La CIDH podría ordenar al Estado peruano que levante inhabilitaciones de Martín Vizcarra: «Para que participe de las elecciones»

El nuevo abogado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, el argentino Guido Leonardo Croxatto, manifestó en «Hablemos Claro» que las inhabilitaciones interpuestas por el Congreso a su patrocinado y exmandatario podrían quedar sin efecto gracias a un fallo que podría dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En entrevista en Exitosa, el jurista fue sumamente crítico de lo resuelto por el Parlamento, aseverando que «es una medida desproporcionada sacarse de encima a un candidato que puede ganar las elecciones«.

Antecedentes internacionales serían precedentes importantes a su favor

Durante el diálogo que sostuvo esta mañana con Nicolás Lúcar, Croxatto mencionó que los antecedentes internacionales -en referencia a los casos de Nicaragua y Venezuela–  serían un importante precedente en favor del exjefe de Estado, puesto que, la CIDH podría ordenar al Estado peruano suspender temporalmente o levantar las tres suspensiones de la función pública vigentes en su contra. 

«Lo que puede hacer la Comisión cuando recibe una medida cautelar es lo mismo que hizo en Nicaragua y en Venezuela y es ordenarle al Estado que levante esas inhabilitaciones y que permita que Martín Vizcarra participe de las elecciones y que la ciudadanía pueda elegir», acotó. 

Sobre las vulneraciones a los derechos de Vizcarra Cornejo por estar suspendido de la administración pública pese a que tiene un juicio oral en curso, el letrado argentino puntualizó que son «irreparables». Asimismo, dicha figura aplicaría a la ciudadanía que lo respalda en las encuestas de opinión, ya que, le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia en un proceso electoral. 

Nuevo proceso en el Congreso

En su sesión del lunes 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos contra la administración pública –negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo – y nombramiento ilegal, ambos en agravio del Estado.

Al exjefe de Estado se le responsabiliza de haberse interesado indebidamente y en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado sin cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo. El nombramiento se hizo efectivo el 1 de febrero del 2020, a través de la Resolución 017-2020-JUS

Del mismo modo, la informe también acusa a la exministra de JusticiaAna Teresa Revilla Vergara, por las mismas presuntas comisiones, tipificadas en el artículo 399 y el primer párrafo del artículo 381 del Código Penal, respectivamente.

El Pleno del Congreso definirá la suerte del exmandatario, mientras a nivel internacional busca levantar las inhabilitaciones en su contra para ser parte del venidera justa electoral de abril próximo. 

Alcalde provincial de Trujillo sobre atentado a Fiscalía de la ciudad: «Se perdió el respeto al Estado peruano»

Mario Reyna, alcalde provincial de Trujillo, se refirió al atentado sufrido en la sede del Ministerio Público de la ciudad por un aparato explosivo dejado por unos delincuentes y que provocó una serie de destrozos y un herido en la madrugada de este lunes 20 de enero.

En conversación con RPP, la autoridad trujillana sostuvo que la ciudad “desde hace años viene teniendo estado de emergencia” y que la magnitud del problema se debe a que las medidas tomadas tanto por el Congreso como por el Ejecutivo “son insuficientes”.

“Las medidas que dan el Ejecutivo, o el Legislativo, son insuficientes. Ya el problema rebasó cualquier alternativa desde el marco de la Constitución del 93”, declaró Reúna a La rotativa del aire. Del mismo modo, consideró que las autoridades están divididas lo que dificulta una lucha conjunta contra la criminalidad.

“Tenemos un gobierno que no tiene legitimidad y en esa búsqueda de congraciarse con todo el mundo, están con todos y divididos a la vez. Así no se puede gobernar. Por su parte, el Congreso tiene una agenda propia, una agenda individualista de cada uno de sus integrantes. Más no una agenda del país, una ruta, una orientación por donde se debe marcar”, sostuvo.

El alcalde precisó que tanto las autoridades regionales como municipales “están prácticamente solas porque el gobierno es quien maneja a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas”. “Recién cuando estos temas de extorsión, sicariato, de rapto, y secuestro lleguen a Lima, recién advertirán lo terrorífico a lo que los norteños y trujillanos nos estamos enfrentando”, acotó.

Alcalde provincial de Trujillo sobre delincuencia: “Es por la minería ilegal y el narcotráfico”

Mario Reyna considera que en Trujillo existen dos fenómenos que original la ola de criminalidad: la minería ilegal y el narcotráfico.

“Aquí hay dos fenómenos interesantes en Trujillo y que se va a repetir en Lima. Uno es la minería informal, que lava cantidad de dinero enormes en la ciudad de Trujillo. La lavandería se trae del ande liberteño, pero los resultados económicos se lavan en la ciudad de Trujillo”, explicó.

En el caso de narcotráfico, consideró que los grupos delincuenciales usan la ciudad de Trujillo como “la puerta de la libertad grandes cantidades de droga sin control alguno”.

“Estos mismos fenómenos desencadenan extorsiones, sicariato, prostitución y toda una lista de delitos que de igual forma, presumo yo, van a llegar a la ciudad de Lima (…) La Constitución y herramientas legales son insuficientes para combatir con la delincuencia. Se necesita mano dura, férrea para poner en alto esta situación”, añadió.

Alcalde provincial de Trujillo: “Dina Boluarte debe pedir reformas legales al Congreso”

En otro momento, Mario Reyna consideró que la presidenta Dina Boluarte debería “pararse frente al Congreso y pedir las reformas legales y constitucionales”. Esto, con el fin de llevar a buen puerto toda esta lucha en contra de la criminalidad.

“El cambio de ministros no soluciona nada. Cambie quien cambie. Este es un acto terrorista. Este atentado va en contra de una institución pública como lo es el Ministerio Público, ya el respeto se perdió no solo a los ciudadanos sino también al estado peruano”, remarcó.

Corte IDH requiere al Estado peruano que no adopte proyecto de ley que pretende prescribir crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano que, mediante sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002.

Mediante una resolución, la Corte IDH dio esta disposición para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a cuyas sentencias hace referencia el proyecto aprobado en primera votación por el Congreso de la República el pasado 6 de junio.

Requieren también al Estado peruano que presente con fecha límite el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, señalan que se deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, desde la remisión del último informe, respecto de las medidas provisionales adoptadas, ello hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.

Desde la Corte solicitan, además, que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, que serán contadas desde la notificación de los informes del Estado.

Piden observaciones sobre informes del Estado

Asimismo, requieren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente sus observaciones a los informes estatales en un plazo de dos semanas y disponen que la Secretaría de la Corte notifique de esta resolución al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre sus consideraciones, la Corte IDH señala que la redacción de las disposiciones de la iniciativa parlamentaria podría interpretarse como que las calificaciones complementarias dictadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta podrían ser objeto de nulidad. Ello, dijeron, tendría un impacto negativo en los avances alcanzados respecto de la obligación de investigar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de estos estos casos.

En este caso está involucrado Alberto Fujimori, quien fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023, al amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. 

Aprobación en primera votación

El Legislativo aprobó, en primera votación, el pasado 6 de junio con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones el proyecto de ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002.

Con esta medida, se considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad entraría en vigor recién a partir de este año, por lo que los delitos cometidos anteriormente no estarían amparados y se contrapondrían con los principios de legalidad y de irretroactividad.

Alcalde convoca a una marcha pacífica este 30 de abril: “Queremos que el Estado peruano invierta”

A través de diversos medios de comunicación local, el alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade anunció una marcha pacífica para este martes 30 de abril, con el fin de exigir al Gobierno Central atienda temas prioritarios en su jurisdicción, a pocos meses de la inauguración del proyecto más grande del país, como es el megapuerto.

La primera autoridad distrital señaló que cuenta con un paquete de firmas de más de 4 mil, presentados por los dirigentes de las juntas vecinales, quienes se encuentran dispuestos a salir a caminar por las calles de la ciudad, haciendo conocer su pliego de pedidos al Estado, todo ello de manera pacífica.

“Queremos hacer sentir a la población que nosotros en Chancay estamos predispuestos a esta gran inversión, pero también que el Estado peruano invierta”, acotó Álvarez Andrade.

Para esta marcha, que iniciará desde las 8 de la mañana, asistirán pobladores de los sectores norte, sur y este, quienes luego se reunirán en la plaza de armas del distrito portuario, donde manifestarán su sentir y opinión con respecto al megapuerto.

El alcalde de Chancay ha hecho la invocación a que todos los ciudadanos se sumen a la protesta, vistiendo un polo blanco.

Como se sabe, anteriormente, Juan Álvarez manifestó para medios nacionales que el gobierno central no se ha preocupado en la población, por lo que espera que haya un aumento en el presupuesto para su jurisdicción, puesto que el megapuerto es una obra hecha completamente con inversión privada. 

CIDH admite demanda de excabecilla del MRTA Víctor Polay Campos contra Estado peruano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda impuesta por el excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Víctor Polay Campos contra el Estado peruano, informó Canal N. El sentenciado por terrorismo argumenta que se violaron sus garantías judiciales por supuestos actos de tortura tras haber sido asignado a penales que vulneran sus derechos de libertad religiosa, estudios, entre otros.

El otrora líder del MRTA cumple una condena de 35 años en la Base Naval del Callao, donde también se encuentra Vladimiro Montesinos, el asesor del expresidente Alberto Fujimori. La pena fue impuesta en marzo del 2006 cuando fue declarado culpable por delitos cometidos entre 1980 y 1990.