Tras el fallecimiento del papa Francisco el pasado 21 de abril, la presidenta Dina Boluarte presentó una solicitud al Congreso para viajar al Vaticano y asistir al funeral del sumo pontífice. El pedido fue formulado mediante una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y ya se encuentra en manos del Congreso de la República. Será el voto en el Pleno del Congreso el que determine si la mandataria podrá viajar a Europa para rendir el último homenaje al sacerdote jesuita.
«La presencia de la señora Presidenta de la República en las honras fúnebres del sumo pontífice constituye un gesto de respeto, gratitud y cercanía del pueblo peruano con la Santa Sede y con el legado pastoral y humanitario del Papa Francisco. Conforme a los lineamientos de nuestra política exterior, el Perú debe mantener una presencia política en los acontecimientos que resulten gravitantes para el escenario internacional, aún más cuando hay una cercanía como con la Santa Sede», señala Boluarte en la exposición de motivos.
Antes de las 24 horas de plazo de convocatoria se ha convocado a un pleno de urgencia a fin de darle permiso a Boluarte de irse al Vaticano. El viaje de Boluarte se realizará del 24 al 28 de abril. Durante su viaje, Boluarte se encargaría de sus atenciones como presidenta de manera remota.
Cabe mencionar que en su mensaje a la Nación, la jefa de Estado había anunciado que mandaría una delegación peruana en representación del país para las exequias del santo padre. Pese a ello, ahora Boluarte ha solicitado el pedido correspondiente para asistir ella misma a la Santa Sede.
Solicitud de Dina Boluarte al Congreso para viajar al Vaticano | Foto: Congreso.
¿Cómo será el itinerario de Dina Boluarte en su viaje al Vaticano?
En el documento presentado por el Poder Ejecutivo, Boluarte ha colocado el siguiente itinerario a realizar en su viaje.
Jueves 24 de abril
• Partida de la señora Presidenta Constitucional de la República a la Ciudad del Vaticano, Santa Sede.
Viernes 25 de abril
• Llegada a Roma (Italia) en vuelo comercial.
Sábado 26 de abril
• Traslado a la Ciudad del Vaticano, Santa Sede.
• Participación en Exequias de Su Santidad el papa Francisco.
Domingo 27 de abril
• Inicio de su retorno al Perú este lunes 28 de abril.
• Llegada al Perú.
Gobierno declara duelo nacional los días 22, 23 y 24 de abril por la muerte del papa Francisco
El Gobierno presidido por Dina Boluarte ha declarado un duelo nacional de tres días tras el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido a los 88 años. Reconocido como una figura de gran influencia tanto en el ámbito espiritual como en el social, su deceso motivó la emisión del Decreto Supremo N.º 051-2025-PCM. Esta disposición, difundida a través de una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, establece que los días 22, 23 y 24 de abril estarán dedicados a su memoria.
El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó una propuesta para crear una figura de suspensión presidencial que se aplicaría solo en situaciones muy concretas.
¿En qué casos se aplicaría?
La suspensión se daría ante incapacidad física o grave atentado contra el orden constitucional. No se trata de vacancia ni implica una destitución inmediata.
Muñante explicó que la sanción tendría un plazo de hasta 36 meses y que para aprobarse se necesitarían 66 votos en el Congreso.
¿Cómo sería el proceso?
El pedido se haría con una moción firmada por al menos el 15 % de congresistas y tendría prioridad en la agenda del Pleno. La medida busca evitar usos arbitrarios de esta figura.
“Estamos colocando límites claros. No se podrá aplicar por capricho, sino solo ante casos específicos”, dijo Muñante en Cuentas Claras de Canal N.
Curules y sentencias
También propuso que los escaños no sean ocupados de inmediato en caso de delitos graves como terrorismo o lavado. En lugar de convocar al accesitario, se dejaría el escaño vacío por un año como sanción a la bancada.
“Eso no se ha aplicado. Hoy se reemplaza al condenado de inmediato, como pasó con el señor Elera”, señaló.
Sobre Minsa y fuga de reo
Muñante también pidió que el ministro de Salud dé explicaciones tras la ruptura del convenio con el Banco Mundial.
Y solicitó que el Congreso cite al jefe del INPE y al ministro de Justicia por la fuga de un interno en Lurigancho.
La presidenta Dina Boluarte podrá intervenir en la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por las investigaciones vigentes en su contra.
El Tribunal Constitucional admitió este lunes 21 de abril incorporar a Dina Boluarte como tercero con interés en la demanda competencial; es decir, la mandataria puede presentar sus propios argumentos durante el proceso o intervenir de manera oral en audiencia, ademas de los que emita el Ejecutivo.
«Si bien la solicitante no está legitimada para interponer recursos de reposición, plantear nulidades o excepciones, ni solicitar la abstención de magistrados, dado que no ostenta la calidad de parte en el proceso, sí podrá presentar escritos con el fin de aportar interpretaciones relevantes. Asimismo, podrá solicitar intervenir de manera oral durante la audiencia pública correspondiente», dice el documento del TC.
Este jueves 24 de abril, el TC evaluará la demanda competencia de Boluarte. La audiencia que también analizará si el Poder Judicial o el Ministerio Público ejercieron funciones indebidas al investigarla se llevará a cabo en Arequipa
En agosto de 2024, el Poder Ejecutivo presentó ante el TC una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para contrarrestar las investigaciones de Boluarte.
La gestión de Dina Boluarte refiere que hay disposiciones judiciales en torno a sus investigaciones que no están establecidas en el artículo 117 de la Constitución.
En la actualidad, Boluarte enfrenta ocho investigaciones por los presuntos delito de homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo. Entre las que destacan son el caso Rolexgate, muertes en protestas, financiamiento de los Dinámicos del Centro, caso cirugía, entre otros.
Dina Boluarte: decisión del TC marcará un precedente
César Nakazaki señaló que la decisión del TC es valida, debido a que Boluarte podría verse afectada de la decisión, aunque anteriormente no haya formado parte del proceso.
«litis consorte, son personas que tienen un interés en el proceso. Bajo ese contexto, el TC ha admitido a Boluarte porque la decisión favorable o no repercute en la situación de la presidenta», dijo Nakazaki a este medio.
Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, también se pronunció sobre el caso. Según dijo, la futura decisión del TC sobre definir si un presidente en funciones puede ser investigado marcará un precedente sobre la inmunidad presidencial en relación a futuros casos.
«Si el TC decide que se tiene que investigar a Boluarte se pierde la legitimidad y gobernabilidad, debido a que la presidenta debe tener que dedicar tiempo y atención a su defensa legal», dijo Álvarez.
Es preciso mencionar que el artículo 117 de la Constitución establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por cuatro motivos: impedir elecciones, traición a la patria, disolver el Congreso de manera inconstitucional o impedir el funcionamiento del sistema electoral.
No hay cirugía que cambie el rostro de terror que luce hoy el país. Al menos en este gobierno no saben cómo sanar a este Perú herido por la criminalidad. La inseguridad ciudadana no está para simples retoques como los cambios de ministros o los estados de emergencia. Mientras las cifras de la delincuencia se multiplican día por día, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte toca suelo. Sin mucho esfuerzo la mandataria ha alcanzado el más bajo nivel de aprobación: solo el 3% de los peruanos considera buena su gestión, según revela la última encuesta realizada por Ipsos para Perú21.
La jefa de Estado preocupada más en desmentir las denuncias en su contra y en atacar a la prensa, también ha sabido romper sus propios registros de desaprobación y el rechazo a su labor en Palacio alcanzó ya el 94%. En Lima y en el norte del país, coincidentemente las dos ciudades más sometidas a la criminalidad, su desaprobación llega al 95%.
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El premier también paga cara su inmolada defensa hacia Boluarte, su apasionada protección presidencial. Poner las manos al fuego cuantas veces sea necesario por la mandataria y cualquier integrante de su gabinete está terminando por quemar a Gustavo Adrianzén, cuya gestión en la PCM es desaprobada por el 80% de los peruanos, cuatro puntos porcentuales más de rechazo comparado con la muestra del mes anterior (76%). En el centro del país, incluso, lo desaprueba el 87% de los entrevistados.
No hay cirugía que cambie el rostro de terror que luce hoy el país. Al menos en este gobierno no saben cómo sanar a este Perú herido por la criminalidad. La inseguridad ciudadana no está para simples retoques como los cambios de ministros o los estados de emergencia. Mientras las cifras de la delincuencia se multiplican día por día, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte toca suelo. Sin mucho esfuerzo la mandataria ha alcanzado el más bajo nivel de aprobación: solo el 3% de los peruanos considera buena su gestión, según revela la última encuesta realizada por Ipsos para Perú21.
La jefa de Estado preocupada más en desmentir las denuncias en su contra y en atacar a la prensa, también ha sabido romper sus propios registros de desaprobación y el rechazo a su labor en Palacio alcanzó ya el 94%. En Lima y en el norte del país, coincidentemente las dos ciudades más sometidas a la criminalidad, su desaprobación llega al 95%.
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El premier también paga cara su inmolada defensa hacia Boluarte, su apasionada protección presidencial. Poner las manos al fuego cuantas veces sea necesario por la mandataria y cualquier integrante de su gabinete está terminando por quemar a Gustavo Adrianzén, cuya gestión en la PCM es desaprobada por el 80% de los peruanos, cuatro puntos porcentuales más de rechazo comparado con la muestra del mes anterior (76%). En el centro del país, incluso, lo desaprueba el 87% de los entrevistados.
MOCHILA PESADA
Julio Díaz, el ministro que debería hacer olvidar que alguna vez Juan José Santiváñez fue titular del Interior, da señales por ahora de que todo seguirá igual frente a la delincuencia. Un 72% desaprueba su gestión a nivel nacional; mientras en Lima su rechazo llega a 78%. Díaz hereda un pasivo complicado y debe cargar esa pesada mochila que representa el Mininter, incluido Santiváñez.
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Los peruanos se cansaron de sus autoridades, de su poca acción, de todo. El Congreso, ese que acaba de archivar la denuncia constitucional contra Boluarte por el escándalo de los relojes Rolex, ese que salva ministros de ser interpelados y que legisla para ellos, y a veces también para la criminalidad, ha recibido también el escarmiento nacional: solo el 6% de los peruanos aprueba su gestión, frente a un histórico 89% que lo rechaza. Son cuatro puntos porcentuales más de desaprobación con relación al mes de marzo; las peores cifras en todo lo que va de este quinquenio para un Legislativo que no ha podido desmarcarse del Gobierno al que sostiene.
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Eduardo Salhuana, su hoy presidente, no se salva: un 79% de peruanos rechaza la labor del parlamentario apepista. El último mes su aprobación cayó de 9% a 5%.
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Y como para que no queden dudas del descrédito de nuestras instituciones, el Poder Judicial elevó hasta el 89% su desaprobación.
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Ipsos también consultó sobre la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El 57% de los capitalinos rechazaron su labor al frente de la comuna, mientras un 35% la aprobó.
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FICHA TÉCNICA
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EN PILOTO AUTOMÁTICO
Para el analista político José Carlos Requena está claro que la encuesta de Ipsos refleja el descontento y decepción que siente la población con sus autoridades.
“El alto nivel de desaprobación de todos los poderes del Estado es coherente con esta sensación de que la población no encuentra soluciones a sus problemas. El caso más inmediato, más evidente, es el referido a la inseguridad ciudadana, donde a pesar de reuniones, leyes, discursos, conferencias, en fin, muchas de las cosas que se dan, la situación no cambia. Una cuestión que llama la atención es el destino de un ministro censurado y el espacio que le hace la presidenta en su propio despacho. Eso creo que es lo fundamental, la inacción que se percibe y la indolencia o la indiferencia”, dijo el experto a Perú21.
Guillermo Loli, director senior de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, tampoco tiene dudas sobre la encuesta, que en su opinión, confirma el descrédito alcanzado por las principales autoridades del país.
“Las cifras de rechazo son históricas y en el caso de Dina Boluarte no se recuerda que algún presidente peruano haya tenido ese porcentaje de desaprobación. Lo de Boluarte ya es insalvable, su alto rechazo y su baja aprobación ya no sorprenden. No creo que pueda revertir esos números, y tampoco las demás autoridades encuestadas; ya todos están como se dice en piloto automático”, señala el especialista.
El 20 de diciembre de 2024, Alberto Otárola declaró ante la Fiscalía que, durante la sesión del Consejo de Ministros del 5 de julio de 2023, fue el secretario general de Palacio, Enríque Vílchez, quien le comunicó que la presidenta Dina Boluarte no asistiría de forma presencial debido a problemas de salud, y que se conectaría virtualmente.
¿Quién es el secretario de Palacio?
Según el programa dominical Punto Final, Vílchez Vílchez desempeña un rol clave dentro del Ejecutivo, al ser el principal funcionario del Despacho Presidencial después de la mandataria. Su cercanía con Boluarte se remonta a su etapa como ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo.
«Se comunicó que la presidenta estaba mal de salud y que iba a ingresar al Consejo de Ministros de manera virtual. Yo tomé conocimiento un día antes que estaba mal de salud a través del personal de su despacho. Existía una pantalla en la sala del Consejo de Ministros, pero no apareció la imagen en vivo de la presidenta. Solo la voz», detalló.
Según el mismo reportaje, Vílchez también habría estado presente en reuniones realizadas en la sala Bolognesi, donde se discutían posibles ubicaciones del prófugo Vladimir Cerrón.
Además, Otárola declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el pasado 15 de abril, que la presidenta nunca notificó al Gabinete sobre una intervención quirúrgica que se habría llevado a cabo en junio de 2023.
Cirujano de Boluarte afirma que no puede revelar secreto médico de la presidenta
El pasado 11 de abril, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, el médico cirujano Mario Cabani precisó que a la fecha el Poder Judicial todavía no se ha pronunciado con respecto al levantamiento del secreto médico de la presidenta por el caso cirugía, por lo que están a la espera de esta decisión.
Durante su intervención, afirmó haber colaborado con el Ministerio Público y estar a la espera de una resolución que permita el acceso a los documentos lacrados y le autorice a declarar formalmente sobre las intervenciones médicas realizadas.
«Lamentablemente no podemos informar porque esperamos el pronunciamiento del Poder Judicial que levante el secreto profesional médico y que estimamos que decidirá autorizar el deslacrado y la declaración de testimonios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación preliminar», declaró.
De esta manera, Alberto Otárola reveló que fue el secretario general de Palacio, Enríque Vílchez, quien le comunicó que la presidenta Dina Boluarte no asistiría de forma presencial debido a problemas de salud, y que se conectaría virtualmente.
La tinterillada mediante la cual Nadine Heredia logró fugar al Brasil no sólo ha puesto en evidencia la corrupción del gobierno de Dina Boluarte sino que también ha demostrado, una vez más, cómo las redes marxistas funcionan mediante una ética invertida que ampara sin ambages los actos de corrupción de los actores políticos que registran esa ideología.
Jamás debemos olvidar que Dina Boluarte viene de esa cantera y que fue instrumental en la recaudación de fondos para que Vladimir Cerrón no purgara en la cárcel su primera condena por corrupción. Lo cual es motivo de un juicio que sigue, sospechosamente, pasando inadvertido; así como el fracaso de la captura del propio Cerrón tiene un origen transparente.
Los marxistas, como lo he señalado con anterioridad, practican una ética invertida por la cual el fin justifica los medios: llevada esta tesis a sus extremos puede sustentar, por ejemplo, el “holodomor” la hambruna desatada por Stalin en 1932 que ocasionó la muerte de 6 millones de ucranianos ya que dicho genocida -digno antecesor de Putin- utilizó la cosecha de granos de Ucrania para financiar la industrialización de la Uniòn Soviética a costa de esos millones de vidas.
Lula, presidente del Brasil, con la estrecha colaboración de un vocal supremo que fue miembro de su partido político, ha salido ya libre de polvo y paja de la grave acusación de corrupción que lo tuvo varios meses en prisión y avanza en la tarea de limpiar a sus socios latinoamericanos involucrados con el corrupto cartel de la construcción que sigue encabezando Odebrecht con otro nombre.
El cuento de que el socialismo marxista es una transición al comunismo ya no lo creen ni los propios rojos, como lo puso en evidencia en su discurso inaugural, al asumir el Poder en Chile, nadie menos que Salvador Allende. Pero un régimen socialista de esa naturaleza implica necesariamente un poder omnímodo que, como lo señala Lord Acton, corrompe absolutamente.
Es indispensable concientizar a nuestros compatriotas sobre esta inocultable verdad que, claro, lleva a toda clase de abusos y la absoluta impunidad de los actores marxistas simplemente porque son “revolucionarios” al servicio del pueblo y todo lo tienen permitido, incluyendo, como en el caso de Humala y Heredia, llenarse los bolsillos con el dinero de ese pueblo al que dicen servir.
Nuestro Señor Jesucristo perdona “a los que no saben lo que hacen”. Está claro: no perdona a los que sí saben lo que hacen.
Por tanto, Humala y Heredia no tienen perdón de Dios, como tampoco lo tienen la partida de sinvergüenzas que degradan la política en el Perú.
ENFOQUE REAL 