Congreso: fracasa pretensión fujimorista de aprobar Ley Chlimper 2.0 con alto perjuicio fiscal

Con 65 a favor, 42 en contra y 33 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la cuestión previa de la Bancada Socialista para que el dictamen de la Ley Chlimper 2.0 sea derivado a la Comisión de Economía para su posterior debate. De esta manera, el grupo de trabajo parlamentario que preside Ilich López tendrá que analizar el riesgo fiscal que traería esta medida tributaria, cuyo costo ascendería a unos S/20.000, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Y es que pese a la intención del presidente de la Comisión Agraria Eduardo Castillo y sus aliados políticos, la propuesta legislativa no consiguió los votos suficientes para ser validada en la máxima instancia del Legislativo. Si bien se argumentó un consenso con el MEF y las organizaciones agrarias, lo cierto es que Conveagro desmintió esta versión en sus redes sociales.

«No pretendan engañar al país mencionando que tienen nuestro respaldo. Los pequeños agricultores siguen esperando políticas reales de apoyo, acceso a tierra, crédito y mercados justos. La medida ha sido rechazada por el MEF, el FMI y los gremios agrarios, pero aun así el Congreso avanza, ignorando a quienes producen los alimentos del país», precisaron.

Ley Chlimper: propuesta será debatida en Comisión de Economía

Al inicio de la sesión Plenaria, la congresista Sigrid Bazán denunció que el nuevo texto sustitutorio de la Ley Chlimper 2.0 no había sido analizado detenidamente en las comisiones respectivas. Precisamente, uno de los alcances incorporados recientemente está relacionado con la deducción adicional del 25% por compras a pequeños productores, que no puede exceder el 10 de los montos acreditados mediante comprobantes de pago.

«Este dictamen propone un festival de exoneraciones tributarias que son dos programas sociales juntos en plata. ¿Cómo va a beneficiar al pequeño agricultor? No hay ninguna palabra al respecto. Además, el dictamen ignora que ya existen un padrón de productores agrarios y se busca imponerles para que se integren a costos y riesgos asociados a la producción.», refirió.

A su turno, la autora de la cuestión previa Silvana Robles, consideró que este dictamen de la Comisión Agraria favorece desproporcionadamente a las grandes empresas agroexportadoras a partir del establecimiento de privilegios fiscales como la reducción del impuesto a la renta del 29,5% al 15%.

«Lo que resulta alarmante es que dentro de los beneficiarios del dictamen se encuentran las formas asociativas, lo cual demostraría que los benéficos tributarios no estarían destinados a quienes más lo necesitan, sino a las empresas agrarias, que mediante la compra o asociación con pequeños productores, se verían beneficiadas con tasas reducidas», enfatizó.

En declaraciones a este medio, el vocero de la Bancada Socialista, Jaime Quito, consideró que esta norma busca crear un desfalco legalizado a los recursos fiscales con beneficios a grandes agroexportadoras. «Quieren nuevamente este régimen que nació del lobby fujimorista en los 90. Este proyecto debe ir al archivo definitivo», indicó.

Congreso: subcomisión archiva denuncia constitucional por caso Rolex

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la jefa del Estado por el caso Rolex, interpuesta por el Ministerio Público.

Con diez votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la subcomisión aprobó el referido informe de la parlamentaria Nilza Chacón (Fuerza Popular).

Este informe concluye que no procede formular acusación contra la Presidenta de la República, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, que establece que el Presidente de la Repúblicasolo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir elecciones o disolver el Congreso.

Durante la sustentación del informe, la legisladora Nilza Chacón indicó que «examinados los hechos y el marco jurídico vigente», corresponde a la subcomisión «declarar la improcedencia de la acusación […], toda vez que los hechos atribuidos no se encuentran previstos en el artículo 117 de la Constitución».

Apuntó que dicho artículo establece, en forma restrictiva, los únicos casos en que un presidente en funciones puede ser acusado y la imputación planteada en el presente caso no se ajusta a ninguno de ellos.

Entonces, «proceder con la presente acusación supondría vulnerar el principio de legalidad y desconocer una limitación expresa de la Constitución», remarcó la legisladora.

Se aprueba la reelección de alcaldes y gobernadores regionales

El Pleno del Congreso aprobó con 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones, el dictamen de los Proyectos de Ley 2027, 2067, 2225, 2287, 2303, 2343 y 6375, que proponen la ley de reforma constitucional de los artículos 35,191 y 194 de la Constitución Política del Perú, a fin de fortalecer la democracia representativa y establecer la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales.

Luego de la votación el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas (PL), -encargado de la conducción del debate- informó que, “de acuerdo al artículo 206 de la Constitución Política del Perú, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria”.

El texto aprobado en su artículo único establece que el gobernador regional, vicegobernador, alcaldes y regidores, pueden ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata.

Además modifica el artículo 35 de la Carta Magna en los siguientes términos:

“Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a ley. Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (FP), sustentó que la reelección permitirá reivindicar el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades, convirtiéndose así en un incentivo para el buen gobierno, posibilitando la implementación de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo en beneficio de la ciudadanía.

“La reelección es una cláusula política independiente y como tal, puede ser configurada libremente por el legislador de acuerdo a la realidad política, es decir, es una opción del legislador”, refirió.

A su turno, la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) -autora de una de las iniciativas legislativas- refirió que la no reelección ha generado acciones limitativas impidiendo en muchos casos que los alcaldes no cumplan con ejecutar sus promesas electorales y los proyectos de inversión pública para cerrar las brechas del país.

“Esta iniciativa impacta de manera positiva en el fortalecimiento de los gobiernos nacionales y en las condiciones de gobernabilidad. En el contexto actual, es evidente la necesidad de profesionalizar la carrera política en el Perú y la experiencia demuestra que prohibir la reelección no reduce la corrupción”.

En tanto, los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Jerí Oré (SP), en calidad de autores de los proyectos, coincidieron en la necesidad de aprobar la norma, pues consideraron que el tiempo de cuatro años para una gestión municipal es sumamente corto.

“Estadísticamente la reelección a nivel subnacional no pasa del 15%, hay que dejar en claro que las autoridades mismas no se van a reelegir, pues es la población la que verá si los reeligen y deposita nuevamente su confianza en la autoridad”, sustentó Jerí Oré.

El congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) se mostró también a favor de la propuesta, refiriendo que democracias consolidadas poseen autoridades que continúan en el tiempo ya que la política requiere especialidad.

De igual manera Darwin Espinoza Vargas (AP) dijo estar convencido de que la experiencia ayuda mucho a las autoridades, sobre todo aquellas que por primera vez ocupan un cargo público.

Durante el debate los legisladores Víctor Cutipa Ccama (CD-JP), Alex Flores Ramírez (NoA) Óscar Zea Choquechambi (BMCN), Pasión Dávila Atanacio (BMCN), Margot Palacios Huamán (PL), entre otros, se mostraron en contra de la propuesta, expresando su preocupación por los altos niveles de corrupción que podría traer consigo el retorno de la reelección de autoridades.

Previamente se rechazó con 83 votos en contra, una cuestión previa planteada por la congresista Susel Paredes Piqué (CD-JP), quien solicitaba que los proyectos retornen a la Comisión de Constitución y Reglamento para que se evalúe con precisión el retiro de la participación política de los movimientos regionales.

Al final, se presentó una reconsideración a la votación del dictamen que permite la reelección de los alcaldes y gobernadores regionales, pero fue rechazada, pues apenas obtuvo 23 votos a favor.

Congreso: Pleno aprobó dictamen para que serenos municipales usen pistolas de electrochoque

El Pleno del Congreso admitió el dictamen que aprueba el uso de armas de electrochoque por parte del personal de serenazgo municipal como medida de defensa ante la inseguridad.

En primera votación, el dictamen se aceptó con 88 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. Luego, en segunda registraría 90 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.

La congresista Adriana Tudela, presidenta de la Comisión de Defensa, explicó que el dictamen modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, la cual incorpora las armas de electrochoque, calificadas no letal, como uso de defensa del sereno.

“La propuesta surge como respuesta ante el desborde de la delincuencia y a la falta de herramientas de defensa adecuadas para el serenazgo (…) [Las armas de electrochoque] Están clasificadas como armas no letales y no requieren de licencia de porte de armas, cualquiera puede usarlo, por lo que resulta un absurdo que los serenos, que están expuesto a la criminalidad, no puedan hacerlo”, indicó Tudela.

También, la parlamentaria Ana Zegarra, presidenta de la Comisión de Descentralización, resaltó que los serenos acuden primero al llamado de los vecinos hasta la espera de la presencia de un policía, por lo que deben estar preparados para cualquier acción. No obstante, solicita que el Ministerio del Interior evalúe la posibilidad de que lleven una cámara de video corporal para que quede corroborado el uso correcto de esta arma no letal.

“Proponemos que quienes usen este medio de defensa sean previamente capacitados y que el Ministerio del Interior evalúe la necesidad de acompañar con cámaras de video corporal en la indumentaria de los serenos para que sean usado en forma adecuada, garantizando un uso responsable y transparente”, señaló.

Estarán exentos de responsabilidad penal

Además, por propuesta de la congresista Martha Moyano, se incorporó una disposición transitoria para que serenos que utilicen estas armas no letales en cumplimiento de sus funciones y causen daño contra la vida, el cuerpo y la salud, estén exentos de responsabilidad penal.

Janet Tello, en mensaje por inseguridad ciudadana, critica al Congreso y hace pedido a Ejecutivo

En plena jornada del paro de transportistas, Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, pidió respuestas concretas frente al avance de la criminalidad y urgió al Congreso y al Ejecutivo a actuar con firmeza.

Este jueves 10 de abril, mientras más de 460 empresas acatan un paro de transportistas en Lima y Callao, Tello Gilardi emitió un mensaje contundente sobre la inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

“Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad y preocupación ante el alarmante desborde de la criminalidad y la creciente inseguridad ciudadana que afecta a nuestro querido país”, expresó.

Tello destacó que la situación actual “no solo pone en riesgo la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también socaba los cimientos de nuestra convivencia pacífica y democrática”.

En su discurso, instó a todos los poderes del Estado a dejar de lado las diferencias y trabajar unidos: “Asumamos el real compromiso de sumar esfuerzos y articular una respuesta contundente y efectiva ante esta crisis”.

Janet Tello manda mensaje a Congreso

La magistrada saludó que el Congreso convoque un pleno especializado en materia de seguridad, pero advirtió que no bastaba con ese gesto institucional en medio del paro de transportistas.

“No puedo dejar de reiterar que existen normas aprobadas en los últimos meses que merecen una urgente revisión, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en un informe que le hemos remitido”, afirmó.

Además, exigió al Legislativo aprobar de manera prioritaria un proyecto de ley clave: “Debo recordarles la imperativa e impostergable necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el sistema nacional especializado en unidades de flagrancia”.

“Solicito al Congreso priorizar esta tarea, entendiendo que la seguridad y el bienestar de la ciudadanía dependen de decisiones legislativas oportunas y responsables”, agregó la presidenta del Poder Judicial.

Hace pedido a Ejecutivo

El mensaje de Tello también incluyó un pedido concreto al Ejecutivo para garantizar el financiamiento necesario para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana.

“Solicito al Poder Ejecutivo concretar la asignación de los recursos que se necesiten para su total implementación y funcionamiento”, expresó en referencia a las unidades de flagrancia.

La alta magistrada consideró que esta política debe ejecutarse en coordinación entre el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, ratificó que el Poder Judicial está comprometido con el combate contra la criminalidad: “Por nuestra parte estamos plenamente comprometidos en este propósito con el rol que nos toca”.

Finalmente, dirigió un mensaje a jueces y juezas del país: “Exhorto a todos los jueces y juezas de nuestro país para ser firmes en la aplicación rigurosa de la ley”.

“Quiero decirles que su labor es crucial para restablecer la confianza en nuestro sistema judicial y para enviar un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en nuestra nación”, concluyó.

Congreso: Comisión de Constitución aprueba proyecto fujimorista para suspender a fiscales, jueces, ministros y miembros de la JNJ

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta de ley del fujimorismo que modifica el reglamento de esta institución para que sea posible suspender a todos los altos funcionarios del Estado: ministros, fiscales supremos, jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa empodera los procesos de acusaciones constitucionales del Congreso y permite, además, que todos los altos funcionarios sean suspendidos con 50 votos, lo que equivale a la mayoría simple de congresistas presentes en el Pleno, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente (que son 30).

Fuerza Popular y Perú Libre respaldaron contrarreforma

El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Los congresistas que respaldaron la contrarreforma son de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Bloque Magisterial. Todo el pacto que gobierna el Parlamento.

El proyecto fue presentado por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien planteó modificar el artículo 89 del reglamento del Congreso. Este texto establece que los parlamentarios acusados constitucionalmente puedan ser suspendidos mientras son investigados en el Ministerio Público.

Juárez propuso ampliar ese universo para todos los altos funcionarios investigados y que son acusados por el Congreso. «Mientras dure el proceso, se les suspende en el cargo», enfatizó.

La sesión de la Comisión de Constitución en la que se aprobó esta ley fue presidida por Luis Aragón, de Acción Popular, quien puntualizó el impacto que tendrá dicho dictamen. «El parlamentario no es el único que puede ser acusado. Puede ser acusado un miembro de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación o de la Junta Nacional de Justicia», manifestó.

La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, cuestionó el proyecto. «Me preocupa. Aquí se está incorporando una disposición que aplica en los procesos en trámite. ¿A quién quieren bajarle la cabeza sino tienen los votos? Lo que más me viene a la mente es lo que pasó con la JNJ y ahora se pretende quitar el tema de congresistas para que se aplique a funcionarios. Yo quisiera tener claridad sobre el fondo de este tema», comentó.

Congreso: altos funcionarios corren peligro de ser suspendidos con 50 votos

La otra crítica a esta propuesta es que el Pleno del Congreso, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente, podrá suspender con mayoría simple a los altos funcionarios. «Aquí se abre la puerta a que con 50 votos uno puede suspender indefinidamente por infracción a la Constitución porque a mí me parece que se vulneró la Constitución. Lo único que he pedido es evitar que las suspensiones se hagan pasar por destituciones», expresó.

Actualmente para inhabilitar a un alto funcionario se requiere dos tercios de votos (67) a favor en el Pleno, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. El proyecto de Juárez permite suspenderlos con menos votos. La congresista Luque por eso recordó el caso de la JNJ, cuando los exmagistrados Aldo Vásquez e Inés Tello fueron inhabilitados con 67 votos exactos.

Con una ley como la planteada por Juárez, Vásquez y Tello hubieran podido ser suspendidas con 17 votos menos en el Congreso.

Delia Espinoza, Janet Tello y Salas Arenas en riesgo

Esta ley fujimorista recibió luz verde de la Comisión de Constitución el mismo día que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votará el informe final para acusar al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por presunta negociación incompatible, sobre la base de declaraciones del exjuez Walter Ríos.

Con el dictamen naranja todavía no es discutido en el Pleno, pero de ser aprobado Salas Arenas está expuesto a ser suspendido del cargo de juez supremo con la mayoría de simple de votos.

El mismo riesgo corren la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quienes son atacadas constantemente por el fujimorismo y sus aliados. A eso se suma que incluso los ministros del régimen de Dina Boluarte, los miembros del TC y otros funcionarios como el contralor y el defensor del Pueblo están expuestos a ser sometidos por una mayoría simple parlamentaria.