Alcalde de Chancay sería candidato al Gobierno Regional de Lima por el APRA, a pesar de estar sentenciado  

Durante una reciente visita a Chancay, Carla García, hija del expresidente Alan García, presentó a Juan Álvarez Andrade como la opción aprista para Lima provincias. El anuncio generó reacciones inmediatas entre sectores de la población, que recuerdan que el burgomaestre fue condenado en 2023 a cinco años de prisión suspendida por disposición irregular de bienes públicos.

Según consta en la sentencia del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, presidido por el juez Víctor David Minchán Vigo, Álvarez Andrade fue hallado culpable de entregar de forma ilegal la administración de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay a particulares. El fallo considera que dicha cesión favoreció a terceros de manera indebida, configurando el delito de peculado, conforme al artículo 387 del Código Penal.

Aunque la condena es suspendida, conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que podría impedir legalmente que Álvarez Andrade continúe en carrera electoral. No obstante, el precandidato ha insistido en que todo forma parte de una “campaña política” en su contra, versión desestimada por el tribunal, que señaló su responsabilidad penal directa sin dejar lugar a dudas.

En su defensa, el alcalde afirmó que no entregó la administración formalmente, sino que solo “encargó” el cuidado de las instalaciones. Sin embargo, el juzgado fue claro: cualquier acto de disposición de bienes públicos sin el respaldo legal correspondiente constituye peculado, sin importar la forma en que se pretenda justificar.

La presencia de un sentenciado por corrupción como precandidato regional reabre el debate sobre los filtros éticos y legales en los partidos políticos, así como el respeto a la ley en tiempos electorales.

Ni Paita ni Chancay: Matarani, el puerto que se consolida como hub al sur de Perú

La infraestructura portuaria que moviliza casi la mitad de las exportaciones mineras peruanas, inicia una etapa de transformación con inversiones millonarias y nuevos proyectos, desafiando a los gigantes tradicionales y ampliando la ruta comercial entre Sudamérica y Asia.

El sur del Perú enfrenta un giro estratégico en materia portuaria: el terminal de Matarani recibió recientemente la autorización para una inversión histórica de casi 700 millones de dólares y la extensión de su concesión por 30 años a manos de Terminal Internacional del Sur (Tisur).

De este modo, este puerto -que ya mueve hasta la mitad de las exportaciones de cobre peruanas- busca convertirse en el eje logístico central para el comercio exterior de la macrorregión sur, marcando distancia con los históricos puertos de Paita y la nueva infraestructura de Chancay.

Esta transformación, destacada por fuentes consultadas por BioBioChile, pone bajo el foco sudamericano a una localidad clave para Chile y la región andina.

La consolidación de Matarani llega tras la aprobación de la Adenda N° 5 al contrato de concesión, suscrita por el Gobierno de Perú y publicada en el Diario Oficial El Peruano, que incorporará obras de modernización y ampliación con una cifra récord de 700 millones de dólares, por encima de los 120 millones ya comprometidos.

El acuerdo fue firmado por la ahora vacada presidenta Dina Boluarte y estipula una ampliación del plazo de concesión por tres décadas, según la información oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Minería y agroexportación

El puerto, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, apunta a atender tanto los flujos actuales como el crecimiento proyectado de la minería peruana, la agroexportación y la industria manufacturera, en especial considerando su actual tasa de ocupación.

El plan de inversiones contempla ocho etapas sucesivas, diseñadas para garantizar la continuidad de los servicios portuarios, minimizar cuellos de botella y posicionar a Matarani como entrada y salida estratégica del comercio sudamericano.

De acuerdo con el MTC, el nuevo texto de la adenda incluye mejoras obligatorias y eventuales que irán ejecutándose a lo largo de los próximos años.

El documento especifica la construcción de un nuevo amarradero multipropósito, la instalación de grúas eléctricas, la renovación y ampliación del muelle actual, un almacén de minerales con capacidad para 40.000 toneladas métricas y espacios especializados para la gestión de contenedores.

Según el expediente técnico citado por Infobae Perú, el 65% de las inversiones se realizará en los próximos tres a cuatro años, como respuesta a la creciente demanda derivada de proyectos mineros como Majes Siguas II, Corani, Los Calatos, Cotabambas y Haquira.

Economía regional

El impacto se refleja también en el empleo y la economía regional: las obras generarán aproximadamente 1.800 empleos directos durante la fase constructiva y aportarán a las arcas estatales unos 356 millones de dólares, al tiempo que se estima un efecto multiplicador de hasta 11.000 millones en inversiones derivadas.

Además, la estructura del contrato mantiene una retribución del 5 % sobre los ingresos brutos para el Estado peruano, así como una retribución especial del 9,85 % por la operación del denominado “Proyecto Bahía Islay” y una adicional del 1% cuyo disparador es superar cierto umbral de ingresos.

La historia de Matarani como enclave logístico estratégico data de 1999, cuando fue adjudicado en concesión a TISUR, filial vinculada al Grupo Tramarsa –propiedad de Grupo Romero y del fondo Global Infrastructure Partners-BlackRock.

A lo largo de 25 años, el concesionario ha invertido más de 290 millones de dólares, lo que llevó a la multiplicación por seis de la capacidad operativa de la terminal.

En la actualidad, el puerto moviliza entre el 40 % y el 50 % del volumen total de cobre que exporta el Perú y presta servicios a sitios de alto valor como Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay.

El gerente general de TISUR, Mauricio Núñez del Prado, subrayó el carácter estructural de estas inversiones: “La ampliación de Matarani, además, resulta fundamental para la realización de grandes proyectos mineros del sur”.

Según Núñez del Prado, “en conjunto, estos proyectos representan alrededor de 11.000 millones de dólares en inversiones”, cita recogida por Gestión. Añadió que la terminal también atiende a Constancia y Mina Justa, sumando una plataforma de exportación vital para empresas chilenas y bolivianas que requieren salida al Pacífico.

¿Riesgo de saturación?

La atención recae sobre el riesgo de saturación del puerto en el corto plazo: “La aprobación de la adenda llega en un momento clave, puesto que, a la fecha, el terminal enfrenta una muy alta tasa de ocupación.

Dado el crecimiento previsto en la carga, Matarani podría convertirse en un cuello de botella para la producción del sur del país. Por ello, es indispensable ampliar su capacidad cuanto antes”, sostuvo Núñez del Prado. La necesidad de responder a la demanda minera es central para las operaciones actuales y para la proyección a mediano plazo.

Un aspecto relevante para el público chileno y los socios andinos es la relación de Matarani con las cadenas logísticas internacionales. De acuerdo con RPP Noticias, los puertos de Matarani y Chancay sellaron una alianza estratégica para el cabotaje que facilita la conexión del sur del Perú, Bolivia y Brasil con los mercados asiáticos.

Esta colaboración, impulsada por la visión de largo plazo de Cosco Shipping –operadora del nuevo megapuerto de Chancay-, ha permitido la primera recalada de una nave entre ambos terminales, evento esperado por exportadores de la agroindustria, textiles, cargas refrigeradas y, recientemente, productos brasileños.

“En junio, finalmente se concretó la primera recalada o la primera nave que conecta a Matarani con Chancay. A partir de ahí, dos veces al mes que se da esta operación, con productos relevantes como textiles, agroindustria, refrigerados, biológicos y recientemente carga brasileña ya se están comercializando por este servicio”, detalló Núñez del Prado.

El marco legal reciente, que permite a un puerto regional como Matarani transportar mercancía hacia otro puerto peruano, fue el detonante para concretar el cabotaje. Este cambio se suma al desafío logístico presentado por el puerto del Callao, cuya capacidad limitada para tráfico local agravaba la problemática de los exportadores del sur.

Interés nacional

La proyección de Matarani no solo responde a la minería. La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú aprobó por unanimidad declarar de interés nacional la construcción del Desembarcadero Artesanal Turístico Acuático en la localidad de Matarani.

Según el dictamen legislativo, la infraestructura y el equipamiento planeados buscan potenciar la pesca artesanal, fortalecer la producción con valor agregado y mejorar la integración turística.

“La iniciativa no propone reutilizar instalaciones antiguas, sino impulsar una infraestructura moderna que permita el desarrollo integral de Matarani”, afirma el Congreso en su dictamen.

La decisión de extender la concesión a TISUR no ha estado exenta de controversias y voces críticas. Altavoz recogió el testimonio del exgobernador regional de Arequipa, Eduardo Vera Ballón, que calificó la decisión como un “atraco a la región” que perpetúa el monopolio privado en un activo estratégico.

Vera Ballón consideró que “TISUR, que debería ser un motor de desarrollo regional, se convierte en una caja fuerte para intereses foráneos, mientras la población arequipeña sigue sin ver beneficios tangibles en empleo, infraestructura o regalías”.

Según el exgobernador, la concesión original, otorgada durante los años del régimen fujimorista, ya había sido señalada por falta de transparencia, situación que a su juicio se agrava con la prórroga y la falta de licitación internacional abierta a más postores.

El exgobernador sostuvo que, en su gestión, impulsó iniciativas para fiscalizar la concesión y alertó que la carga de proyectos y regalías no se refleja en la economía local.

“Arequipa no puede ser rehén de los monopolios. Exigimos una auditoría inmediata al MTC y la revisión de esta concesión para que los beneficios queden en la región, no en bolsillos privados”, exhortó Vera Ballón, en declaraciones recogidas por Altavoz.

Inversiones privadas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su parte, subraya que la iniciativa busca garantizar que las inversiones privadas generen mayores beneficios económicos y sociales, estimulando el desarrollo del comercio exterior y la macroregión sur.

De acuerdo a esa entidad, la reestructuración contractual refuerza el control estatal gracias a la creación de un cuadro de penalidades y planes de conservación de la infraestructura portuaria, elementos que contribuirán a mantener la calidad del servicio y la continuidad de las operaciones.

El operador privado defiende que el puerto de Matarani genera actualmente 700 empleos directos y, desde el inicio de la concesión, ha aportado 60 millones de dólares al Estado peruano.

Sumando los efectos indirectos, el desarrollo de las operaciones mineras en el sur, atendidas por el puerto, se traduce en más de 250.000 empleos, cifra de referencia para analistas del sector logístico y productivo sudamericano.

La capacidad gerencial, la continuidad operativa y el paquete de inversiones previstas para los próximos 30 años, aseguran desde Tisur, permitirán evitar futuros cuellos de botella y ampliar la capacidad de atención a proyectos como Zafranal (2.000 millones de dólares en inversión), Tía María (1.800 millones), Majes-Siguas II, Los Calatos, Haquira, Falchani y otros.

El acuerdo y sus cifras claves han recibido cobertura de medios internacionales que coincidieron en destacar el carácter estructural que tiene para la infraestructura logística del sur peruano y su efecto en la economía regional.

La atención regional recae ahora en la posibilidad de que este corredor logístico se convierta en el principal articulador del flujo productivo hacia Asia y el Pacífico, superando la tradicional centralidad de Callao y abriendo nuevas alternativas para exportadores y operadores logísticos del Cono Sur.

Los políticos y las marchas

Por Dante Pacheco:

No se pierde la costumbre de aquellos politiqueros que en vísperas de elecciones procuran aprovechar todo lo que sea para venderse y tratar de captar votos, incluyendo promover o participar en marchas, que pueden ser muy justas pero que sirve para intereses personalísimos.

En el caso nuestro se está promoviendo a una gran movilización a los pueblos de Chancay y alrededores con la finalidad de recibir atención de parte del Gobierno Central. Es verdad que para el Ejecutivo somos invisibles, es muy cierto que no hay obras, no se tiene presupuesto, que las promesas han quedado solo en eso y que cada vez nos dan las espaldas, sin embargo quienes promueven esta marcha tienen intereses de convertirse en candidatos a las próximas elecciones, la mayoría pensando en postular a cargos en los gobiernos locales y algunos en la región y claro también aquellos pocos que quieren intentar ir al Congreso, se señala en particular que la marcha es por la dignidad de Chancay y lo hacen quienes en algún momento lo dieron todo por el megapuerto y hoy se olvidan de las promesas.

En una movilización anterior el alcalde chancayano manifestó que se han logrado financiamientos importantes, que se han movido millones de soles, que las rentas mejorarán sustancialmente, pero se quejan de que después de todo lo que hicieron por la puesta en marcha de este gran proyecto portuario, no se les quiere atender en sus necesidades. Todos los gobiernos han querido sacar ventaja del megapuerto y la propia Dina Boluarte lo presenta como logro suyo y así lo hicieron otros presidentes, ofreciendo el oro y el moro a los chancayanos, por lo que creemos que la protesta y la marcha es legítima, pero jamás estaremos de acuerdo con aquellos que se sube al carro para sacar provecho propio y encaramarse en la política para meterse en la vida de quienes quieren vivir del Estado.

Los que hoy reclaman no tuvieron reparos en entregar Chancay a beneficio de Cosco Shipping, no les importó los daños en contra de la población y ahora los convocan para que el gobierno los visibilice… reacción algo tardía porque desde mucho antes se debió defender los verdaderos intereses de los chancayanos y a quienes se les pretendió perjudicar con un PDU adecuado a los intereses de los chinos. Al pan, pan y al vino, vino.

Empresa china desiste de proceso de amparo contra la MDCH presentado ante la Sala Constitucional de la CSJL

«Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A, se desistió de su apelación en el proceso de amparo que perdió en primera instancia con la MDCH, ante la tercera sala constitucional de la CSJL»

JOSÉ RAMOS

Como se recordará, la Procuraduría Pública a mi cargo, obtuvo sentencia favorable en primera instancia, en el proceso de amparo interpuesto por Cosco SHIPPING PORTS, sobre la revocatoria del Plan de Desvío de Tránsito Vehicular y Peatonal para el desarrollo del proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Chancay

Increíblemente he sido notificado de la resolución 03 de fecha 15 de septiembre del 2025 que aprueba el desistimiento del recurso de apelación que interpusiera la referida empresa

En consecuencia, el proceso ha concluido a favor de la Municipalidad Distrital de Chancay.

Está sentencia servirá para que la municipalidad, pueda resarcirse de los daños ocasionados por Cosco SHIPPING PORTS, en todas las pistas de la ciudad de Chancay, por los volquetes cargados de piedras de gran tonelaje.

Vacancia en Chancay: la política no puede ser un juego de traiciones

En una sesión extraordinaria cargada de tensión y cuestionamientos, el concejo municipal de Chancay decidió desestimar por mayoría la solicitud de vacancia presentada contra la regidora Giuliana Carrizales Castillo, al no encontrarse causal alguna que sustente la pretensión.

La votación fue clara: siete votos en contra, incluido el del propio alcalde Juan Álvarez Andrade, junto a Ivon Huaranga, Pedro Arana, Elizabeth Galindo, Pablo Ojeda, David Burgos y Jhonny del Río. Solo los regidores Pepe Salazar y Lucía Cruz optaron por insistir en una vacancia que desde el inicio nació viciada.

La historia de este fallido intento político tiene un trasfondo oscuro. La ciudadana Joseline Sánchez Inocente, una humilde vendedora ambulante, fue quien firmó la solicitud. Sin embargo, días después denunció que había sido inducida por su propia prima, Angie Cadillo, trabajadora de la Municipalidad de Chancay.

Detrás de este episodio, muchos señalaron directamente al alcalde Juan Álvarez Andrade, quien tendría aspiraciones de tentar el Congreso. En ese escenario, su renuncia obligaría a dejar la alcaldía a Carrizales, algo que —según las versiones— resultaba incómodo para el propio burgomaestre. La movida apuntaba, en el fondo, a forzar la sucesión hacia otro regidor.

La misma Sánchez, consciente de haber sido utilizada, presentó luego su desistimiento formal amparándose en la Ley N.° 27444. Con ello quedó demostrado que ya no existía vacador ni vacancia.

El abogado Fernando Samanamú, defensor de Carrizales, lo dejó claro durante la sesión:

“¡Están tratando una vacancia sin vacador! Esto convierte al Concejo en juez y parte”.

Además, desbarató el principal argumento del pedido, recordando que la adquisición de un nicho fue tramitada por el hijo de la regidora, y no por Carrizales como representante legal del fallecido.

La votación final terminó siendo un boomerang para el alcalde. Álvarez Andrade, quien se vio obligado a votar en contra de la vacancia, pese a los rumores que lo vinculaban con su gestación. En otras palabras, se curó en salud para no quedar como el artífice de una maniobra que la propia ciudadanía ya observaba con indignación.

LA VOZ DEL PUEBLO FRENTE A LA INTRIGA POLÍTICA

Lo sucedido en Chancay es más que un capítulo anecdótico: es un golpe a la ética y a la moral pública. Se intentó manipular a una mujer humilde para convertirla en ficha de un ajedrez político sucio. Se pretendió vulnerar la democracia municipal para satisfacer ambiciones personales y abrir camino a una sucesión pactada.

La ciudadanía no puede ser cómplice silenciosa de estas prácticas. La vacancia no puede usarse como un arma de intriga ni como un mecanismo de traición política. El pueblo de Chancay debe estar vigilante, denunciar y rechazar a quienes ven el poder como un botín y no como un servicio.

Hoy, la vacancia cayó derrotada. Pero mañana la tentación del juego oscuro puede volver. Que este episodio sirva de advertencia: Chancay merece autoridades con ética, no con intrigas. Y será la ciudadanía la que tenga la última palabra para cerrar el paso a los que traicionan la confianza del pueblo.

El puente de la discordia

Por Dante Pacheco

No concentraremos nuestra atención en hablar de personas en especial, pero es necesario mencionar que el inicio de las obras de instalación del puente modular en Palpa ha generado enfrentamientos y básicamente discordia entre autoridades solo por el hecho de tratar de mostrar quién hizo más o hizo menos en la gestión.

Lo cierto en este concierto de palabras, algunas altisonantes, es que la obra que tiene carácter departamental siempre estuvo en manos del MTC y específicamente de PROVIAS y quien tenía la responsabilidad de hacerle el seguimiento respectivo era el Gobierno Regional de Lima, organismo que lamentablemente dejó a la deriva el proyecto y que en razón de ello quedó virtualmente abandonado o mejor dicho a la espera de la buena voluntad de los organismos competentes.

Es en ese sentido que lo Gobiernos locales, tanto del distrito de Aucallama como de la Municipalidad provincial de Huaral deciden intervenir, presionando a los funcionarios de PROVIAS a fin de que las cosas se aceleren y fue esa presión la que permitió que por fin ese puente modular de cuatro cuerpos empiece a ser una realidad.

A estas alturas todos quieren ser padre de este hijo y otros desean apadrinarlo, sin embargo no se pone énfasis en señalar que el más caro anhelo de huaralinos y palpeños es que se trabaje por un puente definitivo porque el que ahora se instalará tiene carácter temporal respondiendo a las necesidades de una población que teme el colapso del puente rojo que tiene alrededor de ciento cincuenta años de antigüedad y que en su momento fue parte de la vía férrea que instalaron los dueños de la ex hacienda para trasladar sus productos desde Palpa hasta el Puerto de Chancay.

Ahora la lucha será por el puente definitivo y para ello requerimos de unidad monolítica de las autoridades locales, déjenos las rencillas y de seguir sacando cara por quienes no merecen, solo pensemos en el beneficio de los pueblos y no de intereses de individuos que todo lo ven provecho político. Sin egoísmos sólo pensamos en las necesidades más urgentes de nuestros pueblos.