La historia parece calcada de tantas otras que ocurren en el país: el poder político al servicio del dinero fácil. Esta vez, el escenario es Barranco, donde la regidora municipal Fiorella Muñoz Zevallos y su pareja, Bruno Padilla Solórzano, son investigados por presunto tráfico de influencias tras ser acusados de pedir coimas a empresarios a cambio de licencias y permisos.

Según la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), Padilla fue sorprendido en flagrancia cuando recibía 4 mil soles de un emprendedor que buscaba poner en marcha su negocio.

El operativo se realizó luego de que el propio empresario denunciara la extorsión y colaborara en el plan policial para atrapar al sospechoso.

AMOR Y NEGOCIOS TURBIOS

Las indagaciones revelaron que Padilla aseguraba tener contactos dentro de la municipalidad y que podía “agilizar” los trámites gracias a su pareja, la regidora Muñoz. Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una tarjeta personal de la funcionaria, lo que reforzó las sospechas de que ambos actuaban en conjunto.

El 29 de agosto, el Poder Judicial emitió una resolución que autorizaba la detención de la regidora, medida que se cumplió el último lunes en inmediaciones del Paseo Sáenz Peña. Desde ese día, Fiorella Muñoz enfrenta cargos por presunto tráfico de influencias, el mismo delito que se imputa a su pareja.

Padilla permanece detenido en la sede de la Dircocor, mientras los fiscales recogen pruebas y declaraciones. La investigación apunta a que el dinero solicitado a los empresarios no era un caso aislado, sino parte de un modus operandi que se repetía en la comuna barranquina.

¿VENGANZA POLÍTICA?

La situación de Muñoz llama la atención porque, hasta hace poco, se mostraba como una férrea opositora a la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas. Incluso denunció irregularidades en un viaje de la burgomaestre a Punta Cana en 2024, lo que generó un informe de la Contraloría que puso bajo la lupa el manejo de viáticos.

Por ello, la regidora aseguró hace unos días a medios locales que todo formaba parte de un “complot” para manchar su imagen política. “Es ilógico que siendo opositora se me atribuya poder para dar favores a terceros”, dijo tras la detención de su pareja.

El abogado penalista Aarón Alemán explicó que, de comprobarse la participación de la regidora, podría ser acusada por cohecho pasivo propio o impropio, delitos que contemplan hasta 10 años de cárcel, inhabilitación y multa.

En paralelo, el Ministerio Público prepara un proceso inmediato contra Padilla bajo la Ley 32348, que permite actuar con celeridad en casos de flagrancia.

Mientras tanto, los empresarios de Barranco que sufrieron este tipo de presiones esperan que la justicia esclarezca el caso. No se descarta que más víctimas den un paso al frente para contar cómo el trámite de licencias, que ya es un dolor de cabeza, terminó convertido en un negocio bajo la mesa.