Fiscalía archiva denuncia contra Dina Boluarte y sus exministros por aumento de sueldo presidencial

La Fiscalía de la Nación resolvió archivar la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y todos sus exministros por aprobar el aumento de sueldo presidencial, al no encontrar sustento suficiente que acredite negociación incompatible.

Tomás Aladino Gálvez ordena archivo definitivo de denuncia contra Dina Boluarte

La acusación fue interpuesta por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político Voces del Pueblo, en referencia al incremento del salario aprobado el 4 de julio del 2025 durante el gobierno de Boluarte (2022-2025), que pasó de S/ 15,600 a más de S/ 35,568 mensuales.

La medida fue severamente cuestionada por presuntas irregularidades y posible vulneración de normas, lo que motivó la denuncia contra la exmandataria y su Gabinete ministerial por presuntos delitos de uso indebido del cargo o nombramiento ilegal, pues habría infringido la Ley N° 28212, que fija un límite de S/ 26,000.

Sin embargo, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, señaló que no existe mérito para formular esta denuncia constitucional, pues resulta «jurídicamente imposible» que estos hechos configuren los delitos mencionados.

Asimismo, el titular del Ministerio Público dispuso «el archivo de todo lo actuado» y la «anulación de la anotación o registro informático generado» con el caso.

Tomás Aladino Gálvez archiva denuncia por aumento de sueldo presidencial contra Dina Boluarte y exministros.

Este archivo se suma a otras investigaciones contra Boluarte que han sido cerradas anteriormente, como las relacionadas a incendios forestales en 2024, donde se le acusaba de omisión de actos funcionales por demora en declarar emergencia. Sin embargo, se archivó en enero del 2026 al concluir que no hubo retraso doloso ni incumplimiento.

Pero la expresidenta aun está involucrada en procesos en curso, suspendidos durante su mandado por fallo del Tribunal Constitucional en agosto del 2025. Tras su vacancia el pasado octubre, Fiscalía retomó algunas carpetas, como las muertes en protestas del 2022 y 2023 y el caso Rolex, por enriquecimiento ilícito.

Procuraduría pide a Fiscalía incluir a Piero Corvetto en investigación preliminar

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó este lunes al Ministerio Público que se incluya al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al gerente de administración de la entidad, Edward Eloy Alarcón, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada.

Lo dispuesto por Mario Luna, procurador público especializado en delitos de corrupción (e), corresponde a las graves irregularidades ocurridas en la jornada electoral del pasado 12 de abril, la cual generó que miles de peruanos se queden sin hacer prevalecer su derecho al sufragio.

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez resolvió archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y su Gabinete por aumento de salario presidencial.

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para presunto cabecilla de dos organizaciones criminales

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Elías Zevallos Ramírez, sindicado como presunto cabecilla de dos organizaciones criminales que vienen siendo investigadas por equipos especializados de la DIVIAC y el GRECCO de la Policía Nacional del Perú.

Según la tesis fiscal, Zevallos Ramírez alias “Charapa” habría liderado ambas estructuras delictivas, las cuales estarían implicadas en extorsión, sicariato, tráfico de terrenos, entre otros graves delitos.

De acuerdo con la investigación, “Charapa” no solo habría tenido un rol directivo dentro de estas organizaciones, sino que también aparece vinculado a otros casos emblemáticos. Tras el reciente megaoperativo que permitió la desarticulación de “Los Intocables de Huacho”, cuyo cabecilla es Jorge Chávez, un testigo con clave habría revelado que ambos mantenían comunicación frecuente y un presunto vínculo de amistad o sociedad.

Las diligencias desarrolladas por los equipos especializados de la PNP apuntan a que estas organizaciones criminales contarían además con brazos políticos y legales, lo que habría facilitado su permanencia y expansión en el tiempo.

El requerimiento fiscal será evaluado por el Poder Judicial en los próximos días, en un caso que podría convertirse en una de las investigaciones más complejas contra el crimen organizado en la jurisdicción del Norte Chico

Preocupación por la libertad de prensa: Fiscalía cita a periodista como “testigo” por cubrir accidente en Lamas

El periodista Iván Tello Hidalgo, de Radio Estación Lamas, fue citado por la Fiscalía de Lamas para declarar en torno a un accidente de tránsito que él informó a través de sus redes sociales, hecho que ha generado preocupación por un posible intento de hostigamiento contra la labor periodística.

Según relató Tello a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el 29 de agosto recibió información de sus fuentes sobre el despiste de un vehículo en la carretera Lamas–Cacatachi, a la altura del recreo Krotos, con dos heridos trasladados al hospital. Tras difundir la noticia en su cuenta de Facebook, al día siguiente fue notificado para presentarse en la comisaría de Lamas en calidad de citado.

Durante el interrogatorio, el fiscal Félix Magno Pomachari Carranza le comunicó que figuraba como testigo, pese a que no presenció el accidente. Además, las preguntas buscaron que revelara la fuente de su información, lo cual rechazó invocando el secreto profesional que ampara a los periodistas.

El comunicador expresó su preocupación, al recordar que una de las heridas sería la esposa del mayor PNP a cargo de la comisaría de Lamas, lo que —a su juicio— explicaría la presión hacia su labor informativa.

La ANP expresó su solidaridad con Iván Tello, alertando que no es la primera vez que periodistas son citados en condición de “testigos” tras cubrir hechos noticiosos, y recordó a las autoridades que la reserva de fuentes es un derecho constitucional que debe ser respetado.

TC declaró infundada la demanda de la Fiscalía contra ley que permite a la PNP liderar investigación preliminar

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra cuatro decretos legislativos y la Ley 32130, que delega la conducción de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional.

En colegiado precisó en las consideraciones finales de su sentencia, a la que tuvo acceso RPP, que, en la subetapa de la investigación preliminar, la PNP conduce las acciones operativas propiamente policiales, con la finalidad de reunir y asegurar los elementos de prueba e indicios que puedan servir para la aplicación de la ley penal, así como el desarrollo de las acciones de carácter logístico, técnico y criminalístico que sean necesarias.

No obstante, el TC señaló que “los informes y precalificaciones jurídicas que realice la Policía Nacional no condicionan al fiscal para un caso concreto y que, en la subetapa de la investigación preliminar, el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde un inicio a través de la disposición de la apertura de la investigación preliminar, así como con la vigilancia, orientación, supervigilancia y guía de la investigación policial”.

En esta sentencia, se remarca también que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, de conformidad con el artículo 159.4 de la Constitución, y que la investigación preparatoria del delito tiene dos subetapas: la investigación preliminar, a cargo de la Policía Nacional con la conducción jurídica del Ministerio Público; y la investigación preparatoria formalizada, de competencia del Ministerio Público con el auxilio operativo de la PNP.

“Declarar infundada la demanda, siempre que las normas impugnadas se interpreten conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia”, se lee en la parte resolutiva del fallo.

Así, el Tribunal Constitucional exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que elaboren los protocolos de actuación interinstitucionales que implementen lo ya prescrito en el Código Procesal Penal y la presente sentencia, con la finalidad de articular una estrategia permanente, eficaz y eficiente en la persecución del delito.

Tomás Gálvez acudirá a la Fiscalía este 11 de junio para solicitar su reincorporación

El exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas anunció que mañana miércoles 11 de junio acudirá a la Fiscalía de la Nación a solicitar su reincorporación ordenada por el Tribunal Constitucional. “Luego daré una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar, donde informaré mi decisión de regresar al Ministerio Público y renunciar al proyecto político”, expresó.

Gálvez Villegas es investigado por presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. Delia Espinoza, fiscal de la Nación, fue quien solicitó la suspensión para el abogado luego de que el TC anulara la destitución contra Gálvez por «presentar un peligro» para la entidad con su retorno.

¿Por qué Gálvez Villegas fue destituido de su cargo como fiscal supremo?

El 23 de abril de 2021, Tomás Gálvez Villegas fue removido del cargo de fiscal supremo tras ser vinculado a una serie de presuntas irregularidades. Entre estas, se le acusó de haber intervenido en favor de un condenado por tenencia ilegal de armas, influido en un proceso en un juzgado de familia y facilitado el contacto entre el empresario Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo, y el fiscal a cargo del caso. Según consta en la resolución, “a la fecha Gálvez Villegas no ejerce la función de fiscal supremo, por cuanto no tiene el título expedido por la Junta Nacional de Justicia”.

A pesar de las imputaciones, se señaló que el investigado ya cuenta con una sentencia favorable emitida por el Tribunal Constitucional, lo que podría permitir su eventual restitución. No obstante, el requerimiento de suspensión en su contra fue desestimado con el argumento de que ya no ejerce funciones como fiscal supremo. En el documento se lee textualmente: “en consecuencia, el requerimiento es desestimado”. Esta decisión se sustenta en la carencia del título expedido por la Junta Nacional de Justicia, lo cual imposibilita su ejercicio oficial en dicho cargo.

Poder Judicial frena a la Fiscalía: Gálvez no fue suspendido

El juez Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó el pedido de suspender por 36 meses a Gálvez Villegas. Esta solicitud la presentó Delia Espinoza. Sin embargo, el juez explicó que no existía un peligro concreto que justificara dicha medida, pese a que la Fiscalía argumentó que Gálvez podía afectar el proceso penal si retomaba funciones.

Según la resolución, Gálvez no ejerce actualmente como fiscal supremo ni cuenta con título vigente, por lo que no se podía aplicar la suspensión. Además, el juez destacó que la etapa de investigación concluyó en julio de 2023, lo que descarta el riesgo de que se manipulen diligencias. También desestimó los señalamientos sobre declaraciones públicas contra otros fiscales, ya que se consideró que no vulneran el proceso. La sentencia del Tribunal Constitucional que anuló su destitución debe respetarse, sin que eso implique una opinión sobre su responsabilidad penal.

Ley impide regreso de Gálvez

Aunque el Poder Judicial emitió un fallo a favor de Tomás Gálvez, este no podría reincorporarse como fiscal supremo. La razón radica en que actualmente figura como afiliado a un partido político fundado por él mismo: Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

Según la Ley 30483, que regula la carrera fiscal, está prohibido que los miembros del Ministerio Público tengan afiliación política vigente. Incurrir en ello constituye una infracción grave. La norma señala: “Faltas muy graves: La afiliación a partidos, grupos políticos, grupos de presión; o el desempeño de actos propios de estos grupos o en interés de aquellos en el ejercicio de la función fiscal”.

Hasta s/42,800: congresistas investigados por fiscalía usan fondos públicos para defenderse

Congresistas investigados por la Fiscalía están recibiendo defensa legal pagada con dinero de fondos públicos. A pesar de que los implicados aseguran desconocer los detalles de este acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, la situación ha llamado la atención de ciudadanos y expertos legales, que cuestionan la legalidad de este beneficio.

La norma, que se estaría utilizando para justificar estos pagos, proviene de una ley destinada a funcionarios con funciones ejecutivas (Ley Servir), no aplicable al ámbito legislativo, lo que pone en sospecha su legitimidad. Según abogados constitucionalistas, este uso de los fondos contraviene las normativas del Congreso.

La controversia comenzó cuando la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, aprobó un presupuesto destinado a cubrir los gastos de abogados para al menos cuatro congresistas: Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Patricia Chirinos. Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos que van, desde el tráfico de influencias, hasta la participación en organizaciones criminales. A pesar de la magnitud de las acusaciones, los congresistas beneficiados argumentan que están ejerciendo su derecho a defensa legal.

El Parlamento aprobó hasta 8 UIT —más de 40 mil soles— para cubrir abogados particulares. Sin embargo, muchos de los beneficiados aseguran “no saber” que este acuerdo existe.

Sin embargo, algunos de los implicados, como Portalatino, han manifestado desconocer la existencia de este acuerdo. A pesar de ello, en sus intervenciones, las pruebas indican que ya habían solicitado el pago de sus abogados a través de este mismo mecanismo. Otros congresistas, como Patricia Chirinos, han admitido que hicieron uso de este beneficio, pero defienden que la medida está dentro de sus derechos, alegando que es un recurso legalmente permitido.

LOS CONGRESISTAS SE DEFIENDEN

“Se trata de una persecución política y necesitamos defensa especializada”, dijo la congresista Kelly Portalatino a Latina Noticias, aunque evitó responder quién solicitó los fondos para su abogado.

Si bien los congresistas argumentan que están ejerciendo su derecho a la defensa, la controversia ha puesto en evidencia la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. La Contraloría y la Fiscalía ya tienen conocimiento del caso, por lo que han sido llamadas a investigar este asunto, que continúa generando gran desconcierto entre la ciudadanía.