El año 2023 deja una amplia lista de cuestionadas figuras políticas. Algunas de ellas, incluso inmersas en procesos judiciales, pertenecen a la institución más desprestigiada de todas: el Congreso de la República.

Correo identificó a un grupo de 14 legisladores, procedentes de diversas bancadas, que fueron blindados en los procesos que enfrentaban por serias acusaciones.

Dos bancadas reúnen al mayor número de estos legisladores. Se trata de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP).

Los acciopopulistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza son los primeros de la lista. Estos parlamentarios se salvaron de una acusación constitucional y una suspensión, por el caso denominado “Los Niños”, en mayo. En marzo, el Legislativo también había librado a Flores y Vergara -por el mismo caso- de una suspensión de 120 días.

La quinta legisladora cuestionada de la lampa es Hilda Portero. Ella es señalada por un presunto recorte de salarios a sus trabajadores (“mochasueldo”) para financiar un donativo. Fue denunciada en la Comisión de Ética, sin embargo, su caso se archivó en diciembre.

En APP, mientras tanto, son cuatros los congresistas cuestionados: Magaly Ruíz y Rosio Torres, sindicadas como presuntas “mochasueldos”, no fueron suspendidas por 120 días sino que la Comisión de Ética recomendó apenas 30 días. En ambos casos, la sanción incluyó un descuento de sueldo y una amonestación escrita. El caso de María Acuña, cuestionada por la misma falta, fue archivado en diciembre.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, fue el legislador con mayores archivamientos a su favor.

El apepista enfrentaba un caso por presunto nepotismo, un aparente recorte de sueldos para financiar a “trolls” en redes sociales -que defendieran su labor parlamentaria y fustigaran a sus pares en Cusco- y por influir en una ley que reduce el plazo de la prescripción de procesos penales, la que lo benefició en un proceso judicial. Todos estos casos se archivaron en Ética.

OTORONGOS

Otros cuatro casos resaltan en Podemos Perú y Unidad y Diálogo. En el primer grupo, Heidy Juárez, presunta “mochasueldo”, se libró en Ética de una suspensión por 120 días.

Al igual que sus pares en APP, recibió solo una multa de 30 días, con un descuento de sueldo, y una amonestación pública.

A su vez, Digna Calle, su colega de bancada, tuvo una amonestación escrita en Ética (diciembre) tras ausentarse presencialmente del Congreso por 415 días. Durante ese tiempo, en el extranjero, pidió 26 licencias sin goce de haber.

Por otro lado, Luis Cordero Jon Tay, hoy de Unidad y Diálogo, libró una suspensión de 60 días en octubre por una presunta agresión -testimonios de por medio- a su expareja.

A su turno, la no agrupada Katy Ugarte, quien ingresó al Parlamento con Perú Libre, se salvó de una suspensión de 30 días y un descuento de haberes por el mismo plazo. En su lugar, recibió solo una amonestación escrita en el pleno.

La exministra de la Mujer del golpista Pedro Castillo era acusada de despedir a una trabajadora suya con seis meses de embarazo. Por supuesto, negó los cargos y aludió a un “incumplimiento de funciones”.

POR PARTIDA DOBLE

Los blindajes también alcanzaron a la Mesa Directiva del Congreso. La aún tercera vicepresidenta del Parlamento, la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País), protagonizó más de un escándalo.

En octubre, el pleno rechazó una moción de censura en su contra tras su participación en una fiesta que culminó con un asesinato.

El Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, y el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, tienen algo en común a 50 kilómetros al sur de Lima, en el balneario de Santa María del Mar, nada menos que 35 mil metros cuadrados de terreno -ubicados cerca del mar- donde el Congreso de la República planea construir nada menos que un centro de capacitación y estudios para congresistas, asesores y trabajadores.

Se trata de una construcción sin precedentes que se estima costará 17 millones de soles y contará con aulas de capacitación, restaurantes y áreas al aire libre en uno de los balnearios más exclusivos del sur de la capital.

Mientras el Poder Legislativo se prepara para actividades con “vista al mar”, el programa periodístico ‘Cuarto Poder’ reveló un muy bien guardado secreto entre el superintendente de bienes nacionales y el presidente del Congreso de la República. La hermana menor del superintendente Sifuentes Quilcate ha sido contratada en el parlamento como médico ocupacional, coincidentemente sólo unos días después de que la SBN, encabezada por Sifuentes, le entregara al Parlamento el terreno veraniego en Santa María.

El pasado 2 de octubre Alejandro Soto retomaba un plan para entregar al Poder Legislativo nuevas instalaciones muy lejos del centro de Lima. Ese día SBN le entregó en cesión de uso el terreno veraniego.

Con la suscripción, el Congreso se comprometió a entregar el proyecto definitivo del nuevo local en Santa María en un plazo máximo de dos años. De no cumplirse con los plazos, Soto y la directora general de administración Marisol Espinoza saben perfectamente que se perderá la cesión del terreno, que regresará a la SBN.

En dos años como máximo este balneario residencial recibirá el diseño listo de una enorme sede parlamentaria pese a que el plan de desarrollo urbano de Santa María del Mar, según el alcalde, busca mantener el equilibrio entre el crecimiento inmobiliario y las playas del distrito.

A unas cuadras del malecón, sin todavía pedir la opinión del alcalde, el Legislativo decidió construir un centro de capacitación y estudios presenciales para congresistas y trabajadores que se han mostrado, paradójicamente, fanáticos de la virtualidad.

Según la Resolución N.° 0958-2023/SBN-DGPE-SDAPE, del 29 de setiembre pasado, la SBN resolvió aprobar la afectación en uso a favor del Congreso y por un plazo indeterminado, de un predio estatal ubicado en el distrito de Santa María del Mar de la ciudad de Lima, cuya extensión superficial es de 35,133.05 metros cuadrados.

El local tendrá 2 auditorios con capacidad para 800 personas cada uno, 6 salas de usos múltiples, 3 ambientes para biblioteca, 6 baterías de baños, un área de recepción, 3 restaurantes cafetería, estacionamiento para 500 autos, 10 aulas para 230 alumnos y 3 zonas de rotonda para reuniones al aire libre.

Y aunque algunos piensan que palacio legislativo debería ser clausurado, la administración avanza con la construcción del nuevo centro de salud y ahora se prepara para gastar al menos 17 millones de soles en el local de Santa María del Mar.

Mientras esto sucede, la hermana del superintendente nacional de bienes estatales, Elisa Sifuentes Quilcate, debería estar trabajando, pero en el Parlamento. Ella -por casualidades de la vida- entró a trabajar al Poder Legislativo a inicios de noviembre pasado, un mes después de la firma del convenio entre su hermano y el presidente del Parlamento para ceder en sesión de uso el terreno de Santa María.

El jefe del grupo funcional del servicio médico del Congreso, Miguel Marquina solicitó un médico ocupacional para la atención médica de congresistas y trabajadores. El requerimiento tenía carácter de urgente, se buscaba apoyo en especial durante las sesiones del pleno y pese a la urgencia, el Congreso demoró dos meses en decidir la contratación. Y vaya casualidad, contrató nada menos que a la hermana del superintendente Sifuentes Quilcate.

Según su cotización y autorización para el pago de abono en su cuenta bancaria, dice los siguiente “Señores Congreso de la República, es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle llegar mi cotización. El costo total asciende a 17 mil soles. Plazo de pago, 60 días calendario. Firma: María Elisa Sifuentes Quilcate”.

María Sifuentes empezó a trabajar el 6 de noviembre pasado, sin embargo, la médico con suerte, no asistió a trabajar durante tres días consecutivos. En conclusión, el Congreso ya tiene su terreno de playa y el superintendente de bienes nacionales a su hermana con trabajo en el Congreso.