Alianza Lima rechaza cierre de tribuna popular en carta a Alberto Otárola

El club Alianza Lima expresó su oposición a la medida del Gobierno de cerrar las tribunas populares en las próximas fechas de la Liga 1 que le toque disputar al equipo de La Victoria y a Universitario de Deportes, tras los enfrentamientos del último sábado en Santa Anita que dejaron a cuatro personas heridas de bala, entre ellas dos menores de edad que se encuentran en una situación de salud grave.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el club victoriano recordó que, en la reunión realizada en la víspera en su despacho, se opuso a firmar el acta de esta medida porque la institución blanquiazul no ha cometido «ninguna infracción pasible de sanción» durante «los lamentables hechos acaecidos en el distrito de Santa Anita el día 17 de febrero de 2024».

En el documento, firmado por el administrador de Alianza Lima, Diego Guerrero Alburqueque, se sostiene que el club no puede ser sancionado «por hechos ajenos, en el marco de la celebración de un espectáculo deportivo que no fue organizado por nuestra institución».

Además, el club indica que «rechaza enérgicamente todo acto de violencia en los espectáculos deportivos» y que está dispuesto a «participar en toda campaña que busque eliminar la violencia en los estadios deportivos»; no obstante, señala que Universitario de Deportes «debe asumir la responsabilidad» por los hechos del último sábado.

«(Universitario de Deportes) está en la obligación directa de coadyuvar a las investigaciones que vienen conduciendo las autoridades policiales, por cuanto las personas que estarían implicadas en los hechos serían barristas o hinchas de dicha institución deportiva».

Tras sustentar su posición contra la medida gubernamental, la administración de Alianza Lima solicitó al despacho de Otárola la programación de una reunión con representantes del club, para exponer el trabajo que la institución deportiva viene realizando en la organización de espectáculos deportivos y, a la vez, hacer llegar las propuestas del club «a fin de coadyuvar en la erradicación y sanción de la violencia deportiva en nuestro país».

Alberto Otárola anuncia cierre de tribunas para los próximos partidos de Alianza y Universitario

Luego de la reunión que sostuvo el Gobierno con los clubes Alianza Lima y Universitario, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció el cierre de las tribunas populares de ambos clubes para sus próximos partidos del Torneo Apertura de la Liga 1.

De esta manera, los blanquiazules no tendrán disponibles su la tribuna sur contra Comerciante Unidos (fecha 5), mientras que la tribuna norte de los merengues no estará habilitada para el cotejo contra Sport Huancayo (fecha 6).

«Hemos pedido a los clubes que incrementen los esfuerzo de control en las hinchadas (…). Se tomó la decisión que tanto el viernes 1 de marzo, que la ‘U’ juega con Sport Huancayo, como el domingo 25 de febrero, que Alianza juega con Comerciantes Unidos, no se permitirá el acceso del público a las zonas norte y sur, que son las barras de estos equipos», explicó en conferencia de prensa.

Asimismo, el político remarcó que se vienen coordinando con los clubes para tener una mayor seguridad durante los partidos. «Vamos a iniciar de manera más pronta esta colaboración para que la tranquilidad vuelva a nuestros espectáculos deportivos», agregó.

Dina Boluarte se pronuncia sobre el cierre de tribunas

En medio de este panorama, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se manifestó sobre las medidas adoptadas para los próximos partidos de Alianza y Universitario. Además, no descartó asumir una postura más drástica ante los hechos de violencia.

«En adelante, si continúan estas acciones criminales seguiremos tomando medidas más drásticas y no queremos ser drásticos con el fútbol peruano, con el deporte peruano que nos debe de unir y alentar a seguir apostando por el deporte», declaró ante la prensa.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el cierre de las tribunas?

Luego de que Alberto Otarola anunciara las medidas del Gobierno, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre esta decisión y mostró su respaldo.

«Nosotros no podemos poner en contexto el abrir una tribuna contra la vida de personas. De raíz, estamos tratando de neutralizar esta problemática que viene de hace muchísimos años. La iniciativa que el premier y la autoridad plantearon, los clubes tenemos que aceptarla. Es la única manera, siendo radicales, de neutralizar esta problemática que afecta a nuestro sector, el deporte», sostuvo el directivo merengue.

Por otra parte, el dirigente reconoció que viene comunicándose con Alianza Lima para trabajar y erradicar la violencia de los espectáculos deportivos.

“Hemos tenido comunicación con la gente de Alianza. Es cierto que hay una rivalidad que a veces se puede malinterpretar hacia el tema violento. Esto no es una guerra, es deporte. Hay enfrentamiento en la cancha, ahí se gana y se pierde. Afuera, los dirigentes y las barras no jugamos. Ya dimos el primer paso, que es sacar un comunicado en conjunto, nos reunimos acá en conjunto y vamos a seguir trabajando en conjunto para erradicar la violencia de los espectáculos deportivos», indicó.

«La redes son un arma muy peligrosa, a veces, lo que se puede escribir, se puede interpretar de varias maneras. Hay que regular. Vamos a recular en el sentido de manejo de redes. Los hinchas son libres de expresarse, pero deben ver las consecuencias que trae cuando uno publica o dice algo», agregó en relación con las publicaciones de las redes sociales del club.

¿Qué partidos jugarán sin público Alianza Lima y Universitario?

De acuerdo al anuncio de las autoridades, Alianza Lima y Universitario de Deportes no tendrán habilitadas sus tribunas populares para los compromisos de la fecha 5 y 6 del Apertura, respectivamente.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | 25 de febrero | Fecha 5 del Torneo Apertura
Universitario vs. Sport Huancayo | 1 de marzo | Fecha 6 del Torneo Apertura.

Susel Paredes criticó a Alberto Otárola por “poner mano dura” contra las protestas sociales, pero no frente al crimen organizado

La parlamentaria de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Susel Paredes, criticó el decreto legislativo N.° 1589 que sanciona con 15 años de cárcel a quienes bloqueen las carreteras en manifestaciones.

En entrevista con el programa Nunca es tarde de RPP TV, demandó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, poner “mano dura” contra la amenaza creciente del crimen organizado, el cual está vinculado a la extorsión y el sicariato.

“Entonce, por qué no se pone concreto con eso, por qué se pone malo con el tema de las protestas”, se preguntó la parlamentaria.

Para Paredes, el Gobierno debería concentrar su “energía” en zonas donde hay mayor presencia de las bandas criminales, como la provincia de Pataz, donde el último sábado fueron asesinados nueve trabajadores en el enclave minero de la compañía Poderosa.

«Heridas abiertas» en Puno

La legisladora indicó, además, que la ciudadanía sale a las calles a protestar, “porque está inconforme” con lo que hace el Gobierno de Dina Boluarte, al que reprochó por la “incapacidad” de “solucionar los conflictos y curar las heridas abiertas que hay en los lugares donde se han producido masacres y ejecuciones extrajudiciales, como Puno”.

“Allá hay llanto de ira, de impotencia de las madres, de los hijos, de los hermanos de las personas que ha sido asesinadas por un balazo de los agentes del orden”, añadió.

Varias congresistas, entre ellas Sigrid Bazán y Silvana Robles, denunciaron que el decreto legislativo recientemente aprobado y publicado en el diario oficial El Peruano busca criminalizar la protesta social.

Alberto Otárola pide a la CIDH archivar denuncias de terroristas Florindo Flores y Víctor Polay Campos

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) archivar las demandas contra el Estado peruano que plantearon los terroristas Florindo Flores Hala (cámara ‘Artemio’) y Víctor Polay Campos, quienes cuestionaron sus procesos judiciales y las condiciones carcelarias que “vulnerarían” sus derechos.

Durante su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Washington (Estados Unidos), el primer ministro fue enfático al precisar que el Estado peruano rechaza que la CIDH haya admitido a trámite las peticiones de ambos cabecillas terroristas.

“La posición del Estado peruano respecto a nuestra seria discrepancia con algunas decisiones, como aquellas que han significado la admisión a trámite de peticiones de líderes terroristas, hecho que ofende la memoria de miles de compatriotas; cruelmente asesinados por estos grupos delincuenciales”, alegó.

Cabecillas terroristas cumplen “sentencias justas”

El jefe del Gabinete Ministerial alegó que todos los sentenciados por terrorismo en el país cumplen “condenas justas”, por lo que desestimó los alegatos de Polay Campos y Flores Hala, tras ser hallados responsables de múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y 90.

“Concretamente, hemos pedido el archivo sumario de las peticiones formuladas por los criminales Florindo Flores y Víctor Polay Campos, asesinos sentenciados por terrorismo que buscan sorprender a la jurisdicción supranacional”, apuntó.

Es menester precisar que, en esta sesión extraordinaria denominada “El Perú en la OEA: un nuevo y fortalecido relacionamiento multidimensional”, participó el secretario general de la OEA, Luis Almagro; así como los ministros peruanos Ana Gervasi (Relaciones Exteriores), Eduardo Arana (Justicia) y Leslie Urteaga (Cultura).

Dina Boluarte y Alberto Otárola son las personas más poderosas del Perú, según Ipsos

La última encuesta de Ipsos-Perú, publicada en la revista Semana Económica, revela que la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, son las personas más poderosas del Perú. Ambas autoridades comparten el primer lugar con 85%.

En segundo lugar se encuentra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 52%. Tras ella está la fiscal de la Nación, Patricia Benavides (44%); y el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña (40%).

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, ocupa el sexto lugar con 37%. Le siguen el presidente del grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor (28%); el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón (23%); y el ministro de Economía, Alex Contreras (20%). En el décimo puesto se encuentra el alcalde de Lima, Rafael López Aliga, quien cuenta con 18%.

En la lista también aparece el fallecido congresista Hernando Guerra García y el contralor Nerlson Shack (ambos con 5%). Ellos son seguidos por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre con 4%; con 3% empatan el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, el cardenal Pedro Barreto y la congresista María del Carmen Alva.

Alberto Otárola vuelve a imputar a las FF. AA. las muertes en protestas

El premier Alberto Otárola respondió a muy pocas de las 90 preguntas que le hicieron el miércoles en su declaración en la fiscalía suprema que lo investiga, junto con la presidenta Dina Boluarte, por las muertes durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.

Mayormente decía que se remitía a su declaración anterior, pese a saber que fue citado para consultarle sobre las protestas que se acumularon al primer expediente con posterioridad.

Sin embargo, sí aseguró que él no tuvo ninguna participación en la elaboración de los planes ni en las órdenes de los jefes militares o policiales para repeler a los manifestantes.

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a las víctimas, reveló que Otárola insistió —como declaró la primera vez— en que todo fue responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el general Manuel Gómez de la Torre.

“Dijo: Pregúntenles a ellos. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en los planes operativos. No participamos en su elaboración ni nos tienen que dar cuenta”, comentó Quispe, quien cuestionó dicha versión.

“Cómo el jefe del Comando Conjunto no le va a dar cuenta al ministro de Defensa (cargo que ejerció Otárola cuando se produjeron las primeras muertes en las protestas)”, sostuvo.

El abogado recordó que Gómez de la Torre ha declarado ya ante la Fiscalía que se reunió con el entonces ministro de Defensa y con Boluarte en Palacio de Gobierno para informar sobre las acciones realizadas para contrarrestar las protestas, lo que ahora Otárola asegura no recordar.

Por omisión

El premier afirmó que se enteró de los primeros fallecidos por la prensa, a través de la televisión. Sin embargo, no hizo nada para evitar que continúen produciéndose.

Negó haber sido informado de manera oficial, argumentando que eso era responsabilidad netamente de las Fuerzas Armadas. Aseveró que ni como titular de Defensa ni como premier le dieron cuenta algo.

Y cuando le insistieron sobre las medidas que tomó al enterarse, respondió que pidió que se respeten los derechos fundamentales, sin precisar cómo ni dónde ni a quién lo solicitó.

Es más, cuando le consultaron qué cambios hizo después de las primeras muertes, aseveró que eso no le competía.

Quispe remarcó que con esta declaración Otárola ha dado a entender que la responsabilidad de los muertos y heridos es de las Fuerzas Armadas y de la Policía, tratando de evitar la investigación de comisión por omisión.

El dato

Más casos. Otárola fue convocado nuevamente a declarar porque se incluyeron en el expediente las muertes en Andahuaylas, Junín, Cusco y Lima, así como algunos fallecidos de Ayacucho.