Restaurantes, bodegas y farmacias están desapareciendo por miedo a los asaltos y extorsiones provocados por la expansión de la modalidad de préstamo informal conocida como «gota a gota», impactanto gravemente en la economía y la seguridad ciudadana del país.
Más de 7 millones de peruanos han tenido que cerrar negocios o restringir servicios por culpa de la delincuencia, ha revelado un reciente informe del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP. La modalidad «gota a gota» afecta a más de 200,000 familias peruanas y moviliza cerca de S/ 1,870 millones al año.
Este mecanismo ilegal de financiación está dirigido principalmente a sectores vulnerables excluidos del sistema financiero formal, como comerciantes informales, migrantes, trabajadores con empleo precario o personas sin historial crediticio.
En este sentido, el exviceministro de seguridad pública del Ministerio del Interior, Ricardo Valdez, mencionó que la Ley contra la Usura o también conocida como la ley de Topes, propició la exclusión de personas del sector financiero formal.
«(Esta ley) resultó tener un impacto negativo, que ha quedado demostrado en el incremento justamente de los casos del gota a gota. El Congreso se excedió al establecer este tipo de topes. El interés diario en este tipo de créditos gota a gota, al menos genera un 500 % de interés anualizado muy por encima de la tasa que te cobraba el sector financiero formal«, indicó a RPP.
«(El Congreso) no se puso a pensar cuáles fueron las causas de ese crecimiento, que puede llegar, inclusive en el sector del gota a got,a un mínimo de 500 y que ha ido hasta 1400 % de interés anualizado y que es cobrado sobre la base de la violencia y el asesinato», añadió.
Asimismo, mencionó que, al cerrarse la posibilidad de acceder a créditos formales, un alto porcentaje de personas, aproximadamente 220,000 según el Instituto Peruano de Economía (IPE) alrededor de 2001, «salieron del sector formal y se quedaron sin dinero y sin la posibilidad de manejar sus emprendimientos».
Por otro lado, el estudio revela que en Lima, se concentra una cifra aún más alta de personas afectadas comparadas a nivel nacional, alcanzando el 50 % de la población adulta, es decir, aproximadamente 4.2 millones de personas. Los niveles socioeconómicos AB y C son los más afectados, con un 42 % reportando este impacto.
El reporte también muestra que el 36 % de los peruanos asegura vivir en zonas que han sido declaradas en emergencia por inseguridad. Nuevamente, Lima concentra la mayor proporción (60 %), mientras que en el interior del país la cifra es del 24 %. Sin embargo, la evaluación ciudadana sobre estas medidas es mayoritariamente crítica: solo el 9 % considera que han sido efectivas, y más de la mitad las califica como malas o muy malas.
Desde hace 10 años se conoce la existencia de la minería ilegal de cobre
La minería ilegal agrupa una cadena completa de actividades ilícitas, que abarca desde el financiamiento y la adquisición de maquinaria e insumos hasta el transporte, procesamiento y comercialización del mineral. Esta actividad ilícita se encuentra profundamente interconectada con otras economías y delitos criminales.
De acuerdo al reporte, sus vínculos incluyen los delitos de trata de personas, tanto con fines sexuales como laborales; el narcotráfico, a menudo utilizando las mismas rutas para el desplazamiento del mineral; tala ilegal de madera, contrabando de insumos como mercurio, dinamita y armas, invasión y tráfico de terrenos, lavado de activos y evasión tributaria, y corrupción.
Además, el reporte señala que la minería ilegal recibe un activo soporte de bandas y organizaciones criminales, tanto nacionales como internacionales.
El exministro del interior, Carlos Basombrío, señaló que ya se ha identificado actividad de minería ilegal de cobre en el país desde hace aproximadamente 10 años, y que esta está aumentando significativamente aunque aún sea difícil calcular su impacto.
«Ya hay minería ilegal del cobre. De hecho, la hay desde hace unos 10 años. Nosotros estamos monitoreando de todas maneras, pero está aumentando significativamente. Debe ser es difícil de calcular… un 10% a 5% del valor de la otra«, mencionó.
Además, señaló un caso «muy conocido», de la empresa Las Bambas, de la cual una de sus áreas de expansión está tomada por mineros ilegales y de allí salen decenas, hasta centenas de camiones diarios que bajan a Nazca.
«Es menos llamativa y es menos violenta todavía, pero hay también minería ilegal del cobre, los precios lo permiten», añadió.
Explicó que el cobre es considerado «el petróleo del futuro» debido a que las economías limpias demandan mucho más cobre. Esta demanda se traduce en precios «estructuralmente altos» para el cobre, lo que impulsa la minería ilegal de este mineral.
En cuanto al proceso de formalización, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue prorrogado por el Congreso hasta junio de 2025, con una posible extensión única hasta diciembre de 2025. Sin embargo, el reporte advierte que esta extensión es transitoria y existe el riesgo de que más de 84,000 mineros inscritos en el REINFO queden fuera del proceso de formalización si no logran cumplir con las exigencias, lo que podría aumentar las filas de la minería ilegal.
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