Este martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por Lady Camones, inició la evaluación de la denuncia presentada por el fiscal interino Juan Carlos Villena contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

La denuncia acusa a Boluarte de cohecho pasivo impropio por supuestamente recibir relojes Rolex y joyas de oro del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de “favores”.

Denuncia archivada

La SAC archivó otra denuncia contra Boluarte en su rol de exministra de Desarrollo e Inclusión Social por presuntas infracciones constitucionales y otros delitos. La propuesta de declarar improcedente la denuncia fue aprobada con 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

“Con 10 votos a favor, 01 en contra y 01 abstención, se aprobó la propuesta de declarar improcedente la DC 223″, informó el grupo de trabajo legislativo a través de su cuenta de X.

Ministro de Educación sobre silencio de Dina Boluarte con la prensa: se dará un espacio en el momento que se considere oportuno

La presidenta Dina Boluarte y el ministro de Educación, Morgan Quero, visitaron la urbanización Covima en el distrito de La Molina para inaugurar la escuela bicentenario Unión Latinoamericana N.º 1235. El evento se llevó a cabo en medio de un fuerte despliegue de seguridad, que incluyó la presencia de tres francotiradores.

Durante el evento, Boluarte no respondió a las preguntas de la prensa. Al ser consultada sobre cuándo hablará con los medios de comunicación, se limitó a decir: “pronto”.

El ministro de Educación, Morgan Quero, explicó que la presidenta se tomará un tiempo para responder las interrogantes de la prensa.

“La señora presidenta Constitucional ha saludado a la prensa, ha comentado con ustedes un par de cosas y, como ella misma lo ha dicho, se dará un espacio para dialogar con los medios de prensa en el momento que se considere oportuno con su equipo de trabajo en el despacho presidencial”, detalló el ministro.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, indicó que continúa la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los agraviados durante las manifestaciones. En entrevista con RPP, precisó que la extitular de este organismo autónomo, Patricia Benavides, hizo la denuncia por cinco fallecidos y un herido.

«Lo que sucede es que la doctora Benavides en su momento desacumuló, de seis agraviados, cinco fallecidos y un herido, donde se había establecido quién es el autor directo (respecto únicamente a esas seis personas), y también presentó la denuncia en contra de la presidenta y los ministros. Las investigaciones (preliminares) contra la señora presidenta y los ministros respecto a los otros agraviados aún está ahí y eso estamos terminando y en su momento nos pronunciaremos», explicó.

Villena sostuvo que cumplió su función de acuerdo con la ley al presentar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso por el caso Rolex.

En el programa Las cosas como son de RPP añadió que el Congreso no podrá acusar a la mandataria hasta que termine su mandato.

«El abogado de la defensa requiere que ya ha concluido la investigación y que nos pronunciemos, incluso él reconoce que una forma de pronunciarse sería presentar la denuncia constitucional o archivar. Lo que hemos hecho es eso, presentar la denuncia constitucional (pero) el artículo 117 pone una limitación al Congreso, y así lo interpreta la Corte Suprema, que no puede emitir una resolución acusatoria contra una presidenta en funciones sino únicamente cuando termine esa función», señaló.

En otro momento, el titular del Ministerio Público expresó que, al no haber indicios suficientes, se archivó la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por la compra de pruebas rápidas de descarte de la COVID-19.

El magistrado también se mostró en contra del proyecto de ley del Congreso que dispone, entre otros aspectos, que los allanamientos se realicen con la presencia del implicado y su abogado.

Del mismo modo, consideró que constituye un delito la desactivación del equipo policial que brindaba apoyo al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). 

Finalmente, Villena dijo que en su gestión presentaron más de 20 denuncias constitucionales contra congresistas, ministros, exministros y jueces supremos.

Fiscalía archiva caso de pruebas rápidas que involucraba a Martín Vizcarra

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó este lunes que ha dispuesto archivar y no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la presunta compra irregular de pruebas rápidas contra la COVID-19. 

De acuerdo a un informe elaborado por la fiscal superior Marita Barreto, jefa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la presidenta Dina Boluarte gestó la desactivación del grupo de policías que lideraba el coronel Harvey Colchado, reveló el programa Punto Final.

Un testigo protegido aseguró que la orden para retirar al grupo policial vino desde el Palacio de Gobierno y se empezó a gestar cuando Eficcop comenzó a investigar a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, por presuntos ilícitos que habría estado cometiendo con personas del círculo más cercano de la mandataria.

Punto Final señaló que la fiscal Barreto ya entregó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el informe que narra cómo se gestó la desactivación del equipo de policías y quiénes fueron sus principales promotores.

Esto debido a que, la presidenta, y otros involucrados cuentan con fuero especial y solo pueden ser investigados por el titular del Ministerio Público. Los otros son el exministro del Interior Walter Ortiz, y el actual responsable de esa cartera, Juan José Santivañez.

En este presunto complot para obstruir la investigación contra el hermano mayor de Boluarte, además, figuran altos mandos de la policía y oficiales de la Inspectoría General.

Dina Boluarte ordenó que «tumben» a Harvey Colchado

El testigo protegido N° 05-2024, refirió que “el teniente general Jhonny Armando Veliz Noriega había conversado con la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, respecto a que esta última le habría dado órdenes expresas de buscarle la sinrazón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben”.

Esta declaración es uno de los elementos que tiene el Eficcop para concluir la arremetida contra el equipo de policías tubo un interés político que se activó cuando había una posibilidad real de que pudiesen solicitar el arresto de Nicanor Boluarte.

“La presidenta habría indicado que le abran procesos y que, si no tiene, que le creen, y en diciembre de este año, le den de baja en la policía”, sostuvo el testigo protegido.

Colchado fue separado del cargo el pasado 13 de abril por la influencia de la presidenta Boluarte que, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, esto no detuvo las investigaciones al hermano de la presidenta, por lo que el 9 de mayo el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, y el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, firmaron la resolución para desactivar el equipo que apoyaba el Eficcop.

Punto Final buscó al exministro Ortiz y el general Víctor Zanabria para consignar su versión de los hechos, pero no los atendieron.

Su afán por no declarar a la prensa llegó a extremos. Esta mañana, la seguridad de la presidenta Dina Boluarte restringió el acceso de periodistas al Simulacro Nacional Multipeligro 2024 en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde la jefa de Estado estaba vigilando el desarrollo de la actividad.

Pero la restricción llegó al punto de encerrar a los periodistas que cubrían el simulacro. Según informó la reportera María Laura Galindo de Canal N, los periodistas que llegaron al COEN para la cobertura de la actividad oficial de la mandataria fueron llevados a una sala contigua desde donde solo podrían ver la salida de Boluarte una vez que finalizara el acto. El exagerado hermetismo se dio en pleno cumpleaños de la jefa de Estado, quien lleva más de 50 días de silencio con la prensa peruana.

A la actividad de la presidenta solo accedieron los camarógrafos del canal del Estado y fotógrafos de Presidencia. “Es increíble que Palacio de Gobierno aísle a la prensa. Más increíble, aun, que agentes de seguridad se pongan detrás de los ventanales. Innecesaria demostración de… no se entiende qué”, escribió el periodista Igor Malca en X (Twitter), donde usó el hashtag #DinaCumple56DíasSinDeclarar.

Desde la sede del COEN, ubicada en el distrito de Chorrillos, la jefa del Estado estuvo acompañada del titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; del ministro de Defensa, Walter Astudillo; y del titular del Interior, Juan José Santiváñez.

Tras el incidente, la presidenta de la república, Dina Boluarte, agradeció hoy la gran participación de la población en el simulacro multipeligro 2024 que se desarrolló en todo el país, indicando que debemos estar preparados ante cualquier desastre natural como un terremoto. La Agencia Andina consigna que la mandataria explicó que este año se desarrollarán otros dos simulacros multipeligro en nuestro país, programados para la tarde y la noche.

“Necesitamos que la población entera, todo el Perú pueda participar en estos simulacros”, señaló la mandataria.

Y agregó: “No es momento, ni hoy ni mañana, ni nunca, que entre peruanos nos miremos con despreocupación, sin mirar a los intereses nacionales, es momento de unirnos y preocuparnos los ciudadanos de manera responsable y atender a las necesidades de la patria”.

Boluarte, al puro estilo de su antecesor Pedro Castillo, se retiró del COEN en medio de extremas medidas de seguridad. Solo entonces, los periodistas pudieron abandonar la sala de espera. Tuvo que subir la presidenta al vehículo de Seguridad del Estado y marcharse del lugar para que los hombres y mujeres de prensa fueran ‘liberados’.

¿QUÉ DIJO LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS?

La Asociación Nacional de Periodista (ANP) cuestionó la actitud de Boluarte. “Camarógrafos y reporteros transmitieron imágenes en vivo tras un vidrio, a varios metros de distancia de autoridades. Los equipos de prensa tuvieron que esperar a que la presidenta se retirara para salir y tomar declaraciones a representantes del Estado”, señaló la organización en X, tras compartir el video de una reportera sobre el tema.

“La ANP condena este acto, que constituye traba a cobertura, maltrato a periodistas y afecta derecho a la información de la ciudadanía. A la fecha, son 56 días que Dina Boluarte no declara a medios, mostrando opacidad. Última vez fue 5 de abril en conferencia por caso Rolex”, refirió la ANP.

LA QUEJA DE IPYS

En un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) protestó contra estas medidas adoptadas por personal de presidencia que restringen el acceso a la información e impiden el completo trabajo de la prensa. “Cabe recordar que van más de 50 días que Boluarte no responde preguntas de periodistas”, alerta la institución.

Este viernes 31 de mayo a las 21:00 horas, coincidiendo con su cumpleaños número 62, se realizará un cacerolazo en contra de la presidenta Dina Boluarte y contra el Congreso.

El ciudadano Jhon Carlos Lopez Goicochea ha presentado una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por una supuesta infracción constitucional. Esta acción se originó después de que Villena formulara una acusación contra la presidenta Dina Boluarte en relación con el caso conocido como Rolexgate.

De esta manera, en el Congreso pretenden someter a un juicio político al titular del Ministerio Público por haber presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte. El fiscal Juan Carlos Villena le sindica el presunto delito contra la administración pública de cohecho por haber recibido relojes Rolex del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima, a cambio de partidas presupuestales.

Esta denuncia constitucional señala que el fiscal de la Nación cometió una infracción del artículo 117 de la Constitución. Este subcapítulo dice que el presidente de la República no puede ser acusado por delitos comunes o complejos mientras está en el poder. La Carta Magna, sostiene el ciudadano, solo contempla la traición a la patria, cierre del Congreso, impedir las elecciones y el funcionamiento de los organismos electorales como excepciones.

«El fiscal de la Nación en plena inobservancia dolosa de la función principal de defensor de la legalidad de los preceptos constitucionales, formula denuncia constitucional a la presidenta por un delito común, contraviniendo en el espíritu del precepto constitucional señalado líneas arriba. Hecho que constituye un actuar doloso de parte del representante máximo del Ministerio Público en evidente y manifiesa infracción constitucional», dice el documento de la denuncia constitucional.

Además de la infracción constitucional, el ciudadano considera que el titular del Ministerio Público cometió prevaricato.

Sin embargo, se trata de un tema debatible. Incluso el Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que esta institución defina hasta qué etapa el fiscal de la Nación puede investigar a un mandatario y acusarlo sin vulnerar la Constitución.