Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

La Contraloría General de la República informó que, tras una auditoría de cumplimiento, identificó a cerca de 70 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que habrían gestionado de manera irregular más de 700 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante 2023 y 2024. Según el reporte, los trámites favorecieron a conocidos, terceros y también a personal de la propia entidad.

Las observaciones se concentraron en dos prácticas: registros de emisión de DNI sin sustento de pago y el uso de la gratuidad del DNI sin cumplir requisitos o sin adjuntar la documentación correspondiente, pese a que el beneficio está dirigido a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

DNI emitidos sin pagar: así se habría usado el sistema para registrar trámites como “pérdida”

De acuerdo con el informe de control citado por la Contraloría, se detectaron 436 trámites de DNI ingresados en el Sistema Integrado Operativo (SIO) sin que se acreditara el pago exigido en el TUPA. Para permitir el avance del proceso, algunos usuarios del sistema seleccionaban la opción de pago “pérdida”, como si se hubiese extraviado la constancia, y el campo “recibo de banco” quedaba completado con ceros, lo que evitaba que el sistema solicitara vincular un comprobante válido.

Bajo esa modalidad se registraron gestiones para trabajadores, compañeros de oficina y otras personas. La entidad fiscalizadora señaló que la mayor cantidad de casos se ubicó en la oficina descentralizada de San Pablo (Loreto) y en la Oficina Registral de Lurín (Lima). En esta última, se advirtió un ejemplo con cuatro trámites para un mismo servidor. Además, los registros pasaron por revisión y aprobación sin que se detectara la falta de pago, en procedimientos cuyas tasas pueden llegar hasta S/41, según el tipo de trámite.

Uso irregular de la gratuidad del DNI: observaciones en trámites por pobreza, discapacidad o emergencias

La auditoría también reportó 266 casos vinculados al uso indebido o sin sustento de la gratuidad del DNI destinada a sectores vulnerables. En estos expedientes, se habrían ingresado solicitudes en el SIO amparándose en resoluciones internas que habilitan exoneraciones de manera excepcional y temporal para supuestos como discapacidad, afectación por desastres o siniestros, adultos mayores y personas en pobreza o extrema pobreza, pero sin adjuntar los documentos que respalden esa condición.

Entre los ejemplos, se mencionó que en la Oficina Registral de Chosica dos trabajadores habrían tramitado DNI gratuitos para compañeros sin acreditar afectación por emergencias. En Huancayo (Junín), se advirtió un caso similar en beneficio propio sin sustento. También se identificaron debilidades en la evidencia de trámites por discapacidad: en algunos registros no figuraban documentos como el carné del Conadis o no quedaba respaldo ni en el sistema ni en el archivo físico. La Contraloría informó que halló indicios de presunta responsabilidad penal en tres trabajadores y responsabilidad administrativa en 69 servidores.

¿Qué dijo Reniec al respecto?

Al respecto, el RENIEC emitió un comunicado en el que indica que se han implementado diversas medidas de seguridad y se incorporaron controles adicionales para evitar accesos indebidos a los sistemas que tramitan y entregan DNI gratuitos. Asimismo, se han iniciado investigaciones internas y se adoptarán acciones frente a los presuntos involucrados. Finalmente, se aprobó un Plan de Acción para implementar las recomendaciones de la Contraloría.

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Las contrataciones de bienes y servicios, así como la adjudicación y ejecución de obras efectuadas por Alfonso López Chau como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), son sometidas a un proceso de auditoría por parte del Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la documentación a la que accedió La República, la disposición fue ordenada por la jefa de la OCI de la UNI, Carla Remigio Palacios, después que López Chau renunció a la rectoría para postular a la presidencia por el partido Ahora Nación.

La investigación de la OCI abarca el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2021 y el 6 de mayo de 2025, tiempo en el que López Chau ejerció como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería.

La decisión de la Contraloría se conoce pocos días después que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que a partir de la denuncia de un ciudadano, inició una investigación contra López Chau por presuntamente haber destinado fondos públicos de la UNI, a favor de miembros del partido Ahora Nación que son parte de su campaña.

La jefa de la OCI, Carla Remigio, en oficio remitido al rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, le informa que se le ha ordenado indagar la gestión de López Chau por disposición de sus superiores de la Contraloría.

No hay explicación

En el mencionado documento, la jefa de la OCI no le indica al actual rector de la UNI las razones de la Contraloría para indagar el periodo de López Chau. Simplemente indica que cumple con el requerimiento de las autoridades de la entidad fiscalizadora.

“La Contraloría General de la República ha dispuesto a la OCI el inicio de un servicio (auditoría) de recopilación de información relacionado a la contratación de bienes, servicios y obras realizadas por la Universidad Nacional de Ingeniería en el periodo del 12 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2025 (en la gestión de Alfonso López Chau)”, comunicó la jefa de la OCI al rector de la UNI.

Más de ocho meses después de la salida de López Chau de la rectoría de la UNI, este deberá responder a la Contraloría ante los cuestionamientos que ha recibido a su gestión en contrataciones de personal y adjudicaciones de bienes y servicios.

La República no ha obtenido respuesta de la Contraloría cuando preguntó si la medida adoptada para indagar la gestión de Alfonso López Chau, se aplicará a otros exfuncionarios públicos que también postulan a la presidencia. Como el caso del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y del exgobernador de La Libertad, César Acuña, entre otros.

Durante el mandato de López Aliaga se denunció presuntas irregularidades en la donación de trenes antiguos, así como en la contratación de un estudio de abogados extranjero relacionado con un amigo del exalcalde, entre otros hechos.

Respecto a Acuña, la propia Contraloría detectó sospechosas deficiencias en la adjudicación de S/315 millones en dos obras públicas a una empresa de papel que maneja una jovencita de 23 años, Lucero Coca Condori, sin ninguna experiencia en contrataciones.

A diferencia de la Contraloría que no acredita el sustento de la auditoría a la gestión de López Chau, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios sí anota algunos presuntos hechos.

La fiscalía, acogiendo la denuncia del ciudadano Carlos Huerta Escate, quien postula al Senado por el Partido Demócrata Verde, López Chau aprovechó el cargo de rector de la UNI para usar los fondos del centro de estudios para la promoción de su campaña política.

Además, le imputa haber modificado el estatuto universitario para que el próximo rector sea alguna persona de su entera confianza.

De acuerdo con información de la misma fiscalía, otro caso es el supuesto uso indebido del presupuesto universitario destinado a fines académicos, con la finalidad subvencionar viajes y actividades con el propósito de promover la imagen de López Chau.

Un tercer incidente que investiga la fiscalía es la presunta intervención de López Chau para que lo sustituya el vicerrector de Investigación, Arturo Fernando Talledo Coronado, cuando debió serlo la vicerrectora académico, Shirley Chilet Cama.

La República solicitó al vocero de prensa del partido Ahora Nación que postula a Alfonso López Chau, para que ofrezca una versión sobre las acusaciones que enfrenta y la decisión de la Contraloría de auditar su mandato, pero no obtuvo respuesta pese a la insistencia.

Contraloría: Funcionarios del Hospital Rezola de Cañete involucrados en irregularidades que permitieron pago de casi S/ 200 mil a contratista

La Contraloría detectó irregularidades en el Hospital Regional de Cañete – Rezola: 6 funcionarios involucrados en un pago de S/ 199,990 a una empresa por mantenimiento eléctrico incompleto y deficiente.

Se pagó completo el 2 de enero de 2025 pese a fallas evidentes en 177 subtableros, de los cuales solo 86 recibieron mantenimiento; 91 quedaron sin intervenir (UCI, Emergencia, Imagen, etc.).

Pozos a tierra: solo 14 de 20 mantenidos; riesgo de descargas y electrocución.

No se realizó mantenimiento del sistema de cloración y de las cisternas de agua, afectando la seguridad sanitaria del agua.

Términos de referencia y bases administrativas se elaboraron con requisitos que limitaron la competencia; la oferta ganadora no acreditó todos los requisitos.

Se remitió el caso a la Procuraduría y se instruyó deslinde de responsabilidades en la entidad.

Contraloría alertó fallas en filtros de brevetes antes de que fiscalía destapara a “Los intocables”

Órgano de control advirtió irregularidades en la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Lima; un año después, Fiscalía y Policía desarticularon presunta red criminal que operaba desde 2018.

La desarticulación de la presunta organización criminal “Los Intocables”, lograda tras un paciente y minucioso seguimiento de un año por parte de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional del Perú a través de GRECCO y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), expone hoy la gravedad de las advertencias que la Contraloría General de la República había formulado con antelación sobre la entrega y renovación irregular de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Lima.

De acuerdo con un informe de control, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima omitió aplicar los filtros legales obligatorios para el canje y renovación de brevetes, permitiendo la emisión de licencias sin verificar la autenticidad de documentos, entre ellos certificados consulares exigidos por la normativa vigente.

La Contraloría identificó que solo una fracción mínima de las licencias evaluadas cumplía con los requisitos legales, revelando fallas estructurales en el control interno y en la supervisión del proceso administrativo. Además, advirtió que la entidad no declaró la nulidad de licencias emitidas irregularmente dentro de los plazos establecidos, generando el riesgo de prescripción y la consolidación de actos administrativos viciados.

El informe de control señala que estas deficiencias no solo afectan la legalidad de la gestión pública, sino que crean condiciones propicias para la infiltración de redes criminales, situación que —según el Ministerio Público— se habría materializado con la presunta organización “Los Intocables”, investigada por operar desde el año 2018 mediante la entrega irregular de licencias de conducir, con la presunta participación de trabajadores y funcionarios del área de transportes.

El reciente megaoperativo permitió la detención preliminar de 13 personas, incluido el presunto líder de la organización, confirmando la magnitud de un esquema delictivo que habría aprovechado las debilidades advertidas por el órgano de control años atrás.

El caso evidencia una preocupante cadena de omisiones institucionales y refuerza la necesidad de atender de manera inmediata y efectiva las alertas emitidas por los órganos de control, pues su desatención no solo compromete la seguridad vial, sino que abre las puertas a la criminalidad organizada dentro del Estado.

La Contraloría notificó oportunamente al Gobierno Regional de Lima sobre estos hallazgos y dispuso la adopción de acciones correctivas; sin embargo, los hechos hoy revelados por la Fiscalía confirman que las advertencias fueron más graves de lo que se quiso reconocer en su momento.

Fuente: Noticias Huacho

¿Rosa Vásquez bloquea a la Contraloría? Silencio, oficios ignorados y sospechas crecientes

El día de ayer, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la gobernadora regional Rosa Vásquez volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Lo que más llamó la atención no fue su discurso, sino su reacción cuando llegó el turno de la Contraloría.

La Gerencia Regional de Control de Lima Provincias, dirigida por Carme Bazán Guerra, reveló que emitió cuatro oficios solicitando una reunión con la gobernadora, con el fin de acceder a información clave de su gestión. ¿La respuesta de Rosa Vásquez? Ninguna.

Bazán informó además que, desde que asumió funciones el 6 de octubre, cinco contrataciones ya están bajo control posterior, todas con indicios de responsabilidad administrativa y posiblemente penal. A pesar de ello, la gobernadora continúa negándose a entregar información, poniendo trabas y mostrando evasivas.

Frente a esta acusación, Rosa Vásquez solo atinó a decir que “no sabía” y que llamará la atención a sus funcionarios. ¿Le creemos? ¿Realmente desconocía los oficios o simplemente intenta salir del paso?

La gran pregunta cae por su propio peso:

¿Qué está ocultando Rosa Vásquez?

¿Por qué no quiere entregar información a la Contraloría?

¿Existen serias irregularidades que teme que salgan a la luz?

La falta de transparencia solo alimenta las sospechas. Aquí algo no cuadra, y la contraloría esta tras sus pasos.

Fuente: Diario El Chaski

Contraloría constata pésimas condiciones de comisarías en Lima y en provincias

Como parte del operativo nacional de control “Comisarías Básicas PNP 2025”, la Contraloría General de la República viene realizando una amplia intervención en dependencias policiales de todo el país, incluyendo 17 comisarías de la región Lima Provincias, con el objetivo de evaluar su infraestructura, equipamiento, dotación policial y capacidad operativa frente a la delincuencia.

Durante las inspecciones en provincias como Huaral, Barranca, Cajatambo, Yauyos, Huarochirí, Oyón, Canta, Cañete y Huaura, los equipos de auditores constataron serias deficiencias en varios establecimientos policiales.

Entre los principales hallazgos figuran:

  • Vehículos inoperativos o sin mantenimiento, e incluso algunos no registrados en el Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial (SIPCOP).
  • Mínima dotación de efectivos, lo que limita la atención oportuna de denuncias y patrullajes.
  • Infraestructura deteriorada, sin ambientes adecuados para la atención al público.
  • Falta de mapas gráficos y georreferenciales sobre medidas de protección a víctimas de violencia familiar.
  • Equipos y mobiliario en mal estado, además de carencia de chalecos, radios y equipos informáticos básicos.

Este operativo —que incluye 466 comisarías a nivel nacional— busca determinar el estado real de las dependencias policiales y emitir recomendaciones correctivas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú, con el fin de mejorar la respuesta policial y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las acciones de control continuarán hasta el 5 de noviembre, tras lo cual se presentará un informe consolidado sobre la situación de las comisarías en todo el país.

“Es momento de unir esfuerzos si realmente queremos combatir la delincuencia. Las comisarías son la primera línea de atención al ciudadano y deben contar con condiciones adecuadas para cumplir su función”, expresó el contralor general César Aguilar Surichaqui.