El director ejecutivo de Unidad Ejecutora “Implementación del modelo de Infraestructura y Funcionamiento de la Bicameralidad del Poder Legislativo”, Enrique Fernández, sostuvo que los gastos que se viene realizando para la implementación de la bicameralidad en el Congreso de la República, que regirá desde fines de julio del 2026, se realizan con el presupuesto actual que tiene el Parlamento y no con dinero adicional.

“Cuando los representantes del Congreso manifestaron que no se iba hacer un gasto mayor, se entendía que no se iba a gastar más dinero (…) el que se utiliza es el que tiene presupuestado el Congreso y tiene un límite, que es el 0.6 % del Presupuesto General de la República. El compromiso es realizar todas las intervenciones con el presupuesto que tiene este año y el que tiene previsto para el próximo año el Congreso”, indicó en declaraciones a RPP.

Asimismo, precisó que se tiene previsto gastar 180 millones de soles para la implementación de la bicameralidad, de acuerdo al Plan Maestro, el cual servirá para contar con infraestructura que permita un trabajo eficiente y sostenido del nuevo Parlamento.

“Lo fundamental es asegurar que esa infraestructura sirva para dar un servicio apropiado al ciudadano y que la inversión que desarrollemos se haga con una estricta rendición de cuentas, con un trabajo técnico y con transparencia”, dijo.

Asimismo, Fernández detalló que una de las primeras necesidades del próximo Parlamento bicameral son los despachos de los senadores, las áreas para las comisiones del Senado, así como las oficinas para los grupos parlamentarios. Acotó que parte de los despachos de los senadores estarán en un local ubicado entre las avenidas Abancay con Junín.

Luego, explicó que la unidad ejecutora que dirige tiene un procedimiento de contratación aprobado por la Mesa Directiva, que es diferente al de la Ley de Contrataciones, el cual prevé una etapa inicial de involucramiento con el mercado, donde corresponde invitar a empresas que se interesen en los procesos que se convocan. Explicó que las convocatorias han sido públicas y difundidas por diversos canales informativos, como las redes sociales del Congreso.

Por ello, Fernández descartó que se realicen reuniones secretas o clandestinas con las empresas interesadas en la construcción de un nuevo edificio para las labores legislativas. También precisó que su trabajo es técnico y enfocado en tener una mejor infraestructura posible para el Parlamento.

En relación al local del San Luis, donde viene laborando junto a su equipo, dijo que tiene un servicio tipo coworking y desmintió que se gaste en la implementación de equipamientos, agua, luz e internet, entre otros, ya que es un espacio alquilado que incluye todos esos servicios. Dijo que en Miraflores y San Isidro el precio de lugar similar hubiera sido mayor.

Finalmente, resaltó que la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad se ha reunido con las autoridades del Parlamento para explicar los avances de su trabajo con miras a un Congreso con una mejor infraestructura para el 2026. Detalló que, desde la próxima semana, se realizarán reuniones continúas.

Ahora que se han hecho públicos los costos asociados a la implementación del nuevo Congreso bicameral —los cuales, según estimaciones, superarían los 270 millones de soles—, vale la pena recordar que varios congresistas aseguraron en su momento que esta reforma no implicaría un aumento en el gasto público. Tanto el diario de debates del Congreso como las grabaciones de las sesiones parlamentarias permiten constatar que esas promesas hoy no se corresponden con la realidad.

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País y actual integrante de la Mesa Directiva, sostuvo que era posible ajustar el presupuesto para evitar un exceso como el actual. “Es falso, colegas, que este nuevo Parlamento sea más caro. De hecho, el Parlamento bicameral era bastante más caro que el Parlamento que tenemos hoy. (…) Podemos ajustar el presupuesto para que el nuevo Congreso no le cueste ni un sol más a la ciudadanía”, afirmó.

Asimismo, las actas del debate incluyen a otros legisladores que respaldaron esa postura. Según estos documentos oficiales, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular y también miembro de la Mesa Directiva, «enfatizó que se establecía en la misma reforma que el presupuesto para la bicameralidad sería el mismo que el del Parlamento actual; y detalló los planteamientos para establecer tres cuestiones de confianza denegadas como requisito para disolver la Cámara de Diputados».

Por su parte, Adriana Tudela, también de Avanza País, consideró que el gasto generado por la implementación del nuevo Congreso no debía verse como un costo, sino como una inversión. Así quedó registrado en el diario de debates: “La congresista Tudela Gutiérrez manifestó que Avanza País apoyaba la propuesta de bicameralidad y la consideraba necesaria para resolver la crisis de representatividad política. Sostuvo que debía estimarse como una inversión y no como un gasto el costo de restablecer dicho sistema, y afirmó que la existencia de dos cámaras evitaría abusos de una sola y garantizaría derechos ciudadanos, entre otros puntos”.

Los gastos que trae consigo el nuevo Congreso de la República bicameral

Sin embargo, con la reciente publicación de un reportaje de Cuarto Poder, en el que se revelan los gastos efectuados por la Unidad Ejecutora encargada de implementar la bicameralidad —que, hasta ahora, superan el millón de soles—, se han encendido las alarmas en torno al desembolso millonario que está generando esta nueva organización parlamentaria. Y las noticias no mejoran: según información a la que accedió La República, el monto total proyectado para la implementación del nuevo Congreso bicameral asciende a 277 millones de soles. Esta cifra resulta aún más elevada si se consideran los 923 millones de soles destinados al pago de salarios del personal. Todo ello fue aprobado en su momento con el aval de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

A fines de 2024, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el apepista Eduardo Salhuana, propuso un presupuesto de S/ 1.412.401.268 para el año fiscal 2025. Lo llamativo es que, al aprobarse la reforma constitucional que restituye la bicameralidad, el Congreso aseguró que su presupuesto no superaría el 0,6% del presupuesto nacional.

El actual Congreso unicameral ya roza ese límite, con un presupuesto que representa el 0.65% del total nacional para 2025. Con más de tres mil empleados —entre personal del Servicio Parlamentario y de la Organización Parlamentaria— y casi la mitad de ellos en cargos de confianza, el Legislativo opera, en la práctica, como una agencia de empleo. Con estos indicios, no sería sorpresa de nadie que el nuevo parlamento bicameral termine rompiendo el tope mencionado.

Cabe señalar que los funcionarios responsables dentro de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización mantenían vínculos estrechos con Alianza para el Progreso, el partido del actual titular del Parlamento. Se trata de Roxana Yolanda Ríos Mendoza, extesorera de APP, y William Federico Alcántara Infantes, exasesor del excongresista apepista Richard Acuña. Ambos firmaron el informe que hoy permite el cuestionado desembolso para la implementación del nuevo Congreso.

El Congreso insiste en defender la ley que liberaría a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. Ante el Tribunal Constitucional, el Parlamento defendió su legalidad y rechazó los cuestionamientos sobre su constitucionalidad. La defensa afirmó que la norma busca restituir seguridad jurídica frente a lo que consideran un uso político del derecho penal internacional.

Según los argumentos expuestos, la figura de los crímenes de lesa humanidad fue incorporada en el ordenamiento jurídico peruano en el año 2002, por lo que no se debería aplicar a los hechos cometidos con anterioridad. Sostuvieron que se está vulnerando el principio de legalidad al juzgar con normas actuales delitos ocurridos décadas atrás, e indicaron que se trata de una interpretación arbitraria de los tratados internacionales.

«Hay una interpretación desigual de la ley: no se aplica a todos los responsables de los delitos, solo a un grupo determinado. No hemos estado en una guerra convencional; hubo una lucha subversiva, una guerra ideológica. La figura de los crímenes de lesa humanidad entra en vigencia recién en 2002. ¿Cómo puede aplicarse de manera retroactiva?», comentó Anibal Quiroga, abogado defensor del Congreso.

La defensa también indicó que consideran que existe una construcción ficticia en torno a la retroactividad de estas normas. Señalaron que se ha instalado la idea de que estas disposiciones pueden aplicarse a cualquier hecho del pasado, anulando principios jurídicos fundamentales como si se tratara de un acto de magia o de ficción legal.

«Estamos enfrentando un mito. Aquí se ha hecho realidad en la jurisprudencia y en la práctica el mito de la retroactividad de las normas de derecho penal internacional», dijo Humberto Abanto, también defensa del parlamento.

En un afán por ocultar la realidad de los hechos y dejar en el olvido, el Congreso trata de respaldar la constitucionalidad de esta ley señalando que pretende contribuir a la reconciliación nacional. Para el parlamento, mantener la discusión abierta sobre estos temas sin reglas claras solo hace que se continúe con la perpetuación del conflicto durante muchas décadas más, impidiendo el cierre definitivo de este triste capítulo en la historia del país.

La posición del Colegio de Abogados de Lima

A su vez, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó al TC declarar inconstitucional la Ley 32107 “en todos sus artículos, por graves afectaciones a derechos fundamentales”. El CAL recordó que el propio Tribunal Constitucional ya ha reconocido el derecho a la justicia y a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

“Este supremo tribunal, ejerciendo funciones de interpretación de la Constitución, estableció que son derechos fundamentales el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de una colectividad afectada por delitos graves de lesa humanidad y de violación a los derechos humanos”.

Entre los demandantes, también el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), presentó un amicus curiae ante el TC respecto a la Ley N° 32107. La abogada Valeria Reyes expuso los motivos por los que esta normativa es inconstitucional y contraviene principios del derecho internacional y compromisos asumidos por el Perú en materia de derechos humanos.

Ley de amnistía librará a policías y militares procesados por crímenes de lesa humanidad

El Congreso aprobó una ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980‑2000), siempre que no tengan sentencia firme o sean mayores de 70 años. La normativa podría liberar a más de 20 procesados, incluidos los vinculados a casos emblemáticos como la masacre de El Frontón, donde más de 100 internos fueron ejecutados extrajudicialmente.

Familiares de víctimas y sobrevivientes, junto con organizaciones de derechos humanos, rechazaron la medida, advirtiendo que competería a más de 156 condenas firmes y 600 procesos pendientes. Señalaron que esta legislación amenaza la memoria histórica y el derecho a la justicia, mostrando ejemplos como las masacres de El Frontón, Accomarca y Barrios Altos, donde se documentaron atrocidades graves.

El caso ‘El Frontón’ destacó en la cobertura: más de 20 militares procesados por esa masacre podrían salir libres si la ley se promulga. Expertos en derechos humanos y abogados alertaron que la redacción amplia de la norma permite que tanto procesados sin sentencia firme como sentenciados adultos mayores se acojan a ella.

Los familiares de víctimas expresaron su rechazo ante esta amnistía, la cual consideran un retroceso histórico. Manifestaron que muchos han pasado más de 40 años buscando justicia, y que esta ley favorece la impunidad en lugar de la reparación y el cierre de un capítulo oscuro en la historia del país.

Los retrocesos no cesan. Uno de los proyectos de ley que aprobó el Pleno del Congreso y que pasó desapercibido al término de la legislatura es el dictamen por insistencia que establece el nombramiento excepcional para más de 24.000 profesores de colegios estatales que, en el 2022, no alcanzaron una plaza pese a que habían superado las dos etapas del referido concurso.

Esta propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo en abril del 2025 debido a que es discriminatoria porque no se ha aplicado en los anteriores concursos de nombramiento; además, consideró que atenta contra la meritocracia.

“El concurso se da en igualdad de oportunidades y las plazas se adjudican según orden de méritos. Luego, el proceso se cancela para impedir ingresos excepcionales. Con esto se evita que haya un grupo diferenciado con respecto a los concursos anteriores. No puede haber un trato especial, como se pretende ahora”, sustentó.

Pese a ello, el último lunes, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa por insistencia, por lo que en los próximos días será publicada en El Peruano.

“Este es un pésimo precedente. Los concursos son cancelatorios. Tienen un cronograma que se cierra con los adjudicados y no adjudicados. Quienes no logran una plaza, deben esperar el siguiente concurso, así se ha estado dando en estos años. Los congresistas deben respetar la ley”, manifestó el exministro de Educación, Idel Vexler.

Llevar el caso al TC

“La norma es muy general y deja abierta esa posibilidad. Incluso, los profesores aprobados de procesos anteriores podrían reclamar que también se les considere. Lamentablemente, una vez más se está perforando la meritocracia. Espero que el pueblo castigue a los legisladores en las próximas elecciones, siguen con su afán populista”, aseveró.

El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, indicó que el nombramiento de maestros es facultad exclusiva del Minedu y no del Congreso. “Les venimos diciendo que están afectando la meritocracia, pero los parlamentarios no toman conciencia”, dijo.

Tanto Lescano como Vexler pidieron al Ejecutivo llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC) para que no se aplique este tipo de normas que plantean el nombramiento automático de docentes.

Por otro lado, el congresista Edgar Tello, uno de los promotores, negó que se afecte la meritocracia. “En el concurso del 2022-2023 hubo 98.000 plazas, pero solo se cubrieron 65.946 y 24.035 maestros aprobados no pudieron nombrarse”, aseguró.

La presidenta de la Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima (Sumacol), María Elena Aguilar, respondió que el nombramiento es excepcional y justo, ya que en el concurso del 2022-2023 hubo reprogramaciones, modificaciones de normas y supuestas irregularidades.

Más iniciativas polémicas

El último lunes, la Comisión de Educación del Congreso también debatió otras polémicas propuestas. Por ejemplo, aprobó un dictamen para que un grupo de docentes pueda acceder al cargo de director y subdirector de colegio público solo por haber aprobado las dos etapas del concurso de acceso a cargos directivos del 2022-2023. Ellos tendrían un trato diferenciado, como en el caso anterior del nombramiento automático.

La Comisión de Educación también aprobó la propuesta para el nombramiento de auxiliares de planteles estatales. También dio luz verde a los proyectos de ley que crean la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín y la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología (Uncytec) en Huaycán. Estas iniciativas han pasado al Pleno.

El Perú se encuentra bajo la mirada crítica de la comunidad internacional debido a su Congreso. Esta vez, por la reciente aprobación de una ley que concede amnistía a policías y militares procesados por presuntos delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno entre 1980 y 2000. La norma ha sido señalada como una especie de salvoconducto para quienes aún enfrentan investigaciones por crímenes de lesa humanidad, así como para condenados próximos a cumplir 70 años por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. La medida ha generado preocupación en organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que han denunciado públicamente su contenido.

En un comunicado conjunto, las organizaciones exponen: “El Congreso de la República ha aprobado un nuevo proyecto de ley de amnistía —el segundo en tan solo un año— que podría beneficiar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, contraviniendo sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y socavando décadas de lucha por verdad y justicia. Esta norma alcanzaría más de 750 casos, incluyendo 156 con sentencia firme, afectando directamente los derechos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres”.

Además de rechazar la ley, las organizaciones criticaron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, quien recientemente planteó ante el Congreso la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). “Esta amenaza de ruptura con el SIDH pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país”, señalaron.

Para las entidades firmantes, estos hechos forman parte de un patrón preocupante: “No son hechos aislados. Responden a una estrategia más amplia orientada a desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar impunidad por crímenes del pasado y consolidar un modelo autoritario que debilita peligrosamente el Estado de derecho”, concluyen.

Comunicado de organizaciones internacionales sobre ley de amnistia.

Organizaciones internacionales instan a la OEA a pronunciarse

El comunicado no solo describe y critica la situación actual, sino que también insta a la Organización de Estados Americanos (OEA) a intervenir y expresar su preocupación ante lo que consideran un grave retroceso.

“Llamamos a los Estados miembros de la OEA a expresar su preocupación y a manifestarse con firmeza en los espacios de diálogo de la Asamblea General ante el sistemático incumplimiento de los principios democráticos y de derechos humanos por parte del Estado peruano”, indican.

También hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie sobre el caso e incluya al Perú en el listado de países que han registrado retrocesos en materia de derechos humanos. Asimismo, piden que los poderes del Estado pongan fin a estas iniciativas.

“Reiteramos nuestro llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo del Perú a cesar de inmediato toda iniciativa orientada a garantizar impunidad y a retomar el camino del respeto pleno a sus obligaciones internacionales en materia de justicia, derechos humanos y democracia, a través de un compromiso real y coherente con su conducta en los espacios multilaterales”, concluye el documento.