Ministerio Público reporta 56 choferes asesi*nados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. En su mayoría, las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, un patrón que se ha convertido en el método más recurrente para asesinar a transportistas en zonas urbanas.

En síntesis, ocho de cada diez atentados se producen bajo esta modalidad: interceptación desde una moto lineal y disparos a corta distancia, muchas veces sin amenazas previas. El aumento de estos crímenes está directamente relacionado con el incremento explosivo de las denuncias por extorsión, que afecta especialmente al sector transporte.

La República conversó con diversos expertos para conocer cómo en Perú las cifras de extorsiones, asesinatos y detención por dicho delito aumentaron drásticamente no solo en el último año, sino en los últimos cuatro años, que refleja la expansión del crimen organizado y la debilidad de la respuesta del Estado.

Septiembre fue el mes más violento

Entre enero y julio de 2025, el promedio mensual de transportistas asesinados era de cinco. Sin embargo, en el último trimestre del año, la violencia se ha intensificado. Septiembre cerró con 31 homicidios, la cifra mensual más alta del año. Octubre registró 18 muertes y en los primeros días de noviembre ya se había sumado una nueva víctima.

El incremento de homicidios se produce en un contexto de creciente inseguridad y extorsión. Según el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 27,4% respecto al mismo período de 2024 (18.215 casos).

Este fenómeno también tiene un impacto geográfico claro. Las denuncias crecieron especialmente en Lima Metropolitana (+49,8%) y el Callao (+45,6%). Asimismo, 19 regiones muestran incrementos respecto a 2024, incluyendo Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.

En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión en el país, lo que equivale a 76 denuncias diarias. La tendencia es clara: el 2025 será el año con más denuncias de extorsión registradas en la historia reciente del Perú.

José Saavedra Molina, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), alerta que este mes representa un ejemplo claro de cómo el gobierno de Dina Boluarte no priorizó «bajo ninguna circunstancia un planteamiento estratégico para combatir la delincuencia». «Revisando las estadísticas, los cuales resultan preocupantes, no damos cuenta que esa administración no puso atención a un factor importante que muchos expertos en seguridad ciudadana hemos demandado: inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que afectan al transporte público», indica.

Menos del 1% de los extorsionadores termina en prisión

A pesar del alarmante número de denuncias, el sistema de justicia penal muestra una preocupante ineficiencia para sancionar estos delitos. Según datos del INPE, entre enero y julio de 2025, solo 295 personas ingresaron a penales por extorsión, y de ellas, apenas 11 tienen sentencia firme (3,8%). Las restantes 284 permanecen como procesadas sin condena definitiva.

Para Stefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva. A ello se suma, observa, la falta de un sistema judicial y penal robusto que garantice sanción efectiva. “No basta con capturar extorsionadores si al final terminan libres por falta de pruebas o por procesos mal estructurados. El Estado ha fracasado en construir una cadena de justicia que funcione desde la denuncia hasta la condena”, señala.

En términos históricos, entre 2022 y octubre de 2025 se han acumulado 84.581 denuncias por extorsión, pero solo 363 personas más han sido encarceladas por este delito en ese período. Es decir, el aumento de reclusos por extorsión representa apenas el 0,4% del total de denuncias, lo que evidencia una impunidad estructural en el combate contra las mafias.

Ante este escenario preocupante, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior durante el Gobierno de Ollanta Humala, criticó que el actuar director de la institución encargada de los centros penitenciarios no haya promovido, en primer lugar, cumplido su rol de ejecutar la política penitenciaria nacional al permitir que cabecillas de organizaciones criminales continúen operando en las cárceles. «Eso no saldrán en las estadísticas. Quedará para la anécdota y un saber de conocimiento público, pero de nada sirve encerrar a los extorsionadores si no se combate la delincuencia no solo en las calles, sino dentro de las instalaciones penitenciarias», asegura.

Actualmente, solo 1.390 personas están recluidas por extorsión, de las cuales el 54% (750) está sin sentencia. “Ningún día del año ha registrado cero homicidios en el país”, alerta el analista de datos Juan Carbajal, quien ha revisado las cifras penitenciarias y las bases del SINADEF.

«Queda en manos del Congreso y José Jerí si, lejos del estado de emergencia, no se establecen objetivos a largo plazo para combatir a los delincuentes, extorsionadores o no», advierte Pedraza.

Regiones afectadas y montos exigidos

La Fiscalía también alerta que una denuncia por extorsión se presenta cada 20 minutos en el país. Las zonas más afectadas por el crimen organizado son La Libertad, junto con distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

Las organizaciones criminales exigen hasta S/15.000 por unidad de transporte, lo que convierte al sector en uno de los más vulnerables. En paralelo, los robos continúan siendo el delito más frecuente, con 40.125 denuncias por hurto y asalto hasta septiembre. Lima Norte y Lima Sur concentran los mayores índices de estos delitos.

Tren de Aragua usó cuentas bancarias y acumuló S/ 20 millones solo en extorsiones

A las 4:00 a.m. del martes 9 de septiembre, mientras Lima aún dormía, más de mil agentes de la Policía Nacional irrumpieron en simultáneo en ocho distritos de la capital, así como en Huacho, Tumbes y Arequipa.

El objetivo fue desarticular a Los Desa (delincuentes, sicarios, extorsionadores, antitren) – Occidentales, una organización criminal —facción del Tren de Aragua— que había convertido la extorsión y el sicariato en un sistema de recaudación violento y sofisticado.

La investigación reveló una estructura compuesta por 29 delincuentes criminales (24 detenidos) y una red de ‘presta cuentas’ que facilitaba el lavado de más de 20 millones de soles.

El dinero, producto de extorsiones a empresas de transporte, clínicas y comercios (desde mediados de 2023), era desviado a través de más de 50 cuentas bancarias vinculadas a empresas fachada. La trazabilidad financiera mostró rutas hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, desde donde retornaba al Perú para ser invertido en activos, vehículos y pagos a sicarios.

Entre las empresas de transporte extorsionadas figuran Expreso Internacional, Mandarino, Vía Uno, Translima, Nor Lima, Waybus y Palomino bus. Los métodos de presión incluían asesinatos selectivos de choferes y cobradores, así como la difusión de videos con alto impacto psicológico. La violencia no era un recurso ocasional, era parte integral del negocio criminal.

La operación policial fue ejecutada por la División de Investigación de Secuestros (DIVISE), a cargo del coronel Franco Moreno, la División de Investigación de Crimen Organizado (DIVICC) y unidades especializadas de la Dirincri como la del coronel Juan Carlos Montufar. La fiscal Nelly Millones Pomareda, de la cuarta Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FECOR), obtuvo las medidas judiciales necesarias para proceder con detenciones preliminares, allanamientos e incautaciones.

Jhorman Tren de Aragua — Jhorman Barrios fungía de gerente financiero de la organización criminal.

La historia de Los Desa – Occidentales es también la historia de una mutación criminal. Tras la desarticulación de Los Desa I en febrero de este año, sus remanentes se reorganizaron con mayor sofisticación, incorporando explosivos, armas de guerra y una red financiera transnacional ideada por Jhorman Barrios, quien fungía de gerente financiero de la organización criminal.

Tren de aragua — Dinero era blanqueado y regresaba a Perú para adquirir bienes.

Perfil del cabecilla Jhorman Barrios Martínez

“Jhorman (Barrios) es uno de los principales que manda a ejecutar a los cobradores, microbuseros. Pone bombas y les tira balas. Este señor cree que está en su país”, dijo el coronel Moreno al momento de la captura de Jhorman durante la madrugada de ayer.

Las investigaciones policiales sostienen que Jhorman —de tan solo 25 años de edad y natural de Venezuela— supervisa directamente las extorsiones a empresas de transporte público y a prostíbulos de Lima norte. Gestiona recursos y logística para el sicariato y el lavado de dinero a través de empresas fachada. Además, mantiene una coacción sistemática sobre víctimas mediante amenazas, envío de videos y ejercicios de terror psicológico.

Modus operandi y rutas de lavado de dinero

“El dinero de la extorsión era pitufeado. Pasaba a un ciudadano y este lo hacía ingresar a las empresas falsas. De las empresas falsas volvía a otro ciudadano y así sucesivamente hasta que había un desvío del dinero. Nosotros hemos hecho una trazabilidad, un histórico, un seguimiento a cada cuenta corriente, a más de 50 cuentas que tenía esta organización que llevaba el dinero al extranjero”, narra el coronel Moreno.

Pero el dinero no se quedaba en el exterior, volvía al Perú para seguir cometiendo actos criminales.

“Estamos hablando de una organización criminal que tiene una estructura bien compleja. Hablamos de esta organización que tiene tres fases: una fase ejecutora; una fase intermediaria, con personas que prestan sus cuentas para que depositen los dineros extorsivos; y una fase final, que es la fase de lavado de activos, en la que se crean empresas de fachada, para el retorno del dinero del extranjero a Perú”, explica la representante del Ministerio Público, Nelly Millones.

El octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso la detención preliminar por 10 días de los detenidos.

TENGA EN CUENTA

La Fiscalía sostiene que hasta el momento habría cinco personas fallecidas a causa de estos actos ilícitos propiciados por Los Desa.

Transportistas dan 15 días de plazo al ministro del Interior para frenar las extorsiones

Ante las recientes amenazas y ataques contra mototaxistas, taxistas y choferes de transporte público por el cobro de cupos, los dirigentes del sector acordaron dar un plazo de 15 días al Ministerio del Interior para frenar las extorsiones. No obstante, advirtieron que, si no se presentan resultados, llevarán a cabo una paralización a gran escala a nivel nacional.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó a La República que el último miércoles sostuvieron una reunión con el ministro del Interior, Julio Díaz, quien les prometió reducir la criminalidad y brindar mayor seguridad al sector transporte.

Sin embargo, asegura que no ha visto ningún resultado; por el contrario, las extorsiones y asesinatos contra su sector se han intensificado en las últimas semanas.

«Necesitamos acciones urgentes porque nos siguen matando. En los últimos tres días, dos conductores han sido asesinados. No podemos seguir así. Si en estos 15 días no vemos resultados, nos vamos a un paro nacional», aseguró.

Transportistas dan tiempo al Gobierno por 15 días.

Más gremios se suman al nuevo paro

Al respecto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, destacó que a esta nueva protesta se sumarán diversos gremios, asociaciones y representantes de la sociedad civil que participaron en movilizaciones anteriores, en 2024, como comerciantes de mercados, empresarios de Gamarra, mototaxistas, microbuseros y otros sectores. “No podemos trabajar tranquilos. Saldremos todos a marchar. No podemos seguir así”.

Sostuvo que el nuevo paro nacional será de 24 horas y estará acompañado de una movilización, con el objetivo de exigir al Gobierno y al Congreso medidas urgentes contra las bandas criminales que extorsionan y atacan al sector transporte.

El presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), Edward Raymundo, también confirmó su participación en esta nueva medida.“Ya no podemos seguir soportando la inseguridad ni la incapacidad de la presidenta Dina Boluarte”, mencionó.

A la movilización nacional se sumarán también estudiantes universitarios, gremios de otros sectores productivos y se espera la participación de las asociaciones de colegios privados que también están siendo blanco de ataques y amenazas.

Marcha por la paz

Mientras, más de 200 trabajadores de las rutas A y C de la empresa ETUCHISAC, conocida como ‘Los Chinos’, realizarán una marcha por la paz mañana 7 de abril, luego de que un conductor de la compañía fuera asesinado por sicarios en Los Olivos.

La concentración será en el paradero Fundición, en Puente Piedra, a las 4:00 a. m., para luego iniciar la protesta a lo largo de la Panamericana Norte.

Tras el atentado contra uno de sus compañeros, choferes y cobradores paralizaron sus operaciones desde el viernes como medida de protesta y por temor a nuevas represalias.

«Estamos en estado de emergencia y nos siguen matando. Las leyes que han aprobado no nos protegen. No queremos más muertes. Invitamos a todos a sumarse a esta marcha. Alcemos nuestras voces», dijo uno de los conductores de la empresa ‘Los Chinos’.

Anuncian paro para el 10 de abril

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anintrap) anunció un nuevo paro nacional para este 10 de abril en rechazo a la extorsión que viene afectando al sector transporte. La organización hizo un llamado a todos los sectores del país a sumarse a esta medida, con el fin de exigir acciones urgentes y efectivas contra la criminalidad que sigue en aumento.

“Estamos en una guerra. Emprendedores, trabajadores independientes, transportistas y toda la clase trabajadora están siendo asesinados, dejando a miles de familias en completo desamparo», se lee en el comunicado.

Agarran a 62 extranjeros con armas, balas y droga en discoteca: Rendían culto a la Santa Muerte y planeaban extorsiones

Tres armas de fuego, municiones y drogas como tusi son la principal evidencia contra ellos. En una discoteca de San Juan de Miraflores, que según la Policía usaban para planear extorsiones, robos y otros delitos, fueron intervenidos 62 extranjeros de ‘Los Piratas Nueva Generación‘. Todos estaban en una tremenda ‘rumba venezolana’ que se inició hace dos días y en la que rendían culto a una imagen de la Santa Muerte.

Esta banda sería una facción del temido ‘Tren de Aragua’ y estaría dirigida por Jesús Barrios García (33), ‘Gordo Ramón’, un inubicable delincuente de más de 130 kilos que, hasta el año pasado, se dedicaba a la trata de mujeres en Lima Norte.

Ayer, a las 5:30 de la mañana, fuerzas combinadas de la División de Investigación de Homicidios (Divinhom), Grecco y Dinoes irrumpieron en el salón de eventos Vip Sur, en la cuadra diez de la avenida San Juan, y sorprendieron a 22 venezolanas en diminutas prendas, 39 venezolanos y un ecuatoriano. Nadie pudo escapar.

Se incautó dos pistolas (una de ellas en el baño), un revólver, municiones, tres POS, marihuana, tusi (droga rosada), seis motos y la máscara de un terrorífico conejo.

“Es un evento privado solo para venezolanos. Se presume que acá se planificaban actividades delictivas. A cada uno se le halló droga, lo que significa que se realizaba la microcomercialización”, informó el jefe de la Divinhom, coronel PNP Carlos Morales.

En su cuenta de X, el Ministerio del Interior los calificó como ‘mafia’.

ALIAS ‘GORDO RAMÓN’

En mayo del 2024, se capturó a ‘Gordo Ramón’ con armamento en Los Olivos. “En junio, en un búnker de San Martín de Porres, pudo fugar, es decir, estaba en libertad. Ahora está prófugo. Presumimos que la facción ‘Los Piratas Nueva Generación’ estaría incursionando en este distrito”, precisó el coronel Morales.

Las armas serán sometidas a pericias para conocer si fueron usadas en crímenes.

Docentes habrían renunciado ante extorsiones a colegio en Los Olivos: «Enviaron audios de despedida»

En Los Olivos, padres de familia realizan plantón en contra de las extorsiones al colegio Pitágoras, cuyas clases han sido suspendidas por amenazas. Según indican, los docentes se habrían despedido de los estudiantes por temor a posibles atentados.

Padres realizan plantón ante extorsiones al colegio Pitágoras

Una nueva institución educativa se ha vuelto blanco de los extorsionadores, se trata del colegio particular Pitágoras. Ante esta crítica situación, los padres de familia realizaron un plantón en los exteriores de la escuela para alzar su voz de protesta y exigir soluciones al gobierno de Dina Boluarte para garantizar la seguridad de sus hijos.

A pesar de que las autoridades del colegio optaron por suspender la asistencia presencial de los alumnos y llevaran clases de manera virtual, la situación se agravaría debido a que, según testimonios de los padres, los docentes que realizan esta modalidad de estudio estarían recibiendo mensajes personalizados con información y fotografías de ellos con lo que los delincuentes buscan intimidarlos y dejarles claro que «siguen cada uno de sus pasos».

Una madre de familia señaló ante las cámaras de ‘Exitosa’ que el día de antes de ayer, un docente se habría despedido de sus estudiantes en vivo alegando que no podía seguir con sus clases por las extorsiones que viene recibiendo el centro educativo. Este acto habría sido seguido por otros de sus colegas, quienes mandaron «audios de despedida donde piden orar por ellos«.

«El profesor en plena clase que empezaba lo corta así de la nada diciendo a los niños que no podía seguir porque en estos momentos el colegio Pitágoras está sufriendo de un atentado y corta. (…) En grupo de WhatsApp mandan audios de despedida llamando a la calma y piden que oren por los docentes porque no solo se han metido con ellos, sino que los delincuentes llaman a sus hijos, mandan foto de sus familiares y a qué hora salen de sus casas», indicó.

Plantel educativo temerían por sus vidas tras amenazas extorsivas

Seguidamente, la señora expresó su molestia por la ola de inseguridad ciudadana que ha llevado al plantel educativo no continuar con sus clases. Incluso, la madre de familia sostuvo que, aparentemente, la directora del colegio Pitágoras habría renunciado por miedo al recibir un «mensaje horroroso».

«El grupo se ha desintegrado y tenemos conocimiento de que la directora ha renunciado por miedo y los profesores atrás de ella han renunciado», agregó en compañía de otros padres de familia.

Colegios privados anuncian marcha para pedir el fin de las extorsiones

Primero fueron los transportistas, músicos y bodegueros, y les dijeron que eran informales y exagerados; luego, los dueños de restaurantes y los comerciantes, y les respondieron que debían unirse y denunciar los casos.

Hasta que los extorsionadores apuntaron a Gamarra y la respuesta del Gobierno fue mandar policías por unos días al emporio comercial. Ahora son los colegios privados, algunos de los cuales ya optaron por cerrar sus puertas o pasar a la virtualidad por la seguridad de sus alumnos y profesores. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna, solo una promesa del Ministerio del Interior de reforzar las labores de inteligencia.

Uno de estos colegios es el María de los Ángeles de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Sus directivos, para no exponer a los padres, alumnos y docentes, decidieron cerrar sus puertas. “Pedimos su comprensión a esta medida que perjudica a toda nuestra familia mariangelina”, señalaron en un comunicado en febrero último.

Otro blanco de la delincuencia fue el colegio Nikola Tesla, en Comas. La madrugada del jueves 13, dos hombres a bordo de una moto lanzaron un explosivo a la puerta. Una representante del colegio dijo que no habían recibido amenazas previas de extorsionadores. “No sabemos qué hacer. Esto nos tiene aterrorizados”.

En el mismo distrito, el colegio San Vicente tuvo que pasar a la virtualidad luego de que extorsionadores dejaran un explosivo en la puerta. Son más de 1.200 alumnos los perjudicados. El director del centro educativo recibió mensajes y manuscritos en los que le exigen un pago de S/100.000 y S/200 semanales.

Anuncian una movilización

Al respecto, Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), señaló a La República que, si en un mes no ven resultados ante las extorsiones que vienen sufriendo los colegios en Lima y en regiones, pasarán a las clases virtuales hasta que la autoridad brinde las garantías necesarias. Lamentó esta situación, porque no todos los padres cuentan con una computadora para sus hijos.

Señaló que en una reciente reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, les dijo que la policía está detrás de estas bandas. Sin embargo, no recibieron nada en concreto.

Quintanilla señala que la delincuencia está atacando a los pequeños empresarios de colegios de los sectores C, D y E, y que a la fecha van 450 centros que vienen siendo extorsionados principalmente en Lima, en distritos como Comas, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres. Los extorsionadores piden a los promotores de estos colegios entre 20.000 y 50.000 soles mensuales. “Ya son 16 los colegios que han pasado a la virtualidad por esta razón”.

Precisó que los delincuentes no llegan a los colegios privados grandes porque hay mayor patrullaje, resguardo y tienen más recursos.

Anacopri realizará una movilización de padres y maestros para exigir mayor seguridad en los planteles y el fin de las extorsiones. Sin embargo, para el premier Gustavo Adrianzén, una protesta en pleno inicio del año escolar no haría más que afectar las clases de los niños.

Al respecto, el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich sostuvo que es necesario activar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) para una articulación con los representantes de las escuelas, la policía, líderes locales y organizaciones de base, a fin de tomar acciones más concretas.

“Entonces, a la Policía le tocará crear unidades especializadas y tener estrategias por zonas, por cuadrantes, donde estén más cerca de los colegios, a los circuitos por donde los estudiantes se mueven y tener más focalizada la estrategia de vigilancia y de prevención”.

Y recordó que la educación remota no es el mejor método para garantizar el aprendizaje.

Más inteligencia policial

En tanto, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló que no es novedad la extorsión a los colegios, pues todas las actividades económicas vienen sufriendo el ataque de la delincuencia. “¿Qué hay que hacer? Creo que la receta es única, es universal, es hacer inteligencia a partir de la información sobre el origen de los mensajes intimidatorios que llegan a través de llamadas telefónicas, de mensajes de voz, mensajes de WhatsApp, uso de redes; en todos los casos se puede hacer un seguimiento”.

Explicó que si se reorientan mejor los recursos a la inteligencia policial, se haría un buen trabajo en este tema. Apuntó que los estados de emergencia no han funcionado para enfrentar las extorsiones y han costado 30 millones de soles al mes, y no se están haciendo los esfuerzos para enfrentar este fenómeno. Recordó que el ministro del Interior anunció la creación de un grupo exclusivo para investigar la extorsión, pero fue un saludo a la bandera.

Paul Neira, experto en políticas públicas educativas, señala que en el Perú hay 83.000 colegios estatales y 26.000 colegios particulares y menciona que son entre 200 y 400 los amenazados, según los colectivos. Es un número mínimo frente a los 26.000. Entonces, hay una oportunidad de convocar y juntar esfuerzos para que esto no siga. “La opción de la educación virtual es una situación extrema, la pandemia nos demostró que se pierden aprendizajes. Es la última medida que se tomaría para salvaguardar a los estudiantes”.

Respecto a las acciones inmediatas, el ministro de Educación, Morgan Quero, anunció que, como parte del Plan de Retorno Seguro a Clases 2025, más de 3.000 policías brindarán resguardo a los colegios privados, en los horarios de ingreso y salida. Y eso es todo.