Luego de que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificara al manifestante fallecido Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvco’, como «terruco», parlamentarios justificaron sus declaraciones.
Legisladores intentan justificar declaraciones
Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, sostuvo que en las universidades están copadas por la organización terrorista Sendero Luminoso y señaló que respalda todo calificativo que demuestre que las acciones realizadas son lo que indica.
«Lo que ha habido es un acto violentista, Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos y vean como amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado, si no reconocemos que estamos en esa situación estamos perdidos. (…) Respaldo cualquier calificativo que demuestre que claramente se está haciendo lo que dice el calificativo», indicó.
Por su parte, el legislador de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, aseguró que Eduardo Ruiz habría cometido actos de terrorismo urbano, pero hizo un llamado a que se investigue.
«Es evidente que lo que se ha vivido son actos de terrorismo urbano. Esa manera de atacar a mansalva con bengalas, con suerte de pirotécnicos directamente al cuerpo de los policías también es inaceptable. (…) Son acciones de terrorismo urbano, yo no digo que sean terroristas, son acciones de terrorismo urbano y tendrán que investigarse y llegar a la verdad», sentenció.
Óscar Arriola le ha comunicado al país, con bastante vergüenza, que un miembro de su institución fue el autor del disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas del pasado miércoles en el centro de Lima. El comandante general de la Policía Nacional del Perú ha reconocido que el suboficial de tercera Luis Magallanes es el asesino y sabe que lo que corresponde es entregarlo a la justicia.
“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes”, admite un abochornado jefe policial, aclarando que el agente pertenece a la Dirección de Investigación Criminal, y no al grupo Terna, y pidiendo perdón — “en nombre de los 140 mil policías”— a la familia y amigos de la víctima.
Quien no será perdonado es el suboficial asesino. Magallanes ya fue puesto en custodia del personal de homicidios que, tras el anuncio de Arriola, llegó hasta el hospital de la Policía donde el agente es atendido por un politraumatismo y permanece bajo observación médica.
El comandante de la PNP adelantó que el suboficial ya fue notificado de su detención y señaló que este “actuó de manera aislada al planeamiento de la Policía”. Junto con él, además, quedó detenido otro policía que en las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima se le ve realizando disparos con su arma y acercándose a Ruiz, ya herido, en las inmediaciones de la plaza Francia, y corre en dirección a Magallanes. Una fiscalía penal común se encargará de investigar al suboficial asesino y del agente cómplice.
La muerte del músico de 32 años también cobrará otras víctimas. Arriola adelantó que los generales de la Policía responsables de las operaciones el día de la protesta serán separados de sus funciones.
A lo largo del jueves, las imágenes de la cámara municipal propaladas en la televisión y las redes sociales evidenciaron que Ruiz había sido asesinado de un disparo.
El anuncio de Arriola no hizo más que despejar las dudas sobre la responsabilidad policial. Hasta ese momento y más allá de las sospechas, el ministro del Interior, el propio Arriola, y hasta el presidente José Jerí habían optado —como correspondía— por la prudencia y esperar el resultado de las investigaciones.
Antes de recibir el disparo mortal del suboficial Magallanes, se observó a Ruiz participando de las protestas en la avenida Abancay. Según el acta de levantamiento del cadáver, el músico falleció por impacto de bala en el tórax.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo ya investiga el caso y ha solicitado a la Región Policial Lima remitir los planes de operaciones, órdenes telefónicas y demás documentación para precisar las organizaciones de comando, zonificación y distribución de agentes en la manifestación.
Casi al terminar el jueves, y desde la sede de la PCM, el premier Eduardo Hernández anunció que en el breve plazo el gobierno declarará en emergencia a Lima Metropolitana, la que vendrá acompañada de un paquete de medidas eficaces para luchar contra la inseguridad ciudadana, que será sometido a debate técnico. El primer ministro no descartó que se imponga el toque de queda en la capital.
Al mediodía del jueves, el presidente Jerí apareció por el Congreso. Acompañado de su premier Eduardo Álvarez se reunió por casi una hora con Fernando Rospigliosi y los demás miembros de la Mesa Directiva a los que solicitó facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Luego se dirigió al país desde el Hall de los Pasos Perdidos para acusar a un grupo minúsculo de “pretender imponer agendas distintas a una expresión ciudadana”, durante las violentas protestas del último miércoles y enfatizando que la prioridad de su gobierno en estos momentos difíciles es sostener la estabilidad del país.
“Hemos recibido un país con múltiples demandas que no han sido atendidas por muchos años, vivimos en épocas complicadas para nuestro país, pero es deber de las autoridades ser responsables. Hoy tenemos que sostener la estabilidad de nuestro país en base al diálogo para buscar la unidad”, dijo Jerí, que apenas salió del Parlamento enfrentó a la prensa y descartó que vaya a renunciar al cargo.
“No voy a renunciar, mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país. Esa es mi responsabilidad y mi compromiso, y estoy plenamente convencido de que trabajando juntos lo podemos lograr”, aseguró.
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NO ERA SORPRESA
La transparencia del general Óscar Arriola no fue ninguna sorpresa. Y es que, durante la intervención que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dio ante el Congreso, se adelantó que la PNP no ocultaría los rostros de los culpables, aunque esto implicara que tuvieran que sancionar a alguien de su propia institución.
“Acá no protegemos a nadie y si hay responsabilidad de algún efectivo policial, se tomarán las acciones del caso”, fue lo que mencionó ante el parlamento.
Vicente Tiburcio aseguró que muchos de los asistentes fueron disfrazados con cascos, vendas, palos y mochilas. Estos ciudadanos utilizaron “elementos contundentes” y atacaron a la Policía Nacional. Producto de ello, contabilizó 22 civiles y 88 policías heridos. “Hubo actos preparados, esto no ha sido improvisado, nosotros en ningún momento hemos provocado (estos altercados)”, dijo el ex agente del GEIN.
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El titular de la cartera del Interior anunció, además, que en los próximos días se reunirá con la presidenta del Poder Judicial y también con el fiscal de la nación para trazar una línea de trabajo conjunta que les permita combatir frontalmente la delincuencia común y la criminalidad organizada.
En esa misma línea, informó que ha solicitado a la Comandancia General de la Policía que se informe sobre las acciones tomadas por la PNP durante las marchas y se informen de manera transparente los avances de la investigación del fallecido. Estas pericias las ejecutará el Instituto de Medicina Legal. “La Policía Nacional nunca ha ocultado nada y a través del tiempo siempre hemos manejado con evidencia todo lo que podemos presentar”, sostuvo.
Aseguró que es respetuoso del derecho a la expresión de las protestas y manifestaciones “siempre que se realicen dentro del marco de la ley”. Se reafirmó respecto a los excesos policiales y reiteró que de haber algún tipo de abuso por parte de los agentes del orden “se tomarán medidas drásticas” y que espera la misma severidad con aquellos manifestantes que agredieron al personal policial y a la propiedad pública y privada.
Ayer, 15 de octubre, durante una protesta contra el gobierno de José Jeri y el Congreso, Eduardo Ruiz Sanz, un joven de 32 años, fue asesinado por el suboficial de tercera Luis Magallanes, vestido de civil, mientras descansaba en la Plaza Francia, en el centro de Lima. Así lo confirmo el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.
El acta de levantamiento del cadáver de Mauricio Ruiz, obtenida por este medio, revela que dos policías estuvieron presentes durante la necropsia. De acuerdo al abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, no es un hecho habitual que los efectivos asistan a estos procedimientos.
«Por disposición fiscal, se procederá a realizar la necropsia de ley debido a la muerte violenta. Asimismo, se deja constancia de que se ordena la toma de otras muestras biológicas, entre ellas, durante el acto de la necropsia. De igual forma, se deja constancia de la presencia de la capitana PNP Carrazcal, perito bióloga forense, y el PNP Navarro, perito balístico, quienes no realizaron la toma de las muestras correspondientes por disposición fiscal, ya que estas se efectuarán en el momento de la necropsia», señala el acta.
El documento, firmado por el médico legista y los agentes de la Policía Nacional, confirma que la causa de muerte fue un impacto de bala en la zona toráxica. «Herida penetrante en torax por proyetil de arma de fuego».
De acuerdo con el acta, el levantamiento del cadáver de Ruiz Sanz se realizó alrededor de las 4:12 a.m. del 16 de octubre. Según el abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, denunció horas antes dos generales de la PNP intentaron llevarse el cuerpo a sus instalaciones, a pesar de que los exámenes forenses podían realizarse en el hospital.
Asimismo, sostuvo que, durante las diligencias para determinar la causa de la muerte, los generales intentaron apoderarse del caso para manipular la verdad y acomodar la investigación a sus propios intereses
«Jamás había visto que dos generales, con una actitud desmesurada, intentaron llevarse el cuerpo sin el consentimiento de los familiares, tratando de asumir la competencia de la investigación y modificando la versión oficial a su conveniencia», señaló el abogado a La República.
A pesar de la presión, el fiscal se mantuvo firme y reiteró que la investigación debería continuar bajo su supervisión en la sede fiscal, sin que la policía interfiriera.
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