Efectivos de la Policía Nacional hallaron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 40 años, en la ribera del río Rímac, a la altura de la zona de Martinete, en la zona de Barios Altos.
La víctima, que aún no ha sido identificada, fue encontrada maniatada, con un precinto de seguridad en los tobillos y sobre una maleta.
Según relataron los vecinos, los recicladores de la zona fueron quienes informaron a las autorizades sobre la presencia del cuerpo. Asimismo, indicaron que encontraron el cuerpo del desconocido cubierto con un plástico.
El hombre fue hallado vistiendo un short jean azul, un polo largo manga corta y medias negras. Además, posee las siguientes características físicas: cabello corto negro y tez trigueña.
Al cierre de esta nota, agentes de la Comisaría PNP de Santoyo han colocado cintillos amarillos para acordonar el perímetro. En tanto, los peritos de criminalística han llegado para realizar las diligencias correspondientes.
Vecinos piden más vigilancia en la zona
Los vecinos de la zona de Martinete solicitaron a las autoridades mayor control y vigilancia debido al aumento de casos de criminalidad.
“Queremos más control del Gobierno, que nos apoyen porque peligramos. Hay tantos muertos hasta el día de hoy. Pedimos al gobierno, por favor, que nos apoyen. Si quiera (que pongan) una caseta porque peligramos”, solicitó una residente.
Agentes de la Policía Nacional capturaron en Tumbes a uno de los presuntos implicados en el asesinato del suboficial de tercera Renzo López Reyes, ocurrido el último miércoles, 16 de octubre, en el cruce de los jirones Manuel Prado y Huamalíes, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.
Se trata de Steven Loayza Vera, quien fue detenido a bordo de un bus interprovincial proveniente de Lima con destino a Tumbes.
El general PNP, Javier Gonzáles Novoa, jefe del Frente Policial – Tumbes, indicó que al sospechoso se le halló un arma de fuego, municiones y droga.
Además, señaló que la intención de esta persona era cruzar la frontera y fugarse hacia el Ecuador.
Gonzáles Novoa fue detenido a la altura del distrito de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, por agentes de la Protección de Carreteras, quienes lo trasladaron hasta la Dirección de Investigación Criminal de Tumbes donde se vienen realizando las pesquisas y diligencias correspondientes.
“La PNP capturó a Steven Loayza, el criminal que habría asesinado cobardemente a un policía en Lima. El sujeto fue intervenido cuando intentaba huir del país”, anunció el Ministerio del Interior en su cuenta de X.
En exclusiva para Exitosa, la abogada de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Gloria Cano, condenó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y aseveró que ya han tomado acciones en contra del proyecto de ley del Congreso. .
Barrios Altos y La Cantuta bajo la lupa
En diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, la defensora legal de las víctimas de casos La Cantuta y Barrios Altos, Gloria Cano señaló que las autoridades se indignan por quienes no deberían.
«Es una pena que el primer ministro no se indigne por las víctimas ni los perpetradores, siempre a favor de los criminales», aclaró Gloria Cano.
La letrada explicó que luego de la sentencia por los casos en referencia, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso una medida de seguimiento a las acciones de la República del Perú en torno a la decisión y que esta se esté cumpliendo correctamente.
«A partir de ambas sentencias, tanto de Barrios Altos como Cantuta, la Corte quedó habilitada para hacer un seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Eso se llama ‘supervisión del cumplimiento de sentencia’. No es que la Corte da una sentencia y hay que colgarla en un marco en una oficina, sino que hay que vigilar que esas sentencias se cumplan.
Anuncia acciones
Por tales motivos, alega que, desde la defensa de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, se tomaron medidas preventivas. Sobre todo, luego de que se presentara el proyecto legislativo que busca dar espacio a una «Ley de Amnistía«, y que, según ella, es ponerse del lado de los criminales más no de las víctimas.
«En ese marco es que nosotros hemos venido pidiendo en supervisión de cumplimiento de sentencia varios pedidos a la Corte. El último que hemos hecho nosotros, en esa supervisión, es precisamente medidas provisionales ante la inminencia de una ley que lo que haría es enterrar todos los casos de violaciones a los derechos humanos respecto a los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
Además, aseguró que, pese a que todavía no se aprobó el proyecto de ley que prescribe los delitos de Lesa Humanidad hasta antes el 2002, ya existe una presión de parte de algunos parlamentarios en juicios como el de Pativilca. En ese mismo proceso, señaló que el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, ya confirmó que recurrirán al proyecto de ley de ser aprobado.
De esta manera, la abogada de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Gloria Cano, se refirió a las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén sobre el mensaje de seguimiento al caso enviado por la Corte-IDH.
Este último viernes, 19 de abril, las víctimas de los familiares de los casos La Cantuta y Barrios Altos emitieron un pronunciamiento que rechaza la defensa que ha mantenido el Estado peruano respecto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Sostuvieron que esta medida dispuesta por el Tribunal Constituciones ha generado «graves repercusiones en el acceso de justicia» para los afectados.
En ese sentido, los perjudicados señalan que por varios años han luchado por conocer la verdad y hacer justicia para sus deudos, además de recalcar que Alberto Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión efectiva por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su estancia en Palacio de Gobierno.
«La liberación de Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023 ha tenido graves repercusiones en el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, especialmente de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes han luchado durante décadas por la verdad, justicia y reparación. Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su presidencia», se lee en el documento.
Indulto de Alberto Fujimori tiene irregularidades, sostienen los familiares de las víctimas
Asimismo, en el documento, los familiares enfatizaron que el indulto concedido a Fujimori Fujimori, en diciembre de 2017 durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, carece de fundamentos y tendría irregularidades debido a que la Corte Suprema, en 2019, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y manifestó que el exjefe de Estado podía ser atendido dentro del penal Barbadillo si es que presentara algunas dolencias médicas.
«En el 2019, la Corte Suprema encontró irregularidades en el trámite del indulto, aplicó los estándares desarrollados por la Corte Interamericana y confirmó que los padecimientos de Alberto Fujimori podían ser adecuadamente atendidos desde un centro penitenciario», se expresa en el escrito.
Sin embargo, a pesar de estas observaciones, el Tribunal Constitucional decidió resolver a favor el habeas corpus presentado por la defensa legal del exmandatario Alberto Fujimori, el cual solicitaba su liberación. Este suceso fue criticado por distintas organizaciones y grupos sociales, quienes venían apoyando a los familiares de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano abstenerse de concretar la resolución emitida por el TC, que ordenaba la liberación inmediata del exgobernante, puesto que el indulto otorgado hace unos años carece de «convencionalidad» y que Fujimori Fujimori aún no había culminado su condena.
«A pesar de una orden urgente de la Corte Interamericana para abstenerse de liberarlo, Fujimori fue liberado antes de cumplir su condena y sin pagar reparaciones civiles a las víctimas. Al respecto, recordamos que Fujimori estuvo cumpliendo su condena en un penal exclusivo, donde tenía todo tipo de servicios que no significaban poner en riesgo su vida o su salud», se describe.
Estado peruano habría cometido «desacato» en caso de Alberto Fujimori
De acuerdo con el documento emitido por los familiares de las víctimas, el Estado peruano tendría reincidencias en no acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, el organismo internacional calificó de «grave» el «desacato» que han cometido las actuales y principales autoridades al desobedecer una medida supranacional.
«No es la primera vez que el Estado de Perú omite considerar la afectación a los derechos de las víctimas frente a los beneficios al condenado Fujimori, como el otorgamiento del indulto. Esto, en última oportunidad, le ha valido para que la Corte Interamericana declare el grave desacato del Perú a cumplir con sus obligaciones internacionales por haber ejecutado la sentencia que restituye los efectos del indulto a Alberto Fujimori», sostienen.
Asimismo, los familiares y organizaciones sociales, quienes suscribieron el documento, indican que el Estado peruano tiene el deber de garantizar los derechos de los perjudicados en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Exigieron que se debe cumplir las disposiciones de la CIDH en el tiempo que se ha establecido.
«Los familiares y organizaciones representantes, llamamos la atención del Estado sobre su obligación de garantizar los derechos de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por lo que debe cumplir con todo lo ordenado por la Corte Interamericana en sus sentencias, dentro de sus plazos respectivos, sin olvidar quienes son las víctimas en estas graves violaciones a los derechos humanos», recalcaron.
Agentes de la División de Investi gación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) intervinieron a un catedrático de una prestigiosa universidad por presuntamente dirigir una organización criminal de trata de personas.
Se trata de Manuel María Rilo Podesta (52), quien según la policía, captaba a ecuatorianas, colombianas y venezolanas para prostituirlas en el Cercado de Lima.
Luego las mantenía cautivas en una casa antigua de la cuadra 16 del jirón Puno, en Barrios Altos, donde increíblemente los tatuaba con su nombre.
“Este sujeto estudió filosofía en la universidad la Católica, tiene una capacidad económica e hizo una red criminal con otros ciudadanos provenientes de Colombia y Venezuela. Tatuaba a las mujeres con su rostro, con sus iniciales y su nombre como si fueran su ganado”, indicó el coronel PNP Franco Raúl Moreno Panta, jefe de la Diviac, al programa Domingo al Día.
Para la Policía, el docente Manuel Rilo Podesta era el encargado de captar, trasladar y explotar sexualmente a las extranjeras.
Pero él no cayó solo. La policía también capturó a dos mujeres de nacionalidad venezolana. Una de ellas sería la pareja del catedrático.
Era la lugarteniente que se encargaba de coordinar y controlar a las chicas. Mientras que la otra llanera seleccionaba a las mujeres y les ofrecía al presunto cabecilla de la organización.
Estas intervenciones de la Diviac y la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas se realizaron en simultáneo en el Cercado de Lima, Santa Anita y Comas.
ENFOQUE REAL 