«Conga fue un proyecto minero. En este momento está fuera del pipeline de proyectos del futuro», declaró el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, al ser consultado por RPP en el marco de la Convención Minera PERUMIN 37.

Con ello, se cierra —al menos temporalmente— la puerta a un megaproyecto que marcó la historia reciente de la minería peruana y que lleva más de una década paralizado por la fuerte oposición social en Cajamarca. Pero, ¿qué fue exactamente el proyecto Conga, por qué generó tanta resistencia y qué hechos marcaron su paralización?

La promesa de un proyecto millonario en Cajamarca

Conga fue concebido como una extensión de la mina Yanacocha, operada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, con participación de la Corporación Financiera Internacional.

Ubicado en la región Cajamarca, a más de 3.700 metros de altura, buscaba extraer oro y cobre con una inversión cercana a los $ 4.800 millones. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2010, durante el gobierno de Alan García, y se proyectaba que generaría importantes ingresos tributarios y canon para la región.

De acuerdo al EIA y presentaciones del proyecto, la empresa estimaba que Conga generaría alrededor de $ 800 millones en tributos al Estado en los primeros cinco años de operación y que Cajamarca recibiría aproximadamente $ 250 millones en canon minero en ese mismo período.

Sin embargo, en campaña presidencial, Ollanta Humala (2011–2016) defendió la prioridad del agua sobre el oro, lo que generó expectativas en la población de Cajamarca. Sin embargo, ya en el poder, el mandatario respaldó el proyecto, lo que fue visto como una traición a sus promesas electorales. Ese giro encendió las tensiones y detonó el inicio de una fuerte conflictividad social, ¿Por qué?

El estallido de las protestas contra proyecto minero Conga

Las comunidades campesinas y organizaciones sociales se oponían al desarollo del proyecto, pues denunciaron que Conga afectaría las lagunas y cabeceras de cuenca que abastecen de agua a Cajamarca. Según el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, este impactaría directamente no solo las lagunas, sino también 682 manantiales, 102 fuentes de agua para consumo humano y 18 canales de riego. 

La situación escaló a un conflicto social activo debido a una combinación de factores políticos y de procedimiento. La aprobación del EIA se realizó en un tiempo récord de 10 meses y sin incluir un estudio hidrogeológico completo, lo que generó suspicacias.

Ya convertido en presidente, Ollanta Humala, consideró que el proyecto era «importante» para el Perú, pero aclaró que, como Gobierno, se protegerá a las comunidades, sus recursos naturales, pero también sus actividades productivas.

Sin embargo, esta promesa no bastó. En noviembre de 2011 comenzaron huelgas regionales, marchas y bloqueos bajo la consigna “¡Conga no va!”. La respuesta del Gobierno fue represiva, lo que intensificó el conflicto. Tras el fracaso de las mesas de negociación, el gobierno optó por la militarización de Cajamarca y la declaración del Estado de Emergencia en las provincias más afectadas: Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. 

El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico en julio de 2012, cuando cinco manifestantes murieron durante las protestas en Celendín y Bambamarca. Decenas más resultaron heridos en choques con la Policía y más de 300 defensores ambientales fueron procesados.

En este contexto, figuras como la de Máxima Acuña cobraron relevancia, campesina de Sorochuco, Cajamarca. Ella adquirió un terreno en 1994, pero la empresa Yanacocha sostenía que la propiedad formaba parte de sus concesiones. Este desacuerdo derivó en procesos judiciales por usurpación agravada, de los que Acuña fue absuelta en 2014. En 2016, recibió el Premio Goldman, un reconocimiento internacional a defensores ambientales, lo que generó polémica en el país debido a la controversia no resuelta sobre la titularidad de los terrenos. 

Estos hechos dejaron una profunda huella en Cajamarca y convirtieron el caso Conga en un símbolo de la resistencia frente a proyectos extractivos percibidos como una amenaza para el agua y la agricultura.

Pese a intentos del gobierno de encargar peritajes y de la empresa por reforzar medidas ambientales —como la construcción de reservorios de agua—, la oposición nunca cedió. En noviembre de 2012, la empresa anunció la suspensión del proyecto hasta que existieran “condiciones sociales favorables”.

Desde entonces, Conga permanece detenido y hoy es recordado como uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del Perú. 

La minería ilegal aumentó en los últimos años en la región Cajamarca. En tres de sus trece provincias hay más mineros ilegales: La Encañada (Cajamarca), Cachachi (Cajabamba) y Sorochuco (Celendín). “Existe complicidad de las autoridades. El material que se usa es transportado por la frontera de las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos con las de Sánchez Carrión y Bolívar, en La Libertad. Llega a sus operaciones con total impunidad”, dice Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (Renama) del Gobierno Regional de Cajamarca.

Según el funcionario, los pobladores locales “les alquilan las tierras para sacar mineral, mientras que, cuando pasan por los puestos policiales, no les dicen nada”.

De acuerdo con un análisis de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 694 solicitudes de inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) depuradas pertenecen a empresas o personas de Cajamarca; 200, a La Libertad; y 198, a Lima. Además, hay tres que corresponden a ciudadanos de Ecuador. A esta cantidad habría que sumar a los mineros ilegales de Pataz que llegan a Cajamarca, desplazados por los operativos policiales y militares.

Los socavones de la minería ilegal se multiplican en Celendín, Cajamarca

Estamos indignados por la falta de acción de las autoridades

Sánchez Ibáñez dijo que, de acuerdo con testimonios y denuncias públicas, a pesar de la depuración estas personas o empresas continúan operando, sobre todo aquellos mineros que llegan de Pataz huyendo de las intervenciones policiales y militares. Estos mineros ilegales —explicó Sánchez Ibáñez— financian actividades en la zona, como festividades, campeonatos deportivos y hasta pequeñas obras, y así se ganan la aceptación de los lugareños.

Para Fernando Chuquilín, dirigente de las Rondas Urbanas de Cajamarca, es preocupante ver extorsiones en lugares donde nunca se habían visto. “Estamos indignados por la falta de acción de las autoridades”, recordó.

Cajabamba, dijo Chuquilín, vivió una ola de extorsiones vinculadas a la minería ilegal que incluso provocaron muertes. Pero gracias al trabajo conjunto de rondas campesinas y la Policía se controló la situación, aunque en Jaén y San Ignacio el problema persiste.

En esas zonas, las rondas urbanas y campesinas se han preparado con armas de fuego y herramientas de defensa tradicionales para enfrentar a los extorsionadores y a la delincuencia en Cajamarca. “El pueblo se levanta. Nuestra consigna es clara: ¡Chapa tu extorsionador y quémalo! Este mensaje se comparte en las trece provincias cajamarquinas y en otras regiones del país”, anotó.

Larga lista de muertos

En las labores mineras ilegales mueren personas. Es difícil determinar la cantidad exacta, porque, a veces, o no se reportan a las autoridades o se negocia el silencio entre los mineros ilegales y los familiares de las víctimas.

Pero ronderos, líderes comunales y periodistas hablan de más de cien fallecidos en los últimos años. Solo en Cajabamba habría habido cincuenta víctimas y en Sorochuco (Celendín), tres. Sin embargo, los comuneros aseguran que hubo más muertes de las que se registran, a las que habría que sumar las ocurridas en Cajamarca, Hualgayoc y San Ignacio.

En abril pasado, dos jóvenes murieron dentro de una bocamina informal en el sector La Chupalla, caserío San José, del centro poblado de Araqueda, en la provincia de Cajabamba. Yoni Alcides Barros Cruz (23) y Geremías Alayo Rumay (21) habrían muerto por inhalar gases tóxicos a más de 400 metros de profundidad. Fueron hallados por policías de Chuquibamba. Al respecto, las autoridades buscaban determinar en qué condiciones operaba esa mina ilegal, así como las responsabilidades. Pero hasta el momento no se sabe si elaboraron un informe.

Tres meses después, en julio, murió Clodomiro Salazar Alcántara cuando trabajaba en un socavón ilegal en la zona de Tandayoc, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín. La mina era de propiedad de María Zelada y Orlando Lozano. Ese mismo mes también murieron José Geiner Herrera Vicente (27) y Percy Rojas Suplihuiche (42) en un aparente accidente laboral en un campamento minero ilegal, ubicado a orillas del río Chinchipe, en el sector Las Juntas del caserío Leoncio Prado, provincia de San Ignacio. Las autoridades de ambas provincias investigan las causas de la muerte y las condiciones en que realizaban actividades.

La minería ilegal depreda el medio ambiente sin ningún control

Sobre el caso de San Ignacio, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Gilmer Robinson Jara Vergara, informó que abrieron una investigación al fiscal José Félix Tejada Ramos por presunta inconducta funcional. Se sospecha una posible inacción frente a delitos ambientales y muertes en campamentos de minería ilegal en esa provincia.

Millones de soles en juego

Desde hace algunos días, más de 250 policías realizan operativos de interdicción en Cajabamba, Celendín y Cajamarca. Se destruyeron socavones, campamentos artesanales y maquinaria, y se incautaron insumos, bienes y enseres usados por los promotores de esta actividad ilícita, valorizados en más de 300 millones de soles.

En el centro poblado de Algamarca, distrito de Cachachi (Cajabamba), se paralizaron actividades de minería ilegal valorizadas en más de 92 millones de soles. La Policía intervino 26 socavones y 24 campamentos mineros e inmovilizó 350 500 kilos de mineral extraído, nueve generadores eléctricos, ocho tanques pulmón, una moto lineal, ocho motores diésel, siete motobombas, tres compresoras de aire, indumentaria minera (botas, cascos, etc.), herramientas (picos, combas, barretas, palas, taladros, rotomartillos, entre otros), insumos químicos (nitrato de amonio) y material explosivo (mecha de seguridad, detonadores y emulnor).

En un megaoperativo en el anexo de Sartenes, distrito de Sorochuco (Celendín), se capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Apasionados de la Minería”: Gilberto Vásquez Rodríguez (45) y Nélida Atalaya Quiliche (48), detenidos por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. En su poder encontraron 37 000 soles en efectivo, así como una camioneta 4×4 que habría sido utilizada para el transporte de dinero y materiales ilegales. En el campamento minero ilegal hallaron diez cartuchos de dinamita marca Famesa, treinta detonantes de mecha, una guía explosiva de cinco metros de largo y una funda para arma de fuego.

En el caso de Cajamarca, la interdicción se realizó en el distrito de La Encañada. Allí destruyeron 25 socavones y una maquinaria pesada, e incautaron 5 000 toneladas de oro y otros minerales, explosivos e insumos valorizados en cerca de 120 millones de soles. Los operativos continuarán.

Alrededor de la 1:00 a.m. de hoy, un tramo de la vía Cajamarca – Ciudad de Dios a la altura del puenee Chotén (distrito de San Juan), colapsó por completo, dejando a cientos de conductores varados. Tras lo ocurrido, las autoridades vienen evaluando la magnitud del daño y coordinan acciones para restablecer el tránsito.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca ha informado que, debido a las intensas lluvias registradas en San Juan, específicamente en el kilómetro 149 ST17 (Choten), la transitabilidad en la vía Cajamarca – Ciudad de Dios ha quedado completamente interrumpida en ambos carriles.

En consecuencia decenas de buses interprovinciales y diferentes vehículos quedaron varados, obligando a los pasajeros a continuar su recorrido a pie para llegar a su destino.

Dos unidades, un camión y una camioenta fueron arrastrados y quedaron atrapados debido al derrumbe. De manera preliminar, las personas a bordo habrían resultado con heridas leves logrando salir por sus propios medios mientras llegan la Policía y personal de salud. 

Aproximadamente 100 metros de pista sería la afectada en el km 149, sector Choten, vía une Cajamarca con la costa peruana. Se presume que no habrá pase por varios días por esta ruta. 

En tanto, la concesionaria Convial Sierra Norte se encuentra en la zona para realizar la intervención correspondiente. Se ruega a la población tomar las precauciones correspondientes y acatar lo dispuesto por el personal que se encuentra laborando en la vía.

La dirección regional de transportes de Cajamarca ha comunicado que los transportistas tomen la vía alterna Kuntur Wasi, por lo se que se recomienda conducir con precaución y a la defensiva por ser una vía más sinuosa.

La mañana de este lunes 13 de enero, en la provincia de Trujillo, unos delincuentes atacaron la camioneta del alcalde del distrito de la provincia de Contumazá, Santos Guarnizo Suárez. Según informes preliminares, la autoridad viajaba en su vehículo junto a su esposa, quien falleció tras recibir disparos de los asaltantes.

Chelita Arceny Tufinio Sáenz, esposa del alcalde distrital de Cajamarca, falleció tras recibir impactos de bala críticos que, debido a la gravedad de sus heridas, impidieron que el equipo médico llegara a tiempo para auxiliarla.

Además, a través de nuevos reportes locales, se supo que en el vehículo donde viajaban el alcalde y su esposa también se encontraba un chofer encargado de transportarlos, quien resultó herido tras recibir impactos de bala. Su estado es crítico, al igual que el de Santos Guarnizo.

Según versiones preliminares, el alcalde habría sido objeto de amenazas y extorsiones en las semanas previas, lo que podría haber derivado en este acto criminal.