Un agrave denuncia sacude al hospital Regional de Huacho tras la realización del proceso CAS. La obstetra Lida Denisse Collantes Bernal fue declarada ganadora de una plaza CAS pese a no cumplir con la experiencia mínima exigida, según las bases del concurso. Collantes obtuvo su título recién en 2022, realizó su SERUMS en 2023 y apenas suma algunos meses en el sector estatal.
El proceso fue encabezado por Santiago Gerardo Ruiz Laos, actual director ejecutivo del hospital y la Red de Salud Huaura Oyón, personaje con un largo historial de presuntas denuncias por violencia familiar, agresión a mujeres y corrupción.
Junto a él estaría implicada Diannee Jesica Solórzano Machado, jefa de personal, señalada como parte operativa de una presunta red de tráfico de plazas CAS en la zona norte de Lima provincias.
La designación de Ruiz Laos —avalada por la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado— ha generado indignación en el gremio médico y la ciudadanía, que exige una inmediata intervención del Ministerio Público y la Contraloría.
Durante una conferencia de prensa, autoridades del Gobierno Regional de Lima, presentaron el estudio de preinversión de esta mega obra de nivel III-1, que tendrá una inversión del Gobierno Central por la suma de más de 1,400 millones de soles.
La edificación será en un área de 70 mil 310 m2 y su diseño contempla 12 salas de operaciones, 4 salas de parto, 345 camas hospitalarias, 50 consultorios médicos, áreas UCI, banco de sangre, laboratorio, entre otros componentes.
Además de implementarse con más de 24 mil equipos biomédicos, mobiliario y vehículos que contribuirán a cerrar brechas en salud e impulsar una atención médica de calidad, oportuna y segura para la población.
Este proyecto es coordinado directamente con el Ministerio de Salud, con el objetivo de facilitar su próxima construcción con estándares de seguridad estructural de última generación.
Los medicos del Hospital Regional de Huacho vienen padeciendo las últimas semanas la inoperatividad del aire acondicionado de Sala de operaciones.
Manifiestan que esto expone a nuestros pacientes a complicaciones quirurgicas,puesto que el sudor que fluye de los cirujanos contamina el campo operatorio pudiendo generar infecciines de herida operatoria y hasta sepsis (infecciones generalizadas).
Ante la indiferencia a dar solución a este peligroso acontecimiento los médicos han propuesto suspender todas las operaciones electivas,lo cual produciría un » embalsamiento» de pacientes quirúrgicos.
La Contraloría General constató que los tres ascensores del Hospital Regional de Huacho no están dentro del plan anual ni multianual de mantenimiento, debido a que no están registrados en el módulo de patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), siendo este un requisito obligatorio para ser considerado en dicho plan.
Según el informe de visita de control N°025-2024-OCl/4056-SVC, el jefe del área de patrimonio detalló que no se tiene información sobre el ingreso de bienes o registro de los ascensores en el patrimonio de la entidad ni en el SIGA, debido a que fueron incluidos en el proyecto de construcción del Hospital en el año 1970 y han superado el tiempo de vida útil (10 años) que el sistema calcula de forma automática para estos equipos.
Además, la jefa de la oficina de planeamiento estratégico del Hospital Regional de Huacho, reveló que no existe un presupuesto específico para el mantenimiento de los ascensores durante el 2024. Según indicó, las reparaciones se realizan según la urgencia y prioridades determinadas por la oficina de administración.
No obstante, no se encontró información sobre el mantenimiento preventivo de los tres elevadores desde el 2021, a pesar de que en marzo y abril de 2023 los jefes de la unidad de servicios generales y del área de mantenimiento enviaron informes reiterativos a la directora de la oficina de administración para alertar sobre el mal estado de los equipos y la falta de presupuesto para su mantenimiento preventivo.
Es importante señalar que los lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento de los Establecimientos de Salud fijan una vida útil de 15 años para los elevadores. Sin embargo, los ascensores del Hospital Regional de Huacho, con más de 50 años de antigüedad, no cuentan con un plan de mantenimiento adecuado ni con un presupuesto asignado.
La inspección constató que los dos ascensores para camillas están fuera de servicio. Uno, inoperativo desde 2015, permanece clausurado con una plancha de madera en su entrada y el otro está pendiente de reparación bajo garantía. Además, un montacargas, cuya función es transportar material limpio y esterilizado, era utilizado de manera irregular para el traslado de personas y en la actualidad tampoco está operativo.
Es importante destacar que la sala de operaciones se encuentra en el cuarto piso y el personal se ve obligado a cargar en hombros a los pacientes por las escaleras exponiendo a todos a graves riesgos de caídas. Esta precaria situación pone en peligro la vida de quienes requieren atención médica urgente.
Ante estas observaciones, el Hospital Regional de Huacho, clasificado como un establecimiento de salud de segundo nivel, no está cumpliendo con la Ley General de Salud N.º 26842 que establece que es responsabilidad del Estado promover las condiciones para garantizar una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos de seguridad, oportunidad y calidad.
El informe fue comunicado al titular de la entidad con el fin de que adopte las acciones preventivas y correctivas necesarias, en el marco de sus competencias y obligaciones, para garantizar la operatividad de los ascensores y la continuidad y calidad del servicio hospitalario.
Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria
En estos momentos actualizamos la lista de heridos que vienen siendo atendidos en el Hospital Regional de Huacho, victimas del accidente de tránsito, producido por la volcadura de un bus interprovincial que venía de la ciudad de Chiclayo hacia Lima, este accidente se registró en el Km. 108 de la panamericana norte, altura de las Lomas de Lachay Chancay – Huaral.
La Contraloría General identificó que no se siguió el procedimiento establecido para resolver el contrato con el consorcio proveedor por el “Servicio de acondicionamiento y mantenimiento de los ambientes de sala de mezclas del módulo de oncología del Hospital de Huacho”, a pesar de haber alcanzado el 88% en su ejecución.
Como consecuencia de esta acción, se realizó la contratación directa con una de las empresas que formaba parte del consorcio inicial. El monto de la contratación fue de 108 mil soles, la misma cantidad por la que se adjudicó al proveedor anterior, esto generó un perjuicio económico de más de 95 mil soles por trabajos no ejecutados en la entidad.
Según el Informe N°015-2024-2-4056-SCE, correspondiente al periodo del 14 de julio del 2023 al 11 de enero del 2024, se detalló que los funcionarios responsables de las unidades de Adquisiciones, Logística y Asesoría Jurídica del hospital fueron quienes propiciaron la resolución del contrato original y la posterior contratación directa, sin que se siguiera el procedimiento normativo pertinente.
Esta situación, según el informe, contraviene los principios y normativas que rigen las contrataciones públicas, además de generar un perjuicio económico para la entidad por el pago de servicios no ejecutados por el monto antes mencionado.
El documento también destaca que, a pesar de que el contrato original se resolvió alegando incumplimientos del consorcio, los informes de supervisión indicaban un avance del servicio del 88%, contradiciendo así la justificación de la resolución contractual.
Asimismo, se comunicó el informe a la gobernadora regional de Lima Provincias y al titular del hospital para que tomen las acciones correctivas correspondientes en el marco de sus competencias.
Además, se puso en conocimiento del procurador público especializado en delitos de corrupción para que inicie las acciones penales correspondientes contra los funcionarios y servidores involucrados en estos hechos irregulares con el fin de determinar las responsabilidades legales pertinentes.
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