Plantean penalizar con cadena perpetua el sicariato cometido contra funcionarios públicos, periodistas y empresarios

El congresista Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso) presentó una iniciativa para crear la figura del «terrorismo urbano» y endurecer las penas para los delitos relacionados con el sicariato, especialmente cuando las víctimas sean funcionarios públicos, periodistas y empresarios.

El proyecto de ley propone la incorporación del artículo 315-C, que establece una sanción de hasta cadena perpetua para quienes participen en actos de violencia organizados por bandas criminales, cuyo fin sea generar terror o afectar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Este tipo de acciones, catalogadas como «terrorismo urbano», abarcarían cualquier acción que cause alarma, zozobra o daño a la población o a las estructuras críticas del país.

De ser aprobado, el nuevo artículo estipula que los responsables de cometer, colaborar, instigar o financiar estos actos de terrorismo urbano serán castigados con penas no menores de 30 años de prisión. Sin embargo, en los casos más graves, como el uso de armas de guerra, explosivos o la utilización de menores de edad, la pena podría ascender a cadena perpetua. La ley contempla la misma sanción si se destruyen instalaciones estratégicas como redes de energía, agua o telecomunicaciones.

Además, la propuesta prevé imponer una pena de cadena perpetua a los responsables del delito de sicariato que realicen este acto en amedrentamiento o facilitación del delito de extorsión. Asimismo, esta condena se aplicará a los victimarios de funcionarios, de  periodistas o de ciudadanos que ejerzan una actividad comercial o empresarial.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones para aquellos que trafiquen, posean armas de fuego sin la debida autorización o faciliten el uso de estos artefactos para fines ilícitos. La propuesta plantea penas de prisión que oscilan entre los 10 a 15 años, con agravantes cuando los implicados sean miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).


Proyecto de Ley N° 10529/2024-CR

La Bancada Parlamentaria Alianza Para el Progreso, a iniciativa del señor Congresista de la República que suscribe JORGE ALFONSO MARTICORENA MENDOZA, en ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, y, de conformidad con lo establecido en los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente Iniciativa:

FORMULA LEGAL

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 108-C, 279-G E INCORPORA EL ARTÍCULO 315-C AL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635

Artículo 1°. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto modificar los artículos 108°-C y 279°-G e incorporar el artículo 315°-C al Código Penal, Decreto Legislativo 635, afín de implementar medidas que atiendan la problemática de seguridad ciudadana, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y combatir la inseguridad ciudadana.

Artículo 2°. Modificación de los artículos 108-C y 279-G del Código Penal

Modifíquense los artículos 108-C y 279-G del Código Penal, Decreto Legislativo 635, los mismos que quedan de la siguiente manera:

Artículo 108-C. Sicariato

El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener un beneficio económico u otro de cualquier índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta y cinco años.

La misma pena se impondrá a quien ordena, encarga, acuerda, financia, proporciona apoyo logística, u organiza de cualquier forma e/ sicariato, así como a quien actúa como intermediario en la cadena delictiva.

Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza:

1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta.
2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal.
3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.
4. Cuando las víctimas sean dos o más personas.
5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo.
6. Cuando se utilice armas de guerra.
7. Cuando la víctima sea un funcionario público o periodista.
8. Cuando la víctima ejerza cualquier tipo de actividad comercial o empresarial.
9. Como acto de amedrentamiento o facilitador de la comisión del delito previsto en el artículo 200°.

Artículo 279-G. Fabricación, comercialización, uso o porte de armas

El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita, siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hacen referencia en el primer párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de doce ni mayor de quince años cuando las armas o bienes, dados en préstamo o alquiler, sean de propiedad del Estado.

En cualquier supuesto, si el agente es miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, en actividad o en retiro, o del Instituto Nacional Penitenciario la pena será no menor de quince ni mayor de veinte años.

El que trafica armas de fuego artesanales, materiales destinados para su fabricación o modificadas para incrementar su letalidad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

Será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de quince mi mayor de veinticinco años y con setecientos treinta y cinco a mil días-multa, si el agente:

1. Actúa en calidad de integrante de una organización criminal o banda criminal
2. Facilita, entrega, presta o encarga armas de fuego, de procedencia lícita o ilícita, a menores de edad.

Para todos los supuestos se impondrá la inhabilitación conforme a los incisos 1), 2), 4) y 6) del artículo 36 del Código Penal, y adicionalmente el inciso 8) si es miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Artículo 3°. Incorporación del artículo 315°-C del Código Penal

Incorpórese el artículo 315-C al Código Penal, Decreto Legislativo 635°, el cual queda de la siguiente manera:

Artículo 315-C. Terrorismo Urbano

El que, por cualquier medio, como parte de una banda u organización criminal, comete, colabora, instiga, dirige o financia, actos de violencia que intimiden o provoquen alarma, terror o zozobra en la población o parte de ella, o afecten la estabilidad o funcionamiento de las instituciones del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a treinta años, a través de la comisión de los delitos tipificados en los artículos 108- C, 108-D, -,52°, 279-G y 200° del Código Penal.

La pena será de cadena perpetua si:

1. Se emplea armas de guerra, explosivos o materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú.
2. Se vale de menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad para la ejecución de los actos.
3. Se destruye o inutiliza instalaciones estratégicas, como redes de energía, agua, telecomunicaciones o transporte público.

Lima, marzo de 2025

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA. 

I.a Antecedentes:

En diciembre del año 2000, se suscribió en la ciudad de Palermo (Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que define como «grupo delictivo organizado» al conjunto de tres o más personas, que por un tiempo determinado, acuerden cometer uno o más delitos graves y como consecuencia de ello, reciban un beneficio económico o de otro tipo; precisándose que delitos graves pueden ser aquellos que se encuentre sancionados con pena privativa de la libertad superior a los cuatro años.

[Continúa…]

Juan Santiváñez busca salvarse de censura y pide presentarse en el Congreso antes del debate y votación de mociones

Juan José Santiváñez sabe que para seguir a cargo del Ministerio del Interior depende únicamente de la decisión que puede tomar el Pleno del Congreso, este viernes 21 de marzo, cuando se debata y se voten las mociones de censura en su contra, por el incremento de la inseguridad.

En busca de salvar su pellejo y con los tiempos a contrarreloj, el ministro favorito de Dina Boluarte, se juega una de sus últimas cartas y plantea exponer su supuesto plan de trabajo ante la bancadas que piden su cabeza, luego de la muerte de Paul Flores, cantante de Armonía 10, más conocido como ‘Russo’, el último domingo 16 de marzo.

«Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la vez, solicitarle me permita exponer los planes de acción y estrategia del Ministerio Interior para el día viernes 21 de marzo», dice el documento de Santiváñez enviado a Eduardo Salhuana.

Mociones de censura contra Juan Santiváñez: Fuerza Popular puede jugar a favor del ministro

Hasta el momento son cuatro mociones de censura contra Juan Santiváñez. La última fue presentada por la bancada de Fuerza Popular tras blindarlo por varios meses; sin embargo, la propuesta no figura en la agenda del Pleno, debido a que recién este martes ingresó a mesa de partes y se debería debatir en un plazo de 4 días.

De esta manera, solo discutirán las iniciativas que impulsan Diego Bazán (Renovación Popular), Jaime Quito (bancada Socialista) y Susel Paredes (no agrupado).

Si bien el congresista fujimorista César Revilla adelantó que la votación de su bancada será en bloque, esto no es seguro, ya que hasta ayer el congresista Bustamante se mostró en contra de la salida de Santiváñez. Si eso está pasando en la interna de la tienda naranja, es incierto que apoyen las otras iniciativas.

«Fuerza Popular va a votar en bloque. Todos los colegas han firmado la moción salvo algunos que han estado lejos de la región y no ha tenido acceso a sus computadoras, pero todos están de acuerdo en firmar la moción», dijo Revilla a la prensa, mientras que su colega Bustamante adelantó que no es una solución sacar a Santiváñez.

«¿A quién ponemos? ¿Cuál es la propuesta en estos momentos? Si lo que tenemos es una situación de inseguridad ciudadana y si consideramos que esto es responsabilidad de la inacción del Ministerio del Interior, ¿qué ganamos removiendo al ministro del Interior ahora?», expuso Bustamante.

En ese panorama, la salida de Santiváñez no es un hecho, por lo que hay bancadas que se encuentran en silencio como Perú Libre, Alianza para el ProgresoSomos Perú y Bloque Magisterial.

En APP llamó la atención que Juan Carlos Lizarzaburu retirara su firma de la moción de censura de Diego Bazán; en tanto, los perulibrista de la mano de Flavio Cruz indicaron que apoyarán la censura, pero, su líder Vladimir Cerrón, desde su redes sociales, salió en defensa del ministro y cuestionó que pretendan sacarlo del cargo.

Tras 444 asesinatos, Fuerza Popular y otras bancadas del Congreso recién piden salida de ministro Juan Santiváñez

En el Perú 6 ciudadanos son asesinatos al día. Tras 444 homicidios en 72 días de año, según cifras de Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), las bancadas de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y la de Alianza para el Progreso (APP) pidieron la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a su mala gestión en la lucha contra la extorsión, sicariato e inseguridad ciudadana.

En horas de la madrugada hoy, domingo 16 de marzo, el cantante de Armonia 10, Paul Flores, fue una víctima más de la criminalidad en el país. Sin embargo, los partidos en alianza, fujimorista y apepepista, aprovecharon el fatal suceso para sus beneficios políticos, pese a que ninguno de sus integrantes (22 de Fuerza Popular, 14 de APP) de las bancadas firmaron las 3 mociones de censura en contra y que solo falta una firma en la solicitud presentada por la congresista Susel Paredes.

El partido naranja indicó en un comunicado compartido a través de sus redes sociales que presentarán una nueva solicitud de censura después de su blindaje en los 3 primeros meses del año al titular de Mininter. Mientras que la congresista Lady Camones (APP) dijo: «Esto es insostenible, apoyo la censura. ¡No más Santiváñez!».

«Los ciudadanos están desprotegidos. No basta con cambiar al ministro, el Gobierno debe implementar medidas firmes de inteligencia y estrategia para enfrentar a los criminales que actúan con total impunidad», enfatizó Fuerza Popular, pese a que apoyaron, en diciembre del 2024, la derogación de la detención preliminar, medida fundamental para luchar contra la criminalidad.

Juan Santiváñez: Renovación Popular pide renuncia de titular del Mininter

Por otro lado, Renovación Popular informó a través de un comunicado en sus redes sociales en el que solicitan la renuncia de Juan José Santiváñez, así como la reorganización del Ministerio Público y el Poder Judicial, el retiro de la Corte IDH, el reemplazo del comandante general de la PNP y la declaratoria de estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad.

Sin embargo, no todos sus integrantes de la bancada firmaron el pedido de moción de censura en contra del titular de Mininter. Solo 5 respaldaron el pedido de la congresista Susel Paredes, mientras que Alejandro Muñante indicó que se sumaría a la solicitud que presentó su colega Bazán.

Juan José Santiváñez señaló que irá al Congreso a exponer sus “logros” si es citado por moción de censura

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que acudirá al Congreso para dar cuenta sobre los resultados de su gestión si es que es citado por una eventual moción de censura, ello tras el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter descartó así que vaya a renunciar al cargo por el incremento de la criminalidad en el país. Asimismo, señaló que su cargo está a disposición de la presidenta Dina Boluarte.

“Estoy dispuesto a ir al Congreso y explicar todo el trabajo que la Policía Nacional está haciendo, porque está demostrado y justamente con los logros y las detenciones que hemos obtenido”, sostuvo.

“Yo he puesto siempre mi cargo a disposición de la señora presidenta constitucional”, añadió.  

Santiváñez sostuvo, en ese sentido, que sabe que en una democracia el Congreso puede fiscalizar a los ministros de Estado mediante las mociones de interpelación y censura. Sin embargo, dijo que espera ser escuchado por la representación nacional.

“Lo que tengo que hacer y creo que es lo convenientes es ser citado por el Congreso de la República, para que el Congreso escuche el trabajo que se está haciendo, para que el Congreso escuche cuáles son las estrategias empleadas, para que el Congreso escuche cuáles son los resultados”, sostuvo.

Sobre estado de emergencia

El ministro también se refirió a la nueva declaratoria de estado de emergencia anunciada por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén. Según indicó, esta declaratoria comprende la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

Asimismo, dijo que se busca la reforma del sistema penitenciario y que se va a reformular el tratamiento de los reclusos, como el cambio del régimen de visitas, con solo una permitida de acuerdo con el comportamiento del interno.

Respecto del asesinato de Paul Flores, el ministro Santiváñez indicó que ha dado indicaciones a la Policía Nacional para que se capture a los responsables de este crimen. Añadió que la policía trabaja para proteger a toda la ciudadanía.

“Lamentamos la muerte de este cantante de esta agrupación, así como lamentamos la muerte de todo peruano que se puede ver involucrado en estas situaciones y contra eso nosotros estamos trabajando”, sostuvo.

El Colegio de Arquitectos de Lima y el Congreso de la República firman acuerdo de cooperación interinstitucional

El Congreso de la República y el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lima suscribieron un convenio interinstitucional que tiene como propósito fortalecer la cooperación en la formulación de normativas vinculadas al urbanismo y la construcción, asegurando un enfoque técnico y especializado que permita mejorar la infraestructura y la calidad de vida en el país.

El arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, decano del Colegio de Arquitectos de Lima, destacó que este acuerdo representa un avance significativo en la colaboración entre el Congreso y el sector profesional técnico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante reformas legislativas que garanticen construcciones seguras y sostenibles en el país.  

Señaló la importancia de abordar el déficit habitacional y mejorar la planificación urbana en el Perú. «Nos encontramos en una etapa crucial para el desarrollo de nuestras ciudades. Incendios fuera de control, puentes colapsados y deficiencias estructurales en edificaciones evidencian las falencias en la planificación urbana. Este convenio nos otorga la responsabilidad de contribuir con propuestas legislativas que permitan enfrentar esta problemática de manera integral», remarcó.

A su turno, La congresista Roselli Amuruz, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, enfatizó la relevancia de esta alianza para la incorporación de criterios técnicos en la elaboración de políticas públicas en materia de urbanismo y vivienda.

«Permitirá fortalecer las opiniones técnicas y mejorar la calidad de los proyectos de ley y dictámenes que elaboramos en la Comisión de Vivienda. Nuestro objetivo es garantizar que todos los ciudadanos accedan a una vivienda digna y servicios básicos adecuados, promoviendo un desarrollo urbano ordenado y sostenible», destacó Amuruz.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de certificación para revisores urbanos, asegurando un proceso más riguroso y meritocrático, con la participación del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

El Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Carlo Flores, resaltó el impacto positivo de esta iniciativa y la importancia de la asistencia técnica de los colegios profesionales en la formulación de marcos normativos.

«La firma de este convenio permitirá que el Congreso de la República, y en particular la Comisión de Vivienda, cuente con el respaldo técnico del Colegio de Arquitectos de Lima en el diseño y evaluación de iniciativas legislativas. Una normativa bien estructurada es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en el desarrollo urbano del país», indicó Flores.

El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional entre el Congreso de la República y el Colegio de Arquitectos de Lima, orientado a optimizar la formulación de normativas relacionadas con el urbanismo y la construcción. Además, contempla la realización de actividades conjuntas, visitas de trabajo y la participación de especialistas en la evaluación de proyectos legislativos.

Esta alianza representa un paso fundamental para fortalecer la articulación entre el Estado y los gremios profesionales, promoviendo una planificación urbana eficiente y el acceso a vivienda digna para todos los peruanos.

Congreso volverá a votar derogación de ley que favorece al ‘gota a gota’

El Pleno del Congreso volverá a votar la derogación de la ley que pone topes a las tasas de interés y que ha favorecido a la expansión del ‘gota a gota’, según informó el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.

De acuerdo con el titular del Legislativo, «en el contexto de la virtualidad, el registro de los votos orales y el cambio de votos solicitados» por varios legisladores, generó un error al momento del registro. 

En ese sentido, Salhuana indicó que en la siguiente sesión plenaria se pondrá a votación la propuesta de derogación de la norma que le cerró la puerta del acceso al sistema financiero formal a varias personas.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, indicó a Perú21 que durante el Pleno del 12 de marzo, el congresista Flavio Cruz (Perú Libre) votó a favor, pero luego cambió su decisión, lo cual no fue registrado.

«El legislador Raúl Doroteo (Acción Popular) marcó su asistencia, pero no votó y luego explicó que tuvo problemas con el sistema. En tanto, la congresista Elizabeth Hermosilla, que cambió su elección, tampoco fue registrada, y así varios casos», detalló.

Para el titular de Economía, es importante que este tema se vea lo más pronto posible en sesión plenaria, pues señaló que ha quedado comprobado el impacto que ha tenido la norma en la inclusión financiera.

«Desde la comisión vamos a seguir moviendo el tema porque es importante que se vea. Nosotros hemos hecho un trabajo estudiado, técnico, en la misma línea con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde», indicó.

Asimismo, señaló que si bien hay congresistas que votaron en contra de la derogación, precisó que no se está analizando el tema de fondo y el impacto que significaría que la norma continúe en vigencia.