vitalicias a los expresidentes. Sin embargo, esta norma prohíbe que los exmandatarios acusados constitucionalmente tengan acceso a dicho beneficio, por lo que Alberto Fujimori se encontraría impedido de acceder a dicha remuneración.
¿Qué dice la Ley 26519?
El artículo 2 de la Ley 25619 establece que el derecho a una pensión vitalicia queda suspendido para los expresidentes acusados constitucionalmente por el Congreso. Esta sanción se levanta si una sentencia judicial los declara inocentes. Es importante señalar que, Alberto Fujimori fue acusado constitucionalmente en 2001 tras ser vacado por incapacidad moral permanente. Desde entonces, fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, incluyendo la Masacre de Barrios Altos y La Cantuta.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado recordó que la Ley 26519 elimina la pensión vitalicia para expresidentes acusados constitucionalmente y condenados. Maldonado destacó que Fujimori enfrenta una denuncia constitucional y ha sido condenado por delitos graves.
«Me parece que no procede. Fujimori no solo fue acusado y destituido por el Congreso (…). Fujimori está incluso en una situación muy grave, pues supera ese estándar. Además, fue condenado por graves delitos, que constituyen graves violaciones de derechos humanos», declaró Maldonado a La República.
La famosa anotación que Marcelo Odebrecht escribió en la memoria de su celular sobre contribuciones clandestinas a la campaña presidencial de Keiko Fujimori -“Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”-, sigue siendo un elemento clave en el caso contra la tres veces excandidata presidencial. Esta información, que cuenta con la corroboración del propio empresario brasileño, se mantiene vigente pese a que Odebrecht ha conseguido que la justicia suprema de su país anule los fallos judiciales de la corte de Curitiba en su contra por el caso Lava Jato. La decisión del juez supremo José Antonio Dias Toffoli es aplicable en la jurisdicción brasileña. Los acuerdos que Odebrecht suscribió con las autoridades peruanas se mantienen incólumes.
“El ministro (juez supremo) ordenó la suspensión de todo proceso penal iniciado contra el empresario (Marcelo Odebrecht), pero destacó que la nulidad no incluye el acuerdo de culpabilidad firmado por él durante la operación (Lava Jato)”, explica el comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre los alcances de la decisión de Dias Toffoli.
El coordinador del equipo especial Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, confirmó que las declaraciones y las informaciones que ha entregado Marcelo Odebrecht a las autoridades, en los casos de corrupción que se investigan en el Perú, siguen siendo válidas. En la resolución de 117 folios del juez Dias Toffoli no se señala lo contrario.
A la constructora Odebrecht se le imputa haber suministrado fondos ilícitos para las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, y de haber pagado sobornos a funcionarios públicos en los gobiernos de Alejandro Toledo, y Alan García, además de haber cubierto los gastos de la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, entre otros casos.
“Las pruebas han sido entregadas por Odebrecht dentro del acuerdo de colaboración eficaz que se celebró en el Perú y se aprobó su homologación y control de legalidad por una jueza en el Perú con las leyes peruanas. Casi el 90 por ciento de toda la evidencia documental que tienen los casos han sido entregados en el Perú con las leyes peruanas. Por lo tanto, (el fallo del juez supremo brasileño) no tiene ninguna afectación, mucho menos en el caso contra Keiko Fujimori, porque ya concluyó. Está solo pendiente de iniciarse el juicio oral en julio”, señaló Rafael Vela.
La procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, ratificó la interpretación del fiscal Rafael Vela, en contraposición a la versión de algunos abogados de los investigados, quienes aseguran que el fallo del juez Dias Toffoli es un duro golpe al caso Lava Jato en el Perú.
“La decisión del juez supremo Dias Toffoli alcanza a las investigaciones de Marcelo Odebrecht solo en Brasil, porque el pronunciamiento ha sido por alguna falta o vicio de nulidad que no ha sido protegido al interior de esos procedimientos penales en el Brasil. No es por algo ocurrido en el Perú”, explicó Carrión.
Consultada sobre si en alguna parte del fallo del juez supremo brasileño se indicaba expresamente que las declaraciones o pruebas proporcionadas por Marcelo Odebrecht quedaban anuladas y no pueden ser usadas, la procuradora del caso Odebrecht contestó: “Hay que aclarar que la Justicia brasileña se ha pronunciado sobre procesos en Brasil con base en la ley brasileña. No hay ninguna orden de Brasil dirigida hacia las investigaciones y jueces peruanos que indique que nada que haya llegado de Brasil puede ser utilizado en los procesos en general en el Perú”.
Abogados relacionados con la defensa de Keiko Fujimori interpretan que el fallo de la Justicia brasileña, que anula los fallos y procesos contra Marcelo Odebrecht, desinflarán las imputaciones formuladas por el equipo especial Lava Jato contra la presidenta de Fuerza Popular, cuyo proceso se inicia en julio de este año.
En un reciente mensaje en su cuenta de X, Fujimori insiste en que es víctima de una conspiración de fiscales y periodistas. “Ver cómo (el fiscal) José Domingo Pérez y (el exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides) Jaime Villanueva estarían celebrando y brindando por mi prisión confirma su verdadera función en mi contra. Los abusos de poder de (el periodista Gustavo) Gorriti, (el fiscal superior Rafael) Vela y (el fiscal) Pérez, su manejo político del Ministerio Público y su absoluta impunidad, demuestran que en el Perú no existe una correcta administración de justicia”.
Sin embargo, las declaraciones incriminatorias de Marcelo Odebrecht contra Keiko Fujimori no son invención de los fiscales Rafael Vela ni de José Domingo Pérez, mucho menos del periodista Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros.
Además, las manifestaciones de Odebrecht se mantienen firmes. El propio juez supremo Dias Toffoli lo reconoce al indicar que los acuerdos de colaboración del empresario brasileño permanecen vigentes.
Humberto Abanto: “Si habrá efecto en el proceso”
“La anulación de procesos a Marcelo Odebrecht va a tener efecto de todas maneras (en los casos en Perú). Claro que el Ministerio Público va a seguir diciendo que no hay ningún problema, que todo está muy bien, pero vamos a esperar y ver los efectos en el juicio oral”, dijo el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto.
“Para nosotros, la anulación de todo eso es la anulación de las declaraciones que ha dado (Marcelo Odebrecht). Afecta los hallazgos probatorios de los procesos en el Perú, en los cuales está, por ejemplo, el celular de Odebrecht, donde se encontró información sobre Keiko Fujimori. Habrá un impacto muy importante en el proceso”, resaltó.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado se mostró en contra de otorgarle la pensión vitalicia a Alberto Fujimori, condenado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, usurpación de funciones, peculado, corrupción y espionaje. Al respecto, dijo que una pensión a su favor, además de no corresponderle, abriría la puerta para que otros expresidentes que eventualmente sean sentenciados se acojan del mismo beneficio.
«Me parece que no corresponde en absoluto. La pensión vitalicia debe solicitarla, en principio, por una persona que ha desempeñado la presidencia con dignidad, no que se convirtió en dictador de manera unilateral. (Fujimori) en diversos procesos de corrupción, aceptó su responsabilidad y fue condenado», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
«No estoy diciendo cosas que no estén judicialmente comprobadas. Hay sentencias condenatorias tanto en casos de violación de derechos humanos como de grave corrupción. Entonces me parece que no corresponde, porque de esta manera le vamos a terminar dando la pensión a otros presidentes, como Pedro Castillo o Alejandro Toledo, que, eventualmente, en caso de ser condenados, van a pedir una pensión que no corresponde», manifestó.
«El señor lleva años sin pagar un sol de reparación civil. Una persona que estuvo más o menos cercana a ese entorno, a ese régimen, la señora Susy Díaz, ha tenido la dignidad de pagar hasta el último sol de reparación civil. Y este señor no ha dado un sol, no se ha disculpado una sola vez con las víctimas. Entonces, esto es una forma de inducir a un error a la sociedad, a decir que está bien, que le den la pensión para que así pague la reparación civil. No la pagó antes, no la va a pagar ahora, aún cuando reciba la pensión, y por supuesto, por voluntad de la mayoría en el Congreso, la va a recibir. Pero esto, cuando se recupere la democracia y el Estado de Derecho en el Perú, tendrá que ser revertido de manera inmediata, así como otras medidas que han vulnerado el sistema», agregó.
Detención de Nicanor Boluarte «es la consecuencia lógica y esperada de sus conductas»
En otro momento, Maldonado se refirió a la detención contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, y dijo que se trataba de una consecuencia lógica, debido a sus acciones. Asimismo, precisó que el Ministerio Público está realizando «hipótesis correctas respecto de los presuntos delitos» que se le atribuyen.
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