Fiscalía archiva definitivamente acusación contra Presidenta por delito de genocidio

La Fiscalía de la Nación decidió que no hay mérito para formular una acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio por las muertes en las protestas sociales y dispuso el archivamiento en ese extremo.

La disposición lleva la firma del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y fue dada a conocer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien a continuación expresó que “poco a poco la justicia se abre paso”.

“No hay mérito para acusar constitucionalmente a la SPR (señora presidenta de la república) y se archiva definitivamente el presunto delito de genocidio. Lo dijimos, esta denuncia fue siempre un despropósito”, señaló a través de su cuenta de X.

Se dispone también el archivamiento de la denuncia por genocidio a favor de los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola; los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.

La decisión se da en el marco de la investigación por las muertes producidas durante las protestas sociales que tuvieron lugar en diferentes regiones del país en diciembre de 2022 y enero de 2023.

En ese momento, la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

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Dina Boluarte: abogado solicitó archivar investigación por genocidio contra la mandataria

Este miércoles 23 de agosto el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos Torres, pidió al Ministerio Público que archive la investigación preliminar contra la mandataria por el presunto delito de genocidio. La acusación contra la jefa de Estado se debe a la respuesta a las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

«No hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto de algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos materia de investigación», se lee en el documento.

El letrado subrayó que Dina Boluarte no estuvo involucrada en la gestión del mantenimiento del orden interno, ya que no lidera ni está al tanto de los planes tácticos u operativos de las fuerzas policiales y militares.

«Las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional», señaló.

En tanto, Campos agregó que «no se ha demostrado que las fuerzas del orden, de cualquier nivel jerárquico, hayan dado órdenes ilegales, inconstitucionales o que constituyan presuntos delitos». «Por ello, corresponderá que se determinen las circunstancias de las lamentables pérdidas humanas y se determinen las responsabilidades de quienes no hubieran seguido los protocolos y órdenes de garantizar el control del orden interno», añadió.