Jueza Sandy Basilio Ysidro desbarata red criminal liderada por alias “Payasito”, que cobraba hasta 4 mil soles por licencias “express” usando huellas de silicona. Tras 7 años de investigación y ante el silencio cómplice del Gobierno Regional, cinco implicados van tras las rejas.

Se les acabó la impunidad. En una decisión histórica que marca un duro golpe contra la corrupción enquistada en la administración pública, la jueza Sandy Basilio Ysidro, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, dictó 24 meses de prisión preventiva contra integrantes de la organización criminal “Los Intocables”, acusada de traficar con licencias de conducir al interior del Gobierno Regional de Lima desde el año 2018.

Tras 16 días de maratónicas audiencias, la magistrada declaró fundado el pedido de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, enviando al penal a Jorge Chávez Romero, alias “Chávez”, “Payasito” o “Comanche”, sindicado como el cabecilla de esta red, junto a otros seis integrantes.

EL MODUS OPERANDI: CORRUPCIÓN AL DESCARO

La resolución judicial N° 17 expuso las entrañas de una mafia que convirtió la seguridad vial en un negocio millonario. Según la investigación, que data de hace 7 años e incluye escuchas legales y testigos protegidos, la red cobraba entre 1,500 y 4,000 soles para emitir brevetes en tiempo récord (un solo día) y sin cumplir ningún requisito legal.

“Más allá de ser promotores, ofrecían tramitarlos sin rendir exámenes de manejo o de conocimiento, ni siquiera asistir al local regional”, señaló contundentemente la jueza Basilio.

Los detalles son escandalosos: la organización utilizaba huellas dactilares grabadas en silicona para suplantar a postulantes que ni siquiera pisaban Huacho. La corrupción llegó a niveles inverosímiles, tramitando y entregando licencias incluso a personas daltónicas, poniendo en grave riesgo la vida de los ciudadanos.

Todo esto, bajo la mirada de funcionarios de la Dirección Regional de Transportes que facilitaban el sistema para que los pagadores «jamás desaprobaran».

LA PRUEBA DIGITAL QUE HUNDIÓ AL LÍDER

Aunque Jorge Chávez Romero, alias “Payasito”, intentó burlar a la justicia presentando un celular “limpio” —sin mensajes, ni contactos, ni vouchers—, la tecnología lo delató. Los celulares de sus coimputados, “Los Intocables”, estaban repletos de evidencia: transferencias vía Yape y Plin, y abundantes conversaciones que no solo confirmaban las transacciones ilícitas, sino que lo señalaban inequívocamente como el líder de la organización.

Para la magistrada, estos elementos, sumados al desbalance patrimonial, son indicios sólidos del delito de lavado de activos, demostrando que el dinero sucio fue usado para beneficio personal de los imputados.

LOS ENCARCELADOS

La medida coercitiva recae también sobre los siguientes procesados, quienes enfrentarán el juicio desde prisión por los delitos de organización criminal, cohecho activo-pasivo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos: Ángel Aparicio Champa Paredes (a) “Gordo” o “Champa”, Christian Oliver Ventocilla (a) “Olivera”, Geraldine Gonzales Hinostroza (a) “Geraldine” y Francisco Vargas Valdez (a) “Francisco”

En tanto que Alberto Vidal Cóndor (a) “Chuta” y Abel Aramayo Villanueva «Colorado»,seguirán siendo investigados en libertad sujeto a estrictas reglas de conducta.

EL SILENCIO CÓMPLICE DEL GOBIERNO REGIONAL

Mientras la justicia actúa, el Gobierno Regional de Lima mantiene un silencio ensordecedor. La pregunta que resuena tras el fallo es: ¿Quiénes y bajo la orden de quién, los servidores de la Dirección Regional de Transportes permitieron este acto ilegal durante años?

La investigación fiscal deja abierta la puerta a más capturas, pues aún falta identificar a los funcionarios y trabajadores regionales que, desde adentro, permitieron que “Los Intocables” operaran a sus anchas. Por ahora, la prisión preventiva garantiza que esta red no siga obstruyendo una verdad que, tarde o temprano, terminará de salir a la luz.

Redacción: Diario Enfoques Digital

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura (Segundo Despacho) ejecutó una orden de allanamiento con fines de incautación de documentos en la sede del Gobierno Regional (GORE) de Lima y otros inmuebles, como parte de la investigación preliminar por los delitos de colusión simple y negociación incompatible.

La diligencia fue realizada por un equipo de fiscales especializados dirigidos por el fiscal provincial Jesús Sánchez Santos, con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Lima Norte.

Se intervino el despacho de la gobernadora regional, Rosa Vásquez, así como la oficina de Logística y otros inmuebles en Huacho y Huaura, con el objetivo de obtener información relevante que aporte nuevos elementos de convicción en torno al presunto favorecimiento ilegal para la contratación de un proveedor que es compadre de la autoridad regional.

Según la investigación fiscal, entre los años 2023 y 2024 la gobernadora Vásquez se habría coludido con dos funcionarios del Área de Logística, Pablo Díaz y Víctor Aroni, y con el proveedor César Oliva para simular cotizaciones y favorecer ilegalmente al proveedor, seleccionando a su empresa como ganadora para que ejecute un total de 21 órdenes de servicios con el GORE Lima.

Además de la incautación, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, una herramienta esencial que permitirá a los fiscales develar la presunta red de coordinación ilícita.

Con estas diligencias, la Fiscalía anticorrupción de Huaura ratificó su labor y firme compromiso con la legalidad y la persecución de delitos que afecten los recursos e intereses públicos.