Denuncia penal en marcha: Fiscalía investiga a funcionario por designación irregular

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cañete del Segundo Despacho de decisión temprana encargada por la fiscal Ana Guísela López Govea, nos notificó con la providencia 01-2025 de fecha 19 de marzo del 2025 sobre la denuncia que presente en contra del gerente Subregional de Lima Sur Caleb Gerson Ramos Llerena al contratar al bachiller en derecho Sabino Alejandro Julián Castilla por el ilícito penal de nombramiento y aceptación ilegal de cargo, es de recordar que mediante Resolución Gerencial Sub Regional de Lima Sur n° 002-2023-GRL-Lima Sur el licenciado Caleb Gerson Ramos Llerena designó como jefe de la oficina de Administración de la Unidad Ejecutora de Lima Sur del Gobierno Regional de Lima, que según el clasificador de cargo de la misma entidad, determina que para este puesto se requiere como mínimo 5 años en el ejercicio profesional y 3 años en funciones similares entre otros requisitos.

▶Lo grave de este asunto es que el Bachiller en Derecho Sabino Alejandro Julián Castilla apenas meses antes de tener esa designación de cargo, había recibido su título de Bachiller con lo cual no cumplía con el perfil para ser Jefe de la Oficina de Administración de una entidad Estatal, a pesar de ello el Lic. Caleb Ramos fue en contra del Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.

🗓Este 21 de abril del presente año están llamados para acudir a la fiscalía provincial Penal el Lic. CALEB GERSON RAMOS LLERENA y el bachiller en Derecho SABINO ALEJANDRO JULIÁN, para rendir su declaración indagatoria, esperemos ver si se presentan o al estilo de su Gobernadora terminarán enfermándose.

Roberto Guizasola: Fiscalía abre investigación contra exjugador por violación sexual, violencia psicológica y otros delitos

La situación de Roberto Guizasola se complica luego que el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo decidiera abrir investigación en su contra por los presuntos delitos de violación sexual; difusión de imágenes, material audiovisual o audios con contenidos sexual; y violencia psicológica.

Esto se da luego que Alexandra Días difundiera públicamente unos audios donde se escucha expresamente al exjugador de Alianza Lima amenazarla por negarse a firmar un contrato de confidencialidad que la obligaba a guardar silencio acerca de su relación extramatrimonial.

Fiscalía abre investigación contra Roberto Guizasola

Además, Roberto Guizasola amenazó a la joven de 21 años con difundir videos íntimos si rompía el acuerdo al que habían llegado. Por ello, la Fiscalía decide investigar al ahora youtuber por los los presuntos delitos de violación sexual; difusión de imágenes, material audiovisual o audios con contenidos sexual; y violencia psicológica.

Por ello, el mencionado despacho del Ministerio Público indicó que se iniciarán las diligencias correspondientes para tomar la declaración oficial del investigado en una cámara Gessel con la presencia de su abogado y junto al teléfono de Alexandra Díaz el cual contiene los comentarios de exjugador.

«El fiscal provincial dispuso que la investigación se realice en sede fiscal, por lo que solicitará la programación de la entrevista única en cámara Gesell y la evaluación psicológica de la víctima; se reciba la declaración del investigado con presencia de su abogado; se realice la visualización del teléfono de la agraviada (redes sociales); se oficie al Poder Judicial para que otorgue medidas de protección a la denunciante, así como su incorporación al Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público; entre otros», indicaron.

Atacando a la Fiscalía: así reaccionó el Congreso ante el allanamiento a Juan Santiváñez

Juan José Santiváñez recibió un respaldo férreo desde el Ejecutivo y el Legislativo tras el allanamiento de su domicilio como parte de la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad al supuestamente ordenar reglaje contra el periodista Carlos Sifuentes de La Encerrona.

Desde el Ejecutivo, la jefa de Estado y los miembros de su Gabinete indicaron que desde la Fiscalía y los medios de comunicación se trabaja un «golpe de Estado blanco» en contra de su Gobierno. El Legislativo usó el mismo argumento: despotricar contra el Ministerio Público.

Roberto Chiabra descalificó la labor de la Fiscalía

Así lo hizo el parlamentario de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra, quien afirmó, a la prensa, que el Perú presencia un «enfrentamiento directo entre la Fiscalía de la Nación y el ministro del Interior».

«Yo creo que acá todos estamos demostrando una irresponsabilidad ante el país porque la principal amenaza que tenemos es la inseguridad a nivel nacional. El ministro le hace una denuncia constitucional y a él le hacen un allanamiento. No nos damos cuenta del daño que se estamos haciendo porque los que están felices son los delincuentes», declaró.

Ante ese escenario, el legislador exhortó a la mandataria Dina Boluarte a que «reúna las cabezas (de las principales instituciones) y pongamos orden».

Asimismo, expuso que ante la situación de Santiváñez existen tres alternativas. «La primera es la renuncia de Santiváñez, la segunda es que la presidenta lo cese del cargo y la tercera es que el Congreso haga una moción», explicó. Sobre el último punto, precisó que él no ha firmado la moción de censura y que, de reunirse las firmas necesarias, «de repente» se vería en el primer Pleno.

Fernando Rospigliosi arremetió contra Delia Espinoza

De la misma forma, el congresista Fernando Rospigliosi decidió que el allanamiento contra Santiváñez se trata de una «represalia» de la Fiscalía por haber impulsado la ley que faculta a la PNP a realizar investigaciones preliminares y amenazar a Delia Espinoza con denunciarla.

«Yo creo que es un abuso de la fiscal de la Nación que allana a gente como si fueran delincuentes y, en este caso, es una clara represalia porque el ministro del Interior defiende la ley aprobada por el Congreso y que la Fiscalía se niega a aplicar», anotó a la prensa.

«No hay ninguna evidencia de eso (del presunto abuso de autoridad), a menos que la Fiscalía tenga alguna prueba, no tiene derecho a justificar este tipo de acciones. Veremos que se desarrollen las investigaciones, pero no puede ser que por una denuncia inmediatamente allanen a un ministro. Yo creo que es un exceso de la Fiscalía que ya nos tiene acostumbrados a estas cosas», añadió.

Respecto a que Santiváñez haya obtenido un reportaje de Cuarto Poder antes de su emisión, el parlamentario responsabilizó al medio de ese problema.

José Cueto pide a la fiscal de la Nación que de «un paso al costado»

Una posición similar llegó de parte de José Cueto (Honor y Democracia), quien incluso consideró que Delia Espinoza «debería dar un paso al costado».

«Ningún medio está cubriendo la cortinaza que está haciendo la fiscal con el tema de Pablo Sánchez. Creo que el Ministerio Público está politizado. La fiscal de la Nación debería dar un paso al costado. Yo no voy a respalda una moción de censura», dijo a los medios.

Referente a la presunta obtención irregular de un reportaje, el legislador expuso: «Para mí es más irregular que los medios consigan carpetas fiscales con personas que están siendo investigadas. ¿Cuál es la excusa que siempre dan? Protegemos nuestras fuentes», indicó.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra 11 congresistas por caso de cobros simultáneos de sueldo y pensión

La Fiscalía de la Nación anunció este miércoles que ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra 11 parlamentarios implicados en la aprobación de una ley que benefició a cinco legisladores con una doble percepción de ingresos: sueldo de congresistas y pensión como oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales.

En sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la denuncia, realizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, comprende a los congresistas José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.

Estos parlamentarios son denunciados por «sus actuaciones como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, período 2021-2022, come presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado», dice el comunicado de la Fiscalía.

Cinco congresistas beneficiados

El Ministerio Público explica que a los denunciados se les atribuye «haberse interesado indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR con su texto sustitutorio, con el cual permitieron» que cinco congresistas «accedan a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea».

La Fiscalía puntualiza que los parlamentarios beneficiados con esta medida fueron Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza.

Ellos -continúa el comunicado del Ministerio Público– accedieron a las dos percepciones económicas «sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y de la Policía Nacional del Perú (en el caso de Azurín Loayza).

Dina Boluarte no acudirá mañana a declarar ante la Fiscalía por el caso Cofre presidencial, afirma su abogado

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, en diálogo con RPP, indicó que su patrocinada no acudirá mañana, miércoles, a responder ante la Fiscalía por el caso Cofre presidencial.

Como se sabe, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso que la jefa de Estado acuda este 15 de enero, a las 9 am., a rendir su declaración indagatoria en el marco de las investigaciones preliminares por esta causa, luego de que se ampliara por 8 meses el plazo para las indagaciones, al declarar el caso como «complejo».

No obstante, la defensa legal de la mandataria indicó que ella no acudirá a la citación formulada por el Ministerio Público, pues consideró que la ampliación de la investigación se realizó «fuera de plazo».

“No va a asistir por una razón, y quiero ser absolutamente sincero, porque estoy convencido de que es posible que se generen titulares en donde el resumen sea ‘presidenta evade’, ‘presidenta no acude’. La presidenta de la república, el día de ayer, acudió a su quinta declaración como investigada, y en todas las citaciones [del] Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió. Es más, en el caso Qali Warma, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Público nunca nos había convocado. Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos convoque para ser citados y tener el derecho a ser oídos. En este caso de la cirugía no nos citaban y le dijimos al Ministerio Público, a través de un mensaje a la nación, que nos convoque, al igual, en ese mensaje, que en el caso Cofre», explicó.

«Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje, 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. Tres días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación, en nuestra tesis, fuera de plazo«, agregó.

Fiscalía abre investigación preliminar a Petroperú por derrame de petróleo en Talara

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana abrió este domingo una investigación preliminar contra la empresa Petroperu por la presunta comisión del delito de Contaminación del Ambiente. Esto debido al derrame de crudo de la playa Las Capullanas, distrito de Lobitos, Talara.

Personal del Ministerio Público acudió a la zona del derrame para verificar los trabajos de limpieza. La Fiscal Silvia del Carmen Neyra Herrera fue la encargada de liderar dicha labor y verificó, junto a otras autoridades, la contaminación en la zona.

Fueron los ciudadanos del norte del país quienes reportaron ayer del derrame de petróleo y los daños ocasionados a la biodiversidad.
En un comunicado, la Municipalidad Distrital de Lobitos detalló que varias especies, como cangrejos y pulpos, están «cubiertos de crudo».

Empresa se pronuncia

Por otro lado, la empresa Petroperú informó que, tras detectar a las 9:00 a. m de la presencia de hidrocarburos en la playa Las Capullanas, situada a 10 kilómetros al norte de la refinería Talara, personal de la compañía desplegó un equipo de contingencia y limpieza para atender dicha situación.

La compañía señaló que este problema se dio durante maniobras previas al embarque de hidrocarburos en el buque Polyaigos, en el terminal submarino de la refinería Talara.