Órgano de control advirtió irregularidades en la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Lima; un año después, Fiscalía y Policía desarticularon presunta red criminal que operaba desde 2018.
La desarticulación de la presunta organización criminal “Los Intocables”, lograda tras un paciente y minucioso seguimiento de un año por parte de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional del Perú a través de GRECCO y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), expone hoy la gravedad de las advertencias que la Contraloría General de la República había formulado con antelación sobre la entrega y renovación irregular de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Lima.
De acuerdo con un informe de control, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima omitió aplicar los filtros legales obligatorios para el canje y renovación de brevetes, permitiendo la emisión de licencias sin verificar la autenticidad de documentos, entre ellos certificados consulares exigidos por la normativa vigente.
La Contraloría identificó que solo una fracción mínima de las licencias evaluadas cumplía con los requisitos legales, revelando fallas estructurales en el control interno y en la supervisión del proceso administrativo. Además, advirtió que la entidad no declaró la nulidad de licencias emitidas irregularmente dentro de los plazos establecidos, generando el riesgo de prescripción y la consolidación de actos administrativos viciados.
El informe de control señala que estas deficiencias no solo afectan la legalidad de la gestión pública, sino que crean condiciones propicias para la infiltración de redes criminales, situación que —según el Ministerio Público— se habría materializado con la presunta organización “Los Intocables”, investigada por operar desde el año 2018 mediante la entrega irregular de licencias de conducir, con la presunta participación de trabajadores y funcionarios del área de transportes.
El reciente megaoperativo permitió la detención preliminar de 13 personas, incluido el presunto líder de la organización, confirmando la magnitud de un esquema delictivo que habría aprovechado las debilidades advertidas por el órgano de control años atrás.
El caso evidencia una preocupante cadena de omisiones institucionales y refuerza la necesidad de atender de manera inmediata y efectiva las alertas emitidas por los órganos de control, pues su desatención no solo compromete la seguridad vial, sino que abre las puertas a la criminalidad organizada dentro del Estado.
La Contraloría notificó oportunamente al Gobierno Regional de Lima sobre estos hallazgos y dispuso la adopción de acciones correctivas; sin embargo, los hechos hoy revelados por la Fiscalía confirman que las advertencias fueron más graves de lo que se quiso reconocer en su momento.
Fuente: Noticias Huacho


