Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente una demanda de Habeas Corpus presentada por el exjuez supremo César Hinostroza, con la que buscaba anular la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra y se suspenda la orden de captura nacional e internacional por el caso Cuellos Blancos.

La defensa del exjuez supremo fundamentó el requerimiento indicando que supuestamente se había vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones, a un juez legal, al procedimiento predeterminado por la ley y al principio de legalidad procesal penal.

Se refirió, además, a la resolución de detención preliminar que resultó en la detención de su cliente el 19 de octubre del 2018 durante un plazo de 10 días.

Al respecto, sustentó que para dictar la resolución de detención preliminar el juez del juzgado demandado no realizó control alguno sobre la legalidad de las grabaciones que utilizó para fundamentar dicha medida, «por lo que su resolución es nula». Añade que la medida fue innecesaria porque fue solicitada por la fiscalía suprema cuando ya no existía investigación preliminar alguna en su contra.

«Fue detenido por la policía española e internado con fines de extradición en un pabellón para organizaciones criminales de un penal español, debido al delito imputado por el Estado peruano, lo cual le causó un daño irreparable. Añade que el referido juez supremo no era juez titular, sino un juez provisional que no pertenecía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que se afectó el derecho al juez legal», sustentó la defensa.

Fundamentos del TC

Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió que los puntos planteados en la demanda deben ser declarados improcedentes, debido a que sobre la controversia relacionada con la supuesta nulidad de las resoluciones legislativas cuestionadas y de las decisiones judiciales que dictaron prisión preventiva ya existe un fallo previo con autoridad de cosa juzgada constitucional.

Además, recordó que en la sentencia emitida en 2020 se determinó que la autoridad judicial fundamentó de manera suficiente la aplicación de la medida coercitiva, detallando cómo se cumplían los requisitos establecidos por la ley para ordenar la prisión preventiva, en concordancia con los estándares constitucionales.

Fiscalía de la Nación desactivó equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos

A través de cuatro resoluciones publicadas este martes, 6 de enero, en el diario oficial El Peruano; el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas dispuso la desactivación definitiva de los Equipos Especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión, que había sido anticipada por Gálvez en declaraciones previas, se sustenta en la necesidad de «unificar la estrategia de persecución penal» y reforzar los subsistemas especializados de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

«Se han considerado reyes»

La fecha de la oficialización no es casual. En declaraciones previas, Tomás Gálvez había adelantado con ironía el momento de la disolución: «La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo».

Según el titular interino, estos grupos «no han dado resultado» y su existencia había generado, a su juicio, un escenario donde «llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución».

El fin del Equipo Especial Lava Jato

Mediante la Resolución N° 007-2026-MP-FN, se desactiva el equipo que lideraba las investigaciones por el caso Odebrecht. En consecuencia, se da por concluida la designación del fiscal superior Rafael Vela Barba como coordinador.

El personal fiscal y administrativo, así como la carga procesal (97 carpetas fiscales), pasarán a integrar el Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. La resolución argumenta que esto permitirá «optimizar el talento fiscal» y garantizar la continuidad procesal bajo un mando unificado.

Desarticulación del Eficcop y Cuellos Blancos

De igual forma, la Resolución N° 008-2026-MP-FN ordena la desactivación del Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop). Se deja sin efecto la coordinación que ejercía la fiscal Vanessa Díaz Ramos (quien reemplazó a Marita Barreto). Los casos pasarán a la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por otro lado, la Resolución N° 006-2026-MP-FN pone fin al Equipo Especial «Los Cuellos Blancos del Puerto». El fiscal Alfonso Barrenechea Cabrera deja la coordinación general de este grupo y será reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito.

Eficavip pasa a Derechos Humanos

Finalmente, la Resolución N° 005-2026-MP-FN desactiva el Eficavip, grupo encargado de investigar las muertes durante las protestas sociales de 2022-2023. El personal y las carpetas serán absorbidos por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con el fin de evitar la dispersión de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Críticas previas

Antes de oficializarse la medida, el fiscal Rafael Vela había advertido en RPP que la disolución sería una «ofrenda a la corrupción» y convertiría a la Fiscalía de la Nación en una «mesa de partes del Congreso».

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez había señalado que Gálvez debía abstenerse por adelanto de opinión, responsabilizándolo de cualquier perjuicio en los casos emblemáticos.

Fiscalía investiga a nuevo ministro de Justicia por lazos con ‘Cuellos Blancos’

El nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, enfrenta cuestionamientos y una investigación de la Fiscalía por sus comunicaciones con los exjueces César Hinostroza y Walter Ríos, del caso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto, pero niega que vaya a renunciar al gabinete de la presidenta Dina Boluarte y asegura que tiene el respaldo del jefe del equipo ministerial, Alberto Otárola.

La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió investigación preliminar contra Arana como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y alternativamente cohecho activo en agravio del Estado. La indagación incluye a Ríos como presunto autor de ambos delitos.

Arana tiene al menos 36 llamadas telefónicas con Hinostroza, que era juez supremo y hoy está prófugo de la justicia peruana, y varias otras conversaciones y mensajes de texto con Ríos, otrora presidente de la Corte Superior del Callao que ahora está en prisión, según reveló el sitio web Epicentro.

En una conversación telefónica, registrada el 9 de abril del 2018, Arana habla con Ríos de un proceso judicial en que el actual ministro muestra interés y el entonces presidente de la Corte del Callao le cuenta que “un pata” le haría un favor dilatando la ejecución de una sentencia que involucra a la ONP (Oficina de Normalización Previsional).

Arana adujo que desconocía quién era “el pata” y cuál fue el “favor” a los que se referían, pero negó que haya algo ilegal.

“Desconozco la naturaleza de las llamadas, pero niego categóricamente que haya tenido algún tipo de llamada que esté inmersa en alguna ilegalidad. (…) La explicación es muy sencilla: he sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, he sido también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales superiores, supremos y jueces, con los que interactuábamos permanentemente en las actividades académicas. Y también he sido jefe de gabinete del Poder Judicial”, argumentó el ministro en la emisora RPP.

Ministro de Justicia tras llamadas a investigados del caso ‘cuellos blancos’: «practicábamos fútbol»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, negó tener alguna relación actual con los investigados por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, como Ricardo Chang, César Hinostroza, Antonio Camayo y Edwin Oviedo.

“Con el Dr. Hinostroza, con el señor Chang y con el señor Camayo practicábamos fútbol. Con ellos tengo esa vinculación. Solo eso”, indicó Daniel Maurate.

Tras una actividad donde se presentó como nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate aprovechó para referirse a un informe periodístico que reveló la existencia de más de 180 llamadas entre él y los investigados: “No hay ninguna conversación indebida (…) Los he conocido antes que se supieran estos temas de los audios y todo lo demás, tan pronto pasó eso, no tuve relación. Si los jueces encuentran responsabilidad, hay que sancionarlos severamente”, dijo.

JNJ inicia investigación contra Patricia Benavides por movimientos en equipo especial Cuellos Blancos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los cuestionados movimientos que dispuso en el equipo especial Cuellos Blancos. Así lo dio a conocer la titular del Ministerio Público, quien acusó a la entidad encargada de llevar las diligencias en su contra de tomar una decisión ilegal y arbitraria.

«Acabo de tomar conocimiento de que, en un acto ilegal y arbitrario, la JNJ ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares como que los cambios en la conformación del equipo especial Cuellos Blancos obedecería a las presuntas comunicaciones telefónicas de mi persona. Al respecto quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la JNJ es nula puesto que como he dicho en más de una oportunidad, y se cuenta con los informes técnicos, el equipo especial Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino, al contrario, ha sido reforzado», dijo Benavides en su mensaje.

Según Benavides Vargas, la disposición de la JNJ «constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político».

«Los cuales constituyen los riesgos valorados por la CIDH que me otorgó la medida cautelar para garantizar mi función como fiscal de la Nación. Abrir investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo especial Cuellos Blancos en que los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal. Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción», apuntó la fiscal de la Nación.