La Contraloría General alertó que la Municipalidad Provincial de Huaura no garantizó condiciones adecuadas de almacenamiento y distribución de los alimentos destinados a los programas sociales, lo que podría afectar la salud de los beneficiarios y la continuidad del servicio.
El Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/4155-SVC reveló que en los almacenes de la municipalidad se encontraron deficiencias significativas como ventilación inadecuada, acumulación de polvo y tierra, falta de separación adecuada entre los productos y ausencia de tarjetas de control visibles. Además, algunos locales presentan deterioro en la infraestructura con tuberías expuestas, signos de humedad y moho, lo que genera un riesgo de contaminación de los alimentos.
Durante la inspección, se constató que los programas afectados incluyen el Programa del Vaso de Leche (PVL), que beneficia a 2080 personas, el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en su modalidad de comedores populares, hogares y albergues, que distribuye 4620 raciones diarias, y el Programa de Alimentación y Nutrición para pacientes con tuberculosis y sus familias (PANTBC), que atiende a 170 pacientes.
Estas deficiencias afectan directamente la calidad de los productos y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de aproximadamente 6870 beneficiarios.
Asimismo, se identificaron inconsistencias entre los reportes de inventario y la información registrada en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA), lo que podría generar errores que dificulten el control eficiente de la distribución de alimentos y la detección de irregularidades como daños, pérdidas por mermas o sustracción.
El informe fue remitido al titular de la Municipalidad Provincial de Huaura con el fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias dentro de su competencia, garantizando la correcta gestión de los programas sociales y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), en su calidad de administrador del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), desde el 2021 hasta el 4 de febrero de 2025 no está adoptando las acciones que correspondan para recuperar la suma de S/ 4 710 352 que fueron otorgados a los beneficiarios del programa Ahorro GNV, quienes no están cumpliendo con el pago de las cuotas establecidas en sus respectivos cronogramas de devolución.
El programa Ahorro GNV consiste en el financiamiento realizado con recursos del FISE para fomentar la conversión de vehículos del sistema de combustión de gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP) al sistema del gas natural vehicular (GNV). Según lo dispuesto en las “Condiciones para la devolución del financiamiento GNV”, suscritas por cada beneficiario, se establecen dos formas de pago: a través del Sistema de Control de Carga de GNV y mediante depósitos realizados por el beneficiario a la Cuenta Recaudadora GNV.
Beneficiarios que no realizaron pagos
En el Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/0054-SOO, cuyo período de evaluación va del 28 de abril de 2021 al 4 de febrero de 2025, se señala que, según información de la DGH, el número de beneficiarios del programa Ahorro GNV sumaba un total de 135 mil vehículos convertidos al uso del GNV en las regiones de Lima, Callao, Junín, Ica, Cusco, Piura, La Libertad, Áncash y Lambayeque.
Sin embargo, los auditores de Contraloría evidenciaron que, al 31 de diciembre de 2024, 96 beneficiarios no han realizado ningún pago desde la fecha de suscripción de las “Condiciones para la devolución del financiamiento GNV”, siendo que el monto impago asciende a S/ 368 942.
De ese total, 47 no cancelaron S/ 166 872 desde el 2021, así como 17 no pagaron S/ 72 420 desde 2022, 16 hicieron lo mismo con S/ 64 300 desde el 2023 y otros 16 con S/ 65 350 desde el 2024. En ese sentido, se observó una morosidad en los pagos que va desde los 100 hasta los 1260 días calendario sin que los beneficiarios GNV abonen.
Beneficiarios con pagos atrasados
El informe de Contraloría también evidenció que 2113 beneficiarios tienen una morosidad mayor de 90 días calendario y un pendiente de pago por S/ 4 341 410,93. Según información del FISE, si un beneficiario no cancela por un período mayor a 90 días se le reporta a la central de riesgo porque se le asigna el estado de incobrable.
Sin embargo, la DGH informó a la comisión de control, el pasado 7 de febrero de 2025, que se encontraba efectuando las gestiones necesarias para la pronta suscripción del “servicio de consultas y reporte en la central de riesgos a beneficiarios con deuda atrasada del Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE”.
En ese sentido, en el informe de Contraloría se advierte que la DGH no habría estado ejecutando acciones y/o gestiones para controlar o disminuir la morosidad de los beneficiarios del programa. La morosidad al 31 de diciembre de 2021 era de S/ 130 212.33, y al 4 de febrero de 2025 aumentó a S/ 4 341 410.93, lo cual refleja la falta de supervisión por parte del administrador del FISE (DGH) y podría afectar el uso eficiente de los recursos del FISE.
La Contraloría recomendó comunicar estos hechos al titular del Ministerio de Energía y Minas, entidad de la que depende la DGH, para que se adopten las acciones correctivas que correspondan, con la finalidad de conseguir la devolución de los recursos para financiar el programa Ahorro GNV y se continúe impulsando la masificación del uso del gas natural entre los consumidores peruanos.
La Contraloría General de la República, por medio del Operativo Educación 2025 que supervisó a una muestra de 30 instituciones educativas públicas de la región, detectó deficiencias como aulas con paredes y techos en riesgo de colapso, falta de mobiliario, escasez de docentes y carencia de servicios básicos, lo que compromete el inicio del año escolar 2025. Además, el operativo de control confirmó la ausencia de directores y personal administrativo, falta de psicólogos y la inexistencia de registros sobre casos de violencia escolar.
En el Informe de Visita de Control n.° 3427-2025-CG/GRLP-SVC se señala que 19 colegios presentan cercos perimétricos en mal estado y cinco carecen por completo de ellos. Además, 23 instituciones tienen paredes de aula deterioradas, 19 registran techos en riesgo de colapso, ocho cuentan con aulas inhabitables y tres no disponen de módulos prefabricados como alternativa.
La situación es aún más crítica en doce colegios que tienen restricciones en el acceso al agua potable, lo que obliga a la comunidad educativa a abastecerse de fuentes no tratadas. Del mismo modo, dos instituciones carecen de desagüe, cuatro no cuentan con servicio de recolección de basura, 25 presentan servicios higiénicos en mal estado que requieren mantenimiento o sustitución, y 11 no disponen de baños diferenciados para estudiantes y personal docente y administrativo.
Asimismo, 25 carecen de servicio telefónico y 12 no cuentan con internet, afectando la conectividad y el acceso a herramientas digitales.
Entre los casos más preocupantes, figura la I.E. 20329 José Carlos Mariátegui de Hualmay, donde las aulas presentan fallas estructurales y el mobiliario se encuentra en mal estado. Pese a contar con un proyecto de mejoramiento a cargo del Gobierno Regional de Lima, este no ha sido priorizado. En la I.E. 400 Virgen del Rosario de Huaral, la infraestructura requiere urgente sustitución, pero las reiteradas solicitudes del director para la ejecución del proyecto de mejoramiento, pendiente desde 2018, no han sido atendidas.
En la I.E. 20999 de Huaura, el cerco perimétrico de adobe presenta desprendimientos, las aulas carecen de mantenimiento, solo recibe agua potable una hora al día, y los desechos son recogidos una vez por semana. En la I.E. 20944 de Cañete, ubicada en el centro poblado de Unchor, las paredes de adobe y techos de calamina están en malas condiciones. Además, el colegio no cuenta con cerco perimétrico ni protección solar en los espacios abiertos.
Finalmente, en la I.E. 20111 de Oyón, las aulas de adobe requieren mantenimiento y no cuentan con losas deportivas. Los servicios higiénicos están en mal estado y el agua proviene de un manantial sin tratamiento, mientras que el desagüe está conectado a un tanque séptico.
Los resultados de este informe han sido comunicados a la Dirección de Educación del Gobierno Regional de Lima Provincias para que adopten medidas correctivas. Los ciudadanos pueden acceder a los informes completos en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.
La Contraloría General de la República identificó que el Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital San Juan Bautista de Huaral enfrenta un desabastecimiento progresivo de insumos de laboratorio desde 2022, lo que limita la realización de pruebas de laboratorio esenciales para los pacientes.
En el informe de visita de control n° 001-2025-OCI/0637, realizado del 28 al 30 de enero de 2025, se señala la falta de reactivos críticos en las áreas de bioquímica, microbiología, hematología e inmunología. La jefatura del Servicio de Laboratorio Clínico informó que los pedidos de insumos fueron realizados oportunamente al área de Logística del hospital, pero hasta la fecha no han sido atendidos.
El desabastecimiento afecta directamente la atención de pacientes neonatales, pediátricos, trauma-shock y de emergencias. La falta de reactivos como Bilirrubina, Troponina y Albúmina impacta en la detección de enfermedades hepáticas, cardiacas y en el análisis de infecciones neonatales, obligando a los pacientes a recurrir a laboratorios particulares y retrasando diagnósticos oportunos.
El área de neonatología del hospital confirmó que esta situación compromete la salud de 102 gestantes y recién nacidos registrados al momento de la visita de control, ya que exámenes clave como la Bilirrubina y la PCR son indispensables para evaluar su estado y tratamiento. Además, en los registros de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) figuraban pacientes hospitalizados que han requerido constantemente la realización de análisis.
Asimismo, según una muestra de órdenes de compra y servicio, en el informe de visita de control n° 002-2025-OCI/0637-SVC se verificó que, al 31 de diciembre de 2024, la entidad comprometió su presupuesto para el mantenimiento de las plantas de oxígeno medicinal n.º 01 y 02, así como la adquisición de camas eléctricas hospitalarias, entre otros, sin contar con la conformidad ni la documentación que acredite la efectiva prestación de los servicios.
Los resultados del control fueron remitidos al director del hospital San Juan Bautista de Huaral con la finalidad de que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
La Contraloría General anunció que 67 obras públicas, valorizadas en más de S/ 1527 millones, se han reactivado en su ejecución entre agosto y diciembre del 2024, de acuerdo con la información registrada por las mismas entidades en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) y los Órganos de Control Institucional (OCI), lo que beneficiará a más de 2.7 millones de peruanos.
Según un reporte de la Contraloría, de las 67 obras públicas reactivadas, en 48 obras, cuyo valor aproximado es de S/ 1471 millones (96.3% del valor total), se realizaron diversos servicios de control para emitir alertas a los respectivos gestores públicos durante su ejecución. Mientras que, en 19 restantes, valorizadas en más de S/ 56 millones, aproximadamente (3.7% del valor total), no se efectuaron servicios de control.
La mayor parte de obras reactivadas pertenecen a los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Transportes y Comunicaciones, con 21 y 17 obras reactivadas que representan un costo actualizado de S/ 148.3 millones y S/ 501 millones, respectivamente.
También figuran los sectores de Educación y Salud con 7 obras reactivadas cada uno, con un costo actualizado de S/ 85.5 millones y S/ 641.9 millones, correspondientemente. Cabe señalar que estas obras permitirán mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de educación y salud.
Otros sectores relevantes con obras públicas reactivadas son Agricultura (6 obras por S/ 116.9 millones) y Energía y Minas (3 obras por S/ 16.5 millones), las cuales están orientadas en optimizar los sistemas de riego para agricultores y la electrificación rural.
Distribución por región
Entre agosto y diciembre de 2024 se han reactivado obras en 22 de las 25 regiones del país. La mayor cantidad de proyectos que se han retomado se encuentra en Cusco (7 obras por S/ 333.2 millones), Piura (5 obras por S/ 103.5 millones), Puno (5 obras por S/ 76.4 millones), Junín (5 obras por más de S/ 29.5 millones) y Áncash (4 obras por más de S/ 72.3 millones).
En términos de monto de inversión de obras reactivadas, la mayor cantidad de obras reactivadas está en la región Amazonas con 4 obras por S/ 387.9 millones.
Las principales obras reactivadas
Una de las principales obras reactivadas corresponde al mejoramiento de vías en Amazonas, específicamente en el tramo que conecta las zonas de Balzapata, Jumbilla, Chachapoyas, Levanto, Tingo, Longuita, María y Kuélap. Este proyecto, ejecutado por el gobierno regional cuenta con una inversión de S/ 359.8 millones y beneficiará a más de 48 mil personas al mejorar la infraestructura vial y la conectividad en la región.
Además, se retomaron los trabajos para la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Quillabamba, en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención en la región Cusco. La obra del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) tiene un costo de S/ 285.6 millones y favorecerá a más de 145 mil ciudadanos con mejores servicios hospitalarios.
En Cajamarca se ha reactivado la obra denominada “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Bambamarca Centro Poblado de Bambamarca – provincia de Hualgayoc”, también a cargo del (PRONIS), que tiene una inversión de S/ 194.9 millones y tiene previsto atender a más de 129 mil ciudadanos de la región.
Asimismo, en la región Puno se ha reiniciado el mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, en la ciudad de Juliaca. La obra es impulsada por el Gobierno Regional de Puno con una inversión de S/ 54.4 millones y beneficiará a más de 101 mil personas, a través de la promoción del deporte y la recreación.
Finalmente, se reanudó la reconstrucción de los servicios de salud del Centro de Salud San Jacinto, en el distrito de Nepeña, provincia de Santa, región Áncash. Este proyecto, con una inversión de S/ 53.8 millones, busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar el acceso a servicios médicos en la zona.
Obras culminadas
Del total de obras reactivadas en el periodo de agosto a diciembre de 2024, hay 32 que han culminado con su ejecución física, siendo las principales regiones: Piura (5 obras por S/ 33.7 millones), Junín (3 obras por S/ 14 millones) e Ica (una obra por casi S/ 36 millones). El monto total correspondiente a las 32 obras culminadas asciende a S/ 221 millones.
Entre las principales obras culminadas figura la de “Control de desbordes e inundaciones en el río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla, específicamente en el tramo urbano Las Casuarinas-Puente Ocucaje”, que es ejecutada por el Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha y significó la finalización del quinto componente del proyecto de inversión con un monto de S/ 35.8 millones, quedando pendiente la culminación de dos componentes de esta importante obra.
Asimismo, se concluyó la obra denominada “Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de la Laguna Chuchón (Meta II): Construcción del Dique 03 y el Mejoramiento de la Carretera”, que está a cargo del Gobierno Regional de Lima con una inversión de S/ 21.8 millones. Se espera que se puedan culminar los otros componentes para lograr la optimización y abastecimiento de agua, y mejorar la infraestructura vial en la zona.
En Arequipa, se concluyó la obra de “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, distrito de José María Quimper, provincia de Camaná”. La obra fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de José María Químper demandó una inversión de S/ 18.5 millones y beneficiará a más de 7 mil personas al garantizar un acceso seguro y eficiente al agua potable.
En el período de agosto a diciembre del 2024, la Contraloría General emitió en la región Lima Provincias, como resultado de los servicios de control simultáneo, un total de 1263 alertaspor diversas situaciones adversas identificadas en actividades de gestión pública de entidades del gobierno nacional, regional y gobiernos locales.
La finalidad de esta notificación es que los gestores adopten medidas correctivas para que sus acciones se ejecuten correctamente y cumplan la finalidad pública a favor de la ciudadanía.
Las más de 1200 situaciones adversas se hicieron llegar a las entidades públicas por medio de 705 informes de control simultáneo. Los principales sectores con mayor número de observaciones o riesgos identificados son Educación (169), Salud (188), Ambiente (146), Transportes (125), Saneamiento (67) y Comunicaciones (8).
A nivel del gobierno regional de Lima Provincias se registraron 362 situaciones adversas y han sido corregidas o están en proceso 49, mientras que 105 no han sido atendidas y 208 están sin acciones. Asimismo, a nivel de gobierno nacional en la región se emitieron 57 alertas, de las cuales 19 han sido corregidas o están en proceso, mientras que seis no han sido subsanadas y otras 32 se muestran sin acciones.
Por último, a nivel de gobiernos locales se notificaron 844 riesgos, de los cuales 124 han sido corregidos o están en proceso, 260 no han sido atendidos, 456 están sin acciones y cuatro fueron desestimados.
Control posterior
La Contraloría General en Lima Provincias también emitió entre agosto a diciembre, mediante la modalidad del control posterior, un total de 171 informes. De ese total, a través de las auditorías de cumplimiento y servicios de control específico se identificaron presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en 135 funcionarios y/o servidores públicos por irregularidades o inconducta funcional cometida en el ejercicio de sus labores como titulares, directivos, profesionales y técnicos.
En este tipo de control, como producto de 39 informes de auditoría de cumplimiento y de servicios de control específico, se identificó un perjuicio económico de S/ 37.7 millones.
Finalmente, por medio de la modalidad de control previo se emitieron tres informes tras evaluar los presupuestos de adicionales de obra, servicios de supervisión y operaciones de endeudamiento.
A nivel nacional
A nivel nacional, la Contraloría General emitió como resultado del control simultáneo un total de 36 199 alertaspor diversas situaciones adversas identificadas en actividades de gestión pública de entidades del gobierno nacional, regional y local. Los principales sectores con mayor número de riesgos identificados son Educación (5582), Transportes (3777), Salud (3669), Saneamiento (2671), Ambiente (2504) y Comunicaciones (305).
Mediante el control posterior, emitió un total de 5042 informes y se identificó presuntas responsabilidades en 6047 funcionarios y/o servidores públicos por irregularidades o inconducta funcional cometida en el ejercicio de sus labores como titulares, directivos, profesionales y técnicos. En este tipo de control, como producto de 1413 informes de auditoría de cumplimiento y de servicios de control específico, se identificó un perjuicio económico de S/ 478 millones.
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