Caso Pativilca: condenan a 18 años de prisión a Santiago Martin Rivas, jefe del Grupo Colina

El Poder Judicial condenó a Santiago Martín Rivas a 18 años de prisión como autor de los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada por la causa acumulada Cantuta- Pativilca. Desde las 4 de la tarde de este viernes 29 de noviembre, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria a cargo de los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Marquez y Helbert Llerena Lezama, leyó los argumentos de la sentencia contra el jefe del Grupo Colina durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Las familias de las víctimas llevaban 32 años a la espera de justicia por las violaciones a los derechos humanos de sus seres queridos. Las víctimas fueron: John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (27) y César Rodríguez Esquivel (29). Estas personas asesinadas fueron acusadas falsamente de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Luego de haberse encontrado los cuerpos de los fallecidos, a pedido de la Fiscalía se realizaron exhumaciones y peritajes para hallar nuevas pruebas de sus desapariciones y, posteriormente, sus muertes, debido a que no se aplicó ningún análisis sobre la balística, tampoco sobre las lesiones infligidas, ya que no se aplicaron los protocolos adecuados en esos momentos. Los exámenes fueron realizados por el Equipo Forense Especializado (EFE) y se adjuntaron al proceso judicial que dictaminó la sentencia contra los implicados.

Como resultado, se encontraron pruebas adicionales que indicaban signos de tortura en algunos de los cuerpos así como la presencia de proyectiles de pistolas, lo que refuerza la teoría que las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas por el Grupo Colina, creado en la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.

El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Christian Huaylinos, afirmó que, en el caso Pativilca, Alberto Fujimori logró evitar una condena debido a su fallecimiento el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, la justicia ha demostrado que él encabezó un aparato organizado de poder responsable de la creación del destacamento Colina, el cual aprobó acciones de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos están relacionados con los casos de La Cantuta y Pativilca, que se encuentran acumulados en este juicio.

Ministerio Público entrega restos óseos de seis víctimas del caso ‘Pativilca’

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huaura, con apoyo de la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, realizó el acto de entrega y restitución digna de los restos óseos y elementos asociados de seis víctimas del caso ‘Pativilca’.

Estos restos corresponden a los ciudadanos Felandro Castillo Manrique, César Olimpo Rodríguez Esquivel, Nieves Ernesto Arias Velásquez, Pedro Damián Agüero Rivera, Toribio Joaquín Ortiz Aponte y Jhon Gilber Calderón Ríos; quienes —la madrugada del 29 de enero de 1992— fueron sacados violentamente de sus domicilios, ubicados en las zonas de Pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca; por miembros del ‘Destacamento Colina’ que los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en un cañaveral.

Cabe indicar que la restitución digna de los restos de estos ciudadanos a sus familiares es la culminación de las labores forenses realizadas en atención a lo ordenado por la Cuarta Sala Penal Especializada que acogió el pedido formulado por la Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, durante las audiencias del juicio oral del Caso ‘Pativilca y otro’.

Esta orden judicial fue concretada por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Huaura que, en su momento, abrió la investigación fiscal de índole humanitaria para exhumar y obtener los protocolos de necropsia de los agraviados, diligencias que fueron realizadas en un trabajo conjunto y comprometido con el Equipo Forense Especializado (EFE).

Fiscalía entrega restos óseos de víctimas de Pativilca. (Ministerio Público)

El acto de entrega digna —que tiene como objetivo dar cabal cumplimiento a la atención a las víctimas de casos de graves violaciones de derechos humanos— contó con la participación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huaura, Magda Atto Mendives; la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, Raquel Cárdenas Manrique; el encargado de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Huaura, fiscal adjunto Roberto Alor Diburcio; la jefa de la Unidad Médico Legal II de Huaura, Diana Vera Parvina; personal de la UDAVIT y familiares de las víctimas.

Al término del acto de restitución, los ataúdes fueron conducidos por sus familiares y autoridades presentes al cementerio de Pampa San José donde recibieron una digna sepultura.

Caso Pativilca: exintegrantes del Grupo Colina piden que se les aplique ley de impunidad

La ‘Ley de Impunidad’ empieza a ser usada por investigados por el presunto delito de lesa humanidad cometidos en el periodo de violencia en el Perú. Este lunes 12 de agosto se desarrolla una audiencia del caso Pativilca y los exmiembros del Destacamento Colina Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre presentaron un escrito de excepción de prescripción en mérito a la Ley N.°32107 que, hace solo unos días, logró su aprobación en el Congreso.

Durante la audiencia, precedida por la jueza Miluska Cano de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, también se conoció que el exjefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército en los años 90, y Jefe Político Militar del Frente Mantaro Luis Augusto Pérez Documet presentaría un escrito en el mismo sentido.

Siguiendo el desarrollo de la audiencia, en una próxima fecha se escuchará el sustento de la defensa legal de los procesados. Posteriormente, expondrán su defensa los representantes de las víctimas y, finalmente hará lo mismo la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, esta no es la única vez en la que los acusados intentan beneficiarse. En enero de este 2024, Julio Chuqui Aguirre , quien es investigado por los crímenes de La Cantuta, Barrios Altos y El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri Bustamante, solicitó la prescripción de la deuda pendiente que tiene por concepto de reparación civil, por la sentencia dictada en su contra.

Al respecto, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), argumentó que Julio Chuqui Aguirre fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, razón por la cual no podría plantear este pedido bajo la interpretación errónea de un artículo del Código Civil.

“Él (Julio Chuqui) ha sido sentenciado por graves violaciones a los derechos humanos. No puede asumir que ya prescribió la reparación con una interpretación del Código Civil, porque en este caso la norma sustancial que aplica es el Código Penal”, explicó.

En tanto, Carlos Pichilingue Guevara, quien purga una pena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, ha presentado más de cinco recursos de habeas corpus en los que solicita cumplir su condena bajo detención domiciliaria.

Alberto Fujimori: juicio por caso Pativilca se quebraría por cierre de la Sala de Derechos Humanos

El proceso contra Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de seis campesinos de Pativilca, se quebraría debido al cierre de la 4ta Sala Penal Superior Liquidadora que ve casos de derechos humanos, ordenada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Javier Arévalo, para fines de julio.

El abogado de Aprodeh, Christian Huaylinos, que lleva el caso Pativilca, advirtió que con el cierre de dicho tribunal el juicio oral que empezó en diciembre del año pasado, tendría que reiniciarse. Explicó que por norma si se cambian dos jueces de un colegiado se quiebra el proceso, lo que ocurriría en este juicio porque lo verían tres nuevos magistrados.

«En este caso se cambiarían tres jueces porque es el cierre de toda la Sala, y señalan que los casos van a ser redistribuidos a otro colegiado, a otros jueces, y eso implica el quiebre del proceso porque es imposible que para julio se tenga una sentencia en este caso», explicó.

Precisó que en este momento la Sala, presidida por la jueza Miluska Cano, están tomándose las declaraciones de los integrantes del Destacamento militar Colina, pero faltan otras etapas, por lo que es imposible que en un mes se tenga un fallo.

Recordó que Vladimiro Montesinos y algunos miembros del grupo Colina se acogieron a la terminación anticipada.

Advirtió que el juicio volvería a fojas cero, con lo que se anularía todas las decisiones tomada por la Sala anterior, entre ellas la resolución del 2018 señalando que el juicio debía continuar porque el indulto que le otorgaron no aplicaba el derecho de gracia.

Sostuvo que la defensa de Fujimori volvería a pedir que lo separen del proceso por el indulto, lo que será evaluado por una nueva Sala, que no ha visto casos de derechos humanos.

«Si el nuevo colegiado decide aceptar el pedido se separaría a Fujimori del proceso y eso seria un daño irreparable», advirtió.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como un grave retroceso, pues muchos casos se quebrarían o se tendría que apurar su culminación.

«Es una resolución tomada por unanimidad y nos ha dejado sin una Sala que vea casos de derechos humanos. Es un colegiado que tenía 15 años viendo estos temas. Prácticamente es el cierre del subsistema de derechos humanos, porque la resolución dice que a partir del 1 de agosto los expedientes que tenía esta Sala pasarán aleatoriamente a los demás colegiados, es decir, que irán a tribunales que ven delitos comunes», alertó.

Sostuvo que uno de los afectados es el juicio a efectivos de la Marina por la desaparición forzada del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, a quien representa, y otros pobladores de Huanta, así como los crímenes contra evangélicos en la comunidad de Callqui y las fosas con 50 cadáveres halladas en Pucayacu. Son hechos cometidos en 1984 en Huanta, Ayacucho.

Actualmente hay audiencias dos veces por semana, lo que se o tendrá que ampliar. Aún así, es demasiado apresurado dada la etapa en que está el caso.

«Está bien que se avance, que se incrementen las audiencias por semana, pero se afectará a los otros casos. Si hay tres o cuatro audiencias por semana por varias horas, le quitará horas a los otros, como el caso Luccmahuaycco», refirió.

En este momento en el proceso por las violaciones a derechos humano en Huanta se está terminando el debate de piezas procesales de los abogados de las víctimas, luego viene las piezas procesadas de la defensa de los acusados y del tercero civil responsable. También falta la requisitoria fiscal, los alegatos de todos los abogados y la defensa de los propios acusados. Cinco días después fijan fecha para dictar sentencia.

Esos son solo dos de los numerosos casos sobre violaciones a derechos humanos que siguen esperando justicia y que se verán afectados con la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de desactivar la sala que ve casos de derechos humanos.

PJ evalúa este martes 30 si impone detención domiciliaria contra Alberto Fujimori por caso Pativilca

El Poder Judicial evaluará este martes, 30 de enero, el pedido fiscal para que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afronte en arresto domiciliario el proceso judicial que se le sigue por el denominado caso Pativilca.

La audiencia, inicialmente proyectada para el lunes 29, fue reprogramada por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador, en atención un requerimiento de Elio Riera, abogado del exmandatario.

El letrado alegaba que en la fecha inicial tenía otra audiencia ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora por el referido caso; en que el exmandatario es acusado del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en un contexto de lesa humanidad, en agravio de Jhon Calderón y otros.

Así, el PJ estableció que desde las 09:00 a.m. del martes 30 evaluará la solicitud de la Fiscalía para variar el mandato de comparecencia con restricciones por la medida de detención domiciliaria por 18 meses contra el imputado Alberto Fujimori.

Los cuestionamientos de la defensa legal de Fujimori

En su cuenta de X (antes Twitter), Riera cuestionó que el Ministerio Público, a través del fiscal Luis Valdivia, requiera la detención domiciliaria de su patrocinado. A su juicio, el requerimiento fiscal “carece de fundamento”.

“Me genera mucha preocupación el hecho que el Poder Judicial programe la audiencia para el 29.01.24 a las 09:00 a.m., justo el mismo día y a la misma hora que nos defendemos del caso Pativilca. Y luego de comunicado este error reprograme la diligencia para el día siguiente”, criticó.

“Me pregunto, ¿por qué ser tan célere en este caso? No tenemos inconveniente en debatir, pero considero prudente respetar el principio de igualdad de armas”, agregó.

En declaraciones a RPP Noticias, Riera planteó extender el derecho de gracia para que su patrocinado no sea juzgado por las torturas y los asesinatos del caso Pativilca y que únicamente participe en calidad de testigo.

«Lo que yo propongo es que, en aplicación a lo que indica el Tribunal Constitucional, el señor expresidente no debería ser juzgado. Pero sí puede ser incluido como testigo. El derecho a la verdad puede servir en la medida en que se respeten los derechos incluidos en la Constitución. Definitivamente el señor expresidente debe participar en calidad de testigo para que pueda encontrarse la verdad», apuntó.