Premier advierte que su censura puede terminar en la disolución del Congreso

¿Autoblindaje para que no lo saquen del cargo o una advertencia de crisis? El premier Gustavo Adrianzén advirtió que si es censurado por el Congreso, y su sucesor no recibe el respaldo del Congreso cuando vaya a pedir el voto de confianza al mes de haber juramentado, la presidenta Dina Boluarte puede disolver el Parlamento.

«En este marco de inseguridad ciudadana, ¿cuánto bien le hace al país y a la gobernabilidad, que se genere por la caída del Consejo de Ministros una crisis ministerial, y todo el gabiente tenga que renunciar como lo manda la Constitución? La recomposición de un nuevo Gobierno obliga entre otras cosas, eventualmente a quien pueda asumir el cargo, a tener que presentarse entre los 30 días al Congreso para emitir un voto de confianza…Censurado Adrianzén , al entrante no le den la confianza, a partir de ese momento, constitucionalmente, la presidenta de la República puede disolver el Congreso», señaló.

Explicó después que al no estar todavía en el último año del gobierno, según la Constitución, sí lo puede hacer «porque estamos en mayo».

VOTACIÓN ES PRÓXIMA SEMANA

Un total de 58 congresistas de diez bancadas —además de cinco no agrupados— han firmado alguna de las mociones de censura presentadas contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Solo faltan ocho votos para alcanzar los 66 necesarios para que el Congreso lo destituya.

Los parlamentarios que apoyan la medida pertenecen a Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, Bancada Socialista, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular, Avanza País y cinco no agrupados.

Aunque ya ingresaron las cuatro mociones en su contra —por su responsabilidad política en la masacre de 13 trabajadores en Pataz y por su incapacidad para afrontar la crisis de inseguridad—, la votación se realizará recién la próxima semana.

La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, explicó a Perú21 que, según el reglamento, las mociones de censura deben votarse entre el cuarto y décimo día natural desde su presentación. “Lo más probable es que se voten en la sesión del miércoles o la del jueves (de la próxima semana)”, precisó.

En el Pleno de hoy se darán cuenta las cuatro mociones, añadió.

El Congreso de Perú votará una censura contra primer ministro tras asesinato de 13 mineros

El Congreso de Perú evaluará y votará una moción de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, presentada por un grupo de 35 parlamentarios que considera que debe asumir su responsabilidad política para hacer frente a la ola de inseguridad que vive el país, que solo este domingo se ha cobrado la vida de 13 trabajadores de una mina, asesinados por una banda criminal.

La moción presentada, que ya cuenta con la firma de 35 congresistas, el número necesario para poder registrarla, considera que es necesario censurar a Adrianzén «haciendo efectiva su responsabilidad política por su manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana que viene enfrentando el país».

Este domingo, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de la mina Poderosa, ubicada en la provincia norteña de Pataz -que lleva un año declarada en emergencia-, que habían sido secuestrados.

Lima y su vecina provincia de Callao, una conurbación en la que viven uno de cada tres peruanos, también se encuentra declarada en emergencia ante el incremento de la inseguridad.

Tras conocerse que se habían alcanzado las firmas, el parlamentario de izquierdas Roberto Sánchez celebró en la red social X que la moción haya pasado el filtro: «Hemos logrado, de forma multipartidaria, 35 firmas. ¡Moción de censura contra Adrianzén, ahora!».

El documento indica que a Adrianzén le ha faltado liderazgo y «no ha logrado articular un trabajo eficaz entre los sectores del Ejecutivo, ni con los gobiernos regionales y locales».

El diputado Esdras Medina, del grupo ultraconservador Renovación Popular, señaló que otro grupo de congresistas presentó otra moción y mostró su esperanza en que ambos proyectos se unifiquen para votar de manera conjunta.

Medina recordó que, el pasado 30 de abril, Adrianzén dijo que no tenía información de que hubieran sido secuestrados los trabajadores de la mina, que finalmente fueron encontrados muertos cuatro días después.

En respuesta al crimen, el Gobierno decretó este lunes un toque de queda en el distrito de Pataz, además de ordenar que las Fuerzas Armadas tomen el control de la zona y suspender la actividad minera por 30 días.

«A raíz del acontecimiento de Pataz, decidimos que en las próximas horas, mientras trabajamos en el marco legal, se declara, a partir de entonces, el toque de queda en todo el distrito de Pataz de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera de la Poderosa», dijo la presidenta Dina Boluarte en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Además, anunció que instalarán una base militar en el distrito de Pataz y comunicó que queda suspendida toda actividad minera en la provincia que lleva el mismo nombre por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Autoridades con manos manchadas de sangre: Carlincatura expone como leyes aprobadas por el Congreso alentaron tragedia en Pataz

La ilustración de Carlos Tovar destaca cómo las nuevas leyes aprobadas por el Congreso de la República agravan el clima de delincuencia en el país.

La Carlincatura de hoy, 7 de mayo, expone cómo recientes iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República han contribuido al clima de delincuencia e impunidad que reina en todo el país. El resultado más reciente de esta situación fue la tragedia ocurrida en Pataz, donde 13 trabajadores mineros perdieron la vida a manos de delincuentes que los asesinaron tras haber estado secuestrados desde el 25 de abril.

Las leyes 31751, 31989, 31990, 32130, 32138 y 32303, cuyos efectos están relacionados con la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, son mencionadas por el caricaturista, quien recuerda la responsabilidad del Congreso —bajo el amparo del gobierno de Dina Boluarte— en la reciente tragedia.

Congreso lamenta la muerte de 13 mineros, pero respaldaron el Reinfo: así votaron las bancadas en el 2024

Tras el asesinato de trece mineros en la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad, distintas bancadas y líderes políticos se han pronunciado al respecto, solicitando una serie de medidas y proponiendo respuestas inmediatas. No obstante, un detalle que ha pasado desapercibido es que muchas de estas bancadas votaron a favor, en el Congreso, de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el régimen que ha facilitado la proliferación de la minería ilegal. Como se recuerda, se ha denunciado que los agentes criminales que asesinaron a los trabajadores mineros estarían vinculados a este sector ilícito.

Según un artículo previo de La República, desde la entrada en vigencia del Reinfo en junio de 2017, se registraron 90.265 solicitudes, pero solo 2.108 lograron formalizarse, es decir, apenas el 2,34 %. Una vez formalizados, estos salieron del listado del Reinfo. De esta manera, el actual régimen de formalización minera, lejos de fomentar la legalidad en el sector, ha incentivado sus vertientes ilícitas.

Bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, la Bancada Socialista, Podemos Perú, Avanza País, entre otras, agrupan a congresistas que votaron a favor de la ampliación de este régimen. Esas mismas bancadas, tras el estallido mediático de la tragedia en Pataz, han expresado ahora su solidaridad. La contradicción radica en que respaldaron un régimen que favorece la minería ilegal, precisamente el sector que habría perpetrado el asesinato de estos jóvenes trabajadores.

Así votaron las bancadas para aprobar la prolongación del Reinfo en 2024

En la sesión del 29 de noviembre del 2024, el Pleno del Congreso aprobó prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025, con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones. La iniciativa, exonerada de una segunda votación, contó con el respaldo mayoritario de la Comisión de Energía y Minas. El dictamen amplía el plazo y consolida la conducción del proceso de formalización integral de la actividad minera en los ámbitos de la pequeña minería y la minería artesanal.

Partidos que utilizaron ‘fábrica de firmas’ no pueden ser “suspendidos” ni “eliminados” por ley del Congreso, dice presidente del partido Morado

El presidente del partido Morado, Luis Durán, se pronunció sobre la reciente polémica en la que se han visto involucrados algunos partidos políticos respecto a la presunta contratación de ‘fábricas de firmas’ para conseguir afiliados a sus filas.

En diálogo con Prueba de fuego de RPP TV, Durán responsabilizó de las presuntas firmas falsas y afiliaciones fraudulentas al Congreso de la República. Según detalló, el Parlamento aprobó en junio del 2024 la ley 32054, la cual establecía que “los partidos políticos no son sujetos de ningún delito penal”.

“Si se llegara a comprobar que ha habido fábricas de firmas, donde algunos dirigentes de algunos partidos han construido afiliaciones, no va a poder ser juzgado. ¿Y sabes quiénes votaron [por la ley 32054]? Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos, APP y los restos de Acción Popular”, expresó.

“[Los partidos políticos] se mantienen en el sistema. No los pueden suspender ni eliminar. Otra cosa serán las consecuencias penales de los representantes, de los comités ejecutivos. Es una responsabilidad personal, pero el partido no sale del sistema”, acotó.

En esa misma línea, el presidente del partido Morado indicó que la ley aprobada por el Parlamento favorece “a las personas que entienden la política como una obsesión personal” y no “como un trabajo colectivo e institucional”.

“El sistema político peruano debería organizarse, ¿sabes alrededor de qué? De una idea. Los partidos son instituciones y los que militan en el partido tienen que asegurarle al país que van a llevar a sus mejores cuadros [opciones]. Y eso no ocurre”, manifestó.

“Los órganos electorales no están cuidados por el sistema legal para poder hacer bien su trabajo”

Al ser consultado sobre la responsabilidad del Reniec en la identificación de las presuntas firmas falsas, Durán indicó que “hay una normativa” que no permite brindarles a los órganos electorales “instrumentos para que” realicen sus funciones correctamente.

“Los órganos electorales no están cuidados por el sistema legal para poder hacer bien su trabajo. […] Yo no puedo discutir […] si hubo dolo o no en el Reniec, tendrán que investigar, pero creo que, si han encontrado esa cantidad de firmas, quiere decir que han guarnecido en algún sentido. […] En todas las actividades, ante el Reniec hay un funcionario del Reniec y hay un personero del partido. Y están viendo y juntos, y discuten las firmas. [Posteriormente], el Reniec tiene que cotejar la firma de la ficha escaneada con la firma que aparece en el sistema. Eso es todo lo que pueden hacer. Si nosotros quisiéramos que hubiera peritos grafotécnicos, necesitaríamos darle más presupuesto al Reniec”, indicó.

Congreso aprueba por insistencia ley que refuerza la prohibición de llamadas spam

Ante el aumento sostenido de quejas por llamadas no solicitadas, el Congreso de la República aprobó con 101 votos a favor la insistencia de la autógrafa de ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor para ampliar la prohibición de las comunicaciones spam.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Defensa del Consumidor, plantea un marco legal más estricto frente al acoso telefónico que sufren miles de peruanos a diario. Su presidente, Idelso García Correa (APP), señaló que la propuesta responde a la necesidad de proteger la tranquilidad y salud emocional de los consumidores.

“El dictamen de insistencia que hoy presentamos reitera que, frente a la impunidad existente respecto a las llamadas spam, que mortifican y perturban diariamente la tranquilidad de los usuarios y la salud emocional de los consumidores, es indispensable darles a los millones de usuarios y consumidores una mejor legislación”, afirmó García.

El parlamentario explicó que, si bien el Ejecutivo observó la norma por presunta incoherencia normativa, la comisión consideró que no se vulnera el derecho de libre empresa de los call centers, ni se contradicen principios establecidos por el Tribunal Constitucional.