El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre el dictamen aprobado este martes por la Comisión de Constitución del Congreso, que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.

Durante una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP, el legislador calificó como un “error” del Parlamento la eliminación de esta protección de carácter procesal en el 2021.

“Creo que la eliminación de la inmunidad, así a rajatabla, sin dar lugar a excepciones, creo que ha sido un error que hoy el Congreso de una u otra manera está tratando de enmendar”, aseguró.

Asimismo, mencionó que este dictamen, en caso de ser respaldado por el pleno, regirá a partir del proceso electoral del 2026 en adelante.

“No es para nosotros”, señaló Muñante, y aclaró que se ha establecido que la inmunidad parlamentaria no favorezca a diputados o senadores que tengan denuncias anteriores a su elección.

“También se ha dispuesto plazos perentorios. Por ejemplo, cuando se cometen delitos flagrantes, para que se pongan a disposición dentro de las 24 horas ante la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

Muñante explicó, además, que la inmunidad parlamentaria es una figura que protege al congresista durante el cumplimiento de su función fiscalizadora, a fin de prevenir denuncias infundadas o decisiones judiciales equivocadas.  

Sin embargo, precisó que el informe contempla salvaguardas para evitar “una inmunidad absoluta” frente a casos de delitos flagrantes o comunes.

“Estoy proponiendo para el nuevo reglamento de los diputados y senadores que en el caso hipotético de que exista una acusación flagrante o relevante como en el caso de los ‘mochasueldos’ que pone en tela de juicio el prestigio de toda una institución, que sea la Mesa Directiva y ya no la Comisión de Ética quien revise ese caso para lograr una suspensión rápida en 15 días y que sea después la justicia penal la que formule los cargos correspondientes”, concluyó.

El congresista Alejandro Muñante se pronunció respecto a la aprobación de la Ley n.° 32181, que deroga la detención preliminar en caso de no flagrancia. Esta norma, que arrebata una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen a los órganos de persecución del delito, ha sido una de las grandes polémicas del Congreso de la República en el mes de diciembre.

En diálogo con Exitosa, el parlamentario reconoció haber cometido un error al no haber revisado la norma con detalle e indicó que fue uno de los legisladores que propuso restituir la norma, corrigiendo así su previa equivocación.

Asimismo, precisó que el debate de la ley en el Pleno se centró, más que nada, en el apartado respecto a la Policía Nacional del Perú (PNP) con el cual él se encuentra de acuerdo, por lo que no se percató de «la letra pequeña«.

«Yo voté a favor y he hecho un mea culpa. He sido uno de los que he rectificado. Allí sí hay una enorme responsabilidad nuestra. Lamentablemente, el debate se centró en un tema que nos interesa, que es proteger a la Policía de la prisión preventiva en caso use sus armas legalmente. No vimos la parte chiquita y el diablo está en los detalles», indicó el vocero de la bancada de Renovación Popular.

La «letra pequeña»

Efectivamente, el debate en el Pleno se centró en demasía en la cuestión de la PNP, mas no se discutió lo que el congresista llama la «letra pequeña» y que, finalmente, fue lo que produjo el rechazo de la ciudadanía.

En el literal a) del inciso 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, la norma establece que «cuando no se presenta un supuesto de flagrancia, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso…», indica la norma.

En resumen, su derogación impide a la Fiscalía de la Nación y a la PNP a solicitar al juez la detención preliminar en caso de no flagrancia, por lo que, de no haber intervenido al criminal en pleno desarrollo del delito, no puede caer en la prisión preliminar.

Fiscalía y Ejecutivo

No obstante, Muñante se mostró en contra del accionar del Ministerio Público, que liberó a diversos delincuentes en cumplimiento de la norma. Según Muñante, la Fiscalía sí cuenta con los medios para retenerlos, pero «supo mandar un mensaje político«.

Por último, expresó que el Ejecutivo también erró en promulgar la norma, ya que ellos «sí cuentan con especialistas en materia de justicia» para percatarse del error cometido.

La norma fue restituida por el Congreso, pero no ha sido promulgada por el Ejecutivo.