Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

Este jueves, con 66 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen de ley que dispone que las pensiones de los docentes jubilados y cesados sean equivalentes a la remuneración que percibe un maestro de la primera escala magisterial (S/3.300).

Tras realizar diversas movilizaciones en las últimas semanas, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, saludó la decisión del Parlamento y dijo que es una decisión justa, ya que los docentes más ancianos son los que reciben las peores pensiones del Estado.

“Lamentablemente, si un maestro se jubila a los 65 años, pasa a recibir entre S/ 400 y S/700, y estos montos hoy ya no cubren ni la canasta básica familiar. Es un tema de justicia”, afirmó.

El dictamen de ley establece que los más de 162.000 profesores jubilados y cesantes de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva puedan elevar sus pensiones a S/3.300, ya que es el monto que reciben los docentes de la primera escala. Esto será efectivo para quienes estén comprendidos en los decretos leyes 19990, 20530, la Ley de Reforma Magisterial y en el Sistema Privado de Pensiones.

“Esta propuesta puede ser implementada progresivamente. El Ejecutivo tiene que ser creativo para resolver este grave maltrato”, consideró el exministro de Educación, Idel Vexler, quien saludó la medida.

La legisladora Flor Pablo, una de las impulsoras de la iniciativa, precisó que existe preocupación porque, según la ONP, las pensiones de los docentes varían entre S/500 y S/893, lo que es menor al salario mínimo vital (S/1.025). “Esto los pone en una posición de desmedro económico. Además, la diferencia entre la pensión y el sueldo que recibía como activo es amplía”, dijo.

De esta manera, en los próximos días, el Congreso deberá enviar la autógrafa de ley al Ejecutivo, el cual tendrá que decidir si la aprueba o la observa. La propuesta está en manos del Gobierno de Dina Boluarte.

Usuarios en Google Maps rebautizan al Congreso de la República como ‘Palacio de las ratas’: Parlamento tiene 93% de rechazo

El Congreso de la República volvió a ser blanco de críticas ciudadanas, esta vez a través de una modificación en Google Maps. Durante horas de la mañana del miércoles 3 de septiembre, la sede del Parlamento apareció en la aplicación de geolocalización con el polémico nombre de “Palacio de las ratas”, un cambio realizado por usuarios de la plataforma.

Google Maps es una herramienta que muestra lugares emblemáticos en cada país, como instituciones públicas, museos y espacios históricos. En este caso, la denominación del segundo poder del Estado fue alterada, generando sorpresa entre quienes consultaron la ubicación del Congreso en la plataforma digital.Usuarios cambian nombre del Congreso en Google Maps. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura Google Maps)

Acto de protesta contra el Legislativo

El cambio de nombre no pasó desapercibido. Para muchos internautas, se trató de un acto de protesta frente al Legislativo que, según las últimas encuestas, obtuvo una desaprobación del 93% a nivel nacional. Con ello, la acción se interpretó como un reflejo del malestar social que existe en torno a la labor parlamentaria.

El descontento con el Congreso no es nuevo. Diversos analistas han señalado que la institución mantiene un nivel de confianza muy bajo, en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos con la corrupción, falta de transparencia en su gestión y decisiones políticas consideradas impopulares por la ciudadanía.

Reacciones divididas en redes sociales

En plataformas como X (antes Twitter), las reacciones fueron inmediatas. Una parte de los usuarios celebró la modificación, señalando que reflejaba el sentimiento ciudadano hacia un Congreso que, según ellos, legisla en favor de intereses particulares y no del bien común de la ciudadanía que sufre la creciente ola de inseguridad en la país.

Sin embargo, no todos coincidieron con esta visión. Otros usuarios lamentaron lo ocurrido y pidieron respeto hacia las instituciones del Estado. Recordaron que el Congreso es el ente encargado de elaborar las leyes y que su papel es fundamental dentro de la democracia, más allá de las críticas que puedan recibir sus integrantes.Usuarios en Google Maps rebautizaron como ‘Palacio de las ratas’ al Congreso de la República. (Foto: X/@klandestinotv)

Peruanos no confían en el Congreso

Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el descontento ciudadano hacia el Congreso de la República es casi unánime. Según la encuesta, el 93 % de la población desaprueba el desempeño de la representación nacional, una cifra que se mantiene en niveles históricamente altos desde octubre de 2023, cuando el rechazo al Parlamento comenzó a superar el 90 %. El punto más crítico se registró en marzo de este año, cuando la desaprobación alcanzó el 95 %.

El rechazo hacia el Legislativo es transversal y se manifiesta en todos los sectores del país. En Lima Metropolitana, así como en el Perú urbano y rural, la desaprobación supera el 90 %. De igual forma, en las macrozonas norte, centro, sur y oriente, las cifras muestran un descontento mínimo de 91 %, reflejando una tendencia generalizada de crítica hacia la labor parlamentaria sin distinción geográfica.Ojo, ni la Comisión de Economía ni el Congreso han definido fecha para el debate del retiro AFP. Esto es lo que se sabe. – Crédito Congreso

El estudio también revela que la desaprobación se mantiene alta en todos los grupos etarios y niveles socioeconómicos. Entre los jóvenes de 25 a 39 años, la crítica es aún más marcada, con un 95 % que cuestiona el trabajo del Congreso. Una percepción similar se registra en los niveles socioeconómicos A, B y C, donde el rechazo también alcanza picos del 95 %, lo que evidencia que la crisis de legitimidad del Parlamento no distingue entre sectores sociales.

Congreso: piden declarar como «organización terro**rista» al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

La bancada de Renovación Popular y la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) presentaron un proyecto de ley para declarar al Cártel de los Soles, grupo vinculado al régimen de Nicolás Maduro, como una “organización terrorista y amenaza externa”, en concordancia “con lo que ya han hecho países democráticos como Argentina, Ecuador y Paraguay”.

Este pedido se da luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que el Cártel de los Soles está dirigido por Maduro y altos funcionarios de su gobierno. Además, informó que esta organización abastece de insumos a otros grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Debido a todo esto, desde el 25 de julio último, el cártel forma parte de organizaciones terroristas globales.

Ecuador, Paraguay y Argentina ya han declarado el Cártel de los Soles como organización terrorista

Tras esto, algunos países declararon como organización terrorista a la referida organización. El primero de ellos fue Ecuador, país que el 15 de agosto estableció que dicho cártel representa «una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado». Después. Paraguay hizo lo mismo mediante un decreto emitido el último 21 de agosto por el presidente Santiago Peña. Argentina se sumó a esta lista el 26 de agosto último.

Con ese antecedente, la iniciativa legislativa sustentó su pedido en concordancia “con lo que ya han hecho países democráticos como Argentina, Ecuador y Paraguay”.

«El Cártel de los Soles, estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro, mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, constituyéndose en una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz de nuestro país”, se lee en un comunicado del partido de López Aliaga.

“Según la información entregada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Cártel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes”, agrega.

En tanto, Norma Yarrow indicó que el Perú “no puede ni debe mostrarse indiferente” ante esta situación. “Su vínculo con el narcotráfico y el terrorismo lo convierte en una amenaza directa contra la estabilidad democrática de la región”, expresó.

Congreso: proponen citar a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

El congresista Edward Málaga presentó una moción con la finalidad de citar al primer ministro Eduardo Arana para explicar las razones de la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia.

El parlamentario sustentó su pedido luego de advertir que el nombramiento de Santiváñez «atentaría contra la administración de justicia al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de los públicos cuestionamientos por su conducta confrontacional con la prensa y el aprovechamiento político del cargo de Ministro del Interior».

La moción de orden del día presentado por el congresista no agrupado recuerda que Juan Santiváñez fue censurado en marzo de este año como ministro del Interior por su «incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana» y que, a pesar de ello, fue nombrado como titular del Minjus.

Asimismo, Málaga solicitó que Arana explique las razones técnicas y políticas para la designación y que exponga los «criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan».

«(…) Explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño», se lee en el documento.

Moción de orden del día para citar a Eduardo Arana en el Congreso.

Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia

La República pudo conocer que el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia pudo ser evitado por el Congreso.

Un conjunto de proyectos de ley, que se agruparon en un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, sugería realizar cambios en la Ley Orgánica del Ejecutivo y, a la vez, en la Constitución Política, de manera que un ministro que haya sido censurado no pueda «ejercer funciones ministeriales dentro el período constitucional».

Se trata al Proyecto de Ley N° 3083/2022-CR, que cambia los requisitos necesarios para que un ministro de Estado pueda desempeñar sus funciones. «El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del período constitucional».

Eduardo Arana deberá responder por designación de Juan Santiváñez

La moción presentada por el congresista Málaga busca que el primer ministro Eduardo Arana responda 12 preguntas sobre la decisión y procedimiento de la designación de Santiváñez, así como el respeto al control político del Congreso tras haberlo censurado en marzo de este como ministro del Interior.

Asimismo, el parlamentario requirió que Arana explique sobre las investigaciones y medidas judiciales que pesan sobre el extitular del Mininter y la política pública y estándares de derechos humanos. Además, propone que se dé mayor detalle sobre la transparencia, integridad y conflicto de intereses del nombramiento, así como la coordinación intersectorial y coherencia del Gobierno.

Precise fecha, acto y sustento con el que propuso y acordó la designación del señor Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Remita la Resolución Suprema de designación y el expediente de propuesta del PCM (conforme al artículo 122 de la Constitución).
Indique qué criterios de idoneidad ética, técnica, experiencia y conducta pública se aplicaron. ¿Existió evaluación de riesgos reputacionales, judiciales y diplomáticos? Adjunte el informe de idoneidad y la verificación de antecedentes (penales, judiciales, policiales, administrativos, de integridad y conflictos de interés).
¿Cómo justifica el PCM que un exministro censurado (marzo 2025) sea designado nuevamente como ministro, ahora en Justicia y Derechos Humanos? Explique por qué esta decisión no vacía de contenido la herramienta constitucional de la censura ministerial.
¿Qué precedentes existen de designaciones similares en los últimos 25 años? Adjunte el análisis comparado y los criterios de decisión utilizados por la PCM.
Informe si, a la fecha de la designación, el señor Santiváñez registraba investigaciones fiscales y/o medidas judiciales (por ejemplo, impedimento de salida del país). ¿Cómo se valoró su impacto en la conducción del sector? Adjunte constancias oficiales
¿Qué plan de mitigación adoptó la PCM para garantizar que eventuales citaciones, medidas o diligencias judiciales no afecten la continuidad del servicio en el MINJUSDH? Adjunte el protocolo aprobado.
¿Cuál es la hoja de ruta del nuevo ministro para garantizar el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la defensa pública, la carrera fiscal y judicial y la política penitenciaria? Adjunte el Plan de 100 días del MINJUSDH y sus indicadores.
¿Prevé el Ejecutivo revisar o denunciar tratados, modificar la relación con la Corte IDH u otros órganos del Sistema Interamericano? Precise la posición oficial y sustento jurídico
Remita la Declaración Jurada de Intereses del ministro y los resultados de control de la Oficina de Integridad del MINJUSDH. ¿Qué medidas se han establecido para evitar conflictos con investigaciones que involucren a la propia Presidencia, ministros o altos funcionarios?
Detalle, contrataciones y designaciones realizadas por el nuevo ministro desde su juramentación. ¿Hubo ratificaciones de su círculo cuando estuvo en Interior? Adjunte listados y sustentos.
¿Cómo garantiza el PCM que la designación no profundiza la crisis de confianza ciudadana ni envía señales de blindaje político? Señale acciones y métricas de gobernanza.
¿Qué indicadores de desempeño exigirá la PCM al MINJUSDH (metas trimestrales) para asegurar resultados verificables en justicia, defensa pública, acceso a la justicia y política penitenciaria?

Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro del Interior, Carlos Malaver

Congresistas de diferentes bancadas presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, por la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

«En nuestro país se han registrado 1 377 homicidios tras 228 días del año 2025, según el Sinadef. En aproximadamente un mes se superará todo lo registrado en los años 2021 y 2022/2023, respectivamente. De acuerdo con Sinadef, cada 3 horas y 58 minutos se ha registrado un homicidio a nivel nacional en lo que va del año», se lee el documento.

En otro apartado se recuerda el atentado del 14 de agosto en la ciudad de Trujillo, región de La Libertad, así como la explosión en un gimnasio del Callao. «Estos hechos demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es un aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso», se refiere.

En la moción, que ingresó a las 8:35 a. m. a la mesa de partes del Parlamento, se señala que Malaver Odias deberá responder a los cuestionamientos a su desempeño en el cargo, a la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

El texto lleva, entre otros, la firma de los congresistas Guillermo Bermejo, Víctor Raúl Cutipa, Nieves Limachi, Susel Paredes, Ruth Luque, Margot Palacios, Flor Pablo, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Robert Sánchez, Alex Flores.

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas.

Pleno del Congreso aprobó la ley que exonera de responsabilidad a los legisladores por infringir la neutralidad electoral

Con 82 votos a favor el Pleno del Congreso de la República aprobó la propuesta que permite a los legisladores expresar y/o defender posiciones políticas o partidarias, sin que ello constituya una infracción a la neutralidad electoral.

En ese sentido, la Resolución Legislativa 11306 incorpora al Reglamento del Congreso el artículo 25-A, bajo el título ‘Principio de neutralidad respecto a los parlamentarios’.

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”, señala el mencionado texto.

A ello, agrega que “esta disposición no los inhabilita para que realicen actividades de proselitismo político” en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo «que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

“La función parlamentaria es política”

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría, sostuvo que esta norma busca fortalecer la representación política.

“La función parlamentaria es política por excelencia, lo que exige confrontar ideas, posiciones, debatir las posturas que cada uno de los representantes tiene aquí en el Parlamento Nacional y creo que eso es fruto también de las coordinaciones previas e internas que cada una de las bancadas tiene dentro de sus espacios políticos”, expresó.

“Este proyecto que, bajo una mirada equivocada de neutralidad, lo que busca es clarificar lo que ya está expresamente publicado en el Reglamento del Congreso”, añadió.

Cabe recordar que, en el pleno del pasado jueves 14 agosto, no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar la resolución legislativa por lo que se solicitó un pedido de reconsideración que prosperó en la sesión celebrada este martes.

El proyecto, finalmente fue aprobado con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones.

El presidente del Congreso, José Jerí Oré, precisó que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 del Reglamento del Congreso, las proposiciones de resoluciones legislativas se encuentran exoneradas del requisito de segunda votación.