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Comisión Permanente aprobó informe final que recomienda destitución de miembros de la JNJ

En una extensa jornada, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quienes se les atribuye una supuesta infracción constitucional. Cada caso fue votado de forma individual, pero el resultado fue el mismo para cada uno de los involucrados en la denuncia constitucional iniciada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

La denuncia incluye a siete de los magistrados de la JNJ. Cada caso fue votado de manera independiente. El informe contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, fue aprobado con 20 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Igual suerte tuvo el vicepresidente Aldo Vásquez Ríos con 18 votos a favor, 7 en contra y 1 abstenciones.

También se aprobó la recomendación de destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra los magistrados Inés Tumialán (21 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones), José Ávila Herrera (18 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones), María Zavala (19 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones), Guillermo Thornberry (19 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones) e Inés Tello De Ñecco (19 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones).

De acuerdo al Reglamento del Congreso de la República, tras la aprobación del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en la Comisión Permanente, este pasará a la siguiente instancia: el Pleno. Para ello se designará a un integrante de la SAC para que sustente el informe y pueda formular la acusación ante la representación nacional. Los denunciados tendrán derecho a ejercer su defensa nuevamente.

Al finalizar la jornada, se aprobó —con 21 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones— que la comisión encargada de sustentar ante el Pleno el informe final contra los siete miembros de la JNJ sean Lady Camones, en su calidad de presidenta de la SAC, y el parlamentario Esdras Medina Minaya, integrante de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario.

Magistrado de la JNJ ejercieron su defensa

Más temprano, Antonio de la Haza (presidente de la JNJ), Aldo Vásquez Ríos (vicepresidente) y los abogados acreditados Samuel Abad y Omar Cairo ejercieron la defensa personal e institucional de la Junta Nacional de Justicia. La argumentación se centró básicamente en rechazar cualquier tipo de infracción constitucional cometida por alguno de los consejeros del órgano de justicia.

“Algunos tal vez quisieran que sean los días finales de la JNJ, esta puede demostrar la pulcritud de sus actos, que no soporta sospecha cuando alguien da una declaración contra uno de los suyos. Si algún integrante de la JNJ se hubiese alejado de los elevados compromisos asumidos por el país, tendrá que responder en las instancias correspondientes por sus responsabilidades personales, pero de ninguna forma se debe ser parte de la lapidación que algunos intentan respecto a este órgano vital para la administración de justicia y la democracia del país”, dijo Aldo Vásquez.

En tanto, Antonio de la Haza pidió a Alejandro Soto el archivo de la denuncia: “No solo ejerzo mi defensa personal, sino como presidente de la JNJ. Voy en defensa del derecho institucional. Mi objetivo es el mismo que ustedes, tener un mejor país. Solicito que se archive el informe del Sr. Medina”.

También se aprobó el informe contra Henry Ávila

El exmagistrado Henry Ávila renunció a su cargo en la JNJ el último 20 de febrero tras el testimonio de Jaime Villanueva que lo involucraba en presuntas negociaciones con el exministro de Justicia, Félix Chero, para favorecer a una empresa a cambio de ayudar a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La Procuraduría solicita que empiecen las diligencias preliminares por el presunto delito en contra de la Administración pública.

A pesar de ya no continuar en el cargo, la denuncia constitucional lo incluye y —de aprobarse una sanción— tendría que someterse a ella. Finalmente, la JNJ convocó a Abraham Siles Vallejos, catedrático de la asignatura de Derecho Constitucional, para que reemplace a Henry Ávila, al ser el consejero suplente designado.

Comisión Permanente aprueba acusar a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes acusar al expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado. La medida contra el expresidente se da por la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones por las irregularidades en los casos de Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda.

El informe final, el cual fue sustentado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), fue aprobado con 19 votos a favor, nueve en contra y una abstención. La medida también recae en los exministros Juan Silva y Geiner Alvaro, quienes se desempeñaron durante la gestión del exmandatario y que se encuentran comprendidos en las investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

Cabe resaltar que, durante la sesión de este viernes, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, solicitó que el informe se vote de manera conjunta, es decir, que comprenda a todos los acusados; sin embargo, el titular del Parlamento indicó que se sometería a votación de manera individual.

En ese sentido, con 28 votos a favor y ninguno en contra, los miembros del grupo de trabajo aprobaron acusar a Juan Silva, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

De la misma forma sucedió con el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado. Los miembros de la Comisión Permanente dieron luz verde al informe para acusarlo por el presunto delito de organización criminal.

De esta manera, el informe final aprobado deberá ser sustentado ante el Pleno del Congreso. Los encargados de realizarlo son la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, y el congresista de Avanza País, Diego Bazán.