Huaral: Alcalde fortalece políticas conjuntas para trabajar por la población que necesita de los programas sociales del MIDIS

En el salón de actos de la Municipalidad Provincial de Huaral, con presencia del alcalde Fernando Cárdenas se realizó la reunión técnica para la implementación de la política nacional de desarrollo e inclusión social al 2030 e intervención de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

En la reunión se brindó información y acompañamiento al nuevo equipo técnico y directivo regional y local, para continuar con el trabajo articulado con los equipos territoriales MIDIS en el marco de la implementación de las Política Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, se buscó el fortalecimiento de capacidades de las nuevas autoridades y funcionarios de los gobiernos locales, para fortalecer el trabajo del Programa Cuna Más, Programa Juntos, Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, FONCODES, Pensión 65 y el Fondo de Estimulo al Desempeño.

La actividad se desarrolló con presencia de los alcaldes distritales de Atavillos Alto Miquer Castillo Pardo, de Pacaraos María Huarca Sáenz y de Santa Cruz de Andamarca Víctor Salvador Paredes, así como de regidores y funcionarios de los demás distritos, en representación de su municipio.

La Fiscalía solicita 36 meses de impedimento de salida del país contra el alcalde de Breña

El Ministerio Público informó hoy, viernes, que ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra el actual alcalde de Breña, José Dalton Li Bravo, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, peculado doloso y otros, en agravio del Estado.

Asimismo, la Fiscalía señaló que hay otros 24 funcionarios y personas naturales investigados «por la presunta contratación de trabajadores fantasma, direccionamiento de licitaciones y presuntos cobros irregulares realizados por subgerencias de la comuna de Breña durante su gestión». 

Investigado por el Congreso

En diciembre del 2020, la Comisión de Fiscalización del Congreso finalizó un informe de la gestión del actual alcalde de Breña, quien había iniciado su administración edil un año antes. En dicho documento, se dio cuenta de presuntos indicios de actos de corrupción.

“La denuncia versa sobre diversos presuntos actos de corrupción que habrían estado sucediendo desde el inicio del mandato del actual alcalde de dicha comuna, José Dalton Li Bravo, en los que este junto a varios servidores de su confianza habrían estado involucrados”, señala el informe.

El grupo de trabajo parlamentario concluyó que la actual gestión del Municipio de Breña habría captado recursos de forma ilícita a través de actividades como cobros irregulares a comerciantes y ambulantes para la entrega de permisos.

Según el informe, además de José Dalton Li Bravo, estarían involucrados Carlos Bravo Surco Valencia, gerente de Administración y Finanzas; Juan Carlos Flores, encargado de la Gerencia de Desarrollo Económico; Hernán Valerio Granda Álvarez, subgerente de Fiscalización Administrativa; Carlos Alberto Ñahuis Huaylas, gerente de Desarrollo Económico, y Erick Aníbal Espinoza Aramburú, asistente administrativo en la subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios.

«En la Municipalidad Distrital de Breña habría existido una organización criminal dirigida por el alcalde del distrito, José Dalton Li Bravo, e integrada por diversos servidores de dicha municipalidad, todos del entorno cercano del alcalde, con el fin de enriquecerse de forma ilícita, utilizando los activos de la comuna, mediante la ejecución irregular de diversas funciones, entre ellas cobranzas irregulares de pagos por licencias de funcionamiento, permisos de comercio ambulatorio, etc», refiere uno de los párrafos concluyentes del documento.

Debido a estos indicios, la comisión recomendó remitir los hallazgos a la Fiscalía para que puedan iniciar las investigaciones del caso.

La Libertad: arrojan explosivo en vivienda de alcalde electo de El Porvenir y le piden s/ 20,000

Una banda de extorsionadores busca amedrentar al alcalde electo del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, y llegaron hasta su domicilio donde colocaron un petardo de dinamita y le exigieron el pago de S/ 20,000.

Ante tal situación, el electo alcalde dijo: “Les digo que no pierdan su tiempo, porque así me lancen 20 bombas no me van a intimidar”, expresó Carranza Ventura, que actualmente se desempeña como teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en Trujillo.

El electo burgomaestre tuvo conocimiento que en el sector Gran Chimú también se registraron ataques por partes de unos delincuentes por lo que invocó a los microempresarios no dejarse intimidar por las mafias de extorsionadores, pues «si alguno paga cupo, está permitiendo que las bandas criminales se fortalezcan con dinero mal habido y continuar en sus fechorías”, señaló.

Alcalde y funcionarios de San Isidro presos por urdir contrato de S/48 millones

Por presuntamente haber concertado voluntades para adjudicar un contrato por S/48 millones de soles a favor de un consorcio mediante un proceso repleto de graves irregularidades, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, y 5 de sus principales funcionarios fueron detenidos por mandato judicial, además de un empresario involucrado. Una autoridad edil está en condición de no habida (Cecilia Loayza Pinedo, gerente de Administración y Finanzas).

La Oficina de Control de Interno del propio municipio comunicó al burgomaestre sanisidrino el hallazgo de serias deficiencias en el proceso de contratación. Pero Augusto Cáceres, en concertación con las autoridades ediles bajo su mando, validó el procedimiento y firmó el acuerdo con el Consorcio San Isidro Verde, integrado por las empresas C&E Corporation y Terra World Corporation.

Según la OCI de la municipalidad de San Isidro, dependiente de la Contraloría General de la República, el comité de selección otorgó la buena pro al Consorcio San Isidro Verde a pesar que no contaba con la suficiente experiencia, fraguó documentos para ocultar que debía millones en deudas coactivas con la Sunat, carecía de personal de planilla y no estaba provista del equipamiento que requería el servicio contratado.

Setenta y dos horas antes de la firma del contrato, encabezados por el alcalde Cáceres, los funcionarios participaron de un cónclave para habilitar al Consorcio San Isidro Verde, pese a las notorias observaciones que habían sido comunicadas por la OCI.

De acuerdo con la investigación del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del fiscal Luis Medina Rodrigo, los que intervinieron en el encuentro fueron el alcalde Gustavo Cáceres; Nancy Ninapaytán Delgado (gerente municipal), Cecilia Loayza Pinedo (gerente de Desarrollo Ambiental), Manuel Enríquez Anaya (gerente de Ética e Integridad), Mariela Hidalgo Carrera (gerente de Administración y Finanzas), Esther Baylón Salvador (subgerente de Logística) y Etni Flores Barriga (subgerente de Gestión Ambiental). Todos avalaron la contratación del consorcio cuestionado.

Justamente, Mariela Hidalgo, fue la que rubricó por el municipio el contrato con el Consorcio San Isidro Verde, el 3 de agosto de 2021.

Cada uno desde su sector fraguó acciones para beneficiar al proveedor con un contrato de 48 millones de soles para el mantenimiento de áreas verdes, por lo que la jueza Ingrid Estacio Soria aceptó el pedido del fiscal Luis Medina para detener a los 7 funcionarios ediles y al representante del consorcio, Eliab Lozano Mozombite.

El fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios no descartó la existencia del pago de un soborno por parte del consorcio para que los involucrados torcieran las normas.

“La investigada (Nancy) Ninapaytán Delgado, en su condición de gerente municipal, se habría encontrado ‘ansiosa’ para lograr materializar la firma del contrato (con el Consorcio San Isidro Ecológico), cuya buena pro se había solicitado anular. Es así que tres días antes de la suscripción del contrato, se llevó a cabo una reunión de la alta dirección, se describe en la resolución judicial.

“En dicha reunión la investigada (Nancy) Ninapaytán habría señalado que no podía caerse la suscripción del contrato con el Consorcio San Isidro Verde porque el servicio se venía contratando por órdenes de servicio. Sin embargo, dicha preocupación habría estado motivada -en realidad- por una suma de dinero que le habría entregado el investigado Félix Aznarán Infantes, en su condición de asesor ‘en la sombra’ del Consorcio San Isidro Verde, con quien además habría tenido vinculación anteriormente, así como la investigada (Cecilia) Loayza Pinedo, por cuanto todos laboraron en la Municipalidad Distrital de San Borja”.

En efecto, Félix Aznarán fue gerente municipal y Cecilia Loayza ejerció como gerente de Medio Ambiente del municipio sanborjino.

El fiscal presume que el alcalde Cáceres tuvo conocimiento de los pagos ilegales. “Bajo la misma presunta motivación espuria, es decir, por la existencia y/o entrega de una suma de por medio, el investigado Cáceres Viñas habría solicitado que se lleve a cabo la suscripción del contrato con el Consorcio San Isidro Verde”, se precisa en la resolución judicial.

Los detenidos

Arriba: Nancy Ninapaytán Delgado (Gerente municipal). Etni Flores Barriga (Gestión Ambiental). Mariela Hidalgo Carrera (Gerente de Administración).

Abajo: Esther Baylón Salvador (Subgerente de Logística), Manuel Enríquez Anaya (Gerente Ética e Integridad), Eliab Lozano Mozombite (Representante de Consorcio). Foto: composición LR

Detienen a alcalde de San Isidro y allanan su casa en operativo realizado esta madrugada

Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, detuvieron preliminarmente al alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres Viñas, así como a otros siete funcionarios del municipio distrital, investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

Durante la madrugada, las autoridades allanaron la casa del alcalde de San Isidro, ubicada en la calle 3, del citado distrito. Policías llegaron alrededor de las 2:30 a.m. al domicilio del burgomaestre y tocaron la puerta. El propio alcalde abrió la puerta a las autoridades, que procedieron a ingresar al predio.

La diligencia se realizó debido a una presunta licitación irregular que involucraría el servicio de áreas verdes para los próximos meses y que, se presume, afectaría a la nueva gestión municipal.

Diligencias

Aparte de la casa del alcalde Augusto Cáceres Viñas, también se están allanando las viviendas de otros funcionarios, así como las oficinas del municipio distrital.

“La diligencia incluyó el allanamiento de 14 inmuebles vinculados a los funcionarios intervenidos, así como las empresas que habrían participado del presunto direccionamiento de un contrato de servicio público”, detalló el Ministerio Público.

El general PNP Fredy López Mendoza, director de la Dircocor, detalló que, en la operación, se han allanado 14 inmuebles, entre las que están las casas de los siete intervenidos. Además, se han allanado cuatro oficinas de la Municipalidad de San Isidro, así como los locales de las empresas involucradas en la presunta licitación irregular.

Alcalde de la provincia de Huaura Marcial Hugo Echegaray Virú a la espera de decisión del juez 

Por Oscar Rolando Guerrero Torres

La situación legal del alcalde provincial Hugo Echegaray Virú, está en manos del Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Se le acusa de haber concertado con los regidores Roberto Tito Villanueva Salinas y Gerson Rodríguez Calderón, así como con el ex Subgerente de Logística Santiago Alor James Jonathan y el ex Gerente Municipal Javier Miranda García.

Según el fiscal anticorrupción, ellos concertaron con los proveedores Silva Lozada y Marín Palacios Mejía con la finalidad de direccionar el proceso de contratación directa para el mantenimiento del camino de Paccho.

Señala el Fiscal Manrique, que Marcial Hugo Echegaray autorizó y designó a los regidores Rodríguez y Villanueva para que estos seleccionen y coloquen al proveedor, a cambio de un respaldo político en su gestión municipal.

Hugo Echegaray, gestionó ante el pleno del Concejo de la manera más rápida, el debate inmediato para la aprobación de la contratación directa, habiendo coordinado con los demás investigados en una reunión previa, la forma como se iba a llevar a cabo la sesión de Concejo.

Por ello, el alcalde quebrantó su deber, al permitir que se direccione el proceso de contratación, afectando los principios de eficiencia, transparencia y libertad de concurrencia, plasmado en el artículo segundo de la Ley de Contrataciones del Estado.

Con este direccionamiento se restringió la posibilidad de que la Municipalidad provincial de Huaura obtenga mejores o posibilidades económicas en beneficio de la obra de Paccho.

Además, según el Fiscal anticorrupción, Marcial Hugo Echegaray permitió el pago de tres valorizaciones en favor de una empresa, que han constituído perjuicio patrimonial para la municipalidad provincial de Huaura, al no seleccionarse a un proveedor con mejores condiciones económicas, sino que se simuló un procedimiento de selección que fue autorizado por el alcalde Marcial Hugo Echegaray Virú.

Desde el punto de vista dogmático, los titulares de las entidades tienen funciones de control y supervisión para evitar que puedan crear perjuicio a la institución. Ha sido una actitud dolosa del alcalde en la omisión de sus funciones.

EX GERENTE MUNICIPAL JAVIER MIRADA

Se le acusa de ser autor del presunto delito de colusión agravada. Intervino en la contratación directa del proveedor en su condición de gerente municipal, junto a Roberto Tito Villanueva, Gerson Rodríguez y el Subgerente de Logística, James Santiago Alor.

Tuvo directa coordinación con los proveedores Marín Palacios y Steeb Silva Lozada. Fue el gestor de que Palacios y Silva se junten en un consorcio.

Se encargó de designar a Gerson Rodríguez para que realice las coordinaciones con las demás áreas para que procedan a elaborar la documentación que se iba a presentar en la oficina de logística y también intervino en el trámite para que se elabore el informe legal.

MARIN PALACIOS

Extraneus, en calidad de cómplice.

Concertó con los regidores Gerson rodríguez y Tito Villanueva, el alcalde provincial Hugo Echegaray y los otros funcionarios comprometidos, con el fin de verse beneficiado con la contratación directa.

En un inicio Palacios Mejía, coordinó con Gerson Rodríguez, un pago de S/80,000.00 soles que debía ser destinado para los funcionarios que intervinieron en el proceso de contratación.

Posteriormente Marín Palacios coordinó con Silva Lozada Lozada, la conformación de un consorcio por no contar con la experiencia y para poder cumplir con el pago con el pago del beneficio económico.

CINCO PROCESADOS CON PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA

Son cinco los procesados con pedido de prisión preventiva. Para el resto, se ha pedido una medida cautelar independiente que se considerará en la investigación preparatoria.

El Ministerio Público ha solicitado la acumulación de este proceso con otro expediente dentro del delito de cohecho pasivo, en donde están acusados los mismos funcionarios, regidores y el propio alcalde provincial.

Sobre el funcionario Humberto Luyo Balcázar, señala que el Gerente Municipal Javier Miranda, le pidió que la ejecución de la obra se haga por contratación directa, porque si no en diciembre se iba a revertir el dinero.

JUEZ DE TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: “LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, NO SON MUY CONVINCENTES”

El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, antes de pedir el receso de la audiencia, manifestó que los elementos de convicción señalados por el Fiscal Anticorrupción, NO son convincentes. No hay vinculación con los acusados.

Esto podría entenderse que no habría prisión preventiva para los acusados, sobre todo si se tiene en consideración que en el mes pasado de octubre, se pronunció el TC. sobre el abuso de las detenciones preventivas que están llenando las cárceles.

Asimismo el TC. en su sentencia está obligando a los jueces “caneros”, que sus resoluciones de prisión preventiva sean revisadas cada seis meses.

La audiencia se suspendió hasta el jueves 24 de noviembre del 2022 a horas 4.00 PM.