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Colegio de Abogados de Lima denuncia amenazas del Gobierno tras reunión con la CIDH: “busca silenciar a un sector”

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) denuncia que el gobierno de Dina Boluarte “ha intentado amordazar y amedrentar» al decano y a miembros de la Junta Directiva de la institución tras sostener una reunión virtual con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de diciembre de 2024.

¿QUÉ TEMAS SE TRATARON EN DICHA REUNIÓN?

Por medio de un comunicado, el CAL señala que durante dicha reunión se cuestionó la aprobación de normas inconstitucionales no observadas por el Poder Ejecutivo.

“Lamentamos que la presidenta Dina Boluarte, abogada, agremiada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país”, se lee en el documento.

Estas normas incluyen cambios en la ley de crimen organizado, iniciativas para retirar al Perú de la jurisdicción de la CIDH, al igual que otras disposiciones que podrían comprometer la autonomía del Ministerio Público.

Finalmente, la Junta Directiva del CAL rechaza la demanda interpuesta por el MINJUS, alegando que esta tiene como objetivo “silenciar a un sector que legítimamente cuestiona el deficiente accionar del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo en perjuicio de la sociedad civil”.

Colegio de Abogados de Lima exige al Congreso reformar ley de extinción de dominio

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su profunda preocupación ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra diversos artículos del Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio.

En un reciente pronunciamiento, el CAL ha señalado que esta normativa infringe el principio de presunción de inocencia, un derecho fundamental consagrado en la Constitución peruana, así como en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, la institución advierte sobre la vulneración del derecho de propiedad.

La ley de extinción de dominio permite al Estado incautar bienes de personas investigadas por delitos graves, incluso antes de que exista una sentencia condenatoria firme. Según el CAL, esta medida resulta desproporcionada y podría llevar a la confiscación de bienes de personas inocentes.

Una de las principales críticas al decreto legislativo es la inversión de la carga de la prueba. En el marco de esta norma, es el investigado quien debe demostrar que sus bienes fueron adquiridos de manera lícita, lo cual resulta una carga sumamente difícil de cumplir, especialmente cuando se trata de demostrar la licitud de bienes adquiridos hace varios años.

El CAL sostiene que, en materia penal, la carga de la prueba debe recaer siempre sobre la acusación, y que cualquier inversión de esta carga debe ser excepcional y estar debidamente justificada.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Lima ha ofrecido su colaboración al Congreso de la República para reformar la ley de extinción de dominio y garantizar que esta se ajuste a los estándares constitucionales e internacionales.