Piura: Defensoría del Pueblo exige justicia por feminicidio de Xiomara Huertas

Tras el hallazgo sin vida de Xiomara Alejandra Huerta Santiago, de 18 años, quien estaba desaparecida en Piura y cuyos restos fueron encontrados en la vivienda de su tío, la Defensoría del Pueblo exigió justicia en su nombre.

Defensoría pide justicia

A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) a actuar con celeridad en el caso del crimen de Xiomara Huertas Santiago, quien fue hallada sin vida cuatro días después de su desaparición, el último sábado en el distrito de La Arena, en Piura.

Su cuerpo fue encontrado maniatado y enterrado en el corral de su propio tío, Jorge Junior Silva Alvares, principal sospechoso, quien habría confesado el hecho. Actualmente él se encuentra detenido mientras la Fiscalía investiga el caso como presunto delito de feminicidio.

Según información policial, la desaparición fue denunciada el 19 de agosto y durante la búsqueda, asegura la Defensoría en su comunicado que, se reportó incluso un intento de extorsión a la madre, a quien se habría exigido cien mil soles a cambio de ver con vida a su hija.

Alza en casos de feminicidio en Piura

La Defensoría del Pueblo informó que, este crimen se suma a la lista de otros cuatro feminicidios ocurridos en lo que va del año en Piura, por lo que se exige una actuaciónrápida para que no quede impune. Asimismo, los hechos guardan estrecha relación con la desaparición previa que es uno de los temas que se abordan cada mes en el reporte «¿Qué pasó con ellas?».

Solo en el mes de junio se reportó la desaparición de nueve mujeres en esta región, una cifra sumamente preocupante. Cabe indicar que frente a este hecho, la Oficina Defensorial de Piura desplegó acciones inmediatas, comunicándose con la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, que informó sobre las diligencias para ampliar la detención preliminar del principal sospechoso.

Asimismo, coordinó con el Centro Emergencia Mujer (CEM) La Unión para que brinde contención emocional y acompañamiento psicosocial a los familiares de Xiomara, labor que ya se encuentra en curso. El coordinador regional del CEM confirmó que continúan brindando apoyo legal y emocional a la familia.

De otro lado, la institución también solicitó información a la Policía Nacional del Perú para verificar si, tras la denuncia por desaparición, se activó la ruta de atención para la búsqueda inmediata, lo que será clave para determinar responsabilidades.

La institución informó que continuará supervisando cada etapa del proceso, tanto en la investigación penal como en las medidas de protección y reparación para la familia de Xiomara. De esta manera la Defensoría del Pueblo exigió justicia y celeridad por el asesinato de una joven universitaria en Piura.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por contrataciones a dedo en la Defensoría del Pueblo

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo. De acuerdo con la tesis fiscal, Gutiérrez designó irregularmente a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de la Libertad en noviembre del 2024.

El Ministerio Público sustenta la acusación contra el defensor del Pueblo ante el Congreso, en que a sabiendas de que Olórtegui no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de la entidad, se llevó a cabo este nombramiento. Para ello, Gutiérrez habría tenido el apoyo de las áreas administrativas de la institución.

Por otro lado, la Fiscalía también investiga a Olórtegui Risco por el supuesto delito de aceptación ilegal de cargo y por haber, presuntamente, tenido intervención en el personal de otros puestos de la Defensoría para concretar su contratación.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación

Contraloría detectó contratación irregular de afiliados de APP en Defensoría del Pueblo

Tal como lo informó La República en abril de este año, un reporte de la Contraloría General de la República determinó que la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, realizó contrataciones irregulares de dos empleados relacionados con Alianza Para el Progreso (APP). Estos son María del Carmen Olórtegui, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete.

El ente supervisor detectó dos aspectos: la Defensoría del Pueblo los contrató «a pesar de que no se acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para dichos cargos estructurales». Asimismo, destacó que ambos conservaron su afiliación política activa a APP, partido de César Acuña, mientras desempeñaban sus funciones.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Olórtegui se afilió a la organización acuñista el 4 de julio de 2023 hasta el 5 de marzo de este año. Anteriormente, formó parte de Fuerza Popular. En cuanto a Canales, quien ya no está en la Defensoría del Pueblo, su militancia permanece activa desde el 9 de marzo de 2018.

«(…) Contraviene lo establecido en la Directiva N° 002-2019/DP sobre la neutralidad de los servidores públicos que prohíbe la afiliación a partidos políticos para los funcionarios que ocupan cargos de confianza, como es el caso de ambos; no obstante, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano omitió tomar las acciones pertinentes para cautelar el cumplimiento de la Directiva de Neutralidad», señaló el mencionado informe.

Defensoría pide suspender ley que penaliza a adolescentes

La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n.° 32330 ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incluir a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal ordinario.

Además de la demanda, la Defensoría ha solicitado una medida cautelar para suspender de forma inmediata los efectos de esta ley, por considerar que afecta de manera irreparable los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

La institución argumenta que esta norma vulnera principios esenciales del derecho nacional e internacional, por lo que su aplicación debe detenerse hasta que se resuelva el fondo del proceso constitucional.

Violación de tratados internacionales y normas constitucionales

En su argumentación jurídica, la Defensoría del Pueblo sostiene que la Ley n.° 32330 contradice tratados internacionales suscritos por el Perú. En particular, menciona la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos de carácter vinculante.

Asimismo, invoca la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que otorga primacía a los tratados de derechos humanos sobre cualquier ley nacional contraria. Esta colisión normativa, según la demanda, requiere la intervención del Tribunal Constitucional.

El organismo sostiene que la norma representa un retroceso en materia de protección de la infancia y adolescencia, y que va en contra de estándares internacionales en justicia juvenil.

Riesgo de afectación irreparable a derechos fundamentales

Como parte de su acción, la Defensoría ha solicitado una medida cautelar excepcional. Esta busca evitar la aplicación inmediata de la ley mientras se revisa su constitucionalidad. La institución advierte que permitir su vigencia implicaría una afectación directa e irreparable a los derechos fundamentales de los adolescentes.

En ese sentido, exhorta a las autoridades a actuar conforme a la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, en particular de la niñez y adolescencia.

Defensoría del Pueblo pide interpelación de ministro de Cultura por permitir polémica obra teatral sobre la Virgen María

La Defensoría del Pueblo (DP) exhortó al Congreso de la República a interpelar a Fabricio Valencia, titular del Ministerio de Cultura (Mincul), para que brinde las razones por las que permitieron la obra ‘María Maricón‘ de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El espectáculo teatral es criticado por ejercer discriminación a la fe católica.

De igual manera, solicitó revisar la Resolución Directoral 001324-2024-VMPCIC/MC, la cual calificó la obra como un «espectáculo público cultural no deportivo«. De acuerdo a la entidad, esto amerita una «sanción ejemplar para quienes promueven actos de discriminación desde el Estado». Para la Defensoría, el Parlamento debe actuar de oficio desde su rol fiscalizador.

Crítica a la obra

Si bien la obra fue retirada de la Universidad Católica y condenada por el Ministerio de Cultura, la Defensoría lamentó que la cartera otorgara las calificaciones de eventos culturales con tanta ligereza. Por tanto, solicitó mayor rigurosidad a fin de salvaguardar el respeto a los derechos constitucionales tanto individuales como colectivos de los peruanos.

«Expresamos nuestra preocupación por el desconocimiento de la alta dirección del Ministerio de Cultura de mencionada resolución directoral emitida por la Dirección de Industrias Culturales y Artes, afectando a millones de peruanos que profesan alguna religión», indicó la Defensoría a través de su cuenta en X (antes Twitter).

¿Qué es «María Maricón»?

«María Maricón» es una obra de teatro que iba a ser presentada en la PUCP como parte del Festival Saliendo de la Caja 24°, evento organizado por la Especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas. El espectáculo causó la indignación de parte de la ciudadanía al presentar a un varón como la Virgen María en el afiche.

Ante los cuestionamientos, la casa de estudios optó por retirar la obra y expresó las disculpas del caso a la comunidad católica del Perú por el agravio a su fe. De igual manera, el ministro de Cultura condenó la pieza teatral, indicando que esta atenta contra la libertad de religión.

Por último, señaló que el Gobierno no aceptaría ningún agravio contra la fe católica ni contra la Virgen María, la cual mantiene fuertes vínculos con manifestaciones culturales y religiosas que el Mincul considera Patrimonio Cultural de la Nación.

Por su parte, el equipo que produjo la obra manifestó su incomodidad y disgusto con el retiro de la pieza dramática del festival, señalando que ello constituía una censura a una obra que pretendía «abrir el diálogo y visibilizar una comunidad marginalizada en el país».

Defensoría del Pueblo anuncia la Comisión Especial para selección de nuevos miembros de la JNJ

La Defensoría del Pueblo ha dado a conocer la conformación de la Comisión Especial que tendrá la tarea de realizar el concurso público de méritos para elegir a los nuevos miembros titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según lo establecido en la Ley Orgánica de la JNJ, esta comisión es liderada por el defensor del pueblo e incluye a los jefes de varias instituciones autónomas del Estado, así como a dos rectores seleccionados de universidades públicas y privadas.

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN A LA JNJ

Inscripción virtual de candidatos: Del 22 de julio al 13 de agosto.
Presentación de declaraciones juradas: Del 16 al 23 de agosto.
Evaluación de conocimientos: 25 de agosto.
Evaluación curricular: Del 26 de agosto al 16 de septiembre.
Pruebas de confianza: Del 17 de septiembre al 1 de octubre.
Entrevista personal: Del 11 al 27 de octubre.
Publicación de resultados: 28 de octubre.
Juramentación de miembros: 30 de octubre.

COMISIÓN ESPECIAL

El primer artículo de la resolución define la estructura final del comité especial de la siguiente manera:

Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, Defensor del Pueblo y presidente de la comisión especial.
Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial, miembro de la comisión especial.
Juan Carlos Villena Campana, Fiscal de la Nación, miembro de la comisión especial.
Francisco Morales Sarabia, presidente del Tribunal Constitucional, miembro de la comisión especial.
César Aguilar Surichaqui, Contralor General de la República, miembro de la comisión especial.
Geri Gloria Ramón Runners de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la comisión especial.
Félix Romero Revilla, rector de la Universidad Ricardo Palma, miembro de la comisión especial.

TC declara infundada demanda de la Defensoría del Pueblo contra ley de contrarreforma universitaria

El Tribunal Constitucional (TC) publicó un documento donde declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la ex Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, en contra de la Ley 31520. Esta ley busca modificar la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.

El documento señala específicamente que las demandas contra los artículos 1 y 3, así como contra la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520, son infundadas. Esto implica que el actual titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, deberá ratificar el recurso presentado.

El TC argumenta que el artículo 1 de la ley no afecta el derecho a la educación universitaria de calidad ni impide su efectividad. Además, el artículo 3, que se refiere al diseño e implementación de herramientas para mejorar la calidad educativa en las universidades, no contraviene las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado.

El Tribunal también exhortó al Poder Ejecutivo a coordinar con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas para la adecuada aplicación de la ley. Asimismo, instó al Poder Legislativo a garantizar la progresividad y no regresividad en la inversión pública en educación, asegurando así una mejora continua en el sistema educativo del país.

También exhortaron al Poder Legislativo a «respetar el principio de progresividad y no regresividad en la inversión pública para la garantía del derecho a la educación» y «exhortar al Poder Ejecutivo» para que «coordinen en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la fijación de montos y criterios técnicos».

¿Qué es la contrarreforma universitaria?

La contrarreforma universitaria se refiere a una serie de modificaciones legislativas implementadas a partir de inicios de 2023 en el sistema de educación superior de Perú. Esta ley ha generado controversia por varias razones clave.

En primer lugar, la nueva normativa permite que universidades e instituciones de educación superior registren programas académicos sin necesidad de ser evaluados previamente por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este cambio ha sido criticado porque podría comprometer la calidad educativa al permitir la creación de programas académicos sin una adecuada supervisión.

Además, la contrarreforma modificó la composición del consejo directivo de Sunedu, incluyendo en él a representantes de universidades. Esta inclusión ha sido vista como una amenaza a la autonomía de la Sunedu, ya que podría limitar su capacidad para fiscalizar de manera independiente a las instituciones educativas, dado que los propios representantes de las universidades estarían involucrados en las decisiones de supervisión.