Un día después de su primera conferencia de prensa para anunciar medidas, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, reveló en entrevista exclusiva con RPP las cuatro normas que el Gobierno considera de mayor impacto sobre las cuentas públicas del país y que serán llevadas ante el Tribunal Constitucional (TC) para derogarlas.
Durante el programa Enfoque de los sábados, Cuba señaló que el Gobierno ha seleccionado, entre las numerosas normas sobrevivientes que dejó como herencia el anterior Congreso, cuatro que «podrían mover la aguja» de las finanzas públicas y que podrían llevar a un incremento de la deuda del país en los próximos años.
«Sí, hemos escogido de las muchas que hay las cuatro que podrían mover la aguja: tiene que ver con pensiones, CAFAE y con CAS. Primero son inconstitucionales», afirmó Cuba.
El ministro sostuvo que estas normas implican una iniciativa de gasto que, a su juicio, corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, pero que como se recuerda, el anterior Congreso sustentó la aprobación de este tipo de medidas de alto costo usando un fallo del Tribunal Constitucional que le abrió la puerta a esa facultad allá por el 2022.
«El Congreso no tiene en ninguna parte del mundo iniciativa de gasto. El gasto lo maneja el Ejecutivo, la hacienda. Eso ha sido así desde el año 1993, pero por un error de comprensión lectora, el TC falló en contra en el año 2022″, señaló.
Ley de pensiones a maestros y militares al TC por el Colegio de Economistas
Tras la entrevista, Cuba precisó a RPP sobre quién está presentando las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con estas normas.
El ministro dijo que las demandas contra las normas pensionarias de militares, policías y profesores jubilados no serán presentadas por el MEF. Según aclaró, estas acciones ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú.
El Consejo Fiscal, órgano que vela la salud de las finanzas públicas, ya había advertido que solo en marzo, las leyes aprobadas por el anterior Congreso generarían obligaciones permanentes de gasto por S/ 11.400 millones al año, sin contar otras iniciativas que aún estaban pendientes de segunda votación.
En el caso de la ley de pensiones de maestros jubilados, esta establece que reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la carrera magisterial.
Esta remuneración se ubica alrededor de los S/ 3.500 mensuales, por lo que la norma toma como referencia el sueldo de un docente activo de esa categoría para calcular la pensión. Según el Consejo Fiscal, esta medida tendría un costo de al menos S/ 8.000 millones anuales.
En tanto, la reforma del régimen pensionario de militares y policías tendría un impacto fiscal neto estimado en S/ 46.000 millones en valor presente.
MEF presentará las demandas contra gratificaciones CAS y Cafae
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará las acciones de inconstitucionalidad contra las normas vinculadas con los trabajadores CAS y el CAFAE, según precisó el ministro Elmer Cuba a RPP.
En el caso del CAFAE (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo) para trabajadores del sector público, una de las leyes cuestionadas establece la homologación del incentivo único que reciben los servidores bajo el régimen 276 de los gobiernos regionales. Según el Consejo Fiscal, esta medida tendría un costo fiscal de S/ 2.621 millones anuales.
Por su parte, la norma que el MEF busca cuestionar en el caso de los trabajadores CAS es la Ley N.° 32563, que reconoce a estos servidores el derecho a recibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
La aplicación de las gratificaciones es gradual. Para 2026, el beneficio equivale al 10% de la remuneración mensual y aumentará progresivamente hasta alcanzar el 100% en 2030.
Según el Consejo Fiscal, la ampliación de beneficios laborales para los trabajadores CAS tendría un costo fiscal de alrededor de S/ 3.000 millones anuales.
Normas podrían elevar el déficit fiscal al 3% durante cinco años
El titular del MEF advirtió que mantener vigentes estas normas tendría un impacto considerable sobre las cuentas públicas. Según su estimación, si el Gobierno no adopta ninguna medida, el déficit fiscal tendría que aumentar del 1,8% al 3% del PBI en 2027.
«Si no hacemos nada, en una situación pasiva, tendríamos que aumentar el déficit fiscal de 1,8% a 3% el próximo año. Y se mantendría en 3% el resto del Gobierno y la deuda comenzaría a subir», afirmó.
Cuba sostuvo que un deterioro de esta magnitud podría terminar afectando la percepción de riesgo del país y la calificación crediticia del Perú.
«Eso significaría perder el grado de inversión en algún momento», advirtió.
