La Fiscalía sumó dos nuevas investigaciones preparatorias a las 18 que ya había por muertes y lesiones ocurridas durante protestas sociales contra Dina Boluarte. Estos dos casos son por la muerte de un menor en Apurímac y por la violencia cometida por el comandante PNP Segundo Martín Ocampo en el aeropuerto de Juliaca. Ahora, son 20 los casos formalizados que busca esclarecer el Ministerio Público.

«…son 20 las investigaciones preparatorias formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos», publicó la entidad estatal en su página oficial.

«El pasado 11 de julio, la Fiscalía ya había formalizado estos 18 casos que implicaban a este número de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en los asesinatos cometidos durante diciembre de 2022 y marzo de 2023.»

El primer caso tiene que ver con los hechos sucedidos el 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros, en Apurímac, donde falleció un menor de edad, cuyas iniciales son R.P.M.L, y también resultaron dos personas heridas.

Por este infanticidio, están siendo investigados el excomandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, general PNP Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel PNP Alexis Luján Ruiz; y los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.

Por otro lado, la otra investigación se da por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra de Segundo Martín Ocampo Aguirre, comandante PNP, por la violencia desatada cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac, en Juliaca, donde cuatro personas quedaron heridas.

Dina Boluarte sería responsable de muertes en protestas, según informe de Amnistía Internacional
El informe de Amnistía Internacional concluye que la presidenta Dina Boluarte podría ser considerada autora mediata de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de los primeros meses de su mandato.

El documento titulado «¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú», presentado el jueves 18 de julio, indica que Boluarte mantuvo una coordinación constante con los altos mandos policiales y militares en los días de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerla.

«Estaba al tanto de lo que sucedía y no haber actuado podría implicar responsabilidades penales», explicó Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.

Cabe destacar que, en su declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Dina Boluarte Zegarra negó haber tenido contacto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Sin embargo, esta afirmación es refutada por el informe.

«La presidenta no solo mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en que varias personas resultaron heridas o fallecieron en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que desempeñaron roles clave en el desarrollo de las operaciones», señala la publicación.

Dina Boluarte se presentó en la ceremonia por el 51° aniversario de la ADEX y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la población sobre las acusaciones en su contra por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

La presidenta manifestó que el Perú ha estado “entre tropiezos y avances” y recalcó que tomó el mando en medio de una álgida situación política.

“Nos enfrentamos a 500 manifestaciones. Todas ellas violentas. Estuvimos firmes tercos, decididos. No podíamos caminar de tropiezos en tropiezos”, señaló.

De la misma manera, se refirió a los pedidos de vacancia popoular y dijo que se mantiene firme en su responsabilidad como mandataria del país

“Es bien fácil decir que, mañana vacancia y pasado renuncia. En esa situación de vaivén y sin mirar un norte, ningún país avanza. Por eso, nos hemos mantenido firmes”, concluyó.

La convocatoria de marchas a nivel nacional en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, programadas para el 27, 28 y 29 de julio, ha generado una respuesta del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En una reciente intervención policial en el emporio comercial de Gamarra, el ministro declaró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitirá que las protestas deriven en disturbios que afecten a la ciudadanía. Asimismo, reconoció que las manifestaciones son un derecho constitucional y afirmó que toda persona tiene la libertad de marchar y expresarse.

“Las protestas forman parte del derecho constitucional y toda persona puede marchar y manifestarse”, subrayó el ministro.

No obstante, Santiváñez también enfatizó que este derecho no incluye el atentado contra los derechos de los demás: “Lo que no es derecho de las personas es atentar el derecho del otro. El patrimonio público, el patrimonio personal, la vida y la integridad de otros ciudadanos y de otras personas. Eso no se va a permitir”.

En ese sentido, el ministro aseguró que la PNP intervendrá en el desarrollo de las protestas para garantizar el orden y la seguridad pública: “Desde el momento que se lance la primera piedra, lo que va a hacer la PNP es actuar. Eso es lo que vamos a hacer porque se tiene que imponer el principio de autoridad”.

Boluarte hace un llamado al diálogo

Durante una aparición pública en la que presentó los resultados de la temporada de pesca de anchoveta, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre las movilizaciones en contra de su gobierno y realizó un llamado a la ciudadanía a participar en un diálogo constructivo.

“No tenemos necesidad de bloquear carreteras. Dialoguemos, en ese diálogo abierto que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores”, expresó la mandataria.

Boluarte insistió en que su administración siempre ha estado dispuesta a escuchar y recibir a todos con los brazos abiertos para entablar conversaciones:“Si en caso en ese diálogo hubiera entrampamientos, ahí en ese caso se justificaría una salida de protesta, pero antes hay que conversar y haber agotado las vías. No podemos salir a bloquear carreteras o hacer actividades violentas que no ayudan a la imagen del país”.

La presidenta enfatizó que las protestas, como el bloqueo de carreteras, solo deberían considerarse como último recurso, en caso de que los canales de diálogo no arrojen resultados positivos. Este mensaje busca desincentivar las acciones que podrían causar disturbios y afectar la estabilidad del país.

Boluarte subrayó la importancia de mantener una imagen positiva del Perú ante el mundo. Afirmó que un enfoque basado en la paz y la cooperación es crucial para atraer inversiones extranjeras, las cuales son fundamentales para el desarrollo del país.

“El Perú está de vuelta y está en vitrina para que las inversiones del mundo puedan llegar a nuestra querida patria y desde las inversiones podamos construir el desarrollo del país. Eso solo lo conseguiremos en esa unidad, paz y diálogo sincero, democrático”, destacó.

Este lunes 15 de julio, el contralor general de la República, Nelson Shack, se refirió a las investigaciones que la mencionada institución del Estado ha realizado, entre ellas, las pesquisas sobre el caso Rolex, la cual tiene como protagonista a la presidenta Dina Boluarte. En entrevista con RPP, Shack informó que la mandataria ha declarado menos cuentas de las que fueron detectadas en el sistema financiero.

En esa línea, Shack informó sobre este hecho a la jefa de Estado e indicó que al comunicar este acto a Boluarte Zegarra, el Ejecutivo optó por enviar un proyecto de ley ante el Congreso el cual «cercena la capacidad operativa de la Contraloría». Dicha iniciativa legislativa ha sido cuestionada por el propio contralor debido a que, a su consideración, podría afectar las operaciones de la referida entidad.

Recalcó que la Contraloría, al realizar las pesquisas acerca del caso Rolex, ha detectado una serie de omisiones. Subrayó que luego de haber informado de estos sucesos, la mandataria optó por enviar a la Comisión Permanente esta iniciativa que afectaría el trabajo de la institución 10 días después.

«La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Ya se han realizado las investigaciones y se ha detectado una serie de omisiones. De hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, se ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos detectado en el sistema financiero nacional, lo que ha conllevado a un presunto desbalance patrimonial. Esto ha sido comunicado a la señora Presidenta el día 1 de julio y 10 días después aparece este proyecto de ley», sostuvo en una entrevista con RPP.

Indicó que no tendría «sentido» que se implementen normas que reduzcan la «operatividad» de la Contraloría. No obstante, manifestó que, de aprobarse dicha propuesta, la misma se ejecutaría a partir del próximo año, puesto que el presupuesto de la entidad para el presente año está garantizado».