Mientras el discurso oficial habla de lucha contra la corrupción y respeto a la institucionalidad, la realidad política en el Callao y en Lima provincias exponen patrones distintos: En Lima Provincias el consejo regional se convierte en muralla de protección.
En el Callao, los consejeros regionales han optado por cerrar filas y bloquear, en la práctica, el ingreso de Ciro Castillo, gobernador suspendido, pese a que el Poder Judicial levantó medidas que le permitirían presentarse en la sede del GORE. La escena fue clara: seguridad impidiendo el ingreso, consejeros evaluando “procedimientos” y una institucionalidad que piensa en el daño político que generara que Castillo tome control del gobierno.
Pero si en el Callao el cerrojo es frontal, en Lima provincias la estrategia es más sutil: dilatar, alargar y marear.
El Consejo Regional de Lima viene estirando la sesión sobre la suspensión de Rosa Vásquez, gobernadora sentenciada por corrupción por el caso del Centro Cívico de Huarochirí, con condena de nueve años y cinco meses de prisión. En lugar de actuar con celeridad, el consejo parece apostar por el desgaste, el trámite eterno y la ambigüedad política.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué tanta rapidez para bloquear y tanto cálculo para suspender?
¿Por qué el rigor depende del nombre, el color político o las alianzas internas?
Callao y Lima provincias muestran hoy dos caras del mismo problema: consejos regionales que ya no fiscalizan y otros en donde parece tener claras la lucha contra la corrupción. No es institucionalidad, es conveniencia. No es legalidad, es blindaje.
Y mientras tanto, la ciudadanía vuelve a mirar el espectáculo de siempre:
cuando la justicia toca la puerta, el poder regional corre a ponerle doble cerrojo.
El prófugo y suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, reapareció desde un baño en la clandestinidad. Durante una entrevista para Día D, Castillo calificó de «indigno» que se «hayan ensañado» contra él y que lo consideren un delincuente y cabecilla de una banda delincuencial.
«Me suena como una ofensa, me suena como algo hasta surrealista y esto me puede más a una concertación del tipo político. «No les interesa ni mi familia ni nada con tal de seguir manejando el gobierno regional como un botín, el cual se lo están repartiendo ahora como una presa», declaró Castillo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses por el caso Los Socios del Callao, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
Al ser consultado sobre los cargos que se le imputan de haber direccionado más de 60 contratos en el Gore y el Comité de Administración del Fondo Educativo (Cafed) del Callao por casi S/1.5 millones, Castillo aseguró que «no le pueden exigir» tener conocimiento de todas las adjudicaciones, proveedores y montos de dinero dentro de la institución.
Por otro lado, el prófugo reconoció que obtuvo la «voluntad y títulos» de la ciudadanía tras haberse hecho conocido por la búsqueda de su hijo Ciro, quien perdió la vida en el cañón del Colca.
«Gracias a él probablemente incurrí en el terreno político, pero la vida política de Callao es una politiquería que no tiene límite (…) Si es que hay delitos, pues que lo sancionen. Si es que no, que liberen», señaló.
«(…) pero el pueblo chalaco me dio el 70% de su votación y quiero decir de todo corazón que estoy absolutamente dispuesto a que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero que no se utilice al Poder Judicial y a la Fiscalía para llenar apetitos personales de esa gente que desde el principio me quiso botar», agregó.
En el último giro de la tragicomedia judicial peruana, el Poder Judicial ha demostrado una inquietante capacidad para aplicar dos varas de medir cuando se trata de procesar a altos cargos públicos. Por un lado, Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao y acusado de liderar una red de organización criminal y colusión agravada en el caso Los Socios del GORE Callao, enfrentará una orden de 24 meses de prisión preventiva y búsqueda y captura, tras permanecer prófugo de la justicia desde diciembre de 2025.
Castillo, señalado de direccionar contrataciones irregulares al amparo del cargo que ocupaba y de supuestamente manipular más de 60 adjudicaciones públicas por más de 1.4 millones de soles, finalmente recibe del sistema judicial lo que parece ser un correctivo enérgico, aunque tardío y, hasta ahora, letra muerta, dado que continúa no habido.
Pero basta con voltear la vista un poco más allá de Callao para observar una realidad aún más grotesca: la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada por el mismo Poder Judicial a 9 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de peculado agravado, por irregularidades en contrataciones públicas vinculadas, entre otros, al caso del Centro Cívico de Matucana.
Aquí viene la parte verdaderamente ridícula: a pesar de tener una sentencia firme en primera instancia que la condena a años de cárcel, Vásquez sigue libre y ejerciendo como gobernadora regional, manejando presupuestos, nombrando funcionarios y tomando decisiones que afectan a miles de ciudadanos. La defensa ha apelado la sentencia, y mientras el proceso sigue su tortuoso camino por las instancias superiores, la funcionaria goza de impunidad muy distinta a la aplicada a Castillo.
Esta dicotomía no es menor. Un gobernador regional reclamado por organización criminal queda prófugo y es buscado con órdenes de captura, un proceso que debería concluir en prisión efectiva si es hallado. Mientras tanto, otra autoridad con una sentencia de casi una década de prisión por corrupción ni siquiera es retirada de su cargo, ni tampoco enfrenta de inmediato la justicia física. No se puede echar la culpa simplemente a la “carga procesal”: este contraste es demasiado burdo y clama por una explicación más profunda.
Lo que ocurre aquí va más allá de la lentitud de los tribunales o la saturación del sistema penal. La situación deja en evidencia un Poder Judicial que prioriza la forma por sobre la sustancia, que acelera medidas cautelares para unos y deja a otros campar en libertad pese a condenas contundentes. Este doble estándar no solo socava la confianza en las instituciones, sino que embota la percepción misma de justicia en el país.
La justicia no puede ser un espectáculo de doble piso donde el ciudadano común ve cómo unos van directo a prisión mientras otros, con sentencia en mano, mantienen el poder, los recursos y la impunidad. Así, no sorprende que la indignación ciudadana crezca y que la frase “justicia para unos, impunidad para otros” deje de ser un cliché y se convierta en una descripción precisa de la realidad judicial peruana.
El Poder Judicial, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’ por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
De igual manera, el juez Edie Solórzano Huaraz ordenó la búsqueda y captura del ahora extitular del Gore del Callao, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre, día en que los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP allanaron su domicilio como parte de las indagaciones. Esta diligencia se realizó 6 días después de que las fuerzas del orden tuvieran la autorización del sistema judicial para llevar a cabo el allanamiento y detención.
De acuerdo con el magistrado, si bien Castillo Rojo cuenta con arraigo familiar, incurrió en conductas que evidencian un riesgo de fuga y de elusión de la justicia. Asimismo, la Fiscalía señaló que, al haber ostentado el máximo cargo en el Gore Callao, Castillo “habría permitido y facilitado un esquema de direccionamiento de contrataciones públicas”, lo que supuestamente afectó gravemente los recursos públicos esenciales.
Por ese motivo, con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso penal y el adecuado desarrollo de la investigación, se impuso prisión preventiva contra Castillo. Cabe precisar que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva; sin embargo, solo se dictaron 24 meses.
La medida también alcanza al asesor FAG del Gore Callao, Jimmy Whu Cárdenas; la jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao, Hiromi Zúñiga Jáuregui; el coordinador y supervisor de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT del Gore Callao, Wilmer Meza Natividad.
Asimismo, se impuso prisión preventiva a la especialista en adquisiciones del Gore Callao, Nancy Oriunda Quilca; el encargado del almacén del Gore Callao, César Arango Huaringa; el proveedor del Gore y Cafed Callao, Rafael Moscaisa Gutiérrez; la presunta intermediaria, Carmen Blanco Rivera. En cuanto al proveedor Luis Blanco Cabrera, se le impuso detención domiciliaria por 24 meses.
Al igual que con Castillo, se ordenó la búsqueda y captura de Whu Cárdenas, Zúñiga Jáuregui, Oriunda Quilca y Blanco Rivera.
En tanto, se impuso medidas con restricciones a Víctor Zambrano Portilla, Jaime Liza Ríos, Marco Rojas Gálvez y Roberto Rosales Carazas, quienes deberán presentarse a las citaciones del Ministerio Público y Poder Judicial cada vez que sean requeridos, pasar validación biométrica cada 30 días, abonar una caución económica de S/12.000 en un plazo de 20 días calendario y pedir permiso para viajar al interior del país.
Las defensas legales de los imputados sobre los que pesa prisión preventiva señalaron que apelarán la decisión del magistrado.
La Fiscalía allanó el domicilio de Ciro Castillo en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’. Foto: Composición/LR
Ciro Castillo: el caso
De acuerdo con la investigación fiscal, Ciro Castillo habría dirigido una presunta organización criminal dentro del Gore Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), en los cuales se direccionaron 63 contrataciones por un monto total de S/1.461.121,10, entre enero del 2023 y febrero del 2024.
Según el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a dos proveedores, con el objetivo de eludir los procesos de selección legales. Además, cuando se realizaban licitaciones en otros sectores, las empresas modificaban sus actividades registradas en la Sunat para obtener dichos contratos.
La Fiscalía detalló que en el Gore Callao, un total de 34 órdenes de compra y 3 de servicio se destinaron a favor de un proveedor por S/874.575, mientras que existen otras 16 y 3 adjudicaciones por los mismos conceptos por S/518.525 para otro contratista
En el Cafed se habría seguido el mismo modus operandi por contrataciones por S/44.196 y S/23.825.
El Poder Judicial del Callao ha dictado 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo, exgobernador del Callao, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
Así resolvió el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del primer puerto en la audiencia llevada a cabo este sábado 10 de enero del 2026, donde también estuvieron otros ocho investigados.
La lectura de la resolución de requerimiento de la medida cautelar excepcional estuvo a cargo de la juez Edie Solórzano Huaraz, quien dispuso inmediata ubicación y captura del mencionado político.
Como se sabe, el exgobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, se encuentra prófugo desde el 15 de diciembre, cuando desapareció de la clínica donde era atendido minutos antes de la llegada de la Policía.
Según las primeras indagaciones, la discusión habría sido motivada por celos y reclamos de falta de atención, tras lo cual Pilco supuestamente apuñaló a Olivera en el pecho con un cuchillo.
Pese a que vecinos alertaron a los servicios de emergencia, la víctima falleció en camino al hospital Manuel Núñez Butrón. El joven era estudiante de la carrera de Pesquería de la Facultad de Ciencias Biológicas.
La actriz también resultó con lesiones autoinfligidas y fue atendida en el mismo centro de salud antes de ser puesta a disposición de las autoridades.
La Policía Nacional del Perú sigue con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen.
Pilco es conocida por su participación en la película peruana ‘Reynaldo Cutipa’, donde interpreta a Rosaura, un dato que ha generado amplia atención mediática tras conocerse el caso.
El Ministerio Público y la Policía continúan con la investigación para determinar la calificación legal del hecho y las responsabilidades correspondientes.
Imágenes inéditas, obtenidas por Cuarto Poder, revelan cómo el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, fugó al conocer la orden de detención preliminar en su contra por el caso «Los socios del Callao». Cubierto con una mascarilla y en silla de ruedas se retiró de la clínica Stella Maris en Pueblo Libre, donde permanecía internado desde el último 13 de diciembre, y logró sortear a la justicia.
Los agentes se presentaron en el centro médico para cumplir el arresto, pero Castillo ya había abandonado el lugar 20 minutos antes. El general Luis Lira, jefe de la DIRCOCOR, confirmó que se trató de una «fuga» y que el investigado se puso «a buen recaudo» al conocer del operativo.
Ese mismo día a las 4 de la mañana se realizó un megaoperativo en su vivienda en La Punta, Callao. Los vehículos de la seguridad del gobernador se encontraban en el exterior, lo que hizo suponer a los agentes que Castillo se encontraba ahí, pero no fue así. Al entrar a la casa, los recibió la hija del gobernador, pero se limitó a responder las preguntas.
El último 18 de diciembre, Castillo se pronunció por primera vez desde la clandestinidad y aseguró que no tenía conocimiento de la investigación en su contra en el caso denominado Los Socios del Callao, por el que el Poder Judicial ordenó 15 días de prisión preventiva.
A lo largo de su mensaje, aseguró que no tenía conocimiento de la investigación en su contra, hecho que «lo priva» de conocer el contenido de la acusación. «(Este hecho) coacta, corta, está en contra de mi libertad. Atenta contra mi reputación e imagen y causa desorden en la administración pública de mi gestión», dijo.
También se dedicó a descalificar la investigación realizada por la Fiscalía del Callao. «El fiscal de la Tercera Sala de Corrupción del Callao envía en consulta el expediente a Lima y ahí llega a la Sala de Crimen Organizado y retorna el expediente porque consideran que no tiene fundamentos de ese delito y cuando llega al Callao se ordena mi detención y acusa de crimen organizado».
¿Por qué se investiga a Ciro Castillo?
La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la madrugada de este lunes 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.
Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.
¿Por qué tanta rapidez para bloquear y tanto cálculo para suspender?
ENFOQUE REAL 